Luego de la primera exploración investigativa de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en el esclarecimiento de los homicidios ocurridos durante los primeros días de 2022, en Arauca y zona de frontera con Venezuela, se reportó hasta el día 5 de enero el hallazgo de 27 cuerpos en puntos rurales de Fortul, Saravena y Arauquita (Arauca); y Cubará (Boyacá).

Según la Fiscalía, los reportes dan cuenta de que las víctimas fueron obligadas a salir de sus viviendas por hombres armados. Algunas habrían sido llevadas a Venezuela, asesinadas y posteriormente trasladas territorio colombiano. Otras murieron en Colombia, pero los cuerpos los abandonaron en lugares lejanos a sus residencias.

“Los 27 cuerpos se encuentran en la sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En este momento, se realizan las necrópsicas con la mayor celeridad. Hasta el momento han sido identificadas 20 personas. Dos son mujeres, otras dos menores de edad y cuatro ciudadanos venezolanos”, informó el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa.

El Fiscal, señaló que, preliminarmente, las inspecciones han establecido que todas las víctimas recibieron disparos a corta distancia, en la modalidad de sicariato. Esto indica que no hubo combates.

Agregó Barbosa que, la Fiscalía constató que cuatro de los identificados están vinculados a investigaciones como presuntos integrantes de las disidencias del frente décimo de las FARC. Otros cuatro figuran como indiciados en las bases de datos institucionales.

El análisis de contexto realizado en la región y el material de prueba obtenido por la Fiscalía, evidencian que los responsables de estos homicidios son las estructuras armadas del Frente de Guerra Oriental del ELN, que delinquen en Arauca, Boyacá y Casanare. Por línea jerárquica y organizativa, esta acción tuvo que ser autorizada y dirigida por el Comando Central (COCE).

“Ante esta situación, que afecta la tranquilidad y la seguridad de la ciudadanía de Arauca y la zona de frontera, dispuse la conformación de un grupo de tareas especiales que contará con fiscales especializados de la Delegada para la Seguridad Ciudadana, la Delegada contra la Criminalidad Organizada y la Unidad Especial de Investigación, y tendrá el apoyo técnico e investigativo del CTI y la Policía Nacional”, concluyó el Fiscal Barbosa Delgado.

La Policía y la Fiscalía en Casanare descartaron que se estén urdiendo atentados terroristas a la infraestructura del acueducto de Yopal, según denuncias hechas por el gerente de la EAAAY de Yopal Jairo Bossue Pérez ante la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de que personas anónimas informaron de amenazas a este bien público.

Tanto el comandante de la Policía en Casanare, coronel José Miranda como la directora Seccional de Fiscalías, Aralí González, negaron que se estuvieran planeando ejecutar acciones contra las plantas de tratamiento modulares, definitiva o tubería del acueducto que surte de agua a la ciudad o de cualquier entidad pública.

El oficial dijo que no se tiene ninguna información de esa intencionalidad mientras que la fiscal expresó que no solo no tenía ninguna denuncia en su despacho sino que no había ningún reporte o conocimiento oficial del CTI sobre ese evento u otra circunstancia.

Qué fue lo que denunció el gerente de la EAAAY

Estos pronunciamientos se originaron luego de que los periodistas Martín Mesa Paredes, director del portal www.elnuevooriente.com y Martha Cifuentes en una alianza noticiosa, conociéramos de un oficio del gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, EAAAY a la Fiscalía General del pasado 24 de mayo, donde primordialmente se denuncia posibles ataques, de personas al margen de la ley, al sistema integral de tratamiento de agua potable en la vereda La Vega y los relaciona con los bloqueos en la Marginal de la Selva en el marco del Paro Nacional.

Inicialmente este funcionario dijo que no daría declaraciones por considerar que esto era un tema de seguridad nacional y que el documento no era para conocimiento de la prensa pero luego de que se ventiló, públicamente, ahí sí se animó a ampliar la información.

Es así como expresó literalmente que “En desarrollo de la protesta social de varias comunidades de Yopal y sobre todo en los bloqueos hubo una especie de concierto para delinquir en contra de las empresas de la región, no solo de la EAAAY sino de la empresa eléctrica (sic)… que supuestamente unas personas que vinieron de otro departamento irían a atentar contra la infraestructura para crear un caos en la ciudad. Esas informaciones fueron allegadas por personas anónimas, a la empresa y por ello informé a Defensoría, Procuraduría, Fiscalía y Superservicios. Advertimos sobre la posible comisión de este tipo de delitos por personas ajenas a Yopal.”

Curiosamente, la grave denuncia no fue informada al alcalde

Consultado sobre sí tan importante información había sido proporcionada al alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro, intentó evadir la respuesta, pero finalmente expresó que no lo hizo argumentando que el mandatario no es el competente para investigar estas denuncias penales. Rara esta postura considerando que el alcalde es el presidente de la Junta Directiva de la Eaaay y del cual se sabe es muy cercano.

Efectivamente, días antes, el periodista Martín Mesa Paredes indagó con el alcalde de Yopal Luis Eduardo Castro, sobre el particular y este le manifestó no tener conocimiento de estas informaciones y que investigaría el tema, pero a la postre no hubo pronunciamiento.

En igual sentido se pronunciaron fuentes comunales de El Morro. Estos, hasta se mostraron extrañados y dijeron que "un ataque contra el acueducto no es algo lógico" y no se entienden las afirmaciones del Gerente de la EAAAY

Por su parte el defensor del Pueblo, Yimy Leonardo Roa, dijo inicialmente que no conocía del oficio enviado a la Fiscalía, pero luego si se acordó y explicó que este es un tema que debe investigar el organismo acusador porque la Defensoría no cuenta con esas competencias.

También consultamos con el personero de Yopal, Rafael Peña, quien dijo desconocer absolutamente todo sobre esta denuncia e indicó que oficiaría al gerente de la Eaaay para conocer en profundidad esta información.

Dudas y más dudas

Varias dudas quedan en el ambiente y tienen que ver sobre la credibilidad a las fuentes anónimas en las que se basó el gerente de la empresa de acueducto para hacer el oficio a la Fiscalía pues sus sindicaciones son de gran impacto regional y nacional dados los largos años de crisis de agua en esta ciudad.

Igualmente consultado el ejecutivo sobre si ya había pedido a la Policía protección a la infraestructura dijo que no y esto no sería coherente con el grado de importancia que dio a los informantes.

Lo otro que tampoco queda claro es por qué se quiso vincular a los jóvenes manifestantes de la Marginal del Llano, quienes no han arremetido contra ninguna entidad pública ni realizado actos de vandalismo contra bienes públicos o de otro tipo.

Fue capturado el líder social de Aguazul, Miguel Yesid Daza Galindo, en medio de un allanamiento a la finca Campo Alegre, vereda Plan Brisas, realizado por la Fiscalía General de la Nación  y el Ejército Nacional, este martes 23 de febrero, hacia las 4:30 am.

Daza es miembro de la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación – COSPACC-, de la Asociación Campesina José Antonio Galán Zorro –ASONALCA- y de la Asociación de Veredas de Cunama -ASOVEC-. 

De manera extraoficial se pudo establecer que Miguel Daza es investigado por los delitos de rebelión y concierto para delinquir con fines extorsivos, y que la orden de captura fue expedida por el Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializados, de la Dirección contra las Organizaciones Criminales-Meta, Harles Max Cortés, quien a comienzos de 2020 estuvo como director seccional de la Fiscalía en Casanare en calidad de encargo.

Organizaciones condenan el hecho

Fabián Laverde, director de la Corporación COSPACC, organización defensora de derechos humanos, condenó el hecho y exigió garantías para los líderes sociales del país. “Defender los territorios y los derechos humanos, no puede costarnos la vida y la libertad. La judicialización una práctica social genocida”, escribió en su cuenta de twitter.

A su vez la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro ASONALCA, expidió un comunicado en donde manifiesta que, continúan las persecuciones, estigmatizaciones y  judicializaciones a líderes sociales del país, y exigió la  libertad inmediata de Daza Galindo, quien ha liderado proyectos colectivos en Casanare, en donde se destaca como defensor de Derechos Humanos, líder comunal y campesino. Además, ha participado junto con las comunidades de espacios de interlocución entre la Administración de Aguazul, la Gobernación de Casanare y Ecopetrol.

Además de los espacios para la concertación del cumplimiento de las exigencias de las comunidades, Daza ha realizado constantes denuncias de vulneraciones de los Derechos Humanos en el departamento de Casanare.

Por su parte la defensora del Pueblo en Casanare, Sonia Bernal, lamentó el hecho y recordó que, en 2020 la Gobernación de Casanare y la Defensoría del pueblo, hicieron un reconocimiento público a Daza, durante el Día Nacional de los Derechos Humanos, por el trabajo realizado en defensa de la vida, las comunidades y los Derechos Humanos.

En redes sociales se hizo viral un video donde una funcionaria de la Fiscalía General de la Nación de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de Medellín (Antioquia), se negaba a recibir a un capturado por delito de receptación.

En el video que grabó el mismo Policía, se aprecia cuando él le dice a la trabajadora que el detenido se tiene que dejar a disposición de la Fiscalía por el delito de receptación, (portaba un celular reportado como robado) a lo que ella le responde ay no, no yo no le puedo creer. Usted sabe cómo está, con esos focos de contagio que tenemos aquí.

Luego de conocerse el video, la Fiscalía General de la Nación se pronunció, "Con relación al video que circula en redes sociales en las que se ve a una funcionaria de la Fiscalía General de la Nación que se encuentra en una Unidad de Reacción Inmediata, URI, de Medellín (Antioquia), y que según las imágenes atiende de manera poco diligente a un policía que lleva a un detenido por receptación, la Fiscalía se permite informar que inició una investigación disciplinaria en contra de la funcionaria".

No obstante, señaló el ente que, se agotarán los recursos que permitan establecer lo ocurrido y las responsabilidades.

Para la Fiscalía el servicio a la ciudadanía es una prioridad y durante los tiempos de pandemia ha seguido trabajando en todas las seccionales del país procurando que se continúe con el servicio de justicia a los colombianos.

Actuaciones como estas que enlodan la imagen de la institución no muestran la realidad de los 25 mil servidores que trabajan y prestan un servicio a la ciudadanía.

Homicidio, falsificación de documentos oficiales para movilización de ganado, hurto y comercialización de celulares, además de extorsión y tráfico de estupefacientes, hacen parte los hechos más relevantes en cuando a crimen organizado en Casanare durante el 2020.

Así, fue posible judicializar 21 personas lo cual se tradujo en mejoras en la seguridad ciudadana en este departamento del oriente colombiano.

• En las acciones operativas adelantas por los investigadores, se logró la desarticulación del GDCO 'Los Falsica', compuesta por 4 personas, 2 de ellos funcionarios públicos. Según las investigaciones adelantadas los supuestos integrantes de este grupo delincuencial se dedicaban a adulterar documentos y sistemas de información para burlar la acción de las autoridades y facilitar el movimiento irregular de ganado que había sido hurtado, o en su defecto que era ingresado de contrabando al territorio nacional.

• El material probatorio y la evidencia física recaudadas por la Fiscalía permitieron el esclarecimiento del homicidio del líder sindical Álvaro Ramírez Montaña, quien fue ultimado por orden de su excompañera sentimental.

Los hechos se presentaron el 4 de mayo de 2015. Según se logró precisar, de la residencia de la víctima habrían sido hurtados 60 millones de pesos, los mismos que habrían servido para pagar el crimen. Las pesquisas adelantadas por la policía judicial evidenciaron que la mujer capturada y judicializada, habría sido quien ordenó la muerte de Ramírez Montaña. Por estos hechos la implicada fue cobijada con medida de aseguramiento privativo de su libertad.

• Otro de los resultados que hacen parte del balance que deja el 2020 en la seccional Casanare es la desarticulación de dos grupos de delincuencia común organizada dedicados al hurto, comercialización de celulares y tráfico de estupefacientes.

Se trata de los denominados 'Smart' y 'Los Intocables', quienes fueron impactados con la judicialización de 15 personas.

• Los comerciantes de ganado también fueron favorecidos por las acciones de la Fiscalía. Uno de los casos de connotación tiene que ver con la judicialización de 10 personas quienes fueron imputadas como presuntas responsables del delito de abigeato agravado o hurto de ganado. Estas acciones se cumplieron en el mes de octubre.

• Terminando el año fue judicializado un hombre, presuntamente, implicado en el delito de feminicidio siendo su excompañera sentimental la víctima. La mujer fue ultimada con arma coro punzante, luego de lo cual el imputado se entregó a las autoridades, ante las cuales aceptó los cargos enrostrados.

Estos procesos judiciales adelantados por la Seccional Casanare se cumplen según el direccionamiento estratégico 2020-2024 trazado por el Fiscal General Francisco Barbosa Delgado para garantizar el bienestar de los colombianos.

En una sentida ceremonia, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, condecoró a 15 perros que por varios años apoyaron el trabajo investigativo de la entidad. 

Se trata de 9 labradores Retriever, 4 Golden Retriever, 1 Pastor Belga Malinois y 1 Pastor Alemán especializados en búsqueda de explosivos, narcóticos, restos óseos, que ejercieron su labor tanto en el Nivel Central como en Santander, Norte de Santander, Bolívar, Cartagena, Huila, Tolima, Antioquia, Nariño, Risaralda, Cauca y Chocó. 

Los caninos son: Canela, Mona, Queen, Rex, Shantal, Yango, Zeus, Thor, Ronda, Max, Tobby, Teo, Ania, Sasha y Tribilín, quienes cumplieron su ciclo y hoy se jubilan. Esta es la cuarta ceremonia de condecoración y jubilación que realiza la entidad, y que hoy ya deja 51 perros retirados. 

Todos hicieron parte del Grupo de Soporte Canino que a nivel nacional está compuesto por 44 funcionarios y 90 perros entrenados en diferentes especialidades, prestando sus servicios en las distintas seccionales del país. 

A estos amigos cuadrúpedos le son confiadas tareas tan importantes como la seguridad del señor Fiscal General de la Nación, de la entidad y la de sus 25 mil funcionarios. También, labores de búsqueda de restos humanos, lo cual ha permitido, gracias a su entrenamiento, que muchas víctimas encuentren a sus seres queridos y puedan resarcir parte del daño causado por los grupos al margen de la ley. 

“Han sido compañeros en la lucha contra la delincuencia en este país, han sido compañeros en la lucha contra delincuencia en diferentes territorios nacionales y además han permitido el desmantelamiento de grupos criminales, pero no solamente lo han hecho al lado de nuestros funcionarios, sino que se ha constituido en una simbiosis de trabajo y en un sello de la Fiscalía General de la Nación, el grupo de caninos”, enfatizó el Fiscal General, Francisco Barbosa, durante la ceremonia de jubilación.

Junto a estos valiosos servidores de cuatro patas de la Fiscalía están sus guías; hombres que han creado vínculos casi familiares con ellos. Son un binomio formado y entrenado en el Centro de Adiestramiento Canino en Cáqueza (Cundinamarca). 

Al respecto, el Fiscal Barbosa indicó que se fortalecerá este centro con el objetivo de formar los equipos caninos (guía y perro) en las diferentes especialidades, además de realizar entrenamientos periódicos. 

“Esos animalitos que llegan, esos guías entrenados, esos guías que van a estar recorriendo los territorios de Colombia les siguen hablando con resultado al país”, concluyó el jefe del ente acusador. 

Dejando huellas 

Detrás de cada canino que hoy se jubila hay un sinnúmero de historias, entre ellas la de Teo, el Golden Retriever de 9 años, que estuvo al servicio del Grupo Antiexplosivos de la Seccional Nariño.

Durante siete años apoyó diversas diligencias con el equipo conformado por Willington Alexánder Montenegro Martínez y Yair Alfonso Montenegro Galindres, los investigadores del CTI de ese grupo experto que, junto con Duglas Dimitry Guerrero Medina, fueron emboscados y asesinados en la vía Tumaco – Pasto, el 11 de julio de 2018.

Desde ese día, el área antiexplosivos prácticamente desapareció en Nariño. Teo, a pesar de la ausencia de sus compañeros continuó su misión y, junto con su guía Carlos Fernando Caicedo, logró la captura de los presuntos responsables de la muerte de los investigadores.

Por otra parte, está Sasha, quien fue la pieza clave en una investigación del Grupo de Exhumaciones, pues gracias a su olfato y entrenamiento en antiexplosivos se logró el ingreso a la zona y la recuperación de dos cuerpos de ciudadanos ecuatorianos que fueron asesinados en Barbacoas (Nariño), por el grupo residual Óliver Sinisterra bajo el mando de alias Guacho.

Gelma 

Esta administración ha priorizado, a través de su Direccionamiento Estratégico, la protección animal, y dado el fortalecimiento del Grupo Gelma en la Fiscalía, ya se han logrado 45 imputaciones, 1.877 casos en indagación y 50 casos en juicio. “Ese es uno de los grandes trabajos que se ha hecho en esta Fiscalía”, reveló el Fiscal General. 

Durante el fin de semana la Policía del departamento de Casanare, capturó a 23 personas por la comisión de diferentes delitos, 20 fueron en flagrancia y 03 mediante orden judicial, de las que se pueden destacar las siguientes:

En la carrera 13 con calle 34 del barrio Nuevo Hábitat de Yopal, capturaron en flagrancia a un hombre de 20 años, quien ingresó a una residencia ubicada en la carrera 16 del barrio 20 de Julio y se hurta dos celulares avaluados en 2 millones de pesos. Los elementos recuperados y la persona capturada fueron dejados a disposición de la Fiscalía 30 local URI, gracias a la oportuna información de la comunidad y a la reacción inmediata de la patrulla del cuadrante.

Una segunda captura se dio en la carrera 9 con calle 21ª del barrio El Bosque de Yopal, donde detuvieron a un hombre de 18 años, quien mediante la modalidad de raponazo, le había hurtado un celular avaluado en 900 mil pesos, a una mujer de 59 años de edad. El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía 30 Local URI.

En el barrio La Esperanza del municipio de Paz de Ariporo, la Policía capturó en flagrancia a un hombre de 29 años, quien ingreso a una residencia ubicada en este mismo sector y se hurto 150.000 mil pesos en efectivo, propiedad de 30 años de edad. El capturado y el dinero recuperado son dejados a disposición de la Fiscalía 9 local de este municipio.

En el kilómetro 5 de Yopal, vía a Santa Fe de Morichal, se recuperó una motocicleta marca Yamaha, línea BWS, modelo 2015, color blanco-rojo, avaluada en 7 millones de pesos, la cual había sido hurtada el día 31/10/2020, en el corregimiento de San Rafael de Morichal, bajo la modalidad de halada. El automotor fue dejado a disposición de la Fiscalía primera de alertas tempranas de Yopal.

Finalmente, durante el fin de semana de acuerdo al reporte entregado por las autoridades, se movilizaron 5.916 vehículos por las vías del departamento, de estos, 2.866 ingresaron y 3.050 salieron de Casanare. Así mismo la Policía de carreteras, aplicó 106 órdenes de comparendo por incumplir el Código Nacional de Tránsito y a su vez inmovilizaron 20 automotores.

Al parecer, en 2014, el entonces director de la Policía Nacional trató de influir en una decisión de la Fiscalía para evitar la captura de un empresario y otras personas.

Ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación formuló acusación contra el exdirector de la Policía Nacional, General (R) Rodolfo Bautista Palomino López, por el delito de tráfico de influencias de servidor público en provecho de un tercero. 

Las labores investigativas indicarían que, el General (r) Palomino, siendo director de la Policía Nacional, habría utilizado de manera indebida su cargo y rango para presionar a la fiscal Sonia Lucero Velásquez, por entonces delegada ante los jueces penales del circuito y adscrita para la Unidad de Análisis y Contexto.

Según lo establecido, la intermediación presuntamente se realizó para evitar o retardar un procedimiento de captura en contra del empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo y trece personas más, en febrero de 2014. El General, acudiendo a la investidura de su rango, al parecer a través de llamadas telefónicas quiso influenciar la decisión de la fiscal y habría decidido visitarla en su residencia, para concretar su petición de suspender el operativo contra el empresario. La supuesta gestión no fructificó y las capturas se materializaron como lo solicitó la funcionaria judicial.

Para sustentar la acusación, el ente acusador cuenta con la denuncia de la fiscal afectada y varias conversaciones telefónicas aportadas por ella. En una de las comunicaciones se evidenciaría el intento de presión que habría ejercido el señor Palomino López.

“Dentro de este listado que son como catorce personas del tema de lavado en el Quindío, cuando uno ve, una obra de este personaje, uno dice Gallo Restrepo, pues no, uno se sorprende y sorprende a todo el mundo ¿cierto? Yo quisiera convencerla a usted de una propuesta y de ser, pues yo espero que no sea calificada como una propuesta indecente, qué tal si dejamos eso por un tiempo”.

Durante la audiencia, el magistrado negó la petición hecha por la defensa de Palomino que pidió ser declarado como víctima y no como acusado en el proceso. Entretanto, sí reconoció a la Fiscal Velásquez como víctima, por la presunta irregularidad en la que se presume incurrió el entonces director de la Policía Nacional.

Así lo dio a conocer Jorge Cortés abogado defensor del líder social, quien fue dejado en libertad este jueves, luego de que él y otras 5 personas permanecieran cerca de 2 años detenidos en un centro penitenciario por una denuncia penal que en su momento instauró la empresa petrolera Frontera Energy. Un Juez de Control de Garantías de Yopal, ordenó su libertad por vencimiento de términos. 

De acuerdo con Cortez la Fiscalía habría edificado la medida de aseguramiento con un supuesto testigo con reserva de identidad y otros dos funcionarios de la empresa petrolera que en su momento lanzaron graves acusaciones en contra de Salcedo y otros líderes sociales. 

“Ese testigo dijo cosas gravísimas como que Jesús Leal Salcedo pertenecía a un grupo de sicarios y mataba por la paga. Esos son hechos absolutamente falsos. Jesús estuvo vinculado a un proceso de homicidio donde yo fui defensor y fue absuelto en primera y segunda instancia, esa más; está demandado el Estado por su detención ilegal” manifestó el abogado defensor quien agregó que “ese testigo del que supuestamente corría peligro su vida en el momento de la audiencia de acusación lo retiró la Fiscalía. O sea que nunca supimos para qué era. Eso me parece un acto muy desleal de la Fiscalía” 

Según el litigante, la medida de aseguramiento fue revocada por el juez Primero de Control de Garantías de Yopal, sin embargo, el proceso continuará pues aún se encuentra en la fase de audiencia preparatoria. 

“La Fiscalía y los abogados de Frontera Energy; y Ecopetrol apelaron la decisión de revocatoria de la medida, su intención era que ellos siguieran presos, pero la juez no accedió a su petición. Esa apelación se irá para el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal, sin embargo, eso no suspende su libertad” agregó Jorge Cortez.

El CTI de la Fiscalía General de la Nación, la Armada Nacional, las autoridades de Panamá y Estados Unidos detectaron en aguas internacionales, sobre el Mar Caribe, una lancha rápida que habría partido de Colombia rumbo a Centroamérica.

La tripulación intentó evadir la operación de interdicción y empezó a lanzar bloques de estupefacientes a las aguas; sin embargo, la rápida articulación de los cuerpos navales permitió recuperar el cargamento y capturar a las personas que iban a bordo de la embarcación.

En total fueron incautados 1.790 kilogramos de cocaína. Cerca de dos toneladas que estaban camufladas entre 72 bultos. De igual manera, fueron encontrados equipos de comunicaciones y un GPS de última generación.

Las personas detenidas son: el ciudadano panameño Anselmo Robinson Forchiney; y los colombianos Juan Camilo Ramírez, Luis Carlos Mercado Guzmán, Elvis Ibarguen Bultran y Jacinto Rentería Valencia.

Los capturados y la droga fueron trasladados a la Base Naval Almirante Cristóbal Colón, en el Fuerte Sherman, en Panamá. En ese país avanza el proceso de judicialización.