Por solicitud de la Fiscalía Especializada adscrita al Gaula Ariari fue asegurado con detención intramuros, Luis Alfredo Bayona Ospina, capturado en flagrancia cuando retiraba dineros, al parecer, producto de extorsiones.

El procesado sería el encargado de las finanzas de una organización delincuencial. Según la denuncia, desde mayo pasado las víctimas, en su mayoría comerciantes de las localidades de Granada y Vistahermosa (Meta), habrían recibido llamadas amenazantes de un hombre que decía ser parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

El dinero, supuestamente, iba a ser usado para adquirir uniformes y munición para el grupo de delincuencia organizado. Las sumas eran pactadas para ser enviadas a través de empresas de giros. Una vez las víctimas hacían las consignaciones, debían enviar las constancias de pago para que Bayona llegara al punto de envío para hacer los retiros.

Hasta el lugar llegaron investigadores del CTI de la Fiscalía Bogotá, apoyados por el Gaula Militar Ariari, para capturar en flagrancia a Bayona Ospina quien fue trasladado a Granada (Meta) para su judicialización.

Ante un juzgado con función de control de garantías, la Fiscalía imputó cargos al detenido como presunto de responsable del delito de extorsión agravada consumada en concurso homogéneo con extorsión agravada tentada. Ninguno de los delitos fue aceptado.

Un juez de Villavicencio impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre de 34 años de edad, señalado de haber inducido a su propia hija, de 9 años de edad para la época de los hechos, a realizar actos sexuales.

Los hechos investigados se habrían presentado desde finales de 2018 y, al menos, hasta octubre de 2020. Según consta en el proceso, el implicado se comunicaba vía internet por video llamada con la víctima, quien para ese entonces residía con su madre en Santiago de Chile (Chile).

El material de prueba recaudado señala que mediante amenazas, el procesado obligaba a la menor a tomarse fotos y hacer vídeos íntimos, los cuales ella misma debía compartir con direcciones electrónicas y teléfonos suministrados por su padre, y que corresponderían a personas ubicadas en Estados Unidos, Paraguay y Bolivia, entre otros países.

También se logró determinar que el implicado, al parecer, habría orientado a la menor para que borrara los posibles registros guardados en distintos dispositivos y así eliminar pruebas en su contra.

Labores de policía judicial, adelantadas tras la denuncia instaurada por la mamá de la niña, permitieron encontrar en el teléfono de la víctima conversaciones de contenido sexual con su padre; además de fotografías y vídeos íntimos.

Un trabajo conjunto entre la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General y el consulado colombiano en Chile permitieron contactar a la víctima, y con el apoyo de investigadores del CTI y de la Policía se recogió el material de prueba necesario para judicializar al procesado.

La captura del agresor se cumplió en el barrio El Recreo, sur oriente de Villavicencio y estuvo a cargo del CTI y de la Policía Nacional.

Por solicitud de un fiscal especializado adscrito al Gaula, Seccional Meta, Víctor Alfonso Vásquez Zuleta fue cobijado con detención carcelaria;  debido a su presunta participación en el secuestro de un agricultor en área rural de Puerto López, oriente del Meta, en noviembre de 2020. Por este mismo hecho han sido judicializados Humberto Bustamante Sánchez y Elkin Gutiérrez Velásquez Sánchez; quienes junto al procesado habrían obligado a la víctima a dejar abandonado su automóvil para abordar otro en el que fue llevado son rumbo conocido.

En esa ocasión Unidades de la Policía de Vigilancia interceptaron el carro en que viajaba el agricultor y sus plagiarios por la vía a Tauramena, Casanare. En medio de la persecución el automotor se volcó circunstancia que fue aprovechada para liberar al secuestrado ileso.

Según denuncia los presuntos secuestradores pretenderían llevarlo a Casanare. El arma con la que fue intimidado, se relata en la acción judicial, era portada por Vásquez Zuleta.

Por estos hechos la Fiscalía imputó al procesado como presunto responsable de los delitos de secuestro simple agravado en concurso con porte ilegal de armas agravado. Ninguno de los cargos fue aceptado.

Con medida de aseguramiento carcelaria fue cobijado un hombre de 62 años de edad, presuntamente responsable de agredir sexualmente a su nieta política, una menor de 4 años.

Los hechos se habrían presentado en enero pasado, en área rural de San José del Guaviare (Guaviare). Según la denuncia, al hombre le había sido confiado el cuidado de la menor, y aprovechando esa situación llevó a la niña a un río que circunda el corregimiento de El Capricho (Guaviare), donde habría realizado tocamientos de índole sexual a la víctima.

El presunto abusador fue capturado en la localidad de Calamar (Guaviare) por la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial.

Por los hechos conocidos la Fiscalía imputó al procesado como presuntos responsable del delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, el cual no fue aceptado.

Tras seis meses de investigación de la Seccional de Investigación Criminal en coordinación con la Fiscalía 33 seccional EDA de Yopal, se logró desarticular los “NS”, grupo delincuencial dedicado a hurtar residencias y establecimientos comerciales.

Según el coronel José Rafael Miranda, comandante de la Policía en el departamento de Casanare, las cuatro personas que fueron capturadas se dedicaban al hurto de viviendas y establecimientos comerciales, bajo la modalidad de atraco a mano armada y ventosa.

“Se pudo determinar que este grupo delincuencial, tenía una jerarquía, un parque automotor y roles previamente establecidos para la comisión del ilícito, liderados por dos hombres de 33 años, conocidos con los alias de “VILLAVO y ARAGAN” quienes serían los responsables de al menos 10 casos investigativos adelantados en el departamento de Casanare”, señaló el coronel Miranda.

Agregó el oficial que, los 4 capturados presentan antecedentes penales y habían sido judicializados en diferentes departamentos como Boyacá, Magdalena Medio, Cundinamarca y Meta. Dichas capturas permitieron que un juez les dictara medida de aseguramiento en el centro carcelario La Guafilla “ por su reincidencia en la materialización de los eventos cometidos.

Un juez con funciones de control de garantías ordenó detención en establecimiento carcelario en contra de un hombre por su presunta responsabilidad en los delitos de acceso carnal violento con menor de 14 años y feminicidio en la modalidad de tentativa.

Los hechos se habrían presentado el pasado 11 de marzo, en el resguardo Indígena Caño Mochuelo, ubicado entre los municipios Cravo Norte (Arauca) y Hato Corozal (Casanare).

Según las investigaciones realizadas por el ente acusador, el hombre, primo de la menor de 11 años, al parecer, se la llevó después de haber terminado la jornada laboral que realizaban en el campo, con el pretexto de trasladarla a su casa.  Se presume que se desvió del camino y supuestamente abusó de la niña, a quien luego habría golpeado, herido con arma blanca y abandonado.

El hombre fue capturado por el CTI, Policía Nacional y la guardia Indígena del resguardo Caño Mochuelo el pasado 12 de abril, mediante una orden judicial.

Durante las audiencias concentradas, el investigado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y fue trasladado a la cárcel judicial de la ciudad de Arauca (Arauca).

Autoridades lograron el fin de semana último la captura y judicialización de cuatro indígenas del resguardo Puyero y Palma Real, ubicado en el municipio de Tame (Arauca), por los hechos perpetrados el pasado 28 de marzo, cuando al parecer sometieron a una mujer campesina y a su hija de 6 años a múltiples delitos y vejámenes.

Se trata de Juan Méndez Becerra, alias el Indio; William Macualo Álvarez, alias Macualo; Orlando Montañez Herrera, alias Morroco; y Javier Parada Méndez, alias Picure, quienes fueron imputados por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro simple agravado, tortura agravada, acceso carnal violento agravado, hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; este último, teniendo en cuenta que al momento de su detención se les incautaron dos escopetas calibre 22.

En audiencias concentradas, los detenidos no aceptaron los cargos y fueron cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, por el juez primero penal municipal de Tame, con función de control de garantías.

Las labores investigativas dan cuenta de que el día del suceso, en la vereda La Hormiga del citado municipio araucano, estos hombres supuestamente llegaron a la residencia de las víctimas y las habrían secuestrado por varias horas. En ese tiempo, al parecer los cuatro procesados torturaron y accedieron carnalmente a la mujer y a su hija; además de hurtarles sus pertenencias.

En menos de 15 días el ente acusador recaudó elementos de prueba que evidenciarían la participación de los investigados en este hecho, así como su posible pertenencia a una banda delincuencial denominada Los Güios, dedicada al hurto en todas sus modalidades, afectando principalmente a los campesinos de la región y al gremio de los transportadores.

Se conoció también que los capturados estarían implicados en varios hurtos masivos a pasajeros a buses de una empresa de servicio intermunicipal de la zona.

La Fiscalía General la Nación resolvió la situación jurídica de José Benildo Durán, alias Pato, un exintegrante de las extintas AUC, y le impuso medida de aseguramiento en cárcel por su presunta responsabilidad en el crimen del exdirector del DAS en Norte de Santander, Jorge Enrique Díaz Sánchez; y el sargento del Ejército Nacional, José Celis Castro, en hechos ocurridos en abril de 2005, en zona rural de Cúcuta.

Según la Fiscalía, los elementos de prueba dan cuenta de que hombres armados sacaron a las víctimas de sus casas, las llevaron a una finca en zona fronteriza y las sometieron a múltiples actos de tortura. Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados y abandonados en La Fría, en el estado Táchira (Venezuela).

En las indagaciones, la Fiscalía informó que, se constató que los señalados responsables de esta acción habrían pertenecido a una estructura criminal conformada por exintegrantes de los grupos paramilitares, que no se desmovilizaron, entre ellos, alias Pato.

Este hombre fue capturado con fines de indagatoria en Puerto Santander (Norte de Santander), donde es pastor de una comunidad religiosa.

Ante una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos reconoció que fue el encargado de recoger los cuerpos del exdirector del DAS y del suboficial, y los llevó a Venezuela. En ese sentido, José Benildo Durán, alias Pato, recibió medida de aseguramiento por el delito de homicidio en persona protegida.

Hombre fue enviado a la cárcel, por los delitos de secuestro simple agravado en concurso heterogéneo con el delito de acceso carnal violento en concurso homogéneo y sucesivo por presentarse de manera continúa.

Según las investigaciones adelantadas por el ente acusador, los hechos se registraron el 26 de febrero del 2017, en zona rural de Tame, Arauca, donde el procesado, al parecer, secuestró a la menor quien para esa época tenía 10 años. Durante cuatro años habría abusado sexualmente de ella, aduciendo que era su pareja sentimental.

Por estos hechos la Fiscalía solicitó orden de captura ante un juez de la república la cual se materializó este 20 de marzo en zona rural del municipio de San Pablo (Bolívar), por el Gaula de la Policía Nacional de Arauca y de Magdalena Medio.

En el desarrollo de audiencia, el detenido no aceptó los cargos formulados y fue recluido en establecimiento carcelario.

Por solicitud de la Fiscalía Especializada Gaula Ariari fue asegurado con detención intramural Badid Caro Barreto quién, al parecer, vendría exigiendo dinero a agricultores y ganaderos del área rural de Fuentedeoro (Meta) para garantizar su vida y la de sus familiares.

La situación se habría presentado en varias fincas de área rural del mencionado municipio hasta donde habrían llegado el detenido en compañía de otras personas para hacer exigencias económicas de dinero a nombre del Grupo de Delincuencia Organizado conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

En cumplimiento de una orden judicial el implicado fue capturado, integrantes del grupo Gaula Policía y Militar Ariari, en la vereda de Puerto Nuevo en el sur del Meta.

Ante un juzgado con función de control de garantías la Fiscalía imputó cargos contra el detenido por el delito de extorsión, el cual no fue aceptado.