Ante la contundencia de los elementos de prueba presentados por una fiscalía del Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (Caivas) de Yopal, un juez con funciones de control de garantías de Aguazul, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Neffer Yamid Luna Meche, señalado como presunto responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Los hechos que investiga el ente acusador ocurrieron el pasado 21 de junio en una finca de la vereda El Guineo, zona rural del municipio de Aguazul, donde el procesado, conocido de la familia de la menor, habría aprovechado que la niña de 12 años se encontraba sola en su habitación, y al parecer la sometió a los vejámenes sexuales.

Luna Meche fue capturado en el kilómetro 73 de la vía que conduce de Tauramena a Aguazul, mientras se encontraba en su trabajo. Al término de las diligencias judiciales, el investigado no admitió su responsabilidad en el delito que le endilgó la Fiscalía.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Por solicitud de un fiscal de la Seccional Meta, Yimi Alexander Leiva Calle fue asegurado con detención carcelaria. La decisión se produjo luego de que esta persona, al parecer, hubiera intentado ingresar estupefacientes a la penitenciaria de Acacias, Meta.

El detenido, quien cumplía labores como dragoneante del Inpec, fue detenido en flagrancia el pasado 13 de septiembre cuando, al parecer, pretendía ingresar al referido penal 150.7 gramos de cocaína.

El procesado fue presentado ante el Juzgado 2 Promiscuo Municipal para las audiencias concentradas, donde la Fiscalía lo imputó como, presunto, responsable del delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes agravado, el cual no fue aceptado.

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Como Jéfferson Arley López Claros fue identificado el hombre a quien un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, por solicitud de un fiscal adscrito al Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de Yopal (Casanare), tras inferir su presunta responsabilidad en el abuso sexual de su ex compañera sentimental.

Los hechos que investiga la Fiscalía, con base en la denuncia de la víctima, sucedieron el pasado 6 de agosto en el municipio de Nunchía (Casanare), donde la mujer estaba celebrando su cumpleaños en la casa. Hasta el lugar llegó López Claros con la disculpa de hablar con ella y felicitarla; sin embargo, como esta se negó, aparentemente el hoy procesado ingresó a la vivienda y la sometió por la fuerza.

El investigado al parecer la tomó por el cabello, la tumbó y le tapó boca para evitar que ella pidiera auxilio y, bajo amenazas de muerte, la habría accedido carnalmente.

Por orden del juez promiscuo municipal de Pajarito (Boyacá) el hombre fue capturado. En las audiencias concentradas López Claros no aceptó el delito que le formuló el ente acusador por el delito de acceso carnal violento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Un fiscal de la Unidad de Vida, con apoyo del CTI de Bogotá, logró la judicialización de Johan Esteban Posada Cuellar, por presuntamente abusar sexualmente y envenenar a una menor de 13 años.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, se presume que este hombre conoció a la niña en el año 2018 a través de una red social. Sin embargo, fue hasta el año 2021 que se habrían encontrado en un parque en el sur de la ciudad. Después de ganarse la confianza de la menor, al parecer la llevó hasta su apartamento, la amarró de pies y manos y la habría accedido carnalmente.

Días después, el presunto agresor contacto a la víctima desde un número celular diferente, y al parecer la amenazó que si no se veían atentaría en contra de su mamá y su hermano. Según la investigación la menor habría accedido nuevamente para encontrarse con su victimario, quien la habría llevado a su apartamento, donde se presume que la amenazó con armas cortopunzantes y una jeringa, y fue allí donde la habría obligado a tomarse un veneno.

El 7 de septiembre de 2021, se hizo efectiva la orden de captura en contra de Posada Cuellar en el barrio México de la localidad de Ciudad Bolívar. En audiencias preliminares, la Fiscalía le formuló imputación por los delitos acceso carnal violento agravado y feminicidio agravado en la modalidad de tentativa, cargos que no fueron aceptados por el procesado.

El Juez 51 Penal Municipal con función de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, avalando la solicitud del ente investigador.

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Como Víctor Alfonso Villegas Toscano fue identificado el hombre capturado por el CTI Casanare y el Ejército Nacional, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio agravado.

La investigación se relaciona con los hechos ocurridos el pasado 18 de enero en una finca de la vereda Lajase, en el municipio de Pore (Casanare), donde según lo establecido la víctima fue ultimada con un arma contundente y cortopunzante, al parecer por Villegas Toscano. Posteriormente, el cuerpo apareció amarrado de pies, sumergido en un pozo de agua, ubicado dentro del mismo predio.

En las audiencias preliminares, luego de la imputación por parte del ente acusador, el juez promiscuo municipal de Pore le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario al investigado, quien no admitió la culpa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Un hombre que habría hurtado unos tubos petroleros en Yopal, fue enviado a la cárcel como medida preventiva. Así lo determinó el Juez Segundo Promiscuo Municipal de Aguazul, quien tras la imputación acogió la solicitud del fiscal e impuso la medida de aseguramiento intramuros. El individuo no aceptó cargos.

La captura, efectuada por la Policía Nacional, se registró en el barrio Araguaney de la capital casanareña este sábado 4 de septiembre, luego de que al parecer el hoy investigado hurtó 9 tubos petroleros, que tienen un valor aproximado de 5 millones de pesos en el mercado.

Lo curioso es que en este país se roban miles de millones de pesos en Reficar, Interbolsa, en los contratos leoninos de Odebrecht, la vía al Llano y los responsables lo que hacen es demandar al Estado colombiano pero muy pocas veces pagan cárcel o devuelven lo robado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Un fiscal de la Unidad de Investigación y Judicialización de la Seccional Bogotá, pudo establecer que, Carlos José Vásquez Cantillo, quien, al parecer, se hacía pasar por militar y que habría realizado su actuar delictivo entre el 20 de junio de 2018 al 25 de noviembre de 2020.

El material probatorio recaudado permitió establecer que mediante engaños y vestido con prendas militares se ganaba la confianza de los ciudadanos, después les suministraba una sustancia con los que las dejaba en estado de indefensión, y en las viviendas de sus víctimas se apoderaba de objetos de valor.

Al parecer, Vásquez Cantillo estaría involucrado en siete eventos delictivos, con una cuantía aproximada de 800 millones de pesos. También se pudo establecer que en uno de los casos presuntamente extorsionó a una de sus víctimas, a quien después de robarlo le exigía la suma de $1’000.000 para devolverle sus pertenencias.

 El pasado 4 de septiembre, se hizo efectiva la orden de captura en contra de Vázquez Cantillo. En la detención, se logró la incautación de un celular, un uniforme militar el cual llevaba puesto al momento de la captura y medicamentos con los que presuntamente sometía a las víctimas.

La Fiscalía formuló imputación por los delitos de hurto calificado y agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias y extorsión, cargos que fueron aceptados parcialmente por el capturado. El Juez 50 Penal Municipal con función de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Ante el contundente material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Antony Samir Peralta Contreras, como presunto responsable actividades de tipo sexual con una niña de dos años.

El procesado, de 29 años, fue capturado en situación de flagrancia por unidades de la Policía Nacional, en un inmueble del barrio Las Malvinas de Barranquilla. El procedimiento estaba dirigido a intervenir un sitio que funcionaría como compraventa de vehículos hurtados.

Durante la diligencia los uniformados se incautaron de un automóvil gama alta reportado como robado, autopartes y dos celulares. En los análisis técnicos a uno de los equipos encontrados, los investigadores encontraron videos y fotografías de conductas sexuales que, al parecer, Peralta Contreras habría cometido con una menor de dos años.

En las verificaciones se constató que los registros se hicieron en una vivienda del barrio El Porvenir de Soledad (Atlántico), en noviembre de 2020. El procesado, supuestamente, era conocido de la familia de la víctima y aprovechó esa cercanía para someter a la niña a situaciones indebidas y que atentan contra su integridad.

En ese sentido, un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Atlántico imputó a este hombre los delitos pornografía con persona menor de 18 años, acto sexual con menor de 14 años y receptación. El procesado aceptó los dos primeros cargos; mientras que rechazó el tercero.

Con relación al tema de la posible compraventa de vehículos hurtados, también fue imputado Víctor Danilo Granados Nieto por el delito de receptación. Este hombre fue capturado en situación de flagrancia junto a Antony Samir Peralta Contreras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Diego Armando Menza Marín, de 25 años, fue capturado el pasado 6 de agosto en un céntrico lugar del municipio de Trinidad, ya que tenía vigente una orden de captura en su contra por en el delito de violencia intrafamiliar.

La Fiscalía lo presentó ante el juez de garantías, quien legalizó el procedimiento de captura y, luego de la imputación, le dictó medida aseguramiento en un centro carcelario. El procesado no aceptó los cargos endilgados por el ente acusador.

La denuncia da cuenta de que, el 27 de mayo de 2020 en su lugar de residencia en ese municipio, el hombre supuestamente golpeó a su compañera sentimental hasta dejarla inconsciente.

De acuerdo con la narración de la víctima, la agresión le dejó secuelas y señaló que los episodios violentos (maltrato físico y psicológico) eran constantes, casi siempre acompañados de amenazas.

Desaparecida mujer en Trinidad desde el 1 de agosto de 2021

Diego Armando Menza Marín, quien fue capturado el pasado 6 de agosto en Trinidad, ya que tenía vigente una orden de captura en su contra por el delito de violencia intrafamiliar, fue la última persona con la que se le vio a Denis Torres el pasado 1 de agosto de 2021.

Y es que sus familiares adelantan una intensa búsqueda pues desde ese día no tienen conocimiento de ella, lo único que se sabe es que salió de su vivienda en una cuatrimoto en compañía del hoy capturado Diego Armando Menza Marín, pareja sentimental y nunca màs regresò.

Según relataron sus familiares Diego Armando Menza Marín, apareció el día martes en la casa de la familia preguntando por ella y hasta el día de hoy se desconoce el paradero de la mujer.

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La Fiscalía General de la Nación judicializó a Fabián Romero Rojas Rojas como presunto responsable del delito de hurto calificado y agravado, luego de que al parecer él y otra persona le hurtaran la motocicleta a una mujer en la vereda El Mordisco, zona rural de Aguazul, luego de intimidarla con un arma de fuego, el pasado 5 de agosto.

Gracias a la rápida acción de las autoridades, se logró la captura en flagrancia mediante un plan candado en el sector, que permitió, además, hallar la moto abandonada.

Romero Rojas fue identificado por la víctima, quien aseguró que no solo le hurtó el vehículo sino el bolso con todas sus pertenencias.

El juez con funciones de control de garantías acogió la petición del ente acusador y dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra el acusado, quien no aceptó su responsabilidad.

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