En un fallo de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Casanare decretó la pérdida de investidura del concejal John Jairo Peynado Correa del partido Liberal.

La decisión se basa en una inhabilidad por haber suscrito un contrato de prestación de servicios con la Gobernación de Casanare en febrero de 2023.

El mencionado proceso contractual fue ejecutado en Yopal, dentro de los 12 meses previos a las elecciones territoriales, según el artículo 43, numeral 3 de la Ley 136, modificada por la Ley 617.

La mencionada normativa es precisa. “Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito”.

El contrato de Peynado Correa implicaba la asistencia en la elaboración y ejecución del plan operativo 2023, de la Comisión departamental de protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos, por lo que recibió un pago por los servicios prestados.

El Tribunal determinó que el concejal ejecutó el contrato en Yopal, a pesar de que el contratista indicó que la ejecución sería en dicho lugar.

La demanda de pérdida de investidura en contra del concejal Peynado, fue interpuesta por un líder de su  propio partido, Reyes Emilio Guanaro Vargas, quien también fue candidato al Concejo.

En caso de un fallo definitivo, Guanaro Vargas sería el llamado a ocupar la curul de Peynado Correa. Por el momento la decisión está en primera instancia, por lo que puede ser apelada y se tendrá que espera para un pronunciamiento final por parte de la autoridad judicial.

 
 
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En un documento compartido por el Concejo Municipal de Yopal y firmado por el presidente, Michael Castro Niño, la Corporación se comprometió con adelantar una serie de acciones que busca brindar alternativas a 60 familias destinatarias de una orden judicial.

El mencionado fallo precisa que se deben demoler todas las construcciones que se encuentran ubicadas en la ronda del caño Aguaverde, que atraviesa la vereda La Unión.

En este orden de ideas, el comunicado del Concejo señala que debe adelantarse un trabajo conjunto entre la Corporación, la Alcaldía y la comunidad.

Este esfuerzo estará enfocado en solicitarle al juez, que antes de emitir la orden para ejecutar la sentencia, se brinden alternativas que protejan los derechos de las familias inmersas en este decisión judicial

Un primer paso propuesto en este sentido, será adelantar una mesa de trabajo para redactar un oficio dirigido al juez, donde se le solicite que autorice una audiencia de verificación.

También se buscará la posibilidad para que la comunidad se pronuncie y luego se realice una inspección al sitio para constatar la problemática.

Finalmente en este escrito el presidente del Concejo consideró oportuno solicitar al juez, que antes de impartir las órdenes de desalojo o demolición, se le garantice a la comunidad que no se van a vulnerar sus derechos.

Este tema de la invasión de la ronda del caño Aguaverde, no es un tema nuevo. En el mismo pronunciamiento del Concejo se hizo un rápido recuento de la situación.

Precisa el escrito que en 2014 se instauró una acción popular, por el aprovechamiento que hicieron los propietarios de diferentes predios ubicados en esta zona de protección ambiental.

“El resultado de este procedimiento se dio en el 2019 con el fallo proferido que insta a la Administración a demoler las construcciones que se sitúan a menos de los 50 metros de la rivera del afluente.

A hoy este fallo, que ya es una orden judicial de obligatorio cumplimento no se ha dado, pero se podría dar en cualquier momento, por lo que las familias que tendrían que demoler o reubicar sus viviendas”.

Ante esta situación los destinatarios de esta orden judicial acudieron al Concejo Municipal en busca de alcanzar, junto con la Alcaldía, su intermediación, que permita llegar a unos  acuerdos con el juez de conocimiento que lleva el caso.

 “El Concejo ha puesto al equipo jurídico de la Corporación a disposición para que brinde asesoría. Lo que se busca es que, sin desconocer la orden constitucional, el Estado brinde ayuda para dar solución a la problemática que tiene la comunidad”, expresó el presidente del concejo, Michael Castro Niño. 

 No se les había notificado

Otra situación expuesta en el comunicado señala que la mayoría de estas familias no se les habían notificado sobre la orden judicial, por lo que se estarían vulnerando sus derechos constitucionales.

Por lo tanto en el escrito se considera necesario “verificar si ha existido alguna irregularidad en el proceso que se pueda subsanar, o que se puedan tomarse decisiones previas a la ejecución del fallo”.

“La orden judicial ya está ejecutoriada, pero al ser una orden constitucional que busca la protección de los derechos colectivos constitucionales, le permite al Juez un amplio manejo para que, en cumplimiento a esa orden, no se afecten otros derechos”, sostuvo Michael Castro.

 

 
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Aprovechando que por estas fechas se celebró el día internacional de la mujer, varias de las integrantes del cuerpo de Bomberos de Yopal fueron homenajeadas por el Concejo de la ciudad.

Ellas recibieron el reconocimiento al mérito ciudadano. Las galardonas fueron la capitán Graciela García Chinchilla, quien lleva 27 años en la institución y la teniente Ángela María Moreno, quien ha permanecido 23 años vinculada al cuerpo de bomberos.

A las dos oficiales les fue exaltado su compromiso, integridad, valor, disciplina y disposición de servicio a la comunidad, durante todo el tiempo que hacen parte de la entidad de socorro.

 
 
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Finalmente se dio el esperado fallo del Tribunal Administrativo de Casanare en el marco de la demanda inhabilidad, en contra del concejal Michael Castro, quien venía ejerciendo el cargo de presidente de la mencionada corporación.

 

La demanda contra el concejal subrayó que se violó régimen de inhabilidades e incompatibilidades, en el momento en que firmó un contrato con la Gobernación de Casanare, para adelantar trabajos en la red vial, así como proyectos de inversión en el departamento.

 

Según el demandante “Michael Jonathan Castro Niño suscribió Contrato de prestación de servicios profesionales No SECOP II CAS-OAJ-CDPSP- 0330-2023 y No. interno 0486 de 2023-02-08; con plazo de ejecución de 4 meses”

 

Sobre el objeto contractual se menciona: “Prestar los servicios profesionales como ingeniero civil, en la programación de los mantenimientos periódicos y rutinarios en la red vial secundaria y Terciaria del Departamento, emitir concepto técnico a través de la verificación y revisión técnica de los proyectos de inversión departamental pertenecientes a los sectores de servicios de agua potable, y saneamiento básico, infraestructura de vías secundarias, vías terciarias, vías urbanas e infraestructura de equipamiento del Departamento de Casanare”.

 

En este orden de ideas la inhabilidad se había presentado debido a que parte de las obras adelantadas por Castro se hicieron en el municipio de Yopal, por lo tanto no podía presentar su nombre como candidato al Concejo de la ciudad.

 

Luego de analizado el caso, la autoridad judicial emitió un fallo de 37 folios donde decreta la pérdida de investidura del concejal Michael Jonathan Castro Niño, del Partido de la U, para el periodo 2024 – 2027.

 

Para la autoridad judicial el cabildante “incurrió en la inhabilidad prevista en el numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, por ejecutar y cumplir el contrato de prestación de servicios profesionales No SECOP II CAS-OAJCDPSP- 0330-2023 y No. interno 0486 del 2023-02-08, de manera parcial en el municipio de Yopal”.

 

 

 
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Tras superar los dos debates requeridos en la corporación, el Concejo Municipal de Yopal aprobó de forma unánime el Proyecto de Acuerdo No. 001 de 2024, "Por medio del cual se realizan modificaciones al presupuesto general de rentas e ingresos, gastos e inversiones de la vigencia 2024".

Este proyecto, presentado por la Administración Municipal, contempla la asignación de recursos para tres iniciativas consideradas claves para el desarrollo local.

La primera es el  aporte del Municipio a la sociedad de economía mixta "Terminal de Transportes de Yopal SAS", por un valor de $4.200.000.000.

La segunda iniciativa es la interventoría y apoyo a la supervisión del proyecto de inversión "Construcción centro de entrenamiento de deportes de contacto, en las instalaciones del complejo deportivo El Hobo", con una asignación de $996.000.000.

La tercera propuesta consiste en adelantar los estudios y diseños de proyectos macro, que sustenten la formulación de proyectos en la FASE III, específicamente estudios y diseños del malecón, con una inversión de $3.000.000.000.

 
 
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La administradora de empresas con postgrado en alta gerencia y auditor interno certificado por ICONTEC en la norma de calidad, Nelly Neira Pérez Holguín, fue elegida como secretaria general del Concejo de Yopal.

 "He laborado como profesional en la Alcaldía de Yopal, Sena, ICBF, Agencia para la Reincorporación (ARN), Cámara de Comercio de Casanare, IDURY y los últimos cinco años en el Concejo Municipal de Yopal", dijo Nelly Pérez sobre su amplia experiencia laboral.

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El abogado fue elegido por el Concejo Municipal de Yopal, para el período 2024-2027, luego de surtir cada una de las etapas del Concurso Público de Méritos

Con 16 votos a favor fue elegido, como nuevo Personero Municipal de Yopal, el abogado Yesid Camacho Flórez. Con su elección, culmina un proceso que inició en el 2023. Su posesión está prevista para el próximo viernes 12 de enero.

 81 aspirantes al cargo se presentaron al Concurso Público de Méritos.

“Este es un sueño que se viene forjando, inclusive, desde la época del Colegio Braulio González. Una de las metas trazadas desde aquella época era llegar, algún día, a la Personería Municipal”, dijo Camacho Flórez.

El nuevo Personero invitó a los concejales a trabajar en equipo, siempre en procura de la protección de los Derechos Humanos de los yopaleños.

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"Ya son seis finqueros las víctimas de abigeato y carneo en el corregimiento de El Morro en lo que va corrido de 2024", denunció hoy el concejal Wilson García.

El cabildante oriundo de la vereda Tizagá, expresó su preocupación por la afectación que han tenido los pequeños y medianos finqueros de las veredas El Aracal, Marroquín y La Guamalera en donde seis reses han sido hurtadas y sacrificadas, “Están matando las vaquitas de la leche y por ende están quedando huérfanos los becerritos”, dijo.

En sesión del Concejo cumplida este martes 9 de enero, Wilson García pidió a las autoridades del municipio tomar cartas en el asunto y actuar cuanto antes para evitar que los finqueros sigan siendo víctimas de la delincuencia común.

Leer: Se lanzará el cartel de “Los Más Buscados” y se fortalecerá la inteligencia artificial para combatir la delincuencia en Casanare

Ante la situación planteada, la Mesa Directiva del Concejo convocó a una mesa técnica para tratar la problemática y establecer qué medidas se tomarán, desde la Administración Municipal y Departamental, para mitigar un flagelo que no solo afecta El Morro, sino en diferentes sectores rurales del departamento.

“Se realizará reunión en El Morro este viernes 12 de enero, con la fuerza pública y la Secretarías de Gobierno Municipal y Departamental, para definir estrategias que le hagan frente a esta problemática. Además, crearemos una Comisión Accidental en la Corporación para hacer seguimiento al tema de seguridad”, dijo el presidente del Concejo, Michael Castro.

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Con un escenario abarrotado se cumplió la posesión de los nuevos concejales de Yopal y la instalación del primer periodo de sesiones ordinarias, para el periodo 2024 – 2027. El acto programado para las 4 de la tarde de este 02 de enero, se extendió por varias horas.

Durante el desarrollo de la actividad se eligió la mesa directiva, que quedó conformada por Michael Castro Niño, en calidad de presidente.

Como primer vicepresidente quedó Mauricio Rozo Cely. El cargo de segundo vicepresidente fue escogido Cristóbal Torres Pérez. Así mismo se conformaron las diferentes comisiones.

Planeación: Jorge Leonardo Infante Tovar, Angello Ezneider Castellano Almeida, Karen Tatiana Vargas Unibio, Jhon Jairo Peynado Correa y Michael Johatan Castro Niño.

Presupuesto y asuntos fiscales: Gonzalo Vianchá Torres, Rafael Antonio Vargas Pinto, Mauricio Efraín Rozo Celis, Wilson María García Pesca y Cristóbal Torres Pérez.

Asuntos ambientales: Gustavo Adolfo Martínez Urda, Ociel Ortiz Zuluaga, Andrés Dainover Rodríguez Mariño, Pedro Felipe Becerra Vargas, Jesús Alberto Vega Hernández, Reinaldo José Medina Ángel y Élmer Dumar Montaña Torres.

En el recinto estuvo presente el alcalde Marco Tulio Ruiz, quien en su intervención felicitó a los cabildantes e insistió en que la Corporación debe conservar su independencia de la Administración de municipal.

También invitó a los concejales para que junto con la Alcaldía trabajen de manera mancomunada, para el bien de la comunidad. Hizo hincapié que su mandato será caracterizará por ser un gobierno de puertas abiertas.

Agregó que el despacho del alcalde retornará a su oficia habitual en el palacio municipal y no en la sede desde donde despachó su antecesor.

 
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Luego de cruzar la base de datos abiertos con los registros de contratación estatal digital Secop II y la base pública de candidatos inscritos para las elecciones de 2023, la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la República, reveló el número de candidatos a concejos municipales y alcaldías, que suscribieron contratos con el Estado desde el 30 de octubre de 2022, situación que los podría dejar inhabilitados, a la luz de la Ley 617 de 2000.

En total dicha dependencia encontró 769 contratos, suscritos por 526 candidatos, los cuales suman $ 50.170.361.301. Los departamentos con mayor número de candidatos expuestos a una inhabilidad son Antioquia con 92 y Santander con 91.

Pese a no encontrarse en los primeros lugares de esta lista, Casanare registra 8 candidatos, que pueden ser objeto de inhabilidad, por haber suscrito procesos contractuales con entidades oficiales, en tiempos no permitidos por la ley colombiana.

En este caso la totalidad de los nombres registrados en el informe de la Secretaría de la Transparencia, son aspirantes al Concejo de Yopal:  

Los candidatos son:

- Fredy Andrés Melo, de la U.

- Jhon Jairo Peynado Correa, Partido Liberal.

- José Olivo Ascención, Coalición Por Yopal.

- Deisy Yeleny Orozco, Partido Liberal.

- Mauricio Virviescas, Partido Verde Oxígeno.

- Deborah Vanesa Rivera, Coalición Demócrata Conservador.

- Michael Jonathan Castro, Partido de la U.

- Anderson Alonso Carrilo, Partido de la U.

En el documento compartido por la mencionada entidad del orden nacional, vienen varios anexos, entre los cuales se encuentra un archivo de Excel, donde figuran no solo los nombres de los candidatos, sino la cantidad de contratos que tiene cada uno, el número de registro en el Secop II, el objeto del contrato, la fecha de suscripción y el monto del mismo.

Para el caso del reconocido comerciante Fredy Melo, en esta base de datos divulgada por la Secretaría de la Transparencia, figuran 18 contratos por valores que van desde $6.465.000 hasta $157.890.668, suscritos por modalidades que van desde la mínima cuantía, hasta la selección abreviada de subasta inversa.

Los objetos contractuales en su mayoría son para proveer equipos tecnológicos, pero también se reseñan suministros de papelería, muebles y enseres de cocina para para facilitar la prestación del PAE, así como la adquisición de insumos para la vacunación antirrábica en el municipio de Yopal.

Sobre la época en que fueron firmados estos procesos contractuales, todos son de 2023, en fechas que van desde el 28 de marzo, hasta el 06 de septiembre.

Por su parte John Jairo Correa del Partido Liberal, aparece con un contrato de prestación de servicios por la modalidad de contratación directa, por valor de $17.592.960, cuyo objeto es realizar asistencia y acompañamiento en la elaboración y ejecución del plan operativo 2023 de la comisión departamental de protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos, firmado el 02 de julio del presente año.

Para el caso de Deysy Yeleny Orozco Rincón, aparece un contrato de prestación de servicios, por modalidad de contratación directa, firmado el 21 de febrero de 2023, por $5.400.000.

El objeto contractual es “realizar actividades de lavado de cabezas de ganado bovino, sacrificado en la unidad estratégica de servicios planta de beneficio animal, del municipio de Yopal”.

Entre tanto a Michael Jonathan Castro Niño le figura una orden de prestación de servicios firmada el 02 de julio de 2023, por un valor de $20.106.240.

Por objeto contractual aparece “prestar los servicios profesionales como ingeniero civil, en la programación de los mantenimientos periódicos y rutinarios en la red vial secundaria y terciaria del departamento.

Emitir concepto técnico a través de la verificación y revisión técnica de los proyectos de inversión departamental, pertenecientes a los sectores de servicios de agua potable y saneamiento básico, infraestructura de vías secundarias, vías terciarias y vías urbanas e infraestructura de equipamiento del departamento de Casanare”

A su vez a Anderson Alfonso Carrillo Pinzón, registra dos órdenes de prestación de servicios, los dos suscritas el año en curso. Una del 02 de enero con fecha de terminación el 31 de mayo. La segunda suscrita el 21 de junio.

La OPS firmada en enero de este 2023, ascendía a $15.079.680, bajo el objeto contractual  de “realizar acciones de inspección y vigilancia a establecimientos y/o objetos de alto riesgo en salud ambiental de los municipios de Chámeza Monterrey Sabanalarga Tauramena y Villanueva del Departamento de Casanare”.

Por su parte la prestación de servicios suscrita en junio, asciende a $22.619.520 y tiene como propósito “realizar inspección sanitaria a establecimientos yo objetos de alto riesgo en salud ambiental de los municipios de Aguazul Maní Nunchía Orocué del departamento de Casanare”.

Vale la pena aclarar que estos procesos no revisten ningún tipo de irregularidad, incluso la Secretaría de la Transparencia, menciona que “podrían estar incursos en una inhabilidad”. Es decir solo hace una advertencia, pero serán las autoridades competentes las llamadas a estudiar cada uno de estos casos y tomar una decisión al respecto.

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