En redes sociales se hizo viral un video donde una funcionaria de la Fiscalía General de la Nación de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de Medellín (Antioquia), se negaba a recibir a un capturado por delito de receptación.

En el video que grabó el mismo Policía, se aprecia cuando él le dice a la trabajadora que el detenido se tiene que dejar a disposición de la Fiscalía por el delito de receptación, (portaba un celular reportado como robado) a lo que ella le responde ay no, no yo no le puedo creer. Usted sabe cómo está, con esos focos de contagio que tenemos aquí.

Luego de conocerse el video, la Fiscalía General de la Nación se pronunció, "Con relación al video que circula en redes sociales en las que se ve a una funcionaria de la Fiscalía General de la Nación que se encuentra en una Unidad de Reacción Inmediata, URI, de Medellín (Antioquia), y que según las imágenes atiende de manera poco diligente a un policía que lleva a un detenido por receptación, la Fiscalía se permite informar que inició una investigación disciplinaria en contra de la funcionaria".

No obstante, señaló el ente que, se agotarán los recursos que permitan establecer lo ocurrido y las responsabilidades.

Para la Fiscalía el servicio a la ciudadanía es una prioridad y durante los tiempos de pandemia ha seguido trabajando en todas las seccionales del país procurando que se continúe con el servicio de justicia a los colombianos.

Actuaciones como estas que enlodan la imagen de la institución no muestran la realidad de los 25 mil servidores que trabajan y prestan un servicio a la ciudadanía.

Homicidio, falsificación de documentos oficiales para movilización de ganado, hurto y comercialización de celulares, además de extorsión y tráfico de estupefacientes, hacen parte los hechos más relevantes en cuando a crimen organizado en Casanare durante el 2020.

Así, fue posible judicializar 21 personas lo cual se tradujo en mejoras en la seguridad ciudadana en este departamento del oriente colombiano.

• En las acciones operativas adelantas por los investigadores, se logró la desarticulación del GDCO 'Los Falsica', compuesta por 4 personas, 2 de ellos funcionarios públicos. Según las investigaciones adelantadas los supuestos integrantes de este grupo delincuencial se dedicaban a adulterar documentos y sistemas de información para burlar la acción de las autoridades y facilitar el movimiento irregular de ganado que había sido hurtado, o en su defecto que era ingresado de contrabando al territorio nacional.

• El material probatorio y la evidencia física recaudadas por la Fiscalía permitieron el esclarecimiento del homicidio del líder sindical Álvaro Ramírez Montaña, quien fue ultimado por orden de su excompañera sentimental.

Los hechos se presentaron el 4 de mayo de 2015. Según se logró precisar, de la residencia de la víctima habrían sido hurtados 60 millones de pesos, los mismos que habrían servido para pagar el crimen. Las pesquisas adelantadas por la policía judicial evidenciaron que la mujer capturada y judicializada, habría sido quien ordenó la muerte de Ramírez Montaña. Por estos hechos la implicada fue cobijada con medida de aseguramiento privativo de su libertad.

• Otro de los resultados que hacen parte del balance que deja el 2020 en la seccional Casanare es la desarticulación de dos grupos de delincuencia común organizada dedicados al hurto, comercialización de celulares y tráfico de estupefacientes.

Se trata de los denominados 'Smart' y 'Los Intocables', quienes fueron impactados con la judicialización de 15 personas.

• Los comerciantes de ganado también fueron favorecidos por las acciones de la Fiscalía. Uno de los casos de connotación tiene que ver con la judicialización de 10 personas quienes fueron imputadas como presuntas responsables del delito de abigeato agravado o hurto de ganado. Estas acciones se cumplieron en el mes de octubre.

• Terminando el año fue judicializado un hombre, presuntamente, implicado en el delito de feminicidio siendo su excompañera sentimental la víctima. La mujer fue ultimada con arma coro punzante, luego de lo cual el imputado se entregó a las autoridades, ante las cuales aceptó los cargos enrostrados.

Estos procesos judiciales adelantados por la Seccional Casanare se cumplen según el direccionamiento estratégico 2020-2024 trazado por el Fiscal General Francisco Barbosa Delgado para garantizar el bienestar de los colombianos.

En una sentida ceremonia, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, condecoró a 15 perros que por varios años apoyaron el trabajo investigativo de la entidad. 

Se trata de 9 labradores Retriever, 4 Golden Retriever, 1 Pastor Belga Malinois y 1 Pastor Alemán especializados en búsqueda de explosivos, narcóticos, restos óseos, que ejercieron su labor tanto en el Nivel Central como en Santander, Norte de Santander, Bolívar, Cartagena, Huila, Tolima, Antioquia, Nariño, Risaralda, Cauca y Chocó. 

Los caninos son: Canela, Mona, Queen, Rex, Shantal, Yango, Zeus, Thor, Ronda, Max, Tobby, Teo, Ania, Sasha y Tribilín, quienes cumplieron su ciclo y hoy se jubilan. Esta es la cuarta ceremonia de condecoración y jubilación que realiza la entidad, y que hoy ya deja 51 perros retirados. 

Todos hicieron parte del Grupo de Soporte Canino que a nivel nacional está compuesto por 44 funcionarios y 90 perros entrenados en diferentes especialidades, prestando sus servicios en las distintas seccionales del país. 

A estos amigos cuadrúpedos le son confiadas tareas tan importantes como la seguridad del señor Fiscal General de la Nación, de la entidad y la de sus 25 mil funcionarios. También, labores de búsqueda de restos humanos, lo cual ha permitido, gracias a su entrenamiento, que muchas víctimas encuentren a sus seres queridos y puedan resarcir parte del daño causado por los grupos al margen de la ley. 

“Han sido compañeros en la lucha contra la delincuencia en este país, han sido compañeros en la lucha contra delincuencia en diferentes territorios nacionales y además han permitido el desmantelamiento de grupos criminales, pero no solamente lo han hecho al lado de nuestros funcionarios, sino que se ha constituido en una simbiosis de trabajo y en un sello de la Fiscalía General de la Nación, el grupo de caninos”, enfatizó el Fiscal General, Francisco Barbosa, durante la ceremonia de jubilación.

Junto a estos valiosos servidores de cuatro patas de la Fiscalía están sus guías; hombres que han creado vínculos casi familiares con ellos. Son un binomio formado y entrenado en el Centro de Adiestramiento Canino en Cáqueza (Cundinamarca). 

Al respecto, el Fiscal Barbosa indicó que se fortalecerá este centro con el objetivo de formar los equipos caninos (guía y perro) en las diferentes especialidades, además de realizar entrenamientos periódicos. 

“Esos animalitos que llegan, esos guías entrenados, esos guías que van a estar recorriendo los territorios de Colombia les siguen hablando con resultado al país”, concluyó el jefe del ente acusador. 

Dejando huellas 

Detrás de cada canino que hoy se jubila hay un sinnúmero de historias, entre ellas la de Teo, el Golden Retriever de 9 años, que estuvo al servicio del Grupo Antiexplosivos de la Seccional Nariño.

Durante siete años apoyó diversas diligencias con el equipo conformado por Willington Alexánder Montenegro Martínez y Yair Alfonso Montenegro Galindres, los investigadores del CTI de ese grupo experto que, junto con Duglas Dimitry Guerrero Medina, fueron emboscados y asesinados en la vía Tumaco – Pasto, el 11 de julio de 2018.

Desde ese día, el área antiexplosivos prácticamente desapareció en Nariño. Teo, a pesar de la ausencia de sus compañeros continuó su misión y, junto con su guía Carlos Fernando Caicedo, logró la captura de los presuntos responsables de la muerte de los investigadores.

Por otra parte, está Sasha, quien fue la pieza clave en una investigación del Grupo de Exhumaciones, pues gracias a su olfato y entrenamiento en antiexplosivos se logró el ingreso a la zona y la recuperación de dos cuerpos de ciudadanos ecuatorianos que fueron asesinados en Barbacoas (Nariño), por el grupo residual Óliver Sinisterra bajo el mando de alias Guacho.

Gelma 

Esta administración ha priorizado, a través de su Direccionamiento Estratégico, la protección animal, y dado el fortalecimiento del Grupo Gelma en la Fiscalía, ya se han logrado 45 imputaciones, 1.877 casos en indagación y 50 casos en juicio. “Ese es uno de los grandes trabajos que se ha hecho en esta Fiscalía”, reveló el Fiscal General. 

Durante el fin de semana la Policía del departamento de Casanare, capturó a 23 personas por la comisión de diferentes delitos, 20 fueron en flagrancia y 03 mediante orden judicial, de las que se pueden destacar las siguientes:

En la carrera 13 con calle 34 del barrio Nuevo Hábitat de Yopal, capturaron en flagrancia a un hombre de 20 años, quien ingresó a una residencia ubicada en la carrera 16 del barrio 20 de Julio y se hurta dos celulares avaluados en 2 millones de pesos. Los elementos recuperados y la persona capturada fueron dejados a disposición de la Fiscalía 30 local URI, gracias a la oportuna información de la comunidad y a la reacción inmediata de la patrulla del cuadrante.

Una segunda captura se dio en la carrera 9 con calle 21ª del barrio El Bosque de Yopal, donde detuvieron a un hombre de 18 años, quien mediante la modalidad de raponazo, le había hurtado un celular avaluado en 900 mil pesos, a una mujer de 59 años de edad. El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía 30 Local URI.

En el barrio La Esperanza del municipio de Paz de Ariporo, la Policía capturó en flagrancia a un hombre de 29 años, quien ingreso a una residencia ubicada en este mismo sector y se hurto 150.000 mil pesos en efectivo, propiedad de 30 años de edad. El capturado y el dinero recuperado son dejados a disposición de la Fiscalía 9 local de este municipio.

En el kilómetro 5 de Yopal, vía a Santa Fe de Morichal, se recuperó una motocicleta marca Yamaha, línea BWS, modelo 2015, color blanco-rojo, avaluada en 7 millones de pesos, la cual había sido hurtada el día 31/10/2020, en el corregimiento de San Rafael de Morichal, bajo la modalidad de halada. El automotor fue dejado a disposición de la Fiscalía primera de alertas tempranas de Yopal.

Finalmente, durante el fin de semana de acuerdo al reporte entregado por las autoridades, se movilizaron 5.916 vehículos por las vías del departamento, de estos, 2.866 ingresaron y 3.050 salieron de Casanare. Así mismo la Policía de carreteras, aplicó 106 órdenes de comparendo por incumplir el Código Nacional de Tránsito y a su vez inmovilizaron 20 automotores.

Al parecer, en 2014, el entonces director de la Policía Nacional trató de influir en una decisión de la Fiscalía para evitar la captura de un empresario y otras personas.

Ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación formuló acusación contra el exdirector de la Policía Nacional, General (R) Rodolfo Bautista Palomino López, por el delito de tráfico de influencias de servidor público en provecho de un tercero. 

Las labores investigativas indicarían que, el General (r) Palomino, siendo director de la Policía Nacional, habría utilizado de manera indebida su cargo y rango para presionar a la fiscal Sonia Lucero Velásquez, por entonces delegada ante los jueces penales del circuito y adscrita para la Unidad de Análisis y Contexto.

Según lo establecido, la intermediación presuntamente se realizó para evitar o retardar un procedimiento de captura en contra del empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo y trece personas más, en febrero de 2014. El General, acudiendo a la investidura de su rango, al parecer a través de llamadas telefónicas quiso influenciar la decisión de la fiscal y habría decidido visitarla en su residencia, para concretar su petición de suspender el operativo contra el empresario. La supuesta gestión no fructificó y las capturas se materializaron como lo solicitó la funcionaria judicial.

Para sustentar la acusación, el ente acusador cuenta con la denuncia de la fiscal afectada y varias conversaciones telefónicas aportadas por ella. En una de las comunicaciones se evidenciaría el intento de presión que habría ejercido el señor Palomino López.

“Dentro de este listado que son como catorce personas del tema de lavado en el Quindío, cuando uno ve, una obra de este personaje, uno dice Gallo Restrepo, pues no, uno se sorprende y sorprende a todo el mundo ¿cierto? Yo quisiera convencerla a usted de una propuesta y de ser, pues yo espero que no sea calificada como una propuesta indecente, qué tal si dejamos eso por un tiempo”.

Durante la audiencia, el magistrado negó la petición hecha por la defensa de Palomino que pidió ser declarado como víctima y no como acusado en el proceso. Entretanto, sí reconoció a la Fiscal Velásquez como víctima, por la presunta irregularidad en la que se presume incurrió el entonces director de la Policía Nacional.

Así lo dio a conocer Jorge Cortés abogado defensor del líder social, quien fue dejado en libertad este jueves, luego de que él y otras 5 personas permanecieran cerca de 2 años detenidos en un centro penitenciario por una denuncia penal que en su momento instauró la empresa petrolera Frontera Energy. Un Juez de Control de Garantías de Yopal, ordenó su libertad por vencimiento de términos. 

De acuerdo con Cortez la Fiscalía habría edificado la medida de aseguramiento con un supuesto testigo con reserva de identidad y otros dos funcionarios de la empresa petrolera que en su momento lanzaron graves acusaciones en contra de Salcedo y otros líderes sociales. 

“Ese testigo dijo cosas gravísimas como que Jesús Leal Salcedo pertenecía a un grupo de sicarios y mataba por la paga. Esos son hechos absolutamente falsos. Jesús estuvo vinculado a un proceso de homicidio donde yo fui defensor y fue absuelto en primera y segunda instancia, esa más; está demandado el Estado por su detención ilegal” manifestó el abogado defensor quien agregó que “ese testigo del que supuestamente corría peligro su vida en el momento de la audiencia de acusación lo retiró la Fiscalía. O sea que nunca supimos para qué era. Eso me parece un acto muy desleal de la Fiscalía” 

Según el litigante, la medida de aseguramiento fue revocada por el juez Primero de Control de Garantías de Yopal, sin embargo, el proceso continuará pues aún se encuentra en la fase de audiencia preparatoria. 

“La Fiscalía y los abogados de Frontera Energy; y Ecopetrol apelaron la decisión de revocatoria de la medida, su intención era que ellos siguieran presos, pero la juez no accedió a su petición. Esa apelación se irá para el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal, sin embargo, eso no suspende su libertad” agregó Jorge Cortez.

El CTI de la Fiscalía General de la Nación, la Armada Nacional, las autoridades de Panamá y Estados Unidos detectaron en aguas internacionales, sobre el Mar Caribe, una lancha rápida que habría partido de Colombia rumbo a Centroamérica.

La tripulación intentó evadir la operación de interdicción y empezó a lanzar bloques de estupefacientes a las aguas; sin embargo, la rápida articulación de los cuerpos navales permitió recuperar el cargamento y capturar a las personas que iban a bordo de la embarcación.

En total fueron incautados 1.790 kilogramos de cocaína. Cerca de dos toneladas que estaban camufladas entre 72 bultos. De igual manera, fueron encontrados equipos de comunicaciones y un GPS de última generación.

Las personas detenidas son: el ciudadano panameño Anselmo Robinson Forchiney; y los colombianos Juan Camilo Ramírez, Luis Carlos Mercado Guzmán, Elvis Ibarguen Bultran y Jacinto Rentería Valencia.

Los capturados y la droga fueron trasladados a la Base Naval Almirante Cristóbal Colón, en el Fuerte Sherman, en Panamá. En ese país avanza el proceso de judicialización.

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitir el expediente que adelanta contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal, porque con la renuncia del expresidente a su curul perdió la competencia para continuar con los procesos que tengan relación con delitos comunes. 

El Ministerio Público ratificó el llamado del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, frente al deber que tienen todos los funcionarios de acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales, y señaló que, con la separación definitiva del entonces congresista a su curul, desaparece el fuero que la Constitución le otorgaba, por lo que la Corte Suprema solo podrá conocer de los procesos en los que los presuntos delitos tuvieran relación directa con su función de congresista.

“El único escenario legítimo para la discusión y confrontación de las decisiones judiciales es el proceso mismo, acudiendo a los instrumentos que el debido proceso consagra, y a ninguno otro ajeno al mismo, por parte de las autoridades o de los ciudadanos.  Todos los funcionarios públicos desde el Señor Presidente de la República hasta el más modesto de los servidores públicos deben respetar y cumplir las decisiones de la justicia, absteniéndose de cuestionar, desacatar o promover el incumplimiento de las mismas, sin interferir los principios de independencia y autonomía del poder judicial, básicos para un Estado que presuma ser de derecho”.

Para el ente de control con la renuncia del Dr Uribe Velez desaparece la competencia de la Sala Especial de Instrucción, toda vez que los cargos por los que es investigado corresponden a delitos comunes que no tienen relación con la función de congresista.

En su análisis la Procuraduría estableció que la Sala no relacionó actuaciones desplegadas por el entonces senador dirigidas a consolidar un abuso de poder para controlar su liderazgo político, que pudiera tener incidencia en el caudal electoral o que diera paso a un acercamiento a las regiones de manera delictiva para consolidar su dominio y el posicionamiento en el cargo. Tampoco se demostró que hubiera utilizado servidores de su Unidad de Trabajo Legislativo –UTL–o que pusiera en peligro latente su actividad en el Congreso de la República.  

"No hay prueba de que el doctor URIBE VÉLEZ –con ocasión de los presuntos punibles en los que incurrió-, hubiere comportado un ejercicio abusivo de sus funciones o eficaz para acceder a la posición de poder; ello, pues téngase en cuenta: por un lado, que si no existe prueba siquiera sumaria de que el sindicado se hubiere valido o utilizado sus facultades como Senador para supuestamente cometer tales delitos, mucho menos obra alguna encaminada a demostrar que en la presunta comisión de los mismos se excedió o abuso de sus labores congresuales; y por el otro, se observa que los hechos ocurrieron en época ajena a campañas políticas o contiendas electorales –en tanto ya era Congresista para ese momento-, sin que pueda entonces evidenciarse relación entre estos y los objetivos de lograr una curul en el Senado de la República".

A juicio del Ministerio Público, la simple coincidencia temporal de la presunta comisión de los hechos y la condición de ostentar el cargo de Senador de la República, no puede considerarse como suficiente para extender el fuero y por ende la competencia de la Sala Especial de Instrucción, luego de la renuncia al cargo.

Finalmente, precisó la Procuraduría que esta intervención responde a sus funciones constitucionales como Ministerio Público, en defensa de los intereses jurídicos y en procura de la preservación de la integridad del orden jurídico y no puede ser interpretada como el desconocimiento a la dignidad de la Corte Suprema de Justicia y sus decisiones.

La Fiscalía 121 Especializada de la Dirección contra las violaciones a los Derechos Humanos busca la identificación de un hombre enterrado como persona sin identificar, luego de combates realizados por tropas del Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez del Ejército Nacional.

El ente investigador hace un llamado a familiares, amigos o conocidos del hombre de aproximadamente 24 años, reportado muerto el 5 de junio de 2007 y cuyo cuerpo fue exhumado en labores realizadas en la Vereda San Jorge, jurisdicción del municipio de Tauramena.

Con labores realizadas por un morfólogo facial forense de la Fiscalía se realizó la reconstrucción bidimensional de esta persona, con base en la estructura ósea exhumada.

Las características establecidas, que podrían ayudar a permitir su identificación, son:

Edad aproximada: 24 años

Contextura: mediana

Peso aproximado: 80 kilos

Estatura: 178 cms

Señal particular: amputación del segundo dedo mano izquierda, a nivel de falange proximal

Cabello: corto, crespo, abundante

Cara: redondeada

Frente: amplia, sin vello facial

Ojos: iris color café

Cejas: pobladas

Nariz: achatada

Boca: grande labios gruesos

Color de piel: moreno

Apariencia bien cuidada

Si alguna persona cree conocerlo por favor comunicarse con los números de contacto 3506010619 - 3185276902 - 3506010792 de la Fiscalía General de la Nación.

De esta manera, la Fiscalía trabaja para poder identificar y entregar de manera digna estas personas desaparecidas a sus familias.

Total, rechazo, manifestaron los familiares de Brisa Barreto Barreto, víctima de feminicidio el 6 de septiembre de 2019, en el municipio de Aguazul, tras audiencia realizada, donde se llegó a un preacuerdo entre el autor del hecho, Alcides Cabezas González, y la Fiscalía 8 de Unidad Seccional de Homicidios Dolosos de Yopal.

Según acta de mayo de 2020, el imputado aceptó cargos formulados por la Fiscalía, como autor material a título de dolo, de la conducta punible de feminicidio del cual fue víctima la señora Brisa Barreto. A cambio la Fiscalía reconoce una rebaja en la pena, de una medida de la tercera parte, conforme a lo establecido en el art. 5 de la Ley 1761 de 2015, por la aceptación de los cargos, es decir, una sexta parte de la pena a imponer por el delito aceptado de feminicidio.

Así las cosas, la ley contempla por feminicidio agravado una condena que va de 250 meses mínimo y un máximo de 500 meses de prisión, dándole aplicación, en este caso a lo expuesto en el preacuerdo, la Fiscalía rebajará 1/6 parte, sobre la pena mínima, es decir 250 menos, 41,66 meses, en total, Alcides Cabezas González, pagará 208.34 meses de prisión.

La familia

Y es precisamente el total de la rebaja de la condena lo que ha llevado a Jhonatán David, Erik, Mario, Diana Marcela y Tania Santos, hijos y nuera de la víctima, a elevar su voz de protesta, puesto que consideran que 208 meses es muy poca condena para el atroz crimen que les arrebató a su madre, suegra y abuela.

 “No es justo que a un feminicida como Alcides Cabezas, quien asesino a mi suegra, tras una cadena maltratos, le apliquen la condena mínima de 250 meses por feminicidio y no obstante le rebajen 1/6. Rechazamos rotundamente este preacuerdo” indicó Tania Santos.

Los Hechos

El 6 de septiembre de 2019, a las 11:30 de la noche, Alcides Cabezas González, en estado de alicoramiento, llego a la vivienda donde convivía hacía cinco meses con Brissa Barreto, en el barrio Provipaz del municipio de Aguazul y tras una discusión la apuñaló en el pecho provocando su deceso

Las agresiones de Cabezas González, hacia su compañera sentimental, eran continuas, incluso en el mes de agosto del 2019, Brisa había sido internada en una clínica por la rotura de su clavícula.

Tras el asesinato, Alcides Cabezas se dirigió a la casa de su señora madre y hasta allí llegó la Policía Nacional, en donde procedieron a detenerlo por homicidio.

“El cambio de mi suegra fue enorme, involucionó, desde que empezó a vivir con Alcidez Cabezas, se perdió su alegría, ya no reía, perdió brillo, el asesino debe pagar una condena justa y  allí a la cárcel su familia puede ir a visitarlo, pero nosotros, tendremos que conformarnos con decirle a nuestros hijos sobre una tumba que ahí está su abuelita, a quien un asesino le quitó la oportunidad de verlos crecer”,  expresó  Tania Santos, nuera de  Brisa Barreto, en el especial  “Feminicidio Crimen de Odio” realizado por mujeres periodistas pertenecientes a  medios digitales de Casanare.

https://www.casanarenoticias.com/images/feminicidio/index.html

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