Domingo, 26 Febrero 2023 21:01

Arauca en la mira de la Fiscalía

Hace pocos días estuvo en Arauca la Unidad Especial de la Fiscalía General de la Nación, proveniente de la capital del país.

La misión de esta unidad itinerante conformada por varios peritos investigativos y fiscales especializados, fue recolectar información para varios procesos que se llevan directamente desde la sede central en Bogotá, debido a las dificultades que enfrenta este departamento en temas de seguridad y elevados índices de corrupción.

Se conoció desde Arauca que algunos de estos procesos involucran a políticos, funcionarios y contratistas de la región, en temas relacionados con corrupción y financiamiento de grupos al margen de la Ley.

La comunidad araucana espera tener resultados en las próximas semanas.

 

 

 

 

 

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El nuevo director de fiscalías de Casanare, Anderson Pinilla, manifestó que ha asumido el reto de implementar una estrategia, para mejorar los resultados y garantizar la seguridad ciudadana, en todo el departamento.

Dicha propuesta incluye principios como la itinerancia, concentración de actividades investigativas y articulación entre las entidades del Estado. Paralelamente a ello también busca afectar las economías delictivas que hacen presencia en suelo casanareño.

Desde su llegada al cargo Pinilla ha iniciado un proceso articulador, con todas las instituciones relacionadas con la Fiscalía, para lograr sus objetivos.

Precisó que “la Fiscalía no es una isla, es una entidad que trabaja de manera articulada con los organismos de seguridad”, en los que incluye a la Policía, Ejército, Fuerza Aérea Armada Nacional, ICBF, las comisarías de familia y demás las entidades territoriales.

Es por ello que sostuvo que, con esta estrategia los resultados que ya irán llegando y mencionó los primeros resultados alcanzados durante los primeros días, de su permanencia en el departamento.

“En el municipio de Villanueva. Tuvimos tres personas judicializadas y con medidas de aseguramiento, por el delito de tráfico de estupefacientes.

Igualmente se hizo una intervención en el municipio de Paz de Ariporo, con otras tres personas judicializadas por este, mismo flagelo que afecta al departamento del Casanare, como lo es el tráfico de estupefacientes.

Y ayer aquí en la capital Yopal, se impuso una medida de aseguramiento de carácter intramural, contra una persona que igualmente se dedicaba a esta actividad delictiva”, expresó Pinilla.

Acciones que, según el director de fiscalías de Casanare, cumplen con el direccionamiento que tiene el ente investigador, emanado de la dirección general desde Bogotá y que tiene como objetivo priorizar las actividades operativas, para atacar el microtráfico de estupefacientes, principalmente en los entornos escolares.

Bajo este marco estratégico se encuentra el trabajo hecho en inmediaciones del colegio de Llano Lindo, en Yopal. “En este punto una persona fue judicializada por el delito de tráfico de estupefacientes”.

Otra problemática que tiene clara el nuevo director de fiscalías, son los temas de convivencia ciudadana, principalmente en los centros poblados, así como alguna incidencia en el norte del departamento, producto de la situación de público que atraviesa el vecino territorio de Arauca.

“Sin embargo, los mayores índices de criminalidad están asociados a temas de convivencia en nuestros, aclaró Anderson Pinilla.

En esta tónica de reducción del delito habló de otra prioridad que tiene la Fiscalía y son los delitos contra la mujer, especialmente los relacionados con violencia intrafamiliar y de género.

Al respecto sostuvo que, La Dirección Seccional de la Fiscalía en Casanare hace un seguimiento semanal, de los avances de cada una de las denuncias presentadas por las mujeres que han sido víctimas de estos delitos.

“La orden de la Policía Judicial es activar actos urgentes y entregar los actos de investigación completos a los fiscales para que tomen decisión de manera inmediata”, subrayó el funcionario.

Dicha labor ya tiene los primeros resultados en lo que va corrido de 2023. “Producto de esa estrategia, en este año llevamos una judicialización del sesenta y seis por ciento, de los hechos de violencia intrafamiliar. Igualmente se ha implementado una estrategia para también garantizar la judicialización inmediata en los casos de lesiones personales”.

Acerca de su hoja de vida contó que es de Villavicencio. Cuenta con 37 años y se vinculó a la institución como asistente de fiscal en la seccional de la capital del Meta.

Ha trabajado como fiscal delegado ante los jueces penales municipales, fiscal delegado ante los jueces penales del circuito, fiscal delegado ante los jueces penal del circuito especializado.

También ha hecho parte de unidades como la delegada para la Seguridad Territorial, la Unidad Especial de Investigaciones. Igualmente fue director de fiscalías en el vecino departamento de Arauca y del Tolima.

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La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares sobre bienes que pertenecerían al exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros. Se trata de 11 inmuebles urbanos y 2 rurales y 10 vehículos ubicados en Fortul (Arauca), Yopal (Casanare), Villavicencio (Meta) y Bogotá.

Los cálculos preliminares dan cuenta de que los activos ascenderían en valor a 7.624 millones de pesos. Estas acciones de la Fiscalía, apoyadas por el Ejército Nacional, buscan afectar el patrimonio del exmandatario, quien es investigado y permanece privado de la libertad en centro carcelario como presunto responsable de múltiples irregularidades de contratación durante los dos periodos en los que se desempeñó como gobernador (2012 – 2015 y 2020 – 2021).

Según la investigación, Castillo Cisneros le habría entregado parte de la contratación del departamento a integrantes del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN, a cambio de recibir apoyo político en varios municipios.

Por estos hechos, fue imputado por los delitos de financiación del terrorismo; y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; peculado por apropiación en favor de terceros agravado; y concierto para delinquir agravado.

Las propiedades ocupadas con fines de extinción de dominio quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

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La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares sobre 21 inmuebles rurales, 5 urbanos y 1 establecimiento de comercio avaluados en más de 30.000 millones de pesos, que pertenecerían a exintegrantes de las extintas AUC.

Los bienes afectados están ubicados en Vista Hermosa, Villavicencio y Restrepo (Meta); Maní, Tauramena y Monterrey (Casanare); y Bogotá.

Según la investigación, adelantada con el apoyo de la Dijin de la Policía Nacional, los activos fueron adquiridos en 1999 por los hermanos Víctor Manuel, Álvaro Albeiro y Jairo Fredy Varón Ramírez, quienes hicieron parte de las Autodefensas Campesinas del Casanare, cuyo máximo cabecilla era Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos.

Los predios habrían sido adquiridos con dinero producto de actividades ilegales como desplazamientos forzados, extorsión, narcotráfico, abigeato y hurto. Por estas condutas, el Tribunal Superior de Yopal (Casanare) condenó a los hermanos Varón Ramírez.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar los bienes que recibieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro.

 

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La Fiscalía General de la Nación, busca a Luis Hernando Ramírez, de 66 años de edad, de tez trigueña, estatura 170 cm, contextura delgada, ojos color miel, dentadura falta un diente maxilar inferior, y labios mediados, quien desde el pasado 31 de julio a las 06:30 horas aproximadamente se encuentra desaparecido.

Ramírez, quien es conocido con el apodo de “Gallina” labora como mecánico  en arroceras  de tractores y combinadas. La última información sobre su paradero, es que se encontraba en una finca del municipio de Maní; donde presuntamente haría reparaciones a una maquinaria.

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero o ubicación del mismo, favor comunicarse con la Fiscalía General de la Nación al 3185324489.

  

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Un grupo de teatro Akelarre y feministas de Yopal, ayer realizaron un recorrido que inició en la Casa de la Justicia, la Dirección Seccional de Fiscalías y el Cuerpo Técnico de Fiscalía- CTI, para hacer una representación teatral de la violencia que vienen siendo víctimas las mujeres en Casanare con el fin de sensibilizar a la ciudadanía de los horrores del feminicidio, la violencia de género y el maltrato intrafamiliar.

Los teatreros reclamaron de las instituciones, justicia para los feminicidios cometidos en Yopal y Casanare, cuestionando la presunta inoperancia de la Fiscalía frente al esclarecimiento del feminicidio de Sonia Díaz, comerciante de la Terminal de Transportes de Yopal, en hechos registrados el pasado mes de septiembre de 2021 y del cual el victimario sigue libre. 

De igual manera, rechazaron en la Seccional de Fiscalías de Casanare, que el asesinato de Carolina Totaitive y su hijo de 15 años Juan Eduardo, hubiese sido cometido por un funcionario de esta entidad, sin que la institución hubiera tomado medidas preventivas frente al uso de armas por parte de un hombre quien ya había sido denunciado por violencia intrafamiliar y quien además tenía una caución por esos hechos.

“La Fiscalía otorga el paseo de la impunidad”, “No tendrán la complicidad de nuestro silencio” y “Nos mataron el miedo a la denuncia”, fueron algunas de las frases que se pudieron apreciar en los carteles utilizados para protestar por un grupo de mujeres y hombres, que, aunque eran pocos su voz se escuchó perfectamente por los sitios del recorrido.

 

 

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Continúa la mala hora para la alcaldesa de Aguazul, Johana Moreno. Ahora la Fiscalía General la acusa por el delito de fraude a subvenciones en concurso heterogéneo simultáneo con obtención de documento público falso, en relación a haberse beneficiado doble vez de subsidios de vivienda de interés social en los municipios de Aguazul en 2003 y Orocué en 2008. Así lo confirmó la directora de Fiscalías de Casanare, Araly González.

Al parecer, la actual mandataria de los aguazuleños, para el momento en que recibió los subsidios, no cumplía con los requisitos exigidos para ser beneficiaria, como por ejemplo residir en tales municipios. Por ello se investiga estas conductas, confirmó la Fiscal.

El pasado 3 de febrero se realizó una audiencia ante un juez de garantías y la Fiscalía presentó pruebas del ilícito. Por ahora no se ha solicitado ninguna medida de aseguramiento y seguirá cumpliendo sus funciones como alcaldesa pero está vinculada al proceso que continuará con la audiencia de acusación.

 

 

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Ante los señalamientos que en redes sociales hiciera el candidato a la Cámara, Lenin Bustos, contra la jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal, Sonia Ruíz García; la Administración no sólo desmintió sus aseveraciones, sino que dio a conocer ante los medios de comunicación locales las denuncias que ya se han interpuesto contra el abogado Bustos, por agresiones contra al menos dos de las secretarias de Despacho de la Alcaldía.

La funcionaria Ruíz García denunció que por el contrario se ha sentido víctima de agresión por parte de Lenin Bustos, pues en el mes de diciembre, mientras atendían un caso por invasión de un predio privado, el candidato utilizó palabras grotestas y desobligantes contra ella y hacia la secretaria de Gobierno Karen López; lanzando acusaciones y oponiéndose al debido proceso.

Por lo tanto, instauró en enero una denuncia ante la Fiscalía, por los delitos de falsa denuncia, violencia contra funcionario público, injuria y calumnia.

Asimismo, respondiendo a sus señalamientos, la jefe de Planeación aclaró que le pidió a su equipo de trabajo que denunciaran una información que era falsa y estaba promoviendo este señor, lo cual permite hacer Facebook con cualquier caso que vulnere el buen nombre de una persona o institución. Esto además de denunciar las agresiones de las que fue víctima junto con la secretaria de Gobierno.

“Soy una funcionaria más de la Administración que trabaja por el beneficio de la comunidad. No pararé porque soy una mujer ‘frentera’, de retos, voy a seguir trabajando sin importar las actuaciones de personas que atacan a las mujeres”: expresó la jefe de Planeación Sonia Ruíz, y pidió a todas las mujeres denunciar cuando sean agredidas en cualquier forma.

En apoyo a sus funcionarias, el alcalde Luis Eduardo Castro rechazó tajantemente las agresiones verbales de Bustos, indicando que no tiene derecho de actuar de esa manera y señalar sin el debido proceso; pues lo que hizo fue atentar contra el buen nombre de la jefe de Planeación ‘e injuriarla al decirle que roba’.

Por su parte el asesor jurídico de la Alcaldía, Jhon Kennedy Wilchez, destacó que verificaron que Bustos tiene al menos 22 procesos penales en su contra por denuncias por delitos como falso testimonio, calumnia, injuria, violencia contra servidor público e interés indebido en contratación; lo que demuestra a frecuencia de sus malas conductas.

Agregó Wilchez que se vienen presentando constantes enfrentamientos con el candidato, pero nada justifica sus acciones contra las secretarias, y resaltó en hacer un llamado a la comunidad, porque “las mujeres de Yopal se respetan”.

A su vez la gestora Social de Yopal, Silvia Vega Calderón, dijo que ha puesto en conocimiento de esta denuncia a la Alta Consejera de la Mujer, Gheidy Gallo, esperando que se pronuncie ante estas conductas de un candidato al Congreso; pidiendo que no se normalicen este tipo de violencias. Además, hizo un llamado de solidaridad de género a las mujeres yopaleñas.

Igualmente, el secretario de Salud Municipal, Jhon Rojas, indicó que es necesario defender las buenas actuaciones y la veracidad de los hechos. Manifestó su rechazo contra las agresiones del candidato Bustos, con las cuales falta el respeto a la Administración, a la funcionaria y más en su condición de mujer.

Fuente: Alcaldìa Yopal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), imputó a los dos supuestos agresores de dos perros, en hechos ocurridos en Casanare y Tolima.

Agresión a ‘Mailot’

El 24 de abril de 2021, Freddy Salcedo Chaparro, con una guadaña, le habría generado cortaduras en las patas delanteras a un perro labrador llamado ‘Mailot’, en Aguazul.

De acuerdo con la investigación, Salcedo realizaba labores de mantenimiento y adecuación al polideportivo de la vereda San José del Bubuy. Al parecer, lesionó al animal con la máquina y escapó del lugar sin brindarle asistencia.

El dueño de ‘Maillot’, luego de ser alertado sobre lo sucedido, lo llevó a un centro veterinario. Ante la gravedad de las heridas le fue amputada una de las patas al canino. Salcedo Chaparro deberá responder por el delito de maltrato animal.

Ataque a ‘Nacuco’

Juan David Medina Aya sería el responsable de golpear y envenenar a un perro de nombre ‘Nacuco’, en Chaparral (Tolima).

El 24 de octubre de 2019, Medina Aya habría llegado a la vivienda y en la puerta se encontró con el canino que no paraba de ladrar. En un acto de intolerancia, el hombre, presuntamente, atacó al perro con arma blanca y le propinó varios golpes. El material de prueba indica que, minutos después de la agresión, le lanzó un salchichón con sustancias tóxicas. ‘Nacuco’ murió envenenado.

La Fiscalía imputó a Medina Aya el delito de maltrato animal agravado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Familiares de Sonia Díaz, hallada muerta en su residencia en el barrio Bicentenario de Yopal, llegaron con gran dolor y con un ataúd a cuestas, hasta la Fiscalía Seccional Casanare, para exigir justicia sobre este crimen ocurrido el pasado 2 de septiembre de 2021.

Con pancartas, canciones y arengas, familiares y amigos de la víctima se apostaron frente a la sede de la Fiscalía, exigiendo a la directora Araly González, explicaciones sobre este caso que según dicen ellos hasta el día de hoy, no han tenido ninguna respuesta y avance por parte de las autoridades.

“Llevamos 5 meses y no nos han dicho que pasa con el caso, y yo solo quiero justicia para mi hija porque me la mataron muy macabramente. He venido dos veces a la Fiscalía y el fiscal dice que toca esperar, y estoy cansada de esperar porque nosotros no estamos bien, el que le hizo eso a mi hija anda suelto, contento y feliz, mientras que nosotros todos los días estamos viviendo una cosa terrible que no podemos dormir”, afirmó Luz Mila Barrera, madre de Sonia Díaz.

En rueda de prensa en horas de la tarde la directora Seccional de Fiscalías en Casanare, Araly González, se defendió y dijo que el caso de Sonia Díaz si se está trabajando. Señaló que en la investigación que cursa se han adelantado unas entrevistas y se practicó una diligencia de registro y allanamiento en donde se recuperó el celular de la víctima que estaba perdido, aclarando que se está estableciendo si existe participación por parte de quien portaba el celular, a su vez enfatizó que se investigan otras exploraciones alrededor del lugar donde ocurrió el crimen.

Cuando se le indagó a la fiscal por el testimonio de la hija de la víctima, y de quienes sus familiares también han cuestionado que no ha sido tenido en cuenta, Araly González, respondió que dependen del Bienestar Familiar y la Comisaría de Familia, para validar lo que refiera la niña, toda vez que deben garantizar y proteger los derechos de los menores.

La directora Seccional de Fiscalías en Casanare invitó a la familia de Sonia Díaz, para que hagan llegar a la Fiscalía esos elementos que afirman tener como prueba, para ahondar más en la hipótesis que se está trabajando por parte del fiscal destacado.

Finalmente, González recalcó que dentro del proceso se están realizando actividades judiciales propias para dar con el responsable del feminicidio de Sonia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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