Durante dos días la Unidad para las Víctimas desarrolló de manera articulada en Yopal, Casanare una actividad de atención integral a 30 víctimas del conflicto armado que recibieron apoyo e intervención psicosocial con la implementación de la estrategia “Siembra”.

Paralelamente, se adelantó la notificación de 14 cartas de indemnización por valor de 150 millones de pesos. Las dos actividades tuvieron lugar en las instalaciones del punto de atención a víctimas de la capital casanareña y fueron lideradas por las profesionales Gloria Camargo y María Fernanda Calderón.

El director territorial de la Unidad para las Víctimas en Meta y Llanos Orientales, Carlos Arturo Pardo Alezones, destacó estas dos acciones conjuntas, las cuales tienen un alto impacto en los beneficiarios y recordó que la indemnización es una medida de reparación integral que entrega el Estado colombiano como compensación económica por los hechos victimizantes sufridos. 

También dijo que la otra medida no menos importante es la estrategia “Siembra”, la cual tiene como finalidad, fortalecer las capacidades de los sobrevivientes del conflicto armado desde el enfoque de derechos y ayudarles a reconstruir su futuro.

Con estas acciones, la Unidad para las Víctimas busca que los sobrevivientes del conflicto alcancen la maduración emocional, y con los recursos de la indemnización puedan construir los proyectos de vida que los dignifican y les mejoran su calidad de vida.

La Unidad para las Víctimas lideró una jornada de apoyo psicosocial en el municipio de Recetor (Casanare) a la que asistieron 48 sobrevivientes del conflicto con quienes se desarrolló una evaluación participativa de cierre de la estrategia “Entrelazando”, la cual se viene aplicando desde junio del 2018.

Durante este espacio se completaron ejercicios prácticos y creativos que motivaron al grupo de tejedores y tejedoras a proponer el lema: “la Unión hace la fuerza”, como un mensaje de superación y fortalecimiento del tejido social en la realización de acciones autónomas.

La profesional entrelazadora Pilar Muñoz fue la encargada de efectuar durante tres años esta implementación que constó de componentes como prácticas sociales, duelos colectivos, vivencias de la diferencia, transformación de escenarios sociales e imaginarios colectivos.

En esta fase de cierre, la estrategia se encarga de acompañar la evaluación del avance y logros de los objetivos y resultados esperados.  

Al respecto, Carlos Arturo Pardo Alezones, director territorial de la Unidad para las Víctimas en el Meta y Llanos Orientales, indicó que la estrategia “Entrelazando” ha sido efectiva para el cumplimiento de la medida de reparación emocional que se enmarca en el plan integral de reparación colectiva de este municipio. 

Posterior a esta actividad se tiene programado para octubre un acto simbólico de cierre de esta medida de rehabilitación psicosocial en las instalaciones de la Asociación de Mujeres Trabajadoras de Recetor (AMUTRARE).

“El mural de la reconciliación” plasmado en una de las paredes de la iglesia local es hoy el referente de las víctimas del municipio de Chámeza, Casanare.

Esta acción artística es solo una de varias actividades que se desarrollan con el sujeto de reparación colectiva en la ruta de la implementación de acciones de reconciliación del plan integral de reparación colectiva (PICR) en esta zona del departamento.

La construcción de este mural en torno a la reconciliación es la conceptualización de cómo las víctimas, a través de un proceso de reparación colectiva, lograron la reconciliación con el Estado e incluso con ellos mismos. 

Según el director territorial en Meta y Llanos orientales, Carlos Arturo Pardo Alezones, la aplicación de este plan de reparación colectiva está conformado por cuatro medidas, una de ellas la de rehabilitación, la cual se articuló con la de garantías de no repetición. 

Dentro de esta medida de rehabilitación, los profesionales en territorio realizaron tres intervenciones directas con los sobrevivientes del conflicto. La primera se dio a través de la reconciliación comunitaria, donde las principales temáticas fueron la verdad, el perdón, el proceso de paz y ley de víctimas que fueron impartidas en espacios pedagógicos, junto con la metodología del componente transformación de escenarios locales de la estrategia entrelazando. Estos encuentros iniciaron en marzo y finalizaron en junio.

La siguiente acción será la entrega de una placa conmemorativa a las víctimas de homicidio y desaparición forzada, la cual está programada para el mes octubre, cuando se espera hacer el cierre oficial con el sujeto de reparación de Chámeza.

La Unidad para las Víctimas desde la dirección territorial Meta y Llanos Orientales se vinculó a la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en el municipio de Sabanalarga, Casanare, donde se dieron espacios de participación y de dignificación para las familias de las víctimas de este hecho. 

Con un emotivo acto litúrgico y simbólico con flores, velas y el desarrollo de un taller sobre la resiliencia como factor importante para fortalecer la fe y la esperanza en la búsqueda de sus seres queridos, la Unidad reafirmó el apoyo a los familiares que siguen en esta búsqueda. 

A nombre de las víctimas, Elda Yadisma Bohórquez, representante de las víctimas del hecho de desaparición forzada en Sabanalarga y una de las 60 asistentes a este evento, destacó que “fue un acto sencillo, pero que nos llegó al corazón. Nunca se había hecho algo así en nuestro municipio, es algo que nos recuerda que no estamos solos y mantiene la esperanza y la fe de seguir en esta búsqueda de nuestros familiares”.

El evento estuvo acompañado por la Alcaldía y la Personería Municipal, donde se destacaron las palabras y expresiones de esperanza de parte de las víctimas, a quienes la Unidad entregó el libro de la ruta de atención a víctimas de desaparición forzada, una guía para continuar con el apoyo de las instituciones.

Respecto a este espacio, el director territorial Meta y Llanos Orientales, Carlos Arturo Pardo Alezones, dio unas palabras de apoyo a los familiares de las víctimas: “no perdemos la esperanza de alcanzar el propósito de la reconstrucción del tejido social, roto por el conflicto armado, por una calidad de vida para todos y todas, y a la consolidación de la paz”. 

Con el objetivo de fortalecer las acciones en prevención del delito de trata de personas en Casanare, se realizó en el auditorio de la Triada, el “Encuentro Departamental del Abordaje del Delito, Trata de personas, una problemática invisible para la sociedad".

Según la información de la Defensoría Regional de Casanare, durante el año 2020 y en lo corrido del 2021, la Policía Nacional ha realizado varios operativos en conjunto con todas las Instituciones de seguridad, en los cuales fueron rescatadas 26 personas incluyendo menores de edad.  

“La trata de personas es un delito que no es visible y pareciera no existir en el departamento, pero al investigar a fondo cada una de las situaciones en los municipios, muy seguramente vamos a encontrar que es un flagelo latente en nuestra sociedad”, manifestó Yimy Leonardo Roa Hernández de la Defensoría Regional de Casanare.

A través de estos escenarios se busca fortalecer el Comité Departamental contra la trata de personas para que se pueda evitar que estos casos se sigan presentando en el territorio.

Por su parte, el director de la oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Secretaría de Gobierno de Casanare, José Alexander Pinto, indicó que este es un delito que atenta en contra de los derechos humanos de todas las personas ya sea colombianas o de otra nacionalidad, por eso desde la Administración Departamental se ha venido trabajando en temas de prevención y manifestando el rechazo total a este tipo de delitos.

Durante la primera semana de agosto la Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales de la Unidad para las Víctimas, a través de varias jornadas presenciales en el departamento de Casanare, ha completado la notificación de cartas de indemnización como medida de reparación administrativa por más de $1.400 millones de pesos.

Las víctimas beneficiarias son de los municipios de, Aguazul, Hato corozal, Maní, Monterrey, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Chámeza, Sabanalarga, San Luis de Palenque, Trinidad, Salina, Sácama, Villanueva y Yopal.

El pasado lunes, el turno le correspondió a la ciudad de Yopal, donde la Unidad, con acompañamiento la entidad territorial, entregó más 120 cartas de indemnización a sobrevivientes del conflicto.

Durante estos espacios de inclusión y organización la Unidad, junto con la Alcaldía de Yopal, brindó charlas de orientación en temas como oferta y guía financiera para adecuada inversión de los recursos entregados.

Una de las beneficiarias fue dona Guillermina Arias, quien pertenece al grupo poblacional de la tercera edad y reside actualmente en Monterrey (Casanare). Ella, acompañada de uno de sus hijos, escuchó atentamente las charlas impartidas y agradeció el espacio y el recurso recibido, asegurando que ya le tiene un destino: “hoy recibí los recursos que voy a usar para mejoramiento de vivienda en un lote que tengo allá en Monterrey”.

Respecto a estas acciones, el director Territorial Meta y Llanos Orientales, Carlos Arturo Pardo, dijo que en cada una de estas jornadas la Unidad no solo hace la entrega del recurso. También orienta a las víctimas para que estos pagos de indemnización mejoren su calidad de vida.

El directivo también explicó que, en estos espacios, se informa pedagógicamente a las víctimas con la campaña antifraude ‘Que no le echen cuentos’ para evitar que las personas beneficiarias por el pago de indemnización se vean afectadas por terceros que buscan engañarlos con supuestas ayudas en los trámites administrativos.

Una menor de edad colombiana y once mujeres extranjeras, presuntas víctimas de trata de personas, fueron rescatadas en las últimas horas en el municipio de Maní, en un operativo adelantado por el grupo GAOPJ de Migración Colombia, con la colaboración del Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Yopal, la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Maní, la Policía Nacional y el Batallón BIRNA 44 del Ejército Nacional.

De acuerdo con la información entregada por los investigadores del grupo GAOPJ de Migración Colombia, la menor y las mujeres fueron ubicadas en un establecimiento nocturno del barrio Guadalupe - Salcedo, de Maní, gracias a una alerta de la aplicación Libertapp y al trabajo adelantado por los Oficiales de Migración de la ciudad de Yopal, quienes hicieron seguimiento a la denuncia.

En el establecimiento, el cual, de acuerdo a la descripción de la actividad económica registrada en Cámara de Comercio, se dedicaba a la venta de bebidas alcohólicas y actividades de lenocinio, las mujeres eran al parecer, víctimas de explotación sexual y cobrarían por sus servicios entre 60 mil y 150 mil pesos.

Tras el operativo, la menor fue dejada a disposición de la Comisaría de Familia del municipio de Maní, para la restitución de sus derechos, mientras que las extranjeras fueron conducidas a la oficina de Migración Colombia en Yopal, con el fin de adelantar la caracterización de cada una de ellas, buscando garantizar sus derechos como población vulnerable.

Por su parte, la Policía Nacional realizó el cierre del establecimiento por 10 días de acuerdo con el Código de Policía, mientras que Migración Colombia inició un proceso sancionatorio administrativo al establecimiento por el incumplimiento a la normatividad Migratoria.

Este es el segundo rescate que se realiza en el municipio de Maní, en menos de un año, gracias a la aplicación Libertapp y al compromiso y dedicación de las autoridades locales en la lucha contra la trata de personas.

La Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales de la Unidad para las Víctimas dio inicio a la primera jornada de “indemnizatón” en Yopal, donde se han entregado 115 cartas como medida de reparación administrativa en un espacio de inclusión social y económica a víctimas del conflicto.

Para ello, la Unidad coordina el acompañamiento institucional con entidades como la Gobernación de Casanare, Alcaldía de Yopal, Defensoría del Pueblo, Fondo Nacional del Ahorro, Politécnico Grancolombiano y otras entidades que ofrecen orientación, oferta y guía financiera en una adecuada inversión de los recursos entregados.

El director territorial Carlos Arturo Pardo Alezones resaltó que la “indemnizatón” es una apuesta de la Unidad a nivel nacional que espera entregar 25 mil cartas en más de 300 municipios del país, donde el trabajo articulado es fundamental para beneficio de las víctimas, en especial de la Orinoquia y la Amazonia.

Solo en el departamento de Casanare se ha hecho entrega de 115 pagos a través de cartacheques. En la siguiente semana se tienen previstas jornadas en las que se efectuarán 71 pagos para un total de 186 indemnizaciones por valor de $1.000 millones de pesos.

Con estos pagos se benefician las víctimas del conflicto de los municipios de Aguazul, Hato Corozal, Monterrey, Nunchìa, Orocué, Paz de Ariporo, Sabanalarga, San Luis de Palenque, Támara, Tauramena, Trinidad, Sácama, Villanueva y Yopal. 

Las jornadas se realizan en el punto de atención a las víctimas de Yopal y en ellas se alerta a las víctimas con la campaña antifraude ‘Que no le echen cuentos.’ para evitar que estas personas se vean afectadas por terceros que buscan engañarlos con supuestas ayudas.

Esta jornada de pagos de indemnización fue realizada en el Punto de Atención de Yopal, Casanare, con el acompañamiento del equipo de inversión adecuada de recursos de la entidad y la presencia de representantes de la Defensoría del Pueblo y Colpensiones. 

Profesionales de la Unidad tuvieron un espacio de diálogo en el que se hizo énfasis en tres temas principales: orientación en la adecuada inversión de los recursos de la indemnización administrativa; campaña antifraude “Que no le echen cuentos' y la sensibilización, por parte de los referentes psicosociales, en lo que respecta al Día Mundial de la Toma de Conciencia Contra el Abuso a la Vejez, conmemoración llevada a cabo en todo el territorio nacional el pasado 15 de junio.  

La Unidad dio cumplimiento a la entrega de las primeras 43 cartas a víctimas provenientes de los municipios de Aguazul, Maní, Nunchìa, Támara, Chámeza y Yopal. 

Las 56 cartas restantes quedaron programadas para notificación entre el 28 y 30 de junio del 2021 a víctimas provenientes de la zona norte y sur del departamento. 

El director territorial, Carlos Pardo Alezones, destacó que, “con estas entregas el Gobierno nacional garantiza el avance en el cumplimiento de la reparación integral de las víctimas que son sujetos de atención en el departamento del Casanare”. 

La indemnización administrativa corresponde a una compensación económica que realiza el Estado Colombiano, en competencia de la Unidad para las Víctimas, para las personas afectadas por hechos victimizantes sufridos en el marco del conflicto. 

La Mesa de Víctimas del Municipio de Recetor, sigue a la espera de la restauración del mural  que como una expresión colectiva realizó el pasado mes de diciembre de 2020, con el apoyo de  Comisión de la Verdad, Enlace Territorial Casanare  y la Diócesis de Yopal en un espacio aprobado por el rector del colegio Fernando Rodríguez de la localidad.

El mural fue borrado, aparentemente de manera accidental por una empresa contratada por la Administración Municipal para pintar la institución, no obstante según argumentó el alcalde Edgard Bernal, se advirtió que esa pared no se pintara.

Según Enrique Galán, enlace de Territorial de la Comisión de la Verdad, pese a la firma de un documento del mandatario local, con representantes de la mesa de víctimas y el personero Personero  Municipal, Wilder Bernal Lopez, quien sirvió de garante para reparar el error y permitir realizar nuevamente el mural, ya han pasado seis meses y no se ha cumplido el acuerdo, revictimizando  las víctimas.