Luego de reunirse por varias horas con el gobernador Salomón Sanabria Chacón, las comunidades apostadas en la entrada del relleno sanitario, levantaron el plantón.

De esta manera están las puertas abiertas para que retorne a la normalidad la prestación del servicio de aseo. Fueron varios los puntos abordados y líderes de estos sectores calificaron como positivo este ejercicio.  

Por parte de la institucionalidad, Sanabria Chacón, fue claro en precisar que fue responsable en aclarar que varias de los proyectos presentados, por temas de tiempo no alcanzan a ser terminados dentro de lo que queda de su mandato.

“Estamos en una mesa con la Procuraduría, lo que se planteó inicialmente, era que se hicieran unos estudios y diseños de un macro acueducto, en este caso son alrededor de 5 mil millones que va a poner la Alcaldía y la Gobernación para este tema.

Esta solución no es ni de un año y de 2 años. Va a tardar un buen tiempo. Es un proyecto que puede costar más de 400 mil millones de pesos”, indicó el mandatario.

Recalcó también que en lo relacionado con la presencia del Estado en esta región, es necesario en cuenta que “duramos largo tiempo enfrascados en una pandemia y los tiempos contractuales también generan algunas inquietudes, pero seguimos avanzando en lo que atañe al sector de La Niata”, comentó Salomón Sanabria.

Sin embargo trajo a colación algunas iniciativas que se han adelantado. “Con alguna inversión se ha llegado. En Buenavista Alta se aprobó la gasificación y la iluminación”.

Inversiones que también han incluido el tema del suministro de agua. “Hemos venido trabajando en esos acueductos focalizados, algunos artesanales, para poder darle el servicio a la comunidad”.

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal rechazó la solicitud de medida cautelar solicitada en una acción popular instaurada por el exalcalde Leonardo Puentes mediante la cual se pretendía la suspensión de la ejecución del contrato No. 147 de 2022 entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY) y la empresa SSYAM de Colombia S.A.S, por 15.446 millones de pesos, cuyo objeto es la construcción de una planta de tratamiento y el aprovechamiento de residuos sólidos en el relleno sanitario El Cascajar, por 25 años.

El juez Lubier Aníbal Acosta González consideró que los requisitos para decretar una medida cautelar no se cumplían, ya que el objeto del contrato no se enmarca dentro de aquellos en los que deban pactarse cláusulas exorbitantes o excepcionales, y que la inversión para la ejecución de la fase 1 del contrato proviene exclusivamente del sector privado, por lo que no pone en riesgo el interés general de la comunidad.

Además, el juez consideró que los hechos planteados en la demanda y las pruebas aportadas con ella no eran suficientes para concluir que existía un daño contingente que se pudiera conjurar con la medida previa solicitada. También expresó que no se producía un daño irremediable porque el accionante no lo acreditó y porque el riesgo para el Estado era el de dejar de obtener el beneficio de una actividad que actualmente no es objeto de aprovechamiento, ni de ingresos para las finanzas de la entidad, ni del municipio.

El accionante popular argumenta que el contrato No. 147 de 2022 es violatorio de la legalidad, ya que no se han realizado los estudios, análisis, verificaciones y cotejos mínimos para evaluar los costos de las obras, su calidad, eficiencia y confiabilidad tecnológica, además de que no se verificó, aseguró ni contrastó la capacidad financiera del contratista ni la experiencia del mismo en la operación de este tipo de proyectos. También señala que no se evaluó el panorama de riesgos, ni el impacto para la economía de los ciudadanos y las finanzas de la empresa.

La EAAAY argumentó que no se producía un daño irremediable porque la inversión para la ejecución de la fase 1 del contrato proviene exclusivamente del sector privado, y porque avanzar en la construcción y puesta en funcionamiento de una planta de aprovechamiento de residuos sólidos, en predio del Estado sin que se haga trasferencia del mismo al contratista, de manera alguna pone en riesgo el interés general de la comunidad, más la suspensión de la ejecución de las obras, modifica de manera alguna el estado actual de cosas para la comunidad.

El proceso continúa con la verificación de cumplimiento de la sentencia, para lo cual se estudiarán los requisitos contemplados en el artículo 231 del CPACA para la procedencia de la medida cautelar. Una vez concluido el estudio, se emitirá una decisión de fondo en el presente asunto.

Un recorrido de inspección a los trabajos que se adelantan en el relleno sanitario El Cascajar, para la construcción de las trincheras 10 y 11 y demás obras de optimización del lugar, realizaron directivas de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal EAAAY, en cabeza del gerente Jairo Bossuet Pérez,  la directora de Aseo Esperanza Ramírez, el director Administrativo y Financiero Carlos Andrés Corregidor y el director Comercial Sebastián Hernández.

Durante la visita se pudo evidenciar un avance del 70 por ciento en la ejecución de las obras, cumpliendo así con los compromisos programados.

Desde la Administración Municipal,   el alcalde Luis Eduardo Castro realizó la gestión para la consecución de 17 mil millones de pesos ante el Gobierno Departamental, luego de avalado el proyecto presentado por parte de la EAAAY ante el OCAD, garantizando la disposición segura de residuos sólidos para la ciudad, durante los próximos cuatro años.

La EAAAY realiza el seguimiento permanente al proyecto ejecutado  por Acuatodos, asegurando la disposición adecuada de 5.100 toneladas de residuos mensuales que actualmente llegan a El Cascajar; así mismo el desarrollo del trabajo articulado entre la EAAAY y la Administración Municipal en la búsqueda de nuevos sitios de disposición final y la optimización del sistema para lograr el manejo integral de residuos sólidos, mejorando las prácticas de reúso y reciclaje en el municipio de Yopal.