El pasado viernes, en las instalaciones de La Triada en Yopal, se desarrolló la socialización de los avances del documento de Política Pública Comunal y Comunitaria, como resultado del proceso de recopilación de insumos, y de un trabajo comunitario adelantado desde el año pasado en todo el departamento a través de 30 mesas participativas, y liderado bajo supervisión articulada entre el Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Gobierno Departamental.

Durante la jornada que contó con la asistencia de más de 200 líderes comunales, el equipo consultor socializó los ejes estratégicos sobre los cuales se ha definido esta Política Pública, los cuales incluyen: articulación institucional, fortalecimiento de los organismos comunales para su reconocimiento, fortalecimiento a las empresas comunales rentables, y la promoción de la transparencia.

El secretario de Gobierno Departamental, Milton Álvarez, manifestó que la construcción de la Política Publica Comunal “…es una meta en la que la administración departamental sigue avanzando, de acuerdo a lo plasmado en el Plan de Desarrollo Casanare con Paso Firme. El gobernador Alirio Barrera reconoce en la acción comunal la base de la gobernanza y del fortalecimiento democrático y social, por lo cual ha seguido de cerca este proceso, y los lideres comunales pueden estar satisfechos y saber que el gobernador les está cumpliendo”.

Por su parte, la directora de Participación, Democracia y Acción Comunal, del Ministerio del Interior, Hilda Gutiérrez, resaltó la labor que ha adelantado la Gobernación de Casanare en todo este proceso que evidencia buenos resultados y avances en su construcción; asimismo, afirmó que la intención del gobierno nacional, a través de la expedición del CONPES 3955, es fortalecer la acción comunal a través del apoyo a proyectos comunitarios, capacitación, convenios educativos y múltiples acciones de apoyo al desarrollo del sector”.

“Creo que estamos logrando una Política Pública integral, debido al trabajo participativo que se ha realizado en todo el departamento, lo cual es un gran avance. Sin embargo necesitamos garantizar que este documento no se quede como un “saludo a la bandera”, sino que se garantice su ejecución a través de la apropiación de recursos propios del departamento”, fue el llamado de Mauricio González, presidente de Asojuntas de Aguazul.

Además de delegados del Ministerio del Interior, también estuvieron presentes en la jornada los diputados York Cortés, José Barrera y Sonia Bernal, además de integrantes de diferentes sectores sociales del departamento. Como etapa final, el documento de Política Pública será radicado ante la Asamblea Departamental para su respectivo debate y aprobación mediante Ordenanza.

Un sistema de vídeo vigilancia con 30 cámaras de seguridad y un centro de monitoreo, para la zona rural y urbana, entregará en el municipio de Monterrey, el gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, en los próximos días.

Con estos elementos, se espera que el infractor de la Ley se cohíba de cometer delitos, o en caso de cometerlos, a través de estos dispositivos las autoridades puedan identificar, capturar y lograr la judicialización del individuo. 

Las cámaras estarán distribuidas; 22 en la zona urbana, conectadas mediante una solución de fibra óptica, y ocho, en el sector rural por radio enlace, según indicó el secretario de Gobierno, Milton Álvarez, “para promover conductas de seguridad y avanzar en la lucha contra la delincuencia, bajo este Gobierno a la fecha se han instalado 121 cámaras de última tecnología y 89 alarmas comunitarias por todo el departamento de Casanare”.

Por su parte la jefe de Telemática de la Policía, Teniente Roa, destaca la tecnología  de última generación que tienen estos equipos, ya que el funcionamiento del Centro de Monitoreo y algunas cámaras son con energía solar. El funcionario afirma que con estas sofisticadas herramientas  se entregarán resultados contundentes en materia de seguridad y convivencia, propiciando una mayor confianza en los inversores de diferentes sectores productivos del país en Monterrey.

En Monterrey se entregará en los próximos días un sistema de vídeo vigilancia con 30 cámaras de seguridad y un centro de monitoreo, para la zona rural y urbana. Con estos elementos, el mandatario casanareño espera que el infractor de la Ley se cohíba de cometer delitos, o en caso de  cometerlos, a través de estos dispositivos las autoridades puedan identificar, capturar y lograr la judicialización del individuo. 

Las cámaras estarán distribuidas; 22 en la zona urbana, conectadas mediante una solución de fibra óptica, y ocho, en el sector rural por radio enlace, según indicó el secretario de Gobierno, Milton Álvarez, “para promover conductas de seguridad y avanzar en la lucha contra la delincuencia, bajo este  Gobierno a la fecha se han instalado 121 cámaras de última tecnología y 89 alarmas comunitarias por todo el departamento de Casanare”.

Por su parte la jefe de Telemática de la Policía, Teniente Roa, destaca la tecnología  de última generación que tienen estos equipos, ya que el funcionamiento del Centro de Monitoreo y algunas cámaras son con energía solar. El funcionario afirma que con estas sofisticadas herramientas  se entregarán resultados contundentes en materia de seguridad y convivencia, propiciando una mayor confianza en los inversores de diferentes sectores productivos del país en Monterrey.

Durante la jornada desarrollada el pasado viernes, la población con discapacidad de Casanare eligió a los nuevos miembros del Comité Departamental para el periodo 2019 – 2022, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley 1145 de 2007, y en cumplimiento de la resolución No. 027 de 2019 por medio de la cual se convocó a los miembros de los Comités Municipales de Discapacidad y personas jurídicas a participar de este proceso.

Los ciudadanos elegidos durante la jornada para representar a la población con discapacidad del Departamento son: Emilia Catimay, por discapacidad mental; Diego Capacho, por discapacidad física; Daniela Sánchez, por discapacidad auditiva; Marbely Gahona, por discapacidad múltiple; José Pastor, por discapacidad visual; María Rojas, por discapacidad cognitiva; y Nilson Ramírez, como representante de personas jurídicas de discapacidad. Aún queda por elegir el representante de personas con sordoceguera, debido a que ninguna persona con este tipo de discapacidad se presentó al proceso.

Tras la elección, José Pastor, miembro electo del Comité, manifestó: “Estamos listos y dispuestos a trabajar de la mano de la administración departamental en beneficio de la población con discapacidad. Sabemos que se han dado pasos importantes como el cambio en la atención a nuestra población desde un enfoque de Derechos Humanos, y creemos que seguiremos mejorando”.

Por su parte Milton Álvarez, secretario de Gobierno departamental afirmó que “… el compromiso de la Gobernación de Casanare, de acuerdo a los ideales y directrices del gobernador Alirio Barrera, es proveer de las circunstancias ideales que garanticen la participación, dialogo, y articulación de los programas con la comunidad. Ese es el objetivo y el compromiso que seguiremos asumiendo hasta el último que tengamos a cargo el desarrollo de este espacio”.

Hasta el 31 de marzo tendrán plazo las Organizaciones de Víctimas del departamento para inscribir a sus líderes y lideresas que quieran conformar las mesas de participación efectiva de víctimas para el periodo 2019-2021. 

En Casanare, así como en el resto del país, las inscripciones deberán realizarse en las personerías municipales.

Una vez surtido el proceso de inscripción de las organizaciones de víctimas, y bajo las reglas definidas en el Protocolo de Participación Efectiva, los personeros de cada municipio deberán convocar el proceso de elección y conformación de las mesas municipales.

De acuerdo con la Unidad de Víctimas, el proceso de elección y conformación de estos espacios de participación es responsabilidad de quienes fungen como Secretaría Técnica en cada uno de los ámbitos territoriales, es decir: en el municipal, las personerías; en lo departamental y nacional, la Defensoría del Pueblo. 

Según expresó Milton Álvarez, secretario de Gobierno del departamento, para este nuevo proceso de elección se espera que en todos los municipios casanareños se instalen las Mesas de Participación, así como la mesa departamental y finalmente la Mesa Nacional de Víctimas, dado el notable crecimiento en la participación en las elecciones de mesas que se ha evidenciado, específicamente, en las mesas municipales.

Por esta razón, la administración departamental extiende la invitación a las Organizaciones de Víctimas para que se informen y participen activamente de este proceso, para más información los ciudadanos interesados pueden acercarse a las Personerías municipales, al enlace municipal de víctimas, a la Defensoría del Pueblo, o al punto de atención de la Unidad para las Víctimas ubicado en Yopal en la Calle 14 # 17a- 22, Barrio Luis Hernández Vargas.

Cabe destacar que las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas son espacios de incidencia en la política pública que fueron desarrollados a partir de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (ley 1448 de 2011), mediante el Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas, que regula la conformación y desempeño de estos espacios.

Avanza el proceso de actualización de la Política Pública Departamental de Discapacidad e Inclusión Social que adelanta la Secretaría de Gobierno de Casanare.

El equipo consultor, contratado por la Gobernación, adelanta la etapa de diagnóstico a través de 21 talleres participativos de diagnóstico en todos los municipios del departamento, con el objetivo de entablar un diálogo constructivo con la población y generar insumos que permitan identificar necesidades y problemáticas de la población, sobre las cuales se definirán las estrategias y planes de acción que los beneficien. A la fecha se han realizado 10 de los 21 talleres programados, en los municipios de Aguazul, Maní, Sabanalarga, Tauramena, Nunchía, Monterrey, Támara, Pore, Paz de Ariporo y Chámeza.

De acuerdo al secretario de Gobierno, Milton Álvarez, "este proceso de actualización de la Política Pública obedece a la necesidad que tiene el Departamento de ajustar la actual política pública para este sector poblacional, a los lineamientos del Ministerio del Interior, contenidos en la ley 1618 de 2013, en aras de emprender acciones afirmativas que garanticen el goce pleno de los derechos y le posibiliten una verdadera  integración y rehabilitación social de las personas con discapacidad”.

El departamento de Casanare ya contaba con una Política Pública de Discapacidad, la cual fue expedida bajo la Ordenanza 11 de 2011, sin embargo debido a la promulgación de la Ley de Discapacidad (Ley 1618 de 2013), se hizo necesario que la Administración Departamental se ajustara a los nuevos lineamientos del orden nacional, en coordinación con el Ministerio del Interior, encaminados al reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derechos en condiciones de equidad.