Dúber Arley Ramírez Barón fue capturado en flagrancia el pasado 19 de septiembre en vía pública de Yopal por unidades de la Policía Nacional luego de que, al parecer, en compañía de otros hombres hurtara una motocicleta a una mujer que había dejado un momento su vehículo mientras ingresaba a su lugar de trabajo.

La víctima dio aviso a las autoridades, y en una rápida reacción de la policía se logró ubicar a Ramírez Barón, con el vehículo hurtado. Durante los días 20 y 21 de septiembre anterior, el capturado fue presentado ente el juez del caso, y fue imputado por el delito de hurto calificado y agravado en tentativa, que no aceptó.

Cabe resaltar que el imputado había sido condenado en el pasado mes de agosto por el delito de hurto en modalidad de atraco.

Culminadas las audiencias de los dos hombres capturados en Yopal por el delito de hurto calificado y agravado, un juez envió a la cárcel a Cristian Steven Montañez, alias “El Indio”, mientras que Nicolás Barón Corredor, alias “El gringo” fue dejado en libertad por no tener antecedentes penales.

Los dos sujetos son señalados por las autoridades, de haber participado de un hurto, en hechos registrados la madrugada del pasado 24 de abril de 2002 en la carrera 23 con calle 18 esquina, cuando en compañía de varios sujetos intimidaron con arma de fuego y agredieron a una persona para despojarla de su celular y dinero en efectivo.

La captura de los individuos se produjo el pasado domingo 18 de septiembre, mediante orden judicial. Cristian Steven Montañez, alias "El Indio" fue detenido en el barrio El Remanso y ya en horas de la tarde materializaron la captura en contra de Nicolás Barón Corredor, alias "El gringo" en el barrio El Triunfo.

Un Fiscal de la Seccional Casanare logró que un juez con funciones de control de Garantías de La Salina legalizara la captura y enviara a la cárcel a un hombre de 53 años, quien habría abusado sexualmente de su hija de dos años.

Los hechos que se investigan se conocieron debido a que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar denunció la presunta agresión sexual ante las autoridades, la cual habría sucedido en el resguardo indígena de La Esmeralda de Paz de Ariporo, el pasado 7 de julio.

La Fiscalía imputó al hombre por su presunta responsabilidad en el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.

La captura, que se hizo efectiva por una orden que pesaba en su contra por funcionarios del CTI Casanare, la Policía Nacional y Ejército, se llevó a cabo en la vía Marginal del Llano, entre los municipios de Paz de Ariporo y Hato Corozal. El hombre no aceptó los cargos en su contra.

Un Fiscal de la Seccional Casanare logró que un juez del circuito de Tauramena legalizara las diligencias de allanamiento, la captura y la medida restrictiva de la libertad en centro carcelario de Jesús Antonio Monje Sánchez, por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico fabricación y porte de estupefacientes.

El hombre fue capturado el pasado el 13 de septiembre en un céntrico sector del municipio de Tauramena por funcionarios del CTI Casanare, miembros de la Fuerza Aérea Colombiana y unidades de la Policía Nacional.

Inicialmente se desarrollaron dos diligencias de allanamientos en una finca ubicada en zona rural de Tauramena y en una vivienda en el barrio Gaitán del mismo municipio, donde se halló marihuana, una prensa hidráulica, elementos para el empaque y distribución del alucinógeno.

Durante el 14 y 15 de septiembre pasados se llevaron a cabo las audiencias donde finalmente, y a petición del ente acusador, esta persona que no aceptó los cargos endilgados fue enviado a la cárcel.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario al teniente coronel Benjamín Darío Núñez Jaramillo, quien para la época de los hechos era el comandante operativo de la Policía Nacional en Sucre, como presunto responsable del homicidio de tres hombres, el pasado 25 de julio, en Chochó (Sucre). 

Las víctimas, de 18, 20 y 26 años, fueron interceptadas en un puesto de control, luego de conocerse la muerte de un patrullero en Sampués (Sucre). Durante el procedimiento algunos uniformados, al parecer, las golpearon. Posteriormente, el entonces teniente coronel Núñez Jaramillo habría llegado al lugar y pidió subirlas a una camioneta para trasladarlas a Sincelejo.

El material de prueba da cuenta de que, durante el recorrido, el oficial presuntamente activó su arma de dotación en contra de los jóvenes, de manera directa y a muy corta distancia en siete oportunidades causándoles la muerte. Luego descendió del vehículo y se fue en la patrulla que tenía asignada, mientras los cuerpos fueron trasladados a un centro asistencial.

En la investigación se estableció que los tres hombres agredidos estaban en estado de indefensión en el momento en el que recibieron los disparos, uno de ellos tenía una discapacidad en uno de los brazos y otro estaba con las manos amarradas.

Asimismo, se conoció que el entonces comandante operativo de Sucre, al parecer, repuso la munición que gastó con la aparente intención de dificultar el esclarecimiento de lo sucedido. De igual manera, hay evidencia de que reunió a 10 policías en su despacho y les habría pedido firmar un informe que consignaba información falsa, en medio de intimidaciones con una ametralladora mini uzi.

En ese sentido, la Fiscalía imputó a Núñez Jaramillo los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad; y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio. Los cargos no fueron aceptados por el procesado.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Hernando Melo Tovar, alias Negrura; y Jaumer Fernando Piraban Barrios, como presuntos responsables del homicidio de la líder social Luz Marina Arteaga Henao.

La mujer había sido reportada como desaparecida el 12 de enero del año en curso. Cinco días después, su cuerpo fue encontrado abandonado a orillas del río Meta, en la vereda La Esmeralda, en Orocué, Casanare.

Pruebas técnicas y testimoniales, permitieron establecer que estos hombres al parecer la torturaron en una vivienda y posteriormente habrían llevado el cuerpo en un vehículo hasta una canoa para que fuera arrojado al río.

Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a los detenidos los delitos de homicidio agravado y tortura agravada. Los cargos no fueron aceptados.

Luz Marina Arteaga Henao era médica de profesión, defensora ambiental y de derechos humanos, y líder de las comunidades reclamantes del proceso de restitución de tierras en las veredas Matarratón y El Porvenir, en Puerto Gaitán, Meta.

Dos hombres quienes fueron capturados en flagrancia por el delito de hurto fueron asegurados en centro carcelario. El primer caso se presentó el pasado 6 de septiembre en un local comercial de Yopal, donde Carlos Daniel Suárez Mejía habría amenazado de muerte a la cajera con un cuchillo para hurtarle un millón de pesos y artículos personales.

La captura de Suárez Mejía se dio a pocas cuadras del lugar de los hechos por miembros de la Policía Nacional quienes lograron ubicarlo gracias a la ayuda de la comunidad y la denunciante.

El 8 de septiembre anterior un Fiscal lo imputó por el delito de hurto calificado y agravado, cargos que no aceptó. Un juez con funciones de control de garantías lo envió a la cárcel, por solicitud que elevará la Fiscalía.

Otro caso se registró en el municipio de Maní donde el 5 de septiembre pasado fue capturado en flagrancia Javier Rafael Parra Barragán, en el barrio El Centro de esta localidad, luego de que, supuestamente, mediante atraco hurtara un teléfono celular.

El 6 de septiembre fue imputado ante un juez con funciones de control de garantías de Aguazul por el delito de hurto, y quien acogió tanto las pruebas de la Fiscalía como sus pretensiones de legalizar su captura y dictar medida restrictiva de la libertad en centro carcelario.

La Fiscalía General Seccional Casanare logró que un juez de Yopal legalizara la captura y enviara a la cárcel a Deison David Pinzón Martínez, quien fue imputado por el delito de violencia contra servidor público agravada.

El pasado 2 de septiembre el capturado fue requerido por uniformados de la Policía Nacional para hacerle un comparendo, debido a que en un procedimiento de registro se le hallaron 4 gramos de marihuana.

El hombre reaccionó de manera violenta agrediendo física y verbalmente a los uniformados. Uno de ellos recibió 5 días de incapacidad médica por las lesiones recibidas.

Uno de los casos se presentó en el municipio Paz de Ariporo, donde fueron capturados el pasado 26 de agosto los hermanos Edwar y Santiago Cocoma Tumay, quienes viven en condición de calle.

Servidores del CTI en coordinación con uniformados de la Policía Nacional hicieron efectiva una orden de captura en su contra por el delito de violencia intrafamiliar, luego de que, al parecer, el 16 de noviembre del 2021, habrían agredido física y psicológicamente a su progenitora. La denuncia se conoció gracias a la comisaría de familia del municipio de Pore.

Un fiscal los presentó ante un juez del circuito de Paz de Ariporo, quien avaló los elementos materiales probatorios presentados y, en consecuencia, aceptó la solicitud de la Fiscalía de legalizar su captura y dictar medida de aseguramiento en centro carcelario de los imputados, que no aceptaron los cargos.

Otra captura se registró en el barrio Castillo del Llano en la vereda El Taladro, de Yopal, donde Pablo Gómez Ayala fue aprehendido por efectivos de la Policía Nacional por una orden judicial en su contra. Se desprende de la investigación adelantada por la Fiscalía que el 17 de agosto pasado el hombre habría llegado hasta la finca donde vive su madre y sin mediar palabra empezó a golpearla con un hierro de marcar ganado.

Asegura la víctima que en varias oportunidades la ha amenazado de muerte con armas cortopunzantes y un hacha. En una ocasión la habría atacado fracturándole uno de sus brazos.

El capturado presenta más de 20 antecedentes judiciales por delitos de violencia intrafamiliar, abuso de confianza, constreñimiento, daño en bien ajeno, hurto calificado, violación de habitación ajena, y tráfico fabricación o porte de estupefacientes, entre 2008 y 2022.

El pasado 24 de agosto, un juez de Yopal acogió todas las pretensiones de la Fiscalía en el sentido de legalizar su captura y dictar medida carcelaria en su contra. Pablo Gómez Ayala fue imputado por los delitos de violencia intrafamiliar, cargos que no aceptó.

De otra parte, el 27 de agosto pasado fue capturado en flagrancia Adolfo Errenuma Guacarapare, luego de que fuera detenido por la comunidad que evitó siguiera maltratando físicamente a su ex pareja sentimental, una mujer de 21 años, quien fue abordada por el capturado a la salida de su trabajo.

El 29 de agosto un fiscal lo presentó ante un juez con funciones de control de garantías quien, por petición del ente acusador, lo envió a la cárcel. Fue imputado por el delito de violencia intrafamiliar agravada, pero no aceptó el cargo. Errenuma Guacarapare tenía una orden de alejamiento de la víctima por ser reincidente en el maltrato.

Así mismo, Óscar David Romero fue capturado en flagrancia el 13 de agosto anterior en zona rural de Tauramena, luego de que ingresara de manera violenta a la vivienda de su expareja a la cual, presuntamente, agredió física y psicológicamente.

El 16 de agosto un fiscal de la Seccional Casanare lo imputó por el delito de violencia intrafamiliar, cargo que no aceptó. El juez acogió la solicitud del ente acusador y le dictó medida carcelaria en su contra.

Un caso más se registró el 15 de agosto pasado en el barrio Villa Lucía de Yopal, cuando hombres de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a Mardonys Andrés Martínez Bohórquez, quien fue denunciado por su hermana porque, presuntamente, la habría atacado en el baño de su casa. Un juez decidió en días pasados acoger la petición de la Fiscalía de legalizar su captura y enviarlo a la cárcel. No aceptó el cargo imputado.

La Fiscalía Seccional, en coordinación con la Policía Nacional, desarrolló una cruzada contra el delito de hurto en Casanare mediante la cual se logró la judicialización de cinco hombres quienes serían los presuntos responsables de esta conducta punible en varios municipios del departamento.

En un primer caso, el pasado 23 de agosto fue capturado en flagrancia en el barrio El Gaván de Yopal, Neider José Correa Contreras, en momentos en que al parecer hurtaba un juego de herramientas, un taladro, una pulidora y un multímetro entre otros elementos que superan los tres millones de pesos.

Un fiscal lo imputó por el delito de hurto calificado en grado de tentativa, cargos que no aceptó. El juez acogió la solicitud de la Fiscalía y lo envió a la cárcel. Otro caso se presentó en el barrio El Centro del municipio de Maní, el pasado 24 de agosto, cuando fue capturado en flagrancia Ulises Otaya Narváez cuando, al parecer, intentó apropiarse en un almacén de algunas de vestir prendas avaluada en 600.000 pesos.

Al parecer, sería el responsable de otro hurto en el mismo establecimiento el día 19 de julio del presente año. El pasado 25 de agosto un fiscal de la Seccional Casanare lo presentó ante un juez con funciones de control de garantías y lo imputó por los delitos de hurto agravado con circunstancias de mayor punibilidad por antecedentes. El imputado, que no aceptó los cargos, fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.

De otro lado, Yhon Steven Chaparro Pérez fue capturado en flagrancia el pasado 24 de agosto en un céntrico sector de Yopal, momentos después de que, al parecer, hurtara unas llantas para motocicleta que estaban exhibidas en la parte externa de un almacén.  El 25 de agosto un juez con funciones de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y legalizó su captura y determinó su internamiento carcelario. Chaparro Pérez fue imputado por el delito de hurto calificado, cargo que no aceptó.

Así mismo, Wilfran Díaz Sierra, quien el pasado 9 de agosto fue sorprendido por unidades de la Policía Nacional luego de que, presuntamente, ingresara y hurtara un celular en un establecimiento comercial.  Fue presentado ante un juez de Aguazul, quien atendió la solicitud de la Fiscalía que lo imputó por el delito de hurto, al que no se allanó, y legalizó su captura y lo envió a una cárcel.

Un caso más se registró el pasado 15 de agosto, cuando Sergio Iván Hidalgo Berdugo fue retenido por los habitantes del sector luego de que, presuntamente, le hurtara un celular a un ciudadano. El 17 de agosto un fiscal de la Seccional Casanare lo imputó por el delito de hurto calificado en grado de tentativa, que no aceptó. Un juez legalizó su captura y decidió dictar medida de aseguramiento consistente en detención carcelaria.