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La Fiscalía General de la Nación ha dado un paso significativo en la recuperación de recursos públicos al imponer medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes.

Estas propiedades, valoradas en más de 65.900 millones de pesos, estarían vinculadas a individuos implicados en las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones y la Unión Temporal ‘Centros Poblados’.

El contrato, destinado a dotar de internet a escuelas rurales en diversos departamentos, fue objeto de un fraude que ahora lleva a la intervención de predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y activos societarios.

Los bienes están registrados a nombre de Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres y algunos de sus familiares, y se extienden por Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño.

La investigación sugiere que estos activos fueron adquiridos con recursos ilícitos provenientes de las actuaciones irregulares y del anticipo recibido de manera fraudulenta por ‘Centros Poblados’.

En una acción adicional, se aplicó una medida cautelar a un inmueble de la exministra de las TIC, Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe, tras decisiones de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República.

Las medidas, implementadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, son de naturaleza jurídica y tienen como fin primordial proteger y recuperar los dineros públicos comprometidos en un proyecto que buscaba instalar 7.277 centros digitales en 16 departamentos.

La Fiscalía fundamenta estas acciones en la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados, evidenciando la mezcla de bienes lícitos con fondos de origen ilegal y el uso instrumental de las sociedades de la Unión Temporal para la comisión de las irregularidades.

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La Procuraduría General de la Nación decidió archivar el proceso disciplinario en contra de la exministra de educación del Gobierno de Iván Duque, Karen Abudinen, por el escándalo de los Centros Poblados.

Para el ente de control Abudinen Abuchaibe no cometió ninguna conducta irregular en la adjudicación del mencionado contrato, el 1043 de 20202, por eso la Sala Disciplinaria de Instrucción, tomó la determinación de cerrar el dicho proceso.

En este caso para la Procuraduría no hubo responsabilidad directa por parte de la exministra. En concepto del Ministerio Público Karen Abudinen no se saltó la normativa contractual, por lo tanto, no hay mérito para aplicarla ninguna sanción disciplinaria.

Como se recuerda la exfuncionaria del gobierno pasado estuvo en el ojo del huracán, cuando se descubrió que el proceso contractual para llevar señal de Internet a los sitios más apartados del país tenía pólizas falsas, las cuales permitieron girar un anticipo por valor de 70 mil millones de pesos.

Se conoció tiempo después que estos recursos fueron dilapidados por los involucrados en el escándalo, el contratista Emiliano Tapia, Luis Fernando Duque, Otromar Lascarro, Juan José Laverde y Juan Carlos Cáceres, entre otras personas.

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