La Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, reveló que continúa su labor de buscar las víctimas de desaparición forzada en Casanare.

La más reciente acción en este sentido está relacionada con una visita adelantada el pasado fin de semana a la centro penitenciario de La Guafilla.

Adriana Pestana, directora regional de la UNBPD explicó que su presencia en el lugar obedeció a un invitación hecha por la Fundación Giovanni Quevedo, al espacio de reconciliación que tiene esta entidad en el centro carcelario.

Sobre el trabajo allí realizado, la funcionaria lo calificó como muy importante, porque abrió la posibilidad para todas aquellas personas que están privadas de la libertad, que puedan aportar información sobre la ubicación de víctimas de desaparición forzada, se concientizaran y se sensibilizaran, sobre la importancia de entregar información, que permita su ubicación.

También se entregó información sobre el trabajo que cumple la UNBPD. Agregó que la Unidad no tiene dentro de sus funciones juzgar a nadie, que la información que recibe es confidencial y de carácter humanitario.

Hoy 31 de mayo concluye la semana de la desaparición forzada, que en el departamento fue liderada por la Fundación Giovanni Quevedo. El objetivo de esta conmemoración es no olvidar a las personas víctimas de este delito en Casanare y que luego de 23 años aún no han sido encontrados sus restos.

Justamente en el marco de este acto de recordación, se llevó a cabo el octavo conversatorio departamental de desaparición forzada. La actividad tuvo como sede el auditorio de la UPTC en el municipio de Aguazul, el pasado miércoles 29 de mayo.

Desde este escenario Lida Quevedo, de la Fundación Giovanni Quevedo, hizo un llamado al Gobierno departamental de Casanare, para que se cree la política pública para las víctimas de la desaparición forzada.

Explicó que el objetivo de esta propuesta es entregar herramientas legales, así como el apoyo oficial, para continuar con la búsqueda de los más de 2.500 desaparecidos reportados en el departamento, para que por fin recuperar sus restos y avanzar en tarea de conocer la verdad.

Al respecto dijo que desde el mes de enero ha sostenido reuniones con el secretario de Planeación, Alfonso Cárdenas, donde se le dio a conocer la ruta para “poder darle vida como meta producto en el plan de desarrollo a la mesa departamental de la desaparición forzada”, recalcó Lida.

Agregó que en el momento en que se hizo el lanzamiento del plan de desarrollo ante la Asamblea, “nos dimos cuenta que nuestro trabajo no fue tenido en cuenta e incluido, pero nuevamente, nos acercamos con el doctor Alfonso Cárdenas, nos escuchó, le recordamos y no garantizó de poderlo incluir”.

Para Lida la meta es que todo este trabajo, la creación de la mesa y demás aspectos concernientes a la desaparición forzada, quede consagrado en una ordenanza, objetivo que vienen impulsando desde 2006, pero que hasta el momento no ha podido ser cristalizado.

Propuesta que también presentaron a la Alcaldía de Aguazul, para que sea incluida dentro del plan desarrollo de este municipio, según lo comentó Lida Quevedo, quien destacó la voluntad que tiene frente a este tema, el burgomaestre de esta localidad, Nelson Camacho.

Pero pasando de las fronteras del ámbito local y regional, Quevedo insistió en la necesidad que el Gobierno nacional implemente un proceso de paz con las extintas ACC, tal y como lo hizo en su momento con las Farc.

Para Lida es importante esta figura jurídica, en el camino de conocer la verdad y establecer donde se encuentran los restos de miles de desaparecidos en Casanare.

Quevedo explicó que en este momento existen excombatientes que ya están a punto que pagar su condena y otros que están ad portas de una prisión domiciliaria.

Por lo tanto al tener tan cerca la libertad, prefieren no revelar más datos de los actos violentos de desaparición, de los cuales tienen conocimiento, para evitar que les inicien nuevos procesos.

Es por ello que Lida insiste en la necesidad de un proceso de paz, que les brinde garantías a los excombatientes que no se verán inmersos en nuevos proceso jurídicos, si cuentan toda la verdad que ellos conocen sobre desaparición forzada en Casanare.

Finalmente este conversatorio contó la participación de delgados del Ministerio del Interior, de Medicina Legal, también de Germán Cano, representante de líder del área forense de  la Jurisdicción Especial para la Paz, entre otros invitados del orden nacional.  

La sede de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, UBPD, en Yopal, sirvió de improvisado escenario para que los familiares de Ander Alfonso Sanabria le dieran el último adiós.

Este es tan solo uno de los miles de casos de desapariciones forzadas, que ocurrieron en el país durante la década del 90 y 2000, que ahora la UBPD hace acompañamiento a las familias de la víctimas, para que no solo conozcan la verdad de los sucedido, sino que también puedan dar cristiana sepultura a sus seres queridos.

Ander Alfonso el mayor de 5 hermanos, nació en Barrancabermeja de donde salió la familia Sanabria Correa, en busca de horizontes más tranquilos y con la intención de ver crecer a sus hijos alejados de la ola de violencia que acechaba en su ciudad natal.

“No me cierre la puerta que ya vengo” dijo Ander al salir de su casa ese 14 de enero de 2007, la última vez que la familia lo vio con vida.

El año en que Ander iba a cumplir 23 años de edad, ya tenía a cargo la responsabilidad de su pareja y sus dos hijos. Después de buscarlo en los hospitales, morgues y cementerios en Casanare, la familia denunció ante el CTI de Yopal su desaparición, pero no tuvieron las respuestas esperadas.

Los meses pasaron y María Doris, su madre, recibió vía telefónica la supuesta información de que su hijo había muerto en un combate en enfrentamiento con el Ejército, relataron a la UBPD.

Pese a las contradicciones de los hechos, María Doris y Yuliana Hernández, su pareja de ese momento, recibieron información de una persona, que el cuerpo de un joven con las mismas características de Ander había sido dejado en el cementerio de Aguazul.

Para esa fecha ya habían hecho varios intentos por esclarecer la verdad, cuentan que siempre encontraron una barrera que no les permitió avanzar en su búsqueda.

Por eso, Maria Doris junto a Yuliana, trataron de ubicar el lugar donde supuestamente había sido inhumado el cuerpo de Ander y allí pusieron una cruz de madera artesanal; una guía que les ayudaría a no perder la pista del cuerpo de su hijo y pareja, si de verdad era cierto que allí estaba enterrado.

María Doris refugió su dolor en sus otros hijos y Yuliana por su parte se volvió a organizar y estableció una familia con sus dos hijos y una nueva pareja. Las dos cuentan que siempre presintieron que allí estaba el cuerpo.

María Doris cuenta que, en un sueño con su hijo, caminaron tomados de la mano en una playa y él mirándola a los ojos le dijo: “Mamá yo sabía que usted no me iba a olvidar”. Con ese sueño, asegura que se terminó de convencer que allí sí estaba su cuerpo.

Cerca de 17 años pasaron, hasta que el equipo investigativo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, sede Yopal, adelantó las gestiones para conocer la información de los cuerpos dispuestos en el cementerio de Aguazul, entre los años 1995 y 2007.

Luego de horas y días exhaustivos en revisión de actas, bases de datos, solicitud de información al Instituto Nacional de Medicina Legal, se realizó la intervención que arrojó como resultado la recuperación de 29 cuerpos.

Cuenta el equipo forense, que al encontrar la cruz de madera con los números 25/05/82 y un nombre que apenas se leía como Andera Sanabria, fue la pista que, tras varios días de verificación, los llevó a dar con el nombre de Ander Alfonso Sanabria Correa.

“Nunca nos rendimos ni paramos de buscarlo…aquí en la Unidad de Búsqueda nos han atendido como si fueran familia de uno”, dijo Yuliana al recordar la llamada que recibieron por parte de la UBPD.

La familia Sanabria participó en el proceso de recuperación del cuerpo, también en la toma de muestras genéticas y los diálogos de identificación que permitieron confirmar técnicamente, que sí era el cuerpo de Ander.

Al tiempo, María Doris ha seguido indagando sobre los hechos y fue solo hasta este año que su hijo Ander fue reconocido como víctima, en el  Sub-Caso 03 en Casanare a cargo de la JEP.

"Como Unidad de Búsqueda nos alegramos de dignificar el dolor y contribuir a sanarlo", dijo Sonia Rodríguez Torrente, coordinadora del grupo interno de trabajo territorial de Yopal.

El cuerpo de Ander fue enterrado en el cementerio de Yopal, la cruz de palo quedó atrás, ahora se reconoce por una lápida en forma de libro, que conserva no sólo sus nombres, también,  una de las últimas fotos que le fueron tomadas aún con vida.