Por distintas circunstancias, fue aplazada de nuevo la audiencia virtual prevista para este miércoles 2 de septiembre a las 2:30 pm, en el Juzgado Penal de Yopal, con el fin de definir la situación jurídica de seis líderes sociales del municipio de San Luis de Palenque, quienes se encuentran privados de la libertad, sindicados de varios delitos relacionados con protestas contra Frontera Energy.

Ver: Aplazada para septiembre audiencia de líder social Ferney Salcedo

En la misma se daría la revocaría o sustitución de medida de aseguramiento  a Ferney Salcedo, Jesús Leal Salcedo, Yuliebel Leal Oros, María Teresa Rincón Duarte, Jerónimo Salcedo Betancur y Josué Rincón Duarte, después de luego de 2 años de estar detenidos.

Ferney Salcedo, quien se encuentra preso en la cárcel La Picota de Bogotá, dijo que, la audiencia se aplazó para próximo 11 de septiembre a las 2:00 pm.

"Debido a que estoy en aislamiento en la cárcel La Picota, por la pandemia del Covid-19, envié un documento al Juzgado desde Bogotá, justificando mi ausencia, además uno de los defensores de otro líder tuvo que ausentarse por una calamidad doméstica y los demás compañeros que están en La Guafilla no se pudieron conectar a la audiencia, razones por las cuales, ésta se suspendió", dijo Ferney Salcedo.

Reiteró Salcedo que, él y los demás líderes esperan que este 11 de septiembre si se pueda efectuar la audiencia para que de una vez por todas se resuelva la situación que vienen afrontando, “me preocupa el tiempo que esta pueda tardar, y que de nuevo las suspendan, ya que la hora fijada es las 2:00 pm y somos seis personas, quienes estamos a la espera que se nos defina, la revocaría o sustitución de la medida de aseguramiento”, indicó.  

Cabe recordar que, el pasado 10 de agosto el Juzgado Segundo Penal Municipal de Yopal con función de control de garantías revocó la medida de aseguramiento privativa de la libertad a Carmen Idaida Salcedo y Miguel Ángel Rincón Santiesteban, al considerar que no son un peligro para la sociedad.

Ver: En libertad 2 de los 8 líderes procesados por protestas contra empresa petrolera en Casanare

¿De qué se les acusa? 

Desde hace más de  20 meses, estos líderes de San Luis de Palenque, acusados de pertenecer a la banda delincuencial, 'Los Jinetes con Careta', por participar en protestas sociales en el Bloque Cubiro, fueron procesados ante denuncias de la compañía petrolera Frontera Energy, por concierto para delinquir agravado, tentativa de homicidio, lesiones personales, violencia contra servidor público, obstrucción de vías y terrorismo, entre otros delitos.

El 26 de febrero de 2018, hubo un fuerte enfrentamiento entre los manifestantes e integrantes de la Policía, quienes terminaron retirando a la comunidad que estaba al borde de la vía de ingreso al sitio.

Según testigos, 5 policías del Esmad ingresaron a un pedio privado y se llevaron un caballo de una persona que estaba grabando la confrontación, al tiempo que dispararon pistolas 9 mm, según consta por las vainillas encontradas en el terreno. 

De acuerdo a Ferney Salcedo, preso hoy en la cárcel La Picota de Bogotá, la comunidad en el intento de recuperar el caballo enlazó a uno de los uniformados y lo arrastraron unos cuantos metros para finalmente conseguir el equino. 

Las detenciones de los líderes sociales produjeron el rechazo de organizaciones sociales de Casanare, quienes solicitaron a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación su intervención como garantes del respeto de los derechos humanos, y exigieron a la Fiscalía y a las autoridades judiciales garantizar el debido proceso. 

La situación de los líderes sociales también llegó a las Naciones Unidas, en Ginebra, en un informe sobre defensores de derechos humanos.

El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, se pronunció frente a las acciones de inteligencia militar contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, miembros de la oposición política, periodistas nacionales y extranjeros, entre otros, denunciadas en los últimos días por Semana. El siguiente es el pronunciamiento:

“La Comisión de la Verdad, como institución de Estado y parte del sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, toma con toda seriedad las denuncias hechas en la última edición de la Revista SEMANA sobre acciones de inteligencia militar contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, miembros de la oposición política, periodistas nacionales y extranjeros, e incluso miembros de las Fuerzas Armadas y del Estado; porque en el esclarecimiento de la historia del conflicto armado interno la Comisión encuentra casos significativos en los que estas actividades dieron lugar a actos de violencia contra los señalados, procesos  judiciales arbitrarios, y campañas de intimidación y desprestigio.

Este tipo de hechos, más allá de discusiones legales y jurídicas, nos avergüenza como colombianos ante el mundo, son una amenaza contra los derechos y libertades consagrados en la Constitución y en el derecho internacional y vulneran la legitimidad de nuestro Estado y de nuestras instituciones, al tiempo que contribuyen a la persistencia del conflicto.

En consecuencia, dentro del derecho de acceso a la información reservada que le otorga el Decreto 588, la Comisión solicita al ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, le sean entregados los documentos relacionados con estos seguimientos y espionajes informáticos, a fin esclarecer la verdad histórica y de ética pública subyacente. La puesta en evidencia de la reiteración de estos hechos lamentables tiene que ser ocasión para que la sociedad y el sector defensa, cuya legitimidad nos importa a todos, lleguen hasta a las transformaciones necesarias que tocan el fondo del problema.

En diversas ocasiones el Ministerio de Defensa ha tomado resoluciones disciplinarias contra oficiales que han incurrido en estas conductas. Sin embargo, los hechos se repiten, lo que cuestiona la existencia de la determinación ética corporativa constante e indispensable para que las medidas legales sean eficaces. Estamos ante acciones que afectan gravemente a personas y que destruyen la moral pública. Esperamos que el retiro de oficiales del Ejército comprometidos además de una investigación exhaustiva produzca los cambios éticos indispensables para que no continúe lo intolerable.

Es preocupante que a pesar de que en diciembre de 2017 se creó el Sistema Nacional para la Depuración de Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia, aún no se perciba el resultado de sus logros. Esa depuración se estableció justamente para evitar que la inteligencia se convierta en un arma política contra quienes deliberan dentro del marco de la democracia en la lucha por la dignidad humana para que seamos un país más transparente y más justo.

La construcción de la paz en Colombia exige la verdad y la transformación de la conciencia no solo de los guerrilleros que incurrieron en actos inhumanos, sino también y de manera primordial de  quienes son los sujetos morales que, corporativamente,  forman las instituciones del Estado. Allí hay hombres y mujeres capaces, de alta consistencia ética. En ellos y en ellas ponemos la esperanza”.

La Gobernación de Casanare, la Dirección Seccional de Fiscalías, la Brigada XVI del Ejército Nacional, el Departamento de Policía de Casanare, el Grupo Aéreo de la Fuerza Aérea de Colombia, ofrecieron una recompensa de hasta 30 millones de pesos, a quien entregue información que permita la identificación, individualización y ubicación de los autores de los homicidios de Edgar Acosta Barahona, el 16 de junio de 2018, en la vereda El Güira del municipio de Tauramena y Alfonso Correa Sandoval, el 13 de marzo de 2019 en la vereda La Casirva del municipio de Sácama.

De acuerdo al director de Fiscalías de Casanare, Jhon Fredy Encinales, los casos tienen de especial que, se trata de dos líderes sociales asesinados en el departamento, de quienes se desconocen los móviles de los delitos.  

El fiscal manifestó que, se recibe información en los teléfonos: 3502726526 - 6359532 - 3185324363 y al correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.. Además, en la carrera 21 No 9-48, en la Sección de Análisis Criminal.

Durante la movilización de este jueves 14 de febrero por la defensa del agua, el medio ambiente y la autonomía territorial realizada en Yopal, el senador Jorge Robledo expresó sus motivos para acompañar a los casanareños en la marcha.
"Yo tengo desde hace ratos afectos grandes aquí en Yopal, aún cuando no sea casanareño siempre he admirado a la gente de esta región del país.
Estoy aquí por dos razones: La primera porque la protesta, el reclamo en contra de la explotación petrolera en los alrededores de Yopal, es sensata. Es que están arriesgando el agua, en un municipio que ha sufrido por agua muchísimo.
La segunda razón que me motiva a estar aquí es porque estoy en contra que se criminalice la protesta social. Hay cerca de 100 líderes de 8 municipios de Casanare que están empapelados en la Fiscalía y en los juzgados porque le han hecho reclamos a las petroleras. Eso es inaceptable. Los luchadores sociales no son criminales, son gente honrada, buena, trabajadora, cómo muchos que reclaman por diferentes cosas", expresó Robledo, quien hizo el recorrido junto a líderes sociales y la comunidad llanera, lamentando además la muerte de decenas de líderes en todo el país.
Robledo también calificó de "político" el fallo de la Corte Constitucional de tumbar las Consultas Populares.