La Procuraduría General de la Nación ha impuesto una suspensión e inhabilitación de 12 meses a Jorge García Lizarazo, debido a su omisión en la entrega de bienes adquiridos por la entidad territorial destinados al comando de Policía de Yopal, en hechos ocurridos cuando fue alcalde de la ciudad, en el año 2015.

La medida, según el ente de control,  se debe a su negligencia en la entrega de bienes adquiridos por la entidad territorial.  De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Procuraduría, se constató que, aunque los elementos fueron recibidos por el almacenista, García Lizarazo retiró personalmente para llevarlos a la estación de Policía.

Sin embargo, al verificar la entrega efectiva, el comandante informó al secretario de Gobierno de la época,  que los objetos fueron dejados en la entidad policial sin un acta formal de recibido y con varios faltantes.

En el fallo de primera instancia, el ente de control determinó que el mandatario recibió los bienes del almacén sin dejar constancia, ni soporte formal sobre su entrega a la institución policial.

Este actuar viola el deber establecido en el Código Disciplinario Único para los servidores públicos, que consiste en vigilar y salvaguardar los bienes y valores asignados, asegurando su uso adecuado y racional de acuerdo con su destino.

El Ministerio Público consideró que resulta ilógico que un alcalde de la capital de un departamento, asuma el control de bienes y omita registrar su destino, optando por dejar una parte abandonada en la estación de Policía.

Finalmente, la entidad calificó la falta del entonces alcalde García Lizarazo, como grave, atribuyéndole dolo. Además, se informó que se puede interponer un recurso de apelación, ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría General de la Nación, en contra de esta decisión.

Una indagación previa inició la Procuraduría General de la Nación, tanto a la Alcaldía de Trinidad como al Concejo Municipal, para determinar los responsables de posibles irregularidades cometidas durante la modificación del presupuesto de la vigencia 2023.

“Al parecer, esa corporación aprobó el proyecto de acuerdo presentado por el alcalde que lo facultaba para modificar el presupuesto general de rentas, recursos de capital, apropiaciones para gastos de funcionamiento y servicio a la deuda e inversión para la presente vigencia fiscal”, señala el comunicado de la Procuraduría. 

Agrega igualmente que con esta indagación se quiere identificar e individualizar, a los funcionarios que presuntamente estén relacionados con estos hechos.

Por esta razón solicitó al Concejo el proyecto de acuerdo, así como los anexos del mismo presentados por la Alcaldía. También pidió  copia del acuerdo aprobado, así como de las actas de reunión de los debates respectivos.

En este listado se solicitudes se incluyó un informe completo, de las modificaciones y ejecuciones hechas al presupuesto por la Administración local,  en el entendido que esta facultad le corresponde exclusivamente al Concejo Municipal.

Por supuestamente  no haber adelantado acciones necesarias para garantizar los derechos de una menor de edad, la Procuraduría General de la Nación, formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Moneterrey Orlando Martínez Ávila y su secretario de gobierno Juan Arley Bernal Martínez.

Para la Procuraduría el exburgomaestre habría incurrido en una falta disciplinaria, al designar a su entonces secretario de gobierno, para que actuara en un proceso administrativo de restablecimiento de derechos a una menor de edad, después que la comisaría de familia se declara impedida.

A juicio del ente disciplinario, el entonces alcalde al nombrar a un funcionario reemplazante, posiblemente desconoció la ruta de atención que se aplica para estos casos.

Igualmente la Procuraduría sostuvo que basada en las pruebas recaudadas, el mencionado funcionario no habría realizado ninguna acción, para tramitar de manera especial el proceso de restablecimiento de derechos de la niña.

Agregó la entidad que si bien la asignación hecha al titular del despacho de Gobierno no era la correcta, el investigado tampoco expuso argumentos para sustentar por qué no adelantó ninguna acción. Tampoco alegó impedimento o falta de competencia o conocimiento del tema.

Señaló el Ministerio Público que "sencillamente ignoró el asunto, no actuó y dejó transcurrir los seis meses que están reglamentados para efectuar el proceso”. En consecuencia, la misma administración de Monterrey debió remitir el asunto al Juzgado Promiscuo del Circuito de ese municipio.

A juicio del ente de control en ese lapso reglamentario, el disciplinado pudo haber tomado determinaciones respecto de los derechos vulnerados de la niña pues en ese aspecto estaba respaldado por la presunción de legalidad.

Las conductas reprochadas a los funcionarios fueron calificadas provisionalmente como falta grave a título de culpa gravísima.

Varias problemáticas le plantearon los personeros del departamento a la procuradora general de la nación, Margarita Cabello Blanco. Así lo confirmó el titular del Ministerio Público en Nunchía, Libardo Pan Chaparro.

Para el funcionario los mayores inconvenientes están relacionados con la insuficiencia en el personal, para atender toda la carga laboral de las personerías y el exiguo presupuesto con que cuentan.

Pan Chaparro acotó que la mayoría de personerías del departamento, son de sexta categoría. Condición que les limita la nómina a un personero y un secretario.

Con este grupo tan reducido deben atender todas las obligaciones propias de estas entidades. “Somos los únicos defensores de Derechos Humanos en los municipios. Tenemos conocimiento también de las declaraciones de las víctimas y nos convertimos en la puerta de entrada de estas personas al Estado”, precisó el personero de Nunchía.

Justamente en el campo de la vulneración de los Derechos Humanos, añadió que hacen acompañamiento a las audiencias en juzgados, comisarías de familia e inspecciones de policía, cuando consideran que se hace necesaria su presencia.

Aunque este trabajo tiene su dosis de riesgo a la seguridad, aclaró que salvo el caso de su colega de Recetor, quien se encuentra adelantando un proceso ante la Unidad Nacional de Protección, ninguno de los demás personeros del departamento, ha sido objeto de amenazas.

Sobre su trabajo destacó que ha participado activamente en la presentación de acciones populares, tendientes a que la población más vulnerable tenga acceso a los servicios públicos esenciales.

En este orden de ideas las autoridades judiciales han conminado tanto a la Alcaldía como a la Gobernación, para que den respuesta positiva a las solicitudes de estas comunidades y entren a solucionar sus reclamaciones.

En cuanto el sonado caso de la remodelación del parque principal de Nunchía, expresó que no es cierto que se le vaya a cambiar el nombre, como se rumoró. Lo que ocurre, según explicación del personero, es que se van a instalar unos monumentos en homenaje a varios próceres de la independencia.

En este contexto surgió el nombre de María Rosa Lazo de la Vega, quien según algunos historiadores tuvo participación activa en la gesta libertadora, durante el tiempo que las tropeas independentistas estuvieron en suelo casanareño.

Y en lo atiente a las críticas por la tala de árboles a la que supuestamente será sometido el parque, para dar paso a las obras de remodelación, dijo que no existe una queja formal. Solamente se han limitado a solicitar la creación de una veeduría ciudadana para ejercer supervisión sobre la ejecución de este proyecto.

Hoy durante rueda prensa la procuradora general de la nación, Margarita Cabello Blanco, insistió en que las reformas presentadas al Congreso por el Gobierno nacional deben ser analizadas y discutidas a fondo, para evitar que se aprueben una serie de artículos que podrían afectar negativamente el país.

Cabello se dio estas declaraciones luego de concluir el seminario regional de derecho disciplinario, que se cumplió en el auditorio del Comando de Policía Casanare y que hace parte de las jornadas académicas organizadas por la Procuraduría en los distintos departamentos.

Mañana se cumple la segunda jornada donde se abordará el tema electoral, enfocado sobre el control que debe ejercer el Ministerio Público en los comicios de octubre.

Reforma laboral

Para la procuradora esta propuesta se asemeja más a un pliego de peticiones, que a una reforma laboral. En su concepto está orientada a darle más beneficios a los trabajadores formales que a plantear soluciones al sector informal, para vincularlos laboralmente.

Sostuvo que en este mismo sentido se pronunció el presidente del Banco de la República, basado en un estudio profundo a esta reforma. Según Cabello Blanco la conclusión a la que llegó el directivo del banco emisor, es preocupante.

“Si bien tiene unos beneficios, ese proyecto es un riesgo muy grande, porque al aumentar de una manera muy fuerte los costos laborales, va generar que se reduzca la contratación y se disminuya el empleo”, precisó la jefe del Ministerio Público.

En ese orden de ideas indicó que se pueden perder 480 mil empleos. Por eso invitó a que se tenga especial cuidado en el trabajo legislativo y evitar que se ocurra esta situación.

Explicó que la idea debe ser que se aumenten las posibilidades para que los trabajadores informales, entren a la formalidad. De esta manera se incrementarán las cotizaciones al sistema de seguridad social, lo que significa que se tendrá más dinero para atender la demanda pensional.  

Abogó por un equilibrio entre las tres reformas, salud, pensiones y laboral, porque cualquier acción que desequilibre la balanza en una sola de las propuestas, va a afectar las otras dos.

Reforma a la salud

En este punto hizo un llamado para que los parlamentarios estudien cuidadosamente esta propuesta, para evitar errores en el procedimiento establecido en la Ley Quinta, que la que regula el Congreso, porque no se está debatiendo cuidadosamente su contenido. Además, consideró como peligrosa la dinámica de aprobación en bloque de unos artículos.

La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa para determinar la posible responsabilidad de la Alcaldía de Yopal, por las demoras en la ejecución del programa de alimentación escolar (PAE) 2023, en las instituciones educativas públicas del municipio.

Esta acción disciplinaria fue desencadenada por las protestas en 24 instituciones educativas del municipio, debido a la falta de atención y cumplimiento por parte de las autoridades locales en el suministro de alimentos, según informaron los medios de comunicación local.

La Procuraduría ha solicitado al ente territorial los documentos del proceso contractual llevado a cabo, para garantizar el servicio de alimentación escolar a la población estudiantil durante la presente vigencia.

Además, la Administración municipal deberá presentar un informe exhaustivo y detallado, donde explique las razones por las que se demoró la prestación de este servicio.

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 15 años al docente, Germán Torres Aguilar para ejercer cargos públicos. La sanción fue impuesta por haber abusado sexualmente de una alumna suya menor de edad.

Torres Aguilar se desempeñaba como docente de Educación Física en el colegio Centro Social de Yopal y para la Procuraduría aprovechó su posición de poder para abusar sexualmente de la estudiante, quien para la fecha de los hechos contaba con 13 años de edad.

Las investigaciones adelantadas por la entidad determinaron que el profesor se valió de engaños y llevó  a la menor hacia el salón donde guardaba los implementos deportivos para cometer el presunto abuso sexual que incluyó tocamientos, según el relato hecho por la víctima.

Este caso fue denunciado ante la Fiscalía y dicho ente investigativo compulsó copias a la Procuraduría Regional, con el fin que diera trámite al proceso disciplinario correspondiente.

El acervo probatorio sobre el cual se basó esta decisión de primera instancia, incluye las imágenes captadas por una cámara de vigilancia del colegio. El material audiovisual deja ver al educador ingresando al mencionado salón en compañía la estudiante y saliendo minutos después de haber realizado el abuso, en la misma fecha y hora en la cual ocurrieron los hechos denunciados.

Así mismo se tuvo en cuenta el testimonio de la víctima, así como las declaraciones de otros dos compañeros de clase, quienes hablaron con la niña momentos después de ocurrido el incidente.

Los adolescentes se enteraron de lo sucedido y colaboraron para que la menor lo contara a sus padres, quienes informaron a las directivas de la institución educativa e instauraron la denuncia ante las autoridades.

En el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, la Procuraduría General de la Nación reiteró su llamado a las autoridades nacionales y territoriales a la efectiva protección de los derechos de las mujeres y la consolidación de estrategias para mitigar el las cifras de feminicidios en el país y el accionar oportuno e integral de todas las entidades para la atención, protección, reparación y garantía de no repetición de todos los tipos de violencias por razones de sexo y género. 

El ente de control ha priorizado en el país 659 casos reportados urgentes de esclarecer para evitar más riesgos sobre las víctimas acreditadas y velar porque se garantice el debido proceso en los casos de violencia basada en género. También exhortó a las autoridades competentes a que en las investigaciones penales se cumpla con el principio de la debida diligencia y con la aplicación del enfoque de derechos de las mujeres. 

El órgano de control publicó los casos en todo el territorio nacional derivados de las valoraciones efectuadas por Medicina Legal a mujeres remitidas, registrándose la segmentación de estas alertas en los departamentos: 

Bogotá (202, Tolima (76), Cundinamarca (70), Antioquia (68), Arauca (39), Risaralda (32), Quindío (27), Huila (24), Santander (22), Casanare (17), Bolívar (15), Valle del cauca (13), Norte de Santander (4), Chocó (4), Cauca (3), Atlántico (2), Caldas (2), Magdalena (2), Nariño (1), Córdoba (1) 

El ente de control mostró su preocupación e hizo un llamado a la intervención administrativa del Ministerio Público y autoridades competentes a que se priorice la tramitación y atención de estos casos.

El llamado fue reiterado por la Procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, Viviana Mora Verbel, en su intervención en el evento Pacto Nacional para la Eliminación de las Violencias Contra las Mujeres y las Niñas. 

Para la Procuraduría, la prevención de este flagelo debe involucrar a la familia y a toda la sociedad, e hizo un llamado a en defensa de los derechos humanos de la niñez y las mujeres.

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra la alcaldesa de Paz de Ariporo, Eunice Escobar Bernal, por presunta omisión en el ejercicio de sus funciones y a la secretaria de Salud, Tatiana Rojas Abril, por posible violación del régimen de inhabilidades. 

La Procuraduría General de la Nación recomendó a la Alcaldía de Maní (Casanare) revocar el acto de apertura de la licitación pública para el mejoramiento de la vía que comunica los municipios de Maní, Tauramena y Monterrey por un valor de $105.757.694.980, ante la ausencia de publicación del proceso de selección en el Plan Anual de Adquisiciones.

A través de varias comunicaciones, el Ministerio Público le solicitó al mandatario Jersson Esneyder Montoya Hoyos informar las razones por las cuales su alcaldía no publicó este proceso en el mencionado plan, herramienta diseñada para garantizar la divulgación de los bienes, obras y servicios de las entidades estatales, incrementar la eficiencia en los procesos de contratación y publicitar en aras de generar participación.

Ante el silencio de la alcaldía frente a los cuestionamientos por las razones que derivaron en la no publicación del proceso de contratación, el ente de control solicitó al mandatario municipal tomar decisiones encaminadas a evitar la materialización de riesgos jurídicos y económicos asociados a la adjudicación de este proceso de selección.

Por último, es importante indicar que las actuaciones preventivas de la Procuraduría no implican en modo alguno la coadministración o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de la Alcaldía Municipal de Maní (Casanare).