Como René Mauricio Romero Avella fue identificado el hombre capturado por la Policía en la vereda Sirivana, zona rural de Yopal en el Casanare, luego de ser señalado como presunto responsable del delito de homicidio simple en concurso heterogéneo y simultáneo con tráfico fabricación y porte de armas de fuego, accesorios partes y municiones.

Según la investigación de la Fiscalía, el pasado 5 de agosto, en vía pública de la citada vereda, el hombre llegó en motocicleta al sitio donde tres jóvenes al parecer estaban consumiendo estupefacientes. Este se quedó observándolos y fue cuando los muchachos emprendieron la huida.

El presunto implicado habría empezado a perseguirlos y a dispararles de manera indiscriminada. En el hecho fue impactado un adolescente de 16 años, quien fue llevado a un centro asistencial, pero falleció al día siguiente por la gravedad de las heridas.

En las audiencias concentradas realizadas entre el 9 y 10 de octubre reciente, la Fiscalía le imputó cargos al detenido y solicitó la imposición de medida de aseguramiento consistente en reclusión en centro carcelario, pretensión que el juez segundo promiscuo municipal de Aguazul avaló.

Luego de acoger los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, jueces con funciones de control de garantías impusieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario en contra de siete presuntos integrantes de la Red de Apoyo al Terrorismo del ELN. Entre los capturados se encuentra uno de los supuestos cabecillas de la comisión Rafael Villamizar del frente Domingo Laín Sáenz.

De acuerdo con la investigación, el grupo armado, con injerencia en el departamento de Arauca, se dedicaba a extorsionar a contratistas, comerciantes, transportadores y ciudadanos.

Los afectados con la medida son: Cesar Alfonso Gutiérrez, Misael Macualo Durán, Yolanda León Correa y Beiro Aldemar Ramos Infante, quienes fueron detenido este 5 de octubre mediante diligencias de registro y allanamiento efectuadas en esa ciudad y judicializados por el delito de rebelión y extorsión.

Así mismo, Eliasar Sánchez Chinchilla, alias Mate Caña; Pedro Pablo Poveda Mosquera, alias Junior; y Oscar Guerrero Ariza, alias Mono Guari u Oscar, fueron imputados por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en los delitos de rebelión y exacción o contribuciones arbitrarias.

Modus Operandi.

Se presume que alias Mate Caña sería el encargado de conseguir la munición para la estructura criminal en el departamento en Cúcuta (Norte de Santander), así como de ocultar los vehículos retenidos hasta lograr el pago de la exigencia económica.

Por su parte, alias Junior, al parecer integraría desde 2017 el grupo delincuencial y habría participado en varias acciones delictivas con el propósito de obtener recursos económicos de residentes de esa localidad, especialmente del gremio de transportadores. Mientras que, Guerrero Ariza, supuestamente coordinaría los movimientos de los integrantes del grupo, las acciones delictivas contra la fuerza pública y labores de logística como la consecución de armas, teniendo como su centro de actividades las veredas La Primavera, La Paz y la Esmeralda ubicadas entre los municipios de Arauquita, Saravena y Fortul (Arauca).

Por solicitud de un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), el juez promiscuo municipal de Villanueva (Casanare) dictó medida privativa de la libertad en contra Héctor Alexánder Losada Peña, por su presunta responsabilidad en el delito de acto sexual violento a título de dolo.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de octubre, en la vía que comunica los departamentos de Casanare con el Meta, a la altura del kilómetro 2 en el sector La Vara, donde según la denuncia de la mujer, quien se encontraba laborando, el hoy procesado al parecer ingresó a uno de los baños portátiles instalados en el lugar, y esperó a que ella ingresara para agredirla sexualmente. El hombre fue capturado por uniformados de la Policía Nacional, luego de que la mujer diera aviso a las autoridades.

Durante la s audiencias concentradas, el hombre no aceptó los cargos imputados por el ente acusador, por su parte el juez dictó medida de aseguramiento es establecimiento carcelario.

Casanare no tiene cárceles aptas para mujeres. Por ello al menos 43 presas en la Cárcel de Yopal fueron trasladadas sorpresivamente al Buen Pastor en Bogotá, este domingo 3 de octubre. Algunos familiares de las reclusas denunciaron que a las internas no se les socializó la reubicación y que no contaban con ropa adecuada como sacos o cobijas para soportar el clima en la capital. Mediante una reclasificación se estableció que la cárcel no es adecuada para mujeres.

Varias de estas internas padecen de enfermedades crónicas que requieren atención en salud especial para no empeorar su estado de salud y al parecer en el pabellón donde actualmente se encuentran, no tienen las facilidades del servicio. Algunas de las privadas de la libertad también están a punto de finalizar su condena, pero ahora tendrán que esperar que los procesos se trasladen a Bogotá y que un juez de ejecución de penas resuelva su situación.

El coronel Édgar Ledezma, director de la cárcel y penitenciaría de media seguridad de Yopal, ubicado en La Guafilla, expresó que efectivamente se realizó el traslado de las mujeres privadas de la libertad bajo la resolución No. 006826 del 13 de septiembre de 2021. Mediante esta se reclasificó la cárcel de Yopal y se establecen los diferentes pabellones, entre los cuales no hay ninguno adecuado para mujeres.

Qué dice la Defensoría?

De acuerdo a lo expresado por el Defensor del Pueblo, Yimy Roa, el 22 de septiembre se realizó un Comité de Derechos Humanos con la Personería, Procuraduría y el Inpec, donde se informó sobre la resolución y allí los directivos del centro carcelario informaron que socializarían la situación, pero esto no se habría hecho, a la luz de las denuncias.

El funcionario explicó que lo que trascendió es que al parecer este establecimiento carcelario no fue diseñado para albergar mujeres y por ende no hay posibilidad de que estas pueden acceder a redención de penas porque no pueden trabajar o estudiar como sí lo hacen los hombres presos. Y esto vulneraria sus derechos, por tanto, deben estar en un sitio donde puedan realizar estas actividades.

Sin embargo, lo que los familiares también denuncian es que con este traslado se dificulta el encuentro y visitas a las internas, considerando la distancia. Esto en general destruye los núcleos familiares.

Por ahora la Defensoría analiza con la Procuraduría las acciones pertinentes que permita la ley para evitar la afectación de los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad y se dispuso una visita al penal para conocer los pormenores del traslado y si todavía hay mujeres en la cárcel. Según el coronel Ledezma ya todas fueron trasladadas.

En relación con este tema también se cuestionó que a la cárcel están siendo trasladados presos de otras regiones del país, quienes usualmente atraen a sus familiares hacia los municipios cercanos a la cárcel. Mientras tanto el hacinamiento de las carceletas de Yopal continúa sin que hasta el momento se haya hecho efectiva la tutela que conminaba a liberar estos espacios no aptos para tener internos.

Fuente: Martha Cifuentes

Con medida de aseguramiento en centro carcelario fue asegurado un hombre a quien la Fiscalía judicializó, luego de inferir su posible responsabilidad en el abuso sexual de su hijastra de 12 años.

Los hechos que fueron denunciados por un familiar de la menor habrían sucedido entre enero y agosto de 2021 en la vivienda familiar de la niña, ubicada en el barrio El Progreso del municipio de Villanueva, Casanare.

La captura del procesado fue materializada en un sector céntrico de esa población, por orden de un juez de Pajarito (Boyacá).

Durante las audiencias preliminares el investigado no se allanó a los cargos que la Fiscalía le imputó por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas y en concurso sucesivo.

La Fiscalía General de la Nación logró que el juez promiscuo municipal de Tauramena, dictara medida de aseguramiento en centro carcelario contra Esneider Giovany Salcedo Castro, como presunto responsable de los delitos de doble homicidio, cuatro tentativas de homicidio y porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares.

El hombre fue detenido por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército y la Policía Nacional, en atención a una orden emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Villanueva, Casanare.

La investigación se relaciona con lo ocurrido en la noche del 5 de diciembre de 2020, cuando cuatro hombres que llegaron en motocicletas al barrio Fundadores, en el municipio de Villanueva, empezaron a disparar de manera indiscriminada con fusiles contra un grupo de personas que estaba departiendo.

El material probatorio recopilado por los investigadores evidenciaría que Salcedo Castro fue uno de los presuntos responsables del ataque que cobró la vida de dos personas, entre ellas una adolescente de 14 años, y dejó heridas a cuatro personas más. En audiencias concentradas el procesado no aceptó su responsabilidad.

Un muerto y un herido leve dejò una riña de presos presentada ayer en el patio 4 de la cárcel La Guafilla de Yopal, donde están recluidos delincuentes comunes. Informaciones extraoficiales dan cuenta que hacia las 7 y 15 de la mañana, durante el cambio de guardia, cerca de 5 internos terminaron en una gresca con armas blancas hechizas, arrojando este resultado.

El privado de la libertad asesinado fue identificado como Kevin Castiblanco López, de 22 años de edad, quien se encontraba condenado a 16 años por el delito de homicidio, mientras que el herido, identificado como Ángelo Bohórquez Laverde, està privado de la libertad por el delito de hurto y serìa dado de alta el dìa de hoy desde el Hospital Regional de la Orinoquia, porque sus heridas fueron superficiales. 

Aunque se desconocen las causas de la riña se conoció que en los últimos tres meses han llegado internos de otras cárceles del país, incluidos unos presos de Itsmina, Chocó, y esto ha agitado el ambiente en el centro penitenciario.

Por solicitud de un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) en Casanare, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra un hombre que al parecer accedió carnalmente a su hijastra de 4 años.

El hecho que investiga el ente acusador habría ocurrido pasado 12 de septiembre en una vivienda del corregimiento Paso Cusiana, zona rural de Tauramena, donde la niña habría sido sometida por el procesado a vejámenes sexuales.

El dictamen de Medicina Legal evidenció que la menor sí fue víctima de violencia sexual, lo cual, fue tenido en cuenta por el juez que libró la orden de captura en contra del padrastro como posible autor.

Funcionarios del CTI de la Fiscalía capturaron al presunto implicado este 23 de septiembre, en el barrio Santa Isabella de Tauramena. Ante el juez promiscuo municipal de Tauramena, el hombre fue imputado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, al cual no se allanó.

Fernando Salgado Guevara fue enviado a la cárcel por disposición del juez primero promiscuo con funciones de control de garantías del municipio de Aguazul por su presunta responsabilidad en el delito de acceso carnal abusivo, el cual habría consumado en ese mismo municipio contra una niña de 10 años.

Las investigaciones indican que dichos comportamientos hacia su víctima se vendrían presentando desde el pasado mes de mayo, cuando, al parecer, el hoy procesado, conocido de la familia, aprovechaba la ausencia de la madre de la menor para someter a la niña a los vejámenes. Se presume que el último episodio se registró el 3 de agosto reciente en la residencia de la víctima.

El presunto agresor fue capturado por la Policía Nacional, bajo la coordinación de una fiscalía del Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (Caivas), el pasado 21 de septiembre en la vía que de la vereda Únete conduce a la vereda San Ignacio, zona rural de Aguazul.

La Fiscalía General de la Nación logró que el Juzgado 25 Penal de Cali, con funciones de control de garantías impusiera medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario, contra Juan Camilo Sánchez Pérez, de 21 años, como presunto determinador del crimen de su padre.

El joven fue capturado, mediante orden, judicial por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) el pasado 17 de septiembre en el barrio Bochalema, en el sur de esa ciudad. El ente acusador le imputó cargos por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones; y uso de menores de edad para la comisión de delitos.

Los hechos investigados por un fiscal de la Seccional Cali ocurrieron el 24 de septiembre de 2020, cuando Ramiro Sánchez Mazuera, padre del hoy detenido, fue asesinado. Ese día, la víctima iba saliendo en carro del garaje de su residencia en la capital vallecaucana, cuando un hombre lo sorprendió y le disparó varias veces en la cabeza.

El presunto agresor emprendió la fuga, mientras vecinos del sector trasladaron a Sánchez Mazuera al hospital; sin embargo, este falleció por la gravedad de las heridas. Una patrulla de la Policía Metropolitana de Cali, que realizaba labores de control en el sector donde ocurrió el crimen, inició la persecución del presunto atacante y logró interceptarlo a dos cuadras. Cuando los agentes le solicitaron su documento de identidad confirmaron que se trataba de un menor de 17 años, a quien le incautaron un revólver calibre 38 con varios cartuchos percutidos.

El adolescente, quien fue judicializado por los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, permanece con medida de internamiento preventivo desde el 25 de septiembre de ese año.

De acuerdo con el material probatorio obtenido y los testimonios recopilados, Sánchez Pérez habría contratado al menor para asesinar a su padre, indicándole además su ubicación y hora de salida de la vivienda. Se presume que el homicidio fue motivado por intereses económicos.