En los últimos siete meses la Unidad para las Víctimas, a través de la Dirección Territorial en Meta y Llanos, ha realizado pagos de indemnizaciones administrativas a más de 600 sobrevivientes del conflicto.

Según Carlos Arturo Pardo Alezones, director territorial, estos pagos se acercan a los $5.000 millones en beneficio de víctimas de los 19 municipios del departamento para contribuir a la mejora de su calidad de vida.  Los indemnizados pertenecen a las rutas prioritaria, general y transitoria. 

El directivo también destacó que, en cada uno de estos espacios, a través de los profesionales de oferta y atención al ciudadano, se presenta la campaña antifraude ‘Qué no le echen cuentos’, con la cual se previenen engaños por parte de terceros. 

Previamente, la población víctima recibe asesoría en temas como línea adecuada en la inversión de recursos para su futuro, con énfasis en vivienda, educación, créditos, entre otros. 

La más reciente jornada se dio en el municipio de Pore, donde se notificaron a víctimas que en su mayoría son adultos mayores.

Según el Registro Único de Víctimas (RUV), estas reparaciones individuales se generan por hechos como homicidio, desaparición forzada, secuestro, entre otros.

Así lo confirmó Carlos Arturo Pardo Alezones, director territorial de la Unidad para las Víctimas en Meta y Llanos Orientales, quien extendió la invitación a las víctimas de Yopal y municipios circunvecinos para que aprovechen este espacio físico dispuesto para orientar y brindar soluciones a los afectados por el conflicto.

Pardo Alezones, recordó a los ciudadanos que en este punto de atención se cuenta con orientadores integrales, quienes se encargan de direccionar y adelantar los trámites relacionados con caracterización, estado de procesos, ayuda humanitaria, indemnización, oferta estatal, actualización de documentos, inclusión de núcleo familiar y todas las demás inquietudes que surjan de parte de las víctimas.

El directivo, puntualizó que las instalaciones siguen ubicadas en la misma dirección: calle 21 No. 23- 08 del barrio Bicentenario, con atención de lunes a viernes de 7: 00 a.m. a 12: 30 p.m. y de 2: 00 p.m. a 4: 00 p.m.  Además, quienes deseen hacer agendamiento previo, pueden comunicarse a la línea 323 226 6939.

Las víctimas de áreas rurales o zonas más alejadas que se les dificulta asistir de forma presencial podrán hacer agendamiento previo a la misma línea celular para recibir orientación en línea de lunes a viernes en el horario de 4:00 p.m. a 5: 00 p.m.

Este punto de atención beneficia a más de 28.000 víctimas registradas en la capital casanareña y zonas aledañas.

La Gobernación de Casanare informó que lograron gestionar millonarios recursos de regalías que permitirán a la población víctima, tener las herramientas de trabajo para emprender su negocio propio. El proyecto dirigido a las víctimas del conflicto armado en el Departamento, está por un valor de $5.348’846.427, para entregar 446 unidades productivas en los 19 municipios, que le darán la oportunidad a esta población de tener un negocio propio.

En Támara y Nunchía entregaron a 18 familias las unidades productivas para que puedan emprender en panadería, marroquinería, construcción, mantenimiento mecánico y ornamentación, iniciativas que además cuentan con la respectiva capacitación.

Silvio Comayàn, del municipio de Támara, agradeció por las herramientas de trabajo que le entregó la Gobernación de Casanare con las que mejorará la calidad de vida de él y su familia. “Esto es una unidad muy importante para mí y para mi familia, porque le sale a uno un empleo y si no tiene la herramienta ahí queda fracasado, en cambio, con una empresa de estas uno no se vara en nada, esto era lo que estábamos esperando”, expresó.

“Voy a aprender hacer mecánica, porque creo que las mujeres no nos quedan grande nada. Esto va a ser un cambio de vida para mí y para mis hijos, para sacarlos adelante”, señaló María Virginia Sutabán, quien mostró su alegría por las herramientas que recibió, ya que le permitirán tener trabajo y generar ingresos.

“Hemos suscrito el contrato, estamos ya en ejecución, nosotros supervisamos desde la secretaría de Gobierno y la estructuración se trabajó con la mesa departamental de víctimas. Para el gobernador Salomón Sanabria, esto es de gran importancia, esto es cumplir las metas del Plan de Desarrollo y esto es poder llegar a los municipios. Queremos que sientan un gobierno que se sentó a diseñar una unidad productiva para población víctima, que necesita la mano del estado”, puntualizó Gómez Peñaloza.   

El Punto de Atención a Víctimas ubicado en la ciudad de Yopal, que venía prestando servicio en modalidad mixta, desde hoy lunes 25 de julio reabre presencialmente 100% a la población víctima del conflicto de este municipio y zonas aledañas.

Sus instalaciones siguen ubicadas en la misma dirección: calle 21 No. 23- 08 del barrio Bicentenario, en horario de lunes a viernes de 7: 00 a.m. a 12: 30 m. y de 2: 00 p.m. a 4: 00 p.m. con agendamiento previo en el número de celular 323 226 6939.

Igualmente, las víctimas de áreas rurales o zonas más alejadas, luego de realizar el respectivo agendamiento por la línea telefónica, podrán acceder a la atención en línea de lunes a viernes en el horario de 4:00 p.m. a 5: 00 p.m.

Sobre este particular Carlos Arturo Pardo Alezones, director territorial en Meta y Llanos, expresó: “Luego de un ejercicio de revisión y articulación con la Alcaldía de Yopal se llegó a esta decisión que beneficia a las más de 28.000 víctimas registradas en la capital casanareña, que requieren de este servicio para sus trámites ante la entidad”.

Pardo Alezones resaltó esta acción como un avance importante en la reactivación de todos los servicios que presta la Unidad, a pesar de las limitaciones ocasionadas por la pandemia en los últimos dos años.

Desde su apertura, en este punto de atención se han atendido más de 13.000 solicitudes relacionadas con la oferta estatal, trámites como ayuda humanitaria, indemnización, actualización de documentos, inclusión de núcleo familiar, entre otros.

Uno de ellos es el señor Miguel Ángel Viáfara Caicedo víctima del conflicto quien acudió recientemente para realizar un trámite personal: “Vine averiguar lo de la indemnización y me fue muy bien, me atendieron muy bien. También hice otros trámites como el de la salud porque aparecía contributivo y yo soy subsidiado porque soy vulnerable y eso lo solucioné aquí gracias a Dios”.

Con esta reapertura, el departamento de Casanare tiene habilitados en atención presencial completa en los tres puntos de atención a víctimas ubicados en Paz de Ariporo, Villanueva y Yopal.

Unidad para las Víctimas, a través del área psicosocial, acompañó a las víctimas de desaparición forzada en el Casanare, en cuyo honor hubo diversas expresiones de memoria, solidaridad y reconciliación.

“Vale la pena jugárnosla por la reconciliación” fue el lema del partido de fútbol en el centro penitenciario de Yopal, donde se encontraron el Estado, las víctimas y victimarios para vivir un espacio de reflexión y perdón por medio de esta actividad. Antes del encuentro hubo un espacio de recuperación emocional que terminó en abrazos y entrega de detalles mutuos.

Yolanda Melo, víctima por la desaparición forzada de su hijo, resumió su experiencia así: “Fue un día de mucha tensión, llantos y lágrimas, porque ver sufrir a las víctimas y victimarios fue muy duro, pero descarga uno su corazón y quedan mensajes muy hermosos para la vida”.

También hubo un conversatorio académico en el que se dio un diálogo formativo en derechos humanos y sobre desaparición forzada al que asistieron entidades, víctimas y estudiantes universitarios.

Además de darse a conocer la normatividad, se discutieron las obligaciones internacionales del Estado en materia de desaparición forzada y se dieron recomendaciones de parte de organismos internacionales como la ONU y el CIRC.

Lida Quevedo, representante de la fundación Yovanny Quevedo, líder en apoyo a las víctimas de desaparición forzada, puso de presente que son alrededor de 2.500 los afectados por este hecho en Casanare y reiteró que es a través del aprendizaje como se promueve la empatía y se deja un mensaje de esperanza y resiliencia para todo el país.

La Entidad ha realizado el acompañamiento psicosocial a 485 familias de víctimas de desaparición forzada en procesos de búsqueda y entrega digna de cadáveres por los hechos de desaparición Forzada y homicidio en los municipios de Yopal, Pore, Recetor, Chámeza, Tauramena y Trinidad.

Fuente: Unidad para las Víctimas

La jornada se realizará en Paz de Ariporo, con participación de víctimas del norte de Casanare y tiene que ver con procesos iniciados o de apertura de reclamación de predios, según explicó José Alirio Barrera, a instancias del tercer plenario de la Mesa Nacional de Participación en Santa Marta. 

Precisó el vocero que se llevará la oferta de la Unidad de Restitución a aquellas personas que son reclamantes de fincas o predios en sabana y será clave para la población de los municipios de Sácama, La Salina, Hato Corozal, Pore, Trinidad, Orocué, San Luis y Paz de Ariporo. 

El delegado de la Mesa Nacional destacó que es la primera vez que se llega con una oferta de este tipo a Casanare, en una zona alejada y en medio de la llanura, lo que permite una focalización descentralizada.

En Casanare la Unidad para las Víctimas tiene registradas un total de 76.00 víctimas del conflicto.

Cielo Barrera, gestora social de Casanare, sostuvo mesa de trabajo en el Ministerio de Salud y Protección Social y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, como medida de atención a mujeres víctimas de violencia en el departamento.

En esta asistencia técnica que se realizó con el objetivo de brindar alternativas de atención, protección y cuidado que permita salvaguardar la vida de mujeres víctimas de violencia en Casanare, también participó la secretaria de la Mujer Julieth Parra y la secretaria de Salud, Constanza Vega

Como conclusión de esta gestión ante el orden nacional, quedaron tareas en la implementación de dichas medidas, la casa refugio, auxilio monetario, entre otras.

Segùn informó la Gobernación de Casanare, del orden nacional se asignarán recursos complementarios una vez se cuente con el espacio de la casa refugio, con la asignación de un número de cupos para mujeres en el departamento que garantice hospedaje, alimentación y transporte, de acuerdo al caso y reporte ante las instituciones competentes.

Pese a que la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Casanare hizo el lanzamiento este sábado del plan Semana Santa, con un contundente mensaje "¡Tú decides a donde ir!, al hospital, cementerio, cárcel, u hogar", con el fin de llamar la atención de los actores viales, y prevenir accidentes en las vías del departamento, los ciudadanos siguen sin tomar precauciones.

Es así como en el más reciente accidente siniestro vial, dos personas perdieron la vida en la Marginal del Llano a la altura del sector conocido como Las Curvas de Casa Roja, en el trayecto Hato Corozal- Paz de Ariporo, al colisionar contra una tractomula.

En el violento accidente perdió la vida en el lugar de los hechos Marco Fernando Franco Pérez, de 21 años de edad, mientras que Sandra Adiela Marín Salcedo, de 40 años de edad, quien, se movilizaba en la misma motocicleta de placas VZQ 48E alcanzó a ser trasladada a un centro médico desde donde luego se reportó su fallecimiento.

Y, es que la mayoría de accidentes de tránsito que se registran en Casanare, están asociados a imprudencias y exceso de velocidad, así lo señaló el mayor Fabián  Romero, jefe de la seccional de Tránsito de la Policía Casanare, quien además brindó una serie de recomendaciones para esta Semana Santa.

En el Día Internacional para Sensibilización contra las Minas Antipersonal se recuerda a todos los colombianos el impacto de este grave flagelo y los efectos que tiene la práctica del minado en los territorios del país.

De acuerdo con cifras de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en Colombia hay 12.170 víctimas de minas antipersonal y municiones sin explosionar, registradas entre 1990 y 2022.

De estos, 4.884 son civiles y 7.286 son integrantes de la Fuerza Pública. El año 2006 fue el más crítico ya que los eventos afectaron a 1.288 víctimas, lo que equivale al 10,58 % del total general.

En lo que respecta al Registro Único de Víctimas (RUV) de la Unidad para las Víctimas, desde 2012 hasta febrero de 2022 se encuentran incluidas 6.347 personas por accidentes con minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados (MAP, MUSE y AEI, respectivamente), de los cuales 5.816 son sujetos de atención, es decir que cumplen con los requisitos de ley para acceder a la reparación integral.

Según el Registro, los departamentos en los que se han concentrado más del 50 % de los eventos son: Antioquia con el 20, 2 %; Meta, con 9,9 %; Nariño, el 9 %; Caquetá, el 7,7 %, y Norte de Santander que reporta un 7, 6 %.

El mismo Registro señala que el 62,6 % de las víctimas tiene alguna discapacidad producto del hecho victimizante, así: 1.713 indica tener discapacidad física; 1.426 múltiple; 346 aún por establecer; 322 auditiva; 123 visual; 24 intelectual y 19 psicosocial. El 37,4 % restante, 2.374 víctimas, manifiesta no tener alguna discapacidad.

Para asistir y atender a las víctimas de minas, la Unidad para las Víctimas, desde el 2012 y hasta el 28 de febrero de 2022 ha colocado 839 giros con una inversión que supera los $1.000 millones. En cuanto al reconocimiento de la medida de indemnización, 624 personas han recibido el recurso económico por eventos relacionados con este hecho victimizante con una inversión que supera los $12.800 millones. Se destaca que de este valor el 42,9 % fue dispuesto durante el actual periodo presidencial.

Manuel Alejandro Cardona López, víctima de este hecho y quien actualmente trabaja en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en el seguimiento al desarrollo de las operaciones de desminado humanitario en el país, manifestó que: “en el país hay diferentes grupos armados que emplean estas armas y le hacen un daño grandísimo a toda la comunidad. El 4 de abril es el día en el que todos los colombianos debemos alzar la voz en contra del uso indiscriminado de este tipo de armas”.

Dentro de las actividades propuestas para la conmemoración del 4 de abril, la Unidad para las Víctimas, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Centro Nacional de Memoria Histórica en días previos reunieron a seis víctimas de minas antipersonal en un espacio llamado Consejería de Pares, en el que contaron sus experiencias. Oswald Saldaña, uno de los participantes, agradeció el acompañamiento de la Unidad: “qué bonito que la Unidad para las Víctimas siga trascendiendo en este tipo de procesos, así nos estamos humanizando cada día más, tanto las entidades como nosotros los colombianos. A medida que tratamos este tipo de temas estamos dando un paso para lograr la Colombia que todos queremos”.

Desde el grupo de Enfoque Psicosocial de la entidad se implementan ajustes a cada metodología para personas con discapacidades físicas incluyendo a los sobrevivientes de minas. Se indica que el acompañamiento psicosocial reconoce las afectaciones diferenciales de las personas que han sufrido este hecho victimizante y se incluyen acciones que contribuyen a las garantías de no repetición como una medida de satisfacción.

Reparación colectiva

La Unidad para las Víctimas ha realizado acciones con sujetos de reparación colectiva que buscan orientar, capacitar y permitir que las comunidades prevengan situaciones con estos artefactos. Se destacan las comunidades de Centro Poblado La Balsita, Arenillo en el Valle del Cauca y el corregimiento Santa Isabel y sus veredas.

Como Wilmer Ramírez Colmenares y Rodrigo Antonio Zea Muriel, fueron identificados los dos hombres capturados con orden judicial emanada el 17 de marzo por el juzgado segundo promiscuo municipal de Aguazul. Los dos procesados fueron detenidos el pasado 24 de marzo en una céntrica avenida de Yopal.

Una de las víctimas relató que habría recibido llamadas y mensajes intimidatorios de alias “Ferley González” cabecilla de finanzas del frente 10 de las Farc, donde le indicaban que, para no tomar medidas violentas con él o su familia, debía asistir a una reunión en una vereda del municipio de Arauca, posteriormente, le habrían exigido una suma de 20 millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia.

La Fiscalía les imputó a Ramírez Colmenares y Zea Muriel el delito de extorsión agravada, cargos que fueron aceptados por los indiciados.

Durante las audiencias concentradas realizadas el 25 de marzo de 2022, el juez segundo promiscuo municipal de Aguazul con funciones de control de garantías, les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de los dos procesados.