Fue asegurado con detención intramuros, Carlos Neira Hernández de 30 años, quien es considerado como el presunto responsable de la muerte del integrante de la comunidad indígena Nukak Maku José Katua Wuuho.

Los hechos ocurrieron en julio de 2020 en la vereda Caño Macu, jurisdicción rural de San José del Guaviare (Guaviare). La situación se habría presentado como resultado de una riña entre el agresor y la víctima, al parecer, producto del consumo de licor y por problemas personales entre ellos, puntualizó la Fiscalía General de la Nación.

El ente acusador informó que, el detenido pertenece a la comunidad indígena Puerto Monfort de Miraflores (Guaviare) y le habría propinado una herida en el pecho con arma blanca a la víctima quien murió de manera fulminante en el lugar de los hechos.

Mediante orden judicial, uniformados de la Policía Nacional habrían materializado la captura de Neira Hernández, quien fue puesto a disposición de las autoridades para las audiencias concentradas.

Ante el Juzgado 2° Promiscuo Municipal con función de control de garantías la Fiscalía imputó cargos contra el detenido como presunto responsable del delito de homicidio agravado. El cargo no fue aceptado.

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La Fiscalía General de la Nación informó que, logró una condena de 20 años y 8 meses de prisión en contra de Eduard Quiroga Díaz, tras demostrar su presunta responsabilidad en las lesiones que le ocasionó con arma blanca a su compañera permanente.

Los hechos investigados ocurrieron el 1 de noviembre de 2015, en vía pública del corregimiento Las Trochas del municipio de La Paz (Santander), donde según la Fiscalía, Quiroga Díaz presuntamente atacó con un machete a quien era en ese momento su pareja, propinándole múltiples heridas en su espalda y rostro, que pusieron en riesgo su vida.

De acuerdo con el ente acusador, el hombre en su momento huyó del lugar. La víctima recibió una incapacidad médico legal de 55 días y la agresión la dejó con una deformidad en su cara. Asimismo, se estableció que el ilícito se presentó luego de que la mujer manifestará que no quería vivir más con el condenado, por sus constantes agresiones.

Con fundamento en el material probatorio presentado por la Fiscalía, un juez con función de conocimiento condenó al hombre como autor responsable del delito de feminicidio agravado en grado de tentativa.

El hoy condenado permanece privado de la libertad desde el 1 de octubre del 2018, tras su captura y judicialización.

 

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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La Fiscalía judicializó a Aurentino Gelves Mejia y Fanny Abril Godoy, como presuntos integrantes del frente José Adonay Ardila Pinilla, de la guerrilla del ELN, por el delito de rebelión

Los procesados fueron capturados en flagrancia este 3 de marzo en la vereda Tablón Purare jurisdicción del municipio de Tame (Arauca), por uniformados del Ejército Nacional.

Durante la diligencia las autoridades les hallaron en dos morrales el siguiente material de guerra:

Un fusil Galil calibre 5,56 mm

Ocho proveedores calibre 5.56 mm

Una pistola marca Prieto Beretta calibre 9 mm

Una pistola marca Jericho 9mm

495 cartuchos calibre 5,56 mm

86 cartuchos calibre 9 mm

Cuatro proveedores

Un chaleco multipropósito

Una cámara fotográfica

Un radio de comunicaciones

Material de intendencia como uniformes similares al de la Policía Nacional, dos sintelas, dos pañoletas, dos buzos verdes, dos pavas y 7 talonarios alusivos al ELN

Gelves Mejia y Abril Godoy, quienes no aceptaron el cargo, fueron privados de la libertad en establecimiento carcelario por el juez de garantías. 

 

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Un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a Robinson Rodríguez, y a Leudys Eduardo Mejía por su responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte de armas de fuego o municiones, informó el coronel William Quintero, subcomandante de la Policía en Casanare.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 3 de marzo, cuando dos uniformados de la Policía (hombre-mujer) se encontraban patrullando por las calles de Yopal, y fueron atacados a bala por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, lesionando a un uniformado.

El coronel Quintero dijo que, uno de los sujetos fue remitido a un centro asistencial de Bogotá para realizarle una cirugía debido a las lesiones que recibió, sin embargo, señaló que están a la espera de que se recupere para regresarlo y llevarlo a un centro carcelario.

Sobre uno de los sujetos implicados, el subcomandante de la Policía indicó que tiene antecedentes por homicidio y que hacía tan solo tres meses había salido de la cárcel. 

Frente al ciudadano venezolano el coronel Quintero precisó que, este individuo no será deportado, sino que está sujeto aquí a cumplir las leyes y el código penal colombiano como está establecido. Agregó que tan pronto haya un espacio en la cárcel La Guafilla el venezolano será ingresado a este centro penitenciario.

Finalmente, el oficial informó que, el Intendente que resultó lesionado fue dado de alta y ya se encuentra en la casa recuperándose de las heridas que recibió.

 

 

 

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Por solicitud de la Fiscalía Seccional fue privado de la libertad en cárcel un hombre de 31 años de edad, presuntamente responsable de agredir sexualmente a una adolescente de 15 años. Los hechos se habrían presentado en noviembre de 2020 en Puerto Carreño (Vichada).

Según la Fiscalía, al parecer, el implicado era conocido por los familiares de la víctima, situación que habría aprovechado para que lo acompañara hasta la habitación donde vivía para allí abusar sexualmente de ella.

A lo largo de la investigación la Fiscalía informó que, se evidenció que el abuso habría sido cometido con tal violencia que le causó heridas en sus partes íntimas a la mujer, a quien además golpeó en el rostro y la cabeza.

El implicado fue capturado en cumplimiento de una orden judicial y presentado ante el Juzgado 1° Promiscuo Municipal para audiencias concentradas. Allí la Fiscalía imputó al procesado como presunto responsable del delito de acceso carnal violento agravado, el cual no aceptó.

La Seccional Vichada continuará judicializando a las personas señaladas de afectar el libre desarrollo e integridad física y mental de niños, niñas y adolescentes, tal como lo dispone el Direccionamiento Estratégico 2020 -2024 liderado por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.

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Mediante comunicado de prensa la Fiscalía General de la Nación, informó que, por solicitud de la Seccional adscrita a la Unidad de Reacción Inmediata URI de Acacias (Meta), fue asegurado con detención intramuros Freddy Gustavo Plazas Acosta de 32 años de edad. Esta persona, al parecer, es el presunto responsable de la muerte de Jefferson Steven Aguirre Salazar en hechos ocurridos el 30 de enero de 2020 en Alto Acaciitas en Acacias (Meta).

Según la Fiscalía General de la Nación, los hechos se habrían presentado cuando el detenido llegó hasta el lugar donde estaba la víctima y le disparó con un arma de fuego ocasionándole la muerte. De acuerdo con la investigación el crimen se debió a que Plazas Acosta le debía un dinero a la víctima, quien se dedicaría a prestar dinero.

El procesado fue presentado ante un juzgado con función de control de garantías, tras ser capturado en cumplimiento de una orden judicial.

En las audiencias concentradas la Fiscalía imputó al implicado como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con fabricación tráfico o porte ilegal de armas de fuego, los cuales no fueron aceptados.

 

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Un caso de intento de abuso contra menor de 14 años registrado el pasado 20 de febrero en zona rural de Paz de Ariporo dejó consternada a la comunidad de ese municipio.

De acuerdo con información emitida por la Fiscalía, los hechos se presentaron la noche del 20 de febrero pasado en una finca de área rural de Paz de Ariporo, cuando el hombre, trabajador de la finca donde se presentó el hecho, presuntamente, llegó en estado de alicoramiento e intentó abusar de la menor; ante la negativa, la agredió con un machete.

La pretensión, por parte del implicado, al parecer estuvo mediada por intimidaciones pues le dijo a la menor que debía permitir el abuso y así evitar que matara a todas las mujeres que vivían en lugar.

Según se conoció, el hombre condujo a la menor hasta las caballerizas donde ella logró huir, pero cuando lo hacía fue herida en varias partes de su cuerpo con el machete.

Al llegar donde su abuela la víctima avisó a los demás residentes sobre lo sucedido el hombre huyó del lugar y la niña fue llevada a un centro asistencial en Paz de Ariporo.

Pese a que las autoridades lo capturaron, fue dejado en libertad porque su captura no fue en flagrancia. Sin embargo, el pasado 25 de febrero mediante orden judicial el implicado fue capturado por la Policía Judicial y presentado ante el Juzgado Promiscuo Municipal de esa ciudad, para su judicialización.

La Fiscalía imputó cargos al implicado por el delito de feminicidio agravado por agresión sexual física o sicológica en grado de tentativa. Dicho cargo no fue aceptado.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

 

 

 

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Por los delitos de tráfico de niños, relacionado con la presunta compra venta de una bebé recién nacida en Yopal, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Aguazul impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, a la mamá de la niña, identificada como Yliana del Carmen Serrano Tovar y a quien supuestamente compró la menor, Edwin Gildardo Agredo Correa.

Según la Fiscalía, la madre, de nacionalidad venezolana, presuntamente fue contactada por redes sociales y mensajes de texto. El pasado 14 de febrero, cuando la niña tenía tres días de nacida, un hombre llegó al centro médico y se registró como si fuera el padre de la menor de edad, sin serlo.

En la investigación se conoció que esta persona se acercó a la habitación en la que estaba la mujer y, supuestamente, le entregó $500.000 con el compromiso de que le daría el excedente cuando firmara un permiso para poder sacar a la niña del país.

La madre fue dada de alta y regresó sin la bebé al inmueble en el que vivía. Ante las preguntas de los vecinos respondió que la menor había muerto; sin embargo, esa explicación no convenció a los residentes, quienes acudieron a las autoridades y la denunciaron.

La Fiscalía le imputó además a Edwin Gildardo Agredo Correa, los delitos de tráfico de niñas, niños y adolescentes; obtención de documento público falso, y supresión, alteración o suposición del estado civil. Los cargos no fueron aceptados por el procesado, quien recibió medida de aseguramiento en centro carcelario.

En las audiencias celebradas este domingo se conoció que Agrego Correa es secretario del Juzgado Promiscuo de San Mateo, en Boyacá, y apeló la decisión.

 

 

 

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Por solicitud de la Fiscalía especializada adscrita al Gaula, fue asegurado con detención intramuros Kevin Igor Hernández Bolívar, de nacionalidad venezolana, quien fue capturado en flagrancia el pasado 22 de febrero en el centro de Yopal (Casanare) cuando se disponía a recibir una suma de dinero, posiblemente, producto de una extorsión de la que era víctima una mujer.

La situación se habría presentado cuando la víctima, de 30 años de edad, se negó a prestarle 100 mil pesos a una persona con quien se había contactado por redes sociales; tres meses atrás, y con quien además había intercambiado fotografías íntimas.

La extorsión se concretó cuando le fue exigido el pago de 200 mil pesos, so pena de publicar las fotografías íntimas en redes sociales. Hasta el lugar acordado para la entrega del dinero llegó un grupo de uniformados del Gaula Policía quienes capturaron en flagrancia Hernández Bolívar.

El detenido fue presentado ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Aguazul para la realización de las audiencias concentradas. Allí la Fiscalía imputó cargos al detenido como presunto responsable del delito de extorsión agravada tentada contra Hernández Bolívar. Dicho cargo no fue aceptado por el implicado.

 

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Por solicitud de la Fiscalía Especializada Gaula Ariari, un juez de control de garantías aseguró en establecimiento carcelario a José Ricardo Virgüez Gómez, presunto responsable de los delitos de secuestro y hurto.

Los hechos atribuidos al implicado ocurrieron en septiembre de 2017 en área rural de Puerto Rico, vereda Bajo Fundadores (Meta) donde el detenido, en compañía de personas armadas, asaltó un par de residencias.

Los hombres, quienes aseguraban pertenecer al Clan de Golfo, reunieron a los habitantes en una sola vivienda y tras amordazarlos les hurtaron sus pertenencias. Habitantes del sector se percataron de la situación y avisaron a la Policía.

Ante la presencia de la autoridad los presuntos delincuentes huyeron y posteriormente fueron reconocidos por las víctimas. Virgüez Gómez fue capturado en cumplimiento de una orden judicial; además, en su contra figura una circular azul de la interpol.

La Fiscalía imputó a este hombre como presunto responsable de los delitos de secuestro, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, hurto calificado y agravado. Ninguno de los cuales fueron aceptados por el implicado.

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