Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo advierte sobre la creciente amenaza que enfrentan los habitantes de Maní, Monterrey, Orocué, Tauramena y Villanueva. El motivo: la lucha territorial entre grupos armados ilegales.

Esta situación ha llevado a la emisión de una Alerta Temprana, la número 016-2024, que busca prevenir posibles violaciones de Derechos Humanos en la región.

El documento detalla cómo las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo), el ELN (frente José David Suárez) y facciones disidentes de las FARC (frente 28 y10 del Estado Mayor Central), se están disputando el control de estas zonas estratégicas.

Según la Defensoría la expansión de las AGC es particularmente preocupante. Este grupo ha logrado desplazar a estructuras paramilitares menores, consolidando su dominio mediante tácticas violentas.

Su estrategia no solo abarca áreas rurales, sino que también se extiende a zonas urbanas, aprovechando la pobreza y la exclusión social para ganar adeptos.

El informe señala que diversos sectores de la población están en riesgo. Entre ellos se encuentran líderes comunitarios, víctimas del conflicto, jóvenes, mujeres y servidores públicos.

Las amenazas van desde el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores hasta homicidios selectivos y ataques armados.

Frente a esta situación, la Defensoría ha emitido 28 recomendaciones dirigidas a entidades gubernamentales de todos los niveles. Se insta a las fuerzas de seguridad a intensificar sus operativos y labores de inteligencia.

Además, se solicitan medidas específicas como el establecimiento de puestos de control en zonas estratégicas y el refuerzo de la presencia militar en áreas rurales.

La implementación efectiva de estas recomendaciones será crucial para proteger a las comunidades afectadas y prevenir una escalada de violencia en la región.

Este fue el cuestionamiento que hizo el excandidato a la Alcaldía de Aguazul, Martín Cuartas quien manifestó su preocupación por las presuntas irregularidades en la firma de un convenio entre la ESPA y la empresa española Elecofasa, para el manejo de la Planta de Manejo Integral de residuos Sólidos (PMIRS) del municipio, en entrevista con el noticiero del medio día Cómo va Casanare de la emisora Caracol Tropicana 106.3 F.M. 

De acuerdo con Cuartas, del convenio por 50 mil millones de pesos dado a 30 años se sabe muy poco y habría sido firmado a espaldas del exalcalde el pasado 27 de diciembre, según declaraciones del mismo Renier Darío Pachón en una emisora del municipio. Este tampoco habría sido socializado con las comunidades que se verían directamente perjudicas por los efectos colaterales que estos proyectos traen consigo. 

El ex alcalde cuestionó dicha conducta al contrista y dijo que “Si ustedes aspiran a invertir 200 mil millones de pesos, como dicen que van a hacer con tecnología de punta, para el manejo de los residuos sólidos no solamente de Aguazul, sino de otros municipios, eso quiere decir que van a convertir a la PMIRS del municipio en el basurero del sur de Casanare” 

“La planta está casi a un 1km de Aguazul, solamente nos divide el río Unete. Si hoy tenemos otra a 1,5 km vía San José del Bubuy y los malos olores se viene en las noches hasta el centro del casco urbano, cómo será esta que está a menor distancia y que muy seguramente con ella, aspiraran a traer la basura de Recetor, Chámeza, Maní y todos los municipios vecinos” agregó Cuartas quien manifestó que los problemas de sanidad también recaerían en las comunidades de las veredas Sevilla, Atalayas, Salitre y Río Chiquito. 

Medida Cautelar

Una Acción Popular interpuesta por la Personería de Aguazul por Moralidad Administrativa y protección al patrimonio público contra la Alcaldía de Aguazul, fue admitida por el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal por la firma del contrato en donde se entregó el manejo de La Planta de Manejo Integral de residuos Sólidos (PMIRS) de Aguazul a la empresa Elecofasa. 

Según el personero de Aguazul, Henry Galvis, el objetivo es que se decrete la nulidad del contrato de aporte bajo condición que le hizo la Alcaldía a la Empresa de Servicios públicos, contrato suscrita entre ESPA y Elecofasa. 

La pregunta que queda en el aire es ¿Cómo un contrato de esta magnitud se hace a espaldas de un alcalde?