La colisión de dos motocicletas que luego se incendiaron producto del fuerte choque la noche de este sábado 2 de octubre en el municipio de Maní, dejó a dos hombres con quemaduras en diferentes partes del cuerpo y uno de ellos con trauma cráneo encefálico.

Inicialmente al cuerpo de Bomberos de Maní le fue reportado un incendio vehicular, pero al llegar al sitio encontraron que los dos pacientes habían sido movidos del lugar y presentaban quemaduras en diferentes partes del cuerpo.

Los heridos de 31 y 46 años de edad, fueron trasladados por el cuerpo de Bomberos al Centro de Salud de esa localidad y posteriormente remitidos al Hospital Regional de la Orinoquía en Yopal por la gravedad de sus heridas.

Sobre las 11 de la mañana de este viernes 10 de septiembre, momentos en que el centro comercial Gran Plaza Alcaraván gozaba de completa tranquilidad, un artefacto explosivo de mediano poder estalló en uno de los baños de las instalaciones.

La explosión dejó dos personas heridas, una mujer de 30 y un joven de 23 años de edad, quienes fueron trasladados al Hospital Regional de la Orinoquía y a la Clínica Casanare para recibir atención médica.

De acuerdo con médico urgenciólogo del Hospital Regional de la Orinoquía, Jefferson infante, el hombre sufrió una perforación timpánica secundaria, adicional a algunas esquirlas metálicas en sus glúteos y por ahora está pendiente valoración del cirujano general. La mujer quien resultó con heridas en su cuero cabelludo ya fue dada de alta.

“Este es un acto cobarde contra la población civil. Un hecho que reprochamos, siempre será la fuerza de estado mayor al daño que nos quieren ocasionar una o dos personas en el departamento de Casanare”, dijo el secretario de Gobierno, Óscar Gómez Peñaloza.

Aunque el secretario de Gobierno, afirmó que se desconocía hasta el momento quienes eran los responsables del atentado, al parecer, las disidencias de las Farc serían las responsables, pues horas después del hecho se conoció un comunicado donde hacían alusión a las cadenas de mercado de Casanare y Boyacá.

Autoridades de Casanare lograron la captura de Víctor Hernán Sanabria Aranda, Diana Ibet Comayán Portilla y de Walter Camilo Cuburuco Yanguma, señalados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada.

Ante el llamado de los habitantes de las veredas de Montañas del Totumo y Las Guamas, ubicadas en zona rural de Paz de Ariporo, los investigadores adelantaron diligencias de seguimiento que permitieron ubicar a estas personas, quienes al parecer estaban visitando fincas y haciendo llamadas extorsivas.

Según la Fiscalía, Víctor Hernán Sanabria Aranda, quien se identificaba como jefe financiero del Gaor Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, se movilizaba en un vehículo de alta gama y en su poder fue hallada una pistola traumática.

Se conoció que el hombre tiene vigente una condena superior a los 34 años de prisión por el delito de homicidio, y se encontraba en libertad condicional. Los indiciados fueron presentados ante el juez segundo municipal de Paz de Ariporo, quien legalizó el procedimiento de captura, así como la incautación de los elementos materiales probatorios, y avaló la imputación que hizo la Fiscalía los delitos en mención.

Ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad y, en consecuencia, les fue impuesta medida de aseguramiento: intramuros para Sanabria Aranda y domiciliaria para los otros dos.

La semana pasada circuló por redes sociales la información que supuestamente un jaguar habría atacado a una persona y varios animales en Orocué (Casanare).

Esa misma información está circulando hoy lunes 6 de septiembre y malintencionadamente la voz de un hombre dice que el animal atacó y causó la muerte a un ciudadano en Maní del mismo departamento.

Del mismo modo se difundió el 6 de agosto pasado esta misma Fake News en el Magdalena Medio, donde la Corporación Autónoma de Santander (CAS) también desmintió dicho material del mismo modo que se están usando en Casanare.

Corporinoquia, como autoridad ambiental, rechaza el hecho de la generación de pánico basados en información falsa y que no corresponde a situaciones generadas en nuestro país.

La Corporación ha venido desarrollando de manera responsable y profesional la reintroducción de muchas especies de la fauna silvestre, pero no ha liberado jaguares (Panthera onca) que pudieran afectar a la población humana, como han querido hacer creer a través de audios malintencionados.

Debido a esta información errónea y con fines desconocidos, profesionales del grupo de Fauna de la Corporación temen que las comunidades inicien actividades en perjuicio de los animales silvestres.

Recalcó el médico veterinario Álvaro Camacho, del Grupo de Fauna, que "ha sido ampliamente demostrado que los felinos endémicos, son poco avistados en la jurisdicción y en caso de tener un encuentro con humanos, su misma naturaleza los hace reaccionar a través de la huida, evitando toco conflicto con el humano".

"Una vez se ha podido identificar que este material audiovisual no corresponde a situaciones ocurridas en Casanare, se conmina a la comunidad a respetar la vida de los especímenes y se recuerda que cualquier afectación contra la fauna silvestre acarrea sanciones que pueden ir desde penas pecuniarias hasta medidas privativas de la libertad", señaló el subdirector de Control y Calidad Ambiental Héctor Miguel González.

Un total de 2.647 personas trabajaron con dedicación exclusiva en obras y proyectos que desarrolla Ecopetrol en Casanare, a través de empresas contratistas, en el mes de julio, contribuyendo de esta forma a la reactivación económica de la región. Del total de la mano de obra no calificada (1.311), el 99.8% (1.308) fue personal de la localidad donde se desarrollan las operaciones, y del total de la mano de obra calificada (1.336), el 78% (1.043) también fue local.

Se destaca la inclusión laboral de jóvenes de 18 a 28 años (570), mayores de 45 años (560), la inclusión social de personas con discapacidad (11) y víctimas de conflicto armado (10); 46 personas accedieron al primer empleo y también se generaron oportunidades para personas empíricas, con estudios de primaria y secundaria, técnicos y tecnólogos.

Igualmente 577 profesionales fueron contratados, entre ellos, 215 mujeres (37%) y 362 hombres, de los cuales el 70% (403) son profesionales del área de influencia. “Una de las cosas que más me emociona de mi trabajo es el poder llegar a impactar tantas comunidades en Casanare de manera positiva respecto a las oportunidades laborales que les podemos dar a ellos y mediante capacitaciones, cursos y charlas con las cuales podemos mejorar su calidad de vida”, expresó Andrés García Cruz, gerente de operaciones de Durangar, empresa encargada de la operación de los casinos de Ecopetrol en Casanare.

Por su parte, Ludy Arévalo Real, profesional HSE de la empresa César Augusto Jerez Berrio manifestó que: “Este trabajo contribuye a mi realización personal y profesional, proporcionando ingresos y medios de vida”.

En el desarrollo de sus operaciones, Ecopetrol da estricto cumplimiento a las medidas y protocolos de bioseguridad para mitigar la pandemia de la covid-19, preservando la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y comunidades aleñas.

Además, promueve ante sus contratistas de manera permanente el cumplimiento de la ley, teniendo en cuenta que deben estar en capacidad de definir las mejores alternativas para sus trabajadores, según las condiciones de vinculación laboral y a la luz de las figuras que son permitidas en la legislación.

En Ecopetrol nos sentimos orgullosos de celebrar 70 años aportando al país toda nuestra energía, para contribuir al bienestar de los colombianos y construir un mejor futuro para todos.

Con el objetivo de fortalecer las acciones en prevención del delito de trata de personas en Casanare, se realizó en el auditorio de la Triada, el “Encuentro Departamental del Abordaje del Delito, Trata de personas, una problemática invisible para la sociedad".

Según la información de la Defensoría Regional de Casanare, durante el año 2020 y en lo corrido del 2021, la Policía Nacional ha realizado varios operativos en conjunto con todas las Instituciones de seguridad, en los cuales fueron rescatadas 26 personas incluyendo menores de edad.  

“La trata de personas es un delito que no es visible y pareciera no existir en el departamento, pero al investigar a fondo cada una de las situaciones en los municipios, muy seguramente vamos a encontrar que es un flagelo latente en nuestra sociedad”, manifestó Yimy Leonardo Roa Hernández de la Defensoría Regional de Casanare.

A través de estos escenarios se busca fortalecer el Comité Departamental contra la trata de personas para que se pueda evitar que estos casos se sigan presentando en el territorio.

Por su parte, el director de la oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Secretaría de Gobierno de Casanare, José Alexander Pinto, indicó que este es un delito que atenta en contra de los derechos humanos de todas las personas ya sea colombianas o de otra nacionalidad, por eso desde la Administración Departamental se ha venido trabajando en temas de prevención y manifestando el rechazo total a este tipo de delitos.

Dos sujetos quienes se movilizaban a bordo de una motocicleta llegaron la noche de este 21 de agosto hasta un puesto de comidas, ubicado en la vereda El Triunfo en Villanueva y dispararon contra dos personas, un hombre de 22 años y una mujer de 20 años de edad.

Las personas que resultaron heridas tras recibir cada una un impacto de arma de fuego, son vendedores estacionarios quienes tienen un puesto de comidas en este sector.

Los dos heridos fueron trasladados a la ciudad de Yopal, para recibir atención médica y segùn se ha podido indagar no cuentan con anotaciones o registros penales.

Las autoridades ya iniciaron la investigación para identificar a los autores y móviles de este hecho.

Fuente: Conexiòn

Una menor de edad colombiana y once mujeres extranjeras, presuntas víctimas de trata de personas, fueron rescatadas en las últimas horas en el municipio de Maní, en un operativo adelantado por el grupo GAOPJ de Migración Colombia, con la colaboración del Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Yopal, la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Maní, la Policía Nacional y el Batallón BIRNA 44 del Ejército Nacional.

De acuerdo con la información entregada por los investigadores del grupo GAOPJ de Migración Colombia, la menor y las mujeres fueron ubicadas en un establecimiento nocturno del barrio Guadalupe - Salcedo, de Maní, gracias a una alerta de la aplicación Libertapp y al trabajo adelantado por los Oficiales de Migración de la ciudad de Yopal, quienes hicieron seguimiento a la denuncia.

En el establecimiento, el cual, de acuerdo a la descripción de la actividad económica registrada en Cámara de Comercio, se dedicaba a la venta de bebidas alcohólicas y actividades de lenocinio, las mujeres eran al parecer, víctimas de explotación sexual y cobrarían por sus servicios entre 60 mil y 150 mil pesos.

Tras el operativo, la menor fue dejada a disposición de la Comisaría de Familia del municipio de Maní, para la restitución de sus derechos, mientras que las extranjeras fueron conducidas a la oficina de Migración Colombia en Yopal, con el fin de adelantar la caracterización de cada una de ellas, buscando garantizar sus derechos como población vulnerable.

Por su parte, la Policía Nacional realizó el cierre del establecimiento por 10 días de acuerdo con el Código de Policía, mientras que Migración Colombia inició un proceso sancionatorio administrativo al establecimiento por el incumplimiento a la normatividad Migratoria.

Este es el segundo rescate que se realiza en el municipio de Maní, en menos de un año, gracias a la aplicación Libertapp y al compromiso y dedicación de las autoridades locales en la lucha contra la trata de personas.

Durante la intervención han sido ejecutadas acciones integrales en ejes fundamentales como: búsqueda y rastreo, toma de muestras, atención médica y entrega de ayudas humanitarias.

Un total de 87 pruebas para el diagnóstico de Covid-19 fueron realizadas en la comunidad indígena de Caño Mochuelo, tras la intervención del equipo de respuesta rápida de la Secretaría Departamental de Salud.

Con corte al 03 de julio, 41 de estas pruebas han resultado con diagnóstico positivo para la enfermedad, lo que representa un porcentaje de positividad preocupante, al tener en cuenta la densidad poblacional y las condiciones particulares de la dicha comunidad.

Según la Secretaria Departamental de Salud, Constanza Vega, son dos (2) las comunidades objeto de seguimiento por parte de la entidad de salud en la atención del presente rote por el Coronavirus:

“Se han tomado hasta la fecha 87 muestras entre las comunidades de Getsemaní, perteneciente al resguardo de Morichal y Guafillal, perteneciente al resguardo de Barro Negro. De estas 87 pruebas, 41 han salido positivas, 37 de Getsemaní y cuatro (4) de Guafillal” informó la funcionaria.

Además de la atención médica, desde la Secretaría Departamental de Salud y la gestora Social, Cielo Barrera, fueron entregadas más de 200 ayudas alimentarias, con el fin de proveer los recursos necesarios para contribuir al cumplimiento de las medidas de aislamiento y cortar así las cadenas de contagio al interior de esta importante población. 

La Fiscalía General de la Nación informó que, logró la judicialización de 11 personas, entre funcionarios públicos y representantes de organizaciones sociales, que harían parte de una red de apoyo señalada de abastecer a disidencias del frente décimo de las FARC con elementos y recursos para sostener su actuar ilegal en la región.

Abundante evidencia técnica y material de prueba, como testimonios, dieron cuenta de que habrían aprovechado sus roles públicos para conseguir dotación, víveres e insumos, y trasladarlos a los campamentos del grupo criminal. Asimismo, permitieron conocer que, supuestamente, identificaban víctimas para ser extorsionadas.

“No es posible aceptar por parte de los colombianos y debe rechazarse que servidores públicos, que juraron proteger la institucionalidad, defrauden la confianza y el respeto que se le deben a las instituciones en Colombia. Del mismo modo, no pueden existir argumentos para aceptar que miembros de organizaciones no gubernamentales terminen delinquiendo y permitiendo que algunas de esas organizaciones no cumplan la función que deben cumplir, que es la de proteger los derechos humanos”, señaló el Fiscal General, Francisco Barbosa.

Los funcionarios que estarían involucrados, al parecer, otorgaban contratos a integrantes o auxiliadores de las disidencias para sacar provecho económico de los dineros del Estado. En otras oportunidades habrían alertado a los cabecillas de la estructura sobre las licitaciones de obras o servicios que se realizaban en municipios de Arauca, con el fin de que exigieran al ganador un porcentaje sobre el contrato asignado, señala la Fiscalía en comunicado de prensa.

Investigadores del CTI de la Fiscalía General de la Nación y unidades de la Octava División del Ejército Nacional capturaron a estas 11 personas en la ciudad de Arauca, Saravena, Tame y Fortul (Arauca); y en Bogotá. En los procedimientos se incautaron documentos y listas de artículos comprados como uniformes, carpas, riatas y medicamentos para enfermedades tropicales.

Entre los detenidos hay un secretario de la gobernación de Arauca, dos concejales (uno de Fortul y otro de Saravena), un secretario de la Alcaldía de Fortul, una coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas y cuatro personas que, supuestamente, obtuvieron vehículos, servicios y esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) con amenazas falsas.

“No hay derecho a que estos delincuentes le quiten la posibilidad a tantas víctimas de este país a una verdadera protección, inventándose amenazas y, al mismo tiempo, utilizando la misma protección que les da el Estado para continuar y realizar actividades criminales”, enfatizó el Fiscal Barbosa Delgado.

También fue capturada una enfermera, quien presuntamente utilizó un documento de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para movilizar integrantes de las disidencias que resultaban heridos en los combates y llevarlos al hospital de Saravena, donde los hacía pasar como lesionados en accidentes de tránsito.

Por estos hechos, un fiscal adscrito a la Delegada para la Seguridad Ciudadana imputó el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión. Además, a la enfermera le formuló el cargo de asesoramiento a grupos armados organizados, teniendo en cuenta que se habría valido de su conocimiento médico.

Por disposición de la juez primera Penal Municipal de control de garantías de Cúcuta (Norte de Santander), los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Los afectados con la decisión son:

Alexander Botía Amaya, secretario de Desarrollo Agropecuario y Sostenible de la Gobernación de Arauca. Tenía medidas de protección de la UNP y a su disposición un medio de comunicación, un botón de pánico o de apoyo y un chaleco blindado.

Nini Johana Cardozo Dueña, coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas. Hace parte del Consejo Nacional de Paz. Tenía medidas de protección de la UNP, la cuales eran extensivas a su núcleo familiar. Contaba con dos vehículos, uno de estos blindado; cuatro escoltas, un chaleco blindado y un medio de comunicación.

Jhon Alexander Romero Acevedo, representante de una fundación de derechos humanos y exgerente de la Terminal de Transportes de Tame.

Ruth Pita, concejal de Fortul y secretaria de la mujer de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA).

Camilo Espinel Manrique, concejal de Saravena y secretario de Educación de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA).

Fredy Leonar Camargo Camargo, secretario de Planeación y de Infraestructura de Fortul.

Samuel Acosta Roa, líder político de Saravena.

Anderson Rodríguez Rodríguez, presidente de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA). Tenía medidas de protección de la UNP y contaba con un vehículo, dos escoltas, un medio de comunicación y un chaleco blindado.

Diana Carolina Molina de la Ossa, enfermera en el Hospital de Saravena y representante departamental de víctimas. Tenía esquema de protección de la UNP con un vehículo, dos escoltas, un medio de comunicación y un chaleco blindado.

Helber Alonso Ramírez Castro, empleado del Banco Agrario.

Danilo Huertas Roldán, representante municipal de víctimas en Saravena.

Red de secuestros en Arauca

Por solicitud de un fiscal de la Seccional Arauca, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra cinco presuntos integrantes de una estructura de las disidencias del frente décimo de las Farc, que sería la responsable de varios secuestros, extorsiones y hurtos en el departamento.

Las investigaciones permitieron conocer que estas personas estarían involucradas directamente en dos acciones criminales ocurridas en la ciudad de Arauca.

El primer caso que se les atribuye sucedió el 24 de noviembre de 2020, en el barrio Corocoras. Hombres armados ingresaron a un inmueble y se llevaron a María Guillermina Bello Tineo, y a su hijo Manuel Alexi Bello. Las víctimas habrían sido trasladadas a territorio venezolano, donde permanecieron en cautiverio y días después fueron liberadas.

El otro evento está relacionado con el secuestro de Fernando Gámez Romero, dirigente comunal de la vereda Monserrate, a quien también le robaron una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que le había sido asignada. Este líder social quedó en libertad 24 horas después de ser reportada su retención.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Octavio Guerrero Durán, Alba Carolina Durán Acosta y Daimer Pelayo Parada los delitos de secuestro simple agravado y hurto calificado y agravado. De otra parte, Rubén Arnaldo Benítez Gómez y Pedro José Castillo fueron judicializados por secuestro simple.

Los procesados fueron capturados en diligencias realizadas de manera articulada por la Fiscalía y el Grupo Gaula de la Policía Nacional.

Fuente: Fiscalìa General de la Naciòn.