Detención intramuros para Walter Ferney Bohórquez Herrera, por hechos ocurridos entre finales de 2017 y marzo 2020, en el municipio de Maní.

Según el reporte de la Fiscalía General de la Nación, el detenido comercializaba estupefacientes que llevaba a los lugares previamente indicados por los compradores.

Personal de la unidad básica de Investigación Criminal de Maní, materializó la orden de captura contra Bohórquez en el centro de la ciudad, y luego fue presentado ante el Juzgado Promiscuo de Maní para su judicialización.

La Fiscalía imputó cargos al implicado como presunto responsable del delito de fabricación, tráfico y/o porte de estupefacientes en concurso homogéneo y sucesivo. Ninguno de los cargos fue aceptado por el detenido.

Ante la decisión del juzgado frente a la medida contra el detenido, la Fiscalía solicitó a las autoridades penitenciarias y de salud revisar su estado médico y garantizar que se encuentre en buenas condiciones antes de realizar su traslado al lugar de detención.

Fue ordenada la detención intramuros de un hombre de 50 años de edad, señalado como presunto responsable del abuso sexual de una menor de 7 años de edad, quien sería la nieta de su excompañera sentimental, hechos que habrían sucedido en agosto pasado en el municipio de Villanueva.

Después de realizar investigaciones y recolectar el material probatorio suficiente para solicitar la orden judicial contra el hoy implicado, la Policía Nacional, logró capturarlo en plena vía pública de Monterrey, siendo luego presentado ante el Juzgado Promiscuo para su judicialización.

La Fiscalía imputó cargos por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y en concurso heterogéneo con actos sexuales con menor de 14 años agravado y en concurso sucesivo y homogéneo. Ninguno de los cargos fue aceptado.

Ante la decisión del juzgado de recluir al implicado en un centro carcelario, la Fiscalía solicitó a las autoridades penitenciarias y de salud revisar su estado médico y garantizar que se encuentre en buenas condiciones antes de realizar su traslado al lugar de detención.

Con medida de aseguramiento en centro carcelario fue cobijado Heivar Deninson Morales Peña de 39 años de edad, quien habría planeado y ejecutado el secuestro de un menor de edad.

Los hechos ocurrieron en marzo pasado en el municipio de Granada, Meta. Allí el imputado en compañía de otros tres hombres habrían secuestrado a un menor de 15 años de edad, a quien sacaron de su propia casa con el propósito de exigir dinero por su liberación.

Por estos hechos la Fiscalía imputó cargos en contra del implicado como presunto responsable del delito de secuestro agravado. Cargo que no fue aceptado por el detenido.

La rápida acción judicial permitió rescatar al menor de edad y capturar a Andrés José Murcia Rodríguez el mismo día de los hechos. Esta persona es vecino y conocido de la madre de la víctima.

Según información, de los 4 hombres implicados, 2 ingresaron a la casa y con cuchillo en mano amenazaron al joven y se lo llevaron con rumbo desconocido; los otros 2 implicados aguardaban en el carro fuera de la vivienda.

Estas acciones se dan en el marco de la estrategia del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, de cara a garantizar los derechos de los niños, mujeres y ciudadanía en el territorio nacional.

De acuerdo con investigación adelantada por la Sijin de la Policía Nacional, estas personas pretendían llevarse el niño a una finca en otra población y pedir por su rescate 150 millones de pesos. La Seccional Meta recogió el material probatorio necesario para identificar y detener otro de los presuntos responsables del hecho y continúa trabajando para capturar a los que faltan. 

A una pena de 35 años, 11 meses y 10 días de prisión fue condenado el ex agente de policía Jhohan Alberto Ossa Lopera, responsable del feminicidio agravado de su exnovia, una mujer de 28 años de edad, y quien fue asesinada el 29 de febrero pasado en Florencia, Caquetá. El hombre aceptó su culpabilidad en el momento en que se pretendía instalar la audiencia preparatoria donde la Fiscalía dejaría al descubierto las pruebas y testigos para pedir su condena.

Un juzgado del circuito emitió la sentencia tras escuchar la aceptación de cargos que de manera libre y voluntaria realizó el implicado antes de la instalación de la audiencia preparatoria de juicio que se iba a realizar ayer, 8 de octubre. En este escenario la Fiscalía iba a descubrir las pruebas y testimonios que expondría en el juicio contra el expatrullero quien estaba adscrito a la Sijín, para la época de los hechos.

Ossa Lopera fue sentenciado además por los delitos de hurto calificado y agravado, violación a habitación ajena, y acceso abusivo a un sistema informático como autor y a título de dolo. La captura de Ossa se logró el 12 de marzo pasado y fue hecha efectiva por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el parque principal de la capital caqueteña. Las pruebas recolectadas El CTI logró determinar que el hombre aprovechó sus conocimientos en criminalística para tratar de eliminar la evidencia y evitar dejar rastros, además de entorpecer el curso de la investigación.

El hoy condenado, desde el inicio de la investigación, fue el principal sospechoso de la muerte violenta de la joven de 28 años, cuyo cuerpo fue hallado por sus familiares en su casa, sobre la cama. La policía judicial logró recopilar más de 270 horas de grabación y, por lo menos, 20 videos que le permitieron reconstruir el recorrido hecho por Ossa desde la zona rosa de Florencia hasta la casa de la víctima en el barrio Las Victorias de dicha ciudad.

Así, quedó registrado el momento en que Ossa ingresó a altas horas de la noche a la vivienda de donde salió con elementos de la mujer, entre ellos su computador portátil. De otra parte, un testigo aseguró que el hombre siguió a la mujer toda la noche hasta llegar a su casa y de su carro sacó su celular. En las diligencias la Fiscalía presentó además audios de Whatsapp entre la víctima y otra persona en los que aseguraba temer por su vida y sentirse amenazada por el hoy condenado.

Cuando las autoridades entraron a la residencia, el investigado negó que su progenitora estuviera ahí; sin embargo, manchas rojas en diferentes sitios de la casa permitieron descubrir los restos de la mujer dentro de la nevera.

La Seccional de  Bogotá logró que un juez con función de control de garantías impusiera medida de aseguramiento intramuros en contra de Eduardo Alfonso Parra Chavarro, por el delito de homicidio agravado.

La investigación señala que desde el 5 de octubre reciente, el hermano y el compañero sentimental de la señora Amira Chavarro Enciso, de 74 años, no sabían nada de la mujer, quien vivía en el barrio Quinta Paredes con su hijo Eduardo Alfonso Parra Chavarro.

Al día siguiente en horas de la noche, tras la preocupación por desconocer su paradero, los familiares decidieron acudir a la vivienda, pero al ver que nadie respondía, solicitaron el apoyo tanto de la Policía como de los Bomberos, y autorizaron su ingreso por la fuerza.

Según se indicó, Parra Chavarro estaba en el lugar y habría negado varias veces la entrada a la casa, manifestando que su madre no estaba allí.

Al ingresar al inmueble, en el baño, la cocina y el patio fueron halladas manchas rojas, al parecer de sangre, y tejidos blandos. Fue entonces cuando al inspeccionar con detalle, las autoridades hallaron el cuerpo desmembrado de la víctima en la nevera, además de un cuchillo, una pulidora y un serrucho eléctrico (también con evidencias de tejidos y sangre).

Inmediatamente se realizó la captura en flagrancia de Parra Chavarro, quien en audiencias concentradas no admitió su responsabilidad.

Los análisis realizados al Censo Delictivo elaborado por la Fiscalía General de la Nación permitieron identificar tres comunas en Villavicencio (Meta) en las que delitos como hurto y homicidio deben ser priorizados de cara a la necesidad de restablecer la seguridad ciudadana y amparar los derechos de sus habitantes. Se trata de las comunas 4, 5 y 8 de la capital del Meta. Hasta allí llegaron durante los meses de agosto y septiembre investigadores del CTI de la Fiscalía, uniformados del Ejército y la Policía Nacional para identificar, ubicar y detener a los presuntos responsables de los referidos delitos.

La Seccional Meta lideró las acciones encaminadas a restablecer la tranquilidad en los barrios Porfía, Barzal, Milagro, Salitre, Villa Suarez, Sector Ocoa y San Antonio, ubicados en el centro, sur y sur oriente de la ciudad, y que integran las tres comunas mencionadas.

Las modalidades de hurto que más afectaron la capital el Meta, a 30 de septiembre fueron: I) el factor oportunidad, con 1.251 casos; II) atracos con arma blanca, con 553 casos y III) atracos con arma de fuego, con 425 casos.

Estas cifras permitieron adelantar investigaciones flash por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), además de obtener material probatorio y la evidencia física suficiente para que jueces de la República avalaran la petición para concretar 23 capturas; 16 de las cuales van dirigidas a presuntos responsables de hurtos en diversas modalidades y 7 de supuestos implicados en homicidios.

Las labores de Policía Judicial cumplidas con el apoyo de la Policía Metropolitana de Villavicencio, líderes comunales y ciudadanía en general que reside en sectores previamente seleccionados permitió identificar de manera clara la manera como delinquían los implicados que fueron capturados por el CTI, la Policía y el Gaula Militar (Meta).

Hurto

Entre las 16 personas supuestamente implicadas en hurtos se encuentran dos mujeres. Los implicados fueron imputados como presuntos responsables de delitos como hurto calificado y agravado; y en algunos en concurso heterogéneo con lesiones dolosas. La investigación evidenció como las mujeres que se movilizan en motocicletas son las víctimas favoritas de los ilegales, pues les arrebatan sus bolsos, sin importar que en muchos casos esas acciones provocan accidentes que causan lesiones e incapacidades de hasta 35 días. Las medidas de aseguramiento ordenadas contra estas personas incluyen ocho detenciones en cárcel, siete domiciliarias y una medida no privativa con presentaciones así:

A intramuros

 Maicol Stibel Ardila Herrera  John Faber Calderón Castañeda  Jorge Emilio Ortiz Montoya  John Herrera Cordero  Steveng Alexander Penagos Rico  John Mares  Fredy Alberto Cardona Robins  Diego Fernando Gómez Mateus

A domiciliaria

 Duván Camilo Niño González  Laura Vanesa Sedano Barney  Paola Julieth Daza Carrillo  Kevin Stiven Ordoñez Triana  Juan Carlos Méndez Brun  Heiber Sebastián Cañas Céspedes  Jaime Luengas

En libertad condicionada

 John Sebastián Duarte López

HOMICIDIOS

Por el delito de homicidio fueron capturadas y judicializadas siete personas entre quienes están incluidos los presuntos responsables de la muerte de un excombatiente de las FARC, en hechos ocurridos el 15 de julio anterior en un parque público de la ciudad.

A intramuros

 Wilder Javier Barbosa Valencia  Oscar Daniel Barbosa Valencia  Leandro José Robles Colmenares  Nelson Javier Rodríguez Díaz  John Kennedy Herrera Cordero  Faber Enrique Zamora  John Miller Rojas Montilla.

Al término de esta jornada la Fiscalía General de la Nación invitó a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier hecho que atente contra su integridad y patrimonio. En este caso recordó que la ciudadanía tiene a su disposición canales como la línea gratuita 122 y la página oficial de la Fiscalía www.fiscalia.gov.co

Un juzgado con funciones de conocimiento, luego de la aceptación de cargos, condenó al exconcejal de Puerto Carreño Carlos Arturo Riveros Rojas a 67 meses de prisión y al pago de una multa de 18’771.667 millones de pesos.

El dirigente político fue encontrado responsable de los delitos de peculado por apropiación en concurso heterogéneo con peculado por uso, por aplicación oficial diferente y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Los hechos se habrían presentado mientras Riveros Rojas se desempeñaba como concejal de Puerto Carreño (Vichada).

La Fiscalía Seccional Vichada demostró las irregularidades cometidas por el condenado cuando asumió la presidencia de esa corporación en 2016. La Fiscalía demostró que Riveros Rojas realizó contrataciones irregulares relacionadas con la compra de muebles, enseres, suministros y mantenimientos de equipos, todo con dineros de la caja menor del concejo.

Se evidenció en este caso que varios de los muebles comprados para el cabildo, el implicado se los llevó para su casa y los cambió por los que tenía en uso. Estos últimos los llevó para las instalaciones del concejo. Igualmente, el entonces presidente del Concejo Municipal giró cheques a su nombre para cubrir deudas por concepto de denuncias de alimentos que existía en su contra. Estas irregularidades fueron denunciadas por ediles ante la Contraloría Municipal.

Por disposición del juzgado, al sentenciado le fue concedida la pena privativa de la libertad en su lugar de domiciliario.

A prisión Delfín Hernando Buitrago Salgado, alias ‘Patebola’, capturado en vía pública como presunto responsable de liderar una banda delincuencial que se dedicaba a la extorsión y homicidio en Granada, Meta.

La Seccional Meta judicializó a quienes desde 2016 estarían afectando extorsionando agricultores, ganaderos y comerciantes en el sur del departamento. Según información de la Fiscalía, alias Patebola y tres exmilitares se dedicaban a extorsionar, bajo amenaza de muerte a quienes se negaran a pagar el dinero exigido.

Este caso, sería precisamente el del padre de uno de los integrantes de la organización delincuencial quien ordenó atentar contra su padre porque no quería acceder a sus exigencias económicas. 

El detenido fue presentado ante el Juzgado Promiscuo de Puerto Rico, Meta, para el desarrollo de las audiencias concentradas. En estas diligencias fue imputado como presunto responsable de los delitos de homicidio tentado en concurso homogéneo, concierto para delinquir, fabricación, tráfico y/o porte ilegal de armas de fuego y extorsión. Dichos cargos no fueron aceptados por el detenido.

Petter Eduardo Mosquera Ariza, fue judicializado como el responsable del homicidio de dos integrantes de la Sijin de la Policía Nacional, ocurrido el 2 de abril del año en curso, en Guamal, Meta. La Fiscalía imputó al hombre por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares. 

De acuerdo con el material probatorio, el intendente Armando Esteban Rodríguez Gómez y el patrullero John Fredy Reyes Peña atendieron una acción criminal que se registró en un inmueble del barrio La Floresta, en la que murió José Vicente Rivera Mendoza, un desmovilizado de las extintas AUC. Los uniformados trasladaron a un centro asistencial a un ciudadano serbio que resultó herido y, de regreso al lugar de los hechos, habrían sido atacados con arma de fuego por el hijastro de la persona asesinada.

El señalado agresor, Petter Eduardo Mosquera, se presentó a la Fiscalía en Granada (Meta), luego de enterarse de la orden de captura que había en su contra. Investigadores del CTI hicieron efectiva la detención y dejaron el hombre a disposición de una fiscal especializada. En audiencias concentradas, fue imputado por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico y/o porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares. Los cargos no fueron aceptados.

La Fiscalía solicitó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario contra Mosquera Ariza; sin embargo, el juez promiscuo municipal de Puerto Rico (Meta) dispuso detención en el lugar de residencia, por considerar que el procesado cumple los requisitos de ley para recibir este beneficio.

La mujer señalada de haberle quemado la cara a su hija de 8 años con una cuchara caliente fue cobijada con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Se trata de una ciudadana de Venezuela de 36 años, quien fue capturada junto con su pareja sentimental, por uniformados de la Policía de Infancia y Adolescencia en cumplimento de una orden judicial.

Las dos personas fueron aprehendidas luego de que vecinos del sector donde reside la mujer en compañía de la menor de edad, en el municipio de Fundación (Magdalena), denunciaran los continuos maltratos a los que la mujer presuntamente sometía a la niña.

El último episodio de violencia física del que se da cuenta habría ocurrido el 17 de septiembre pasado, cuando la mujer, en un ataque de ira, al parecer tomó el cubierto caliente y se lo puso en el rostro a la niña.

A la casa de la presunta agresora llegaron servidores de la Policía Nacional y personal de la Comisaría de Familia local para rescatar a la pequeña, lo mismo que a sus hermanos, también menores de edad.

Medicina Legal determinó de manera provisional una incapacidad de 15 días para la víctima, y se espera una nueva valoración para establecer las secuelas que puedan quedar en la niña a causa del maltrato del que vendría siendo víctima desde tiempo atrás.

Las investigaciones relacionadas con posibles vulneraciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes son una prioridad, por ello, el fiscal del caso imputó a la capturada como presunta responsable del delito de violencia intrafamiliar en concurso homogéneo sucesivo. Tras la imputación, la mujer aceptó su responsabilidad en los hechos atribuidos. Entretanto, su compañero sentimental no fue objeto de ninguna medida de aseguramiento, pues se comprobó que no convivía con la supuesta agresora y, al parecer, no participó en los hechos. Sin embargo, se le corrió traslado del escrito de acusación.