La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitir el expediente que adelanta contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal, porque con la renuncia del expresidente a su curul perdió la competencia para continuar con los procesos que tengan relación con delitos comunes. 

El Ministerio Público ratificó el llamado del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, frente al deber que tienen todos los funcionarios de acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales, y señaló que, con la separación definitiva del entonces congresista a su curul, desaparece el fuero que la Constitución le otorgaba, por lo que la Corte Suprema solo podrá conocer de los procesos en los que los presuntos delitos tuvieran relación directa con su función de congresista.

“El único escenario legítimo para la discusión y confrontación de las decisiones judiciales es el proceso mismo, acudiendo a los instrumentos que el debido proceso consagra, y a ninguno otro ajeno al mismo, por parte de las autoridades o de los ciudadanos.  Todos los funcionarios públicos desde el Señor Presidente de la República hasta el más modesto de los servidores públicos deben respetar y cumplir las decisiones de la justicia, absteniéndose de cuestionar, desacatar o promover el incumplimiento de las mismas, sin interferir los principios de independencia y autonomía del poder judicial, básicos para un Estado que presuma ser de derecho”.

Para el ente de control con la renuncia del Dr Uribe Velez desaparece la competencia de la Sala Especial de Instrucción, toda vez que los cargos por los que es investigado corresponden a delitos comunes que no tienen relación con la función de congresista.

En su análisis la Procuraduría estableció que la Sala no relacionó actuaciones desplegadas por el entonces senador dirigidas a consolidar un abuso de poder para controlar su liderazgo político, que pudiera tener incidencia en el caudal electoral o que diera paso a un acercamiento a las regiones de manera delictiva para consolidar su dominio y el posicionamiento en el cargo. Tampoco se demostró que hubiera utilizado servidores de su Unidad de Trabajo Legislativo –UTL–o que pusiera en peligro latente su actividad en el Congreso de la República.  

"No hay prueba de que el doctor URIBE VÉLEZ –con ocasión de los presuntos punibles en los que incurrió-, hubiere comportado un ejercicio abusivo de sus funciones o eficaz para acceder a la posición de poder; ello, pues téngase en cuenta: por un lado, que si no existe prueba siquiera sumaria de que el sindicado se hubiere valido o utilizado sus facultades como Senador para supuestamente cometer tales delitos, mucho menos obra alguna encaminada a demostrar que en la presunta comisión de los mismos se excedió o abuso de sus labores congresuales; y por el otro, se observa que los hechos ocurrieron en época ajena a campañas políticas o contiendas electorales –en tanto ya era Congresista para ese momento-, sin que pueda entonces evidenciarse relación entre estos y los objetivos de lograr una curul en el Senado de la República".

A juicio del Ministerio Público, la simple coincidencia temporal de la presunta comisión de los hechos y la condición de ostentar el cargo de Senador de la República, no puede considerarse como suficiente para extender el fuero y por ende la competencia de la Sala Especial de Instrucción, luego de la renuncia al cargo.

Finalmente, precisó la Procuraduría que esta intervención responde a sus funciones constitucionales como Ministerio Público, en defensa de los intereses jurídicos y en procura de la preservación de la integridad del orden jurídico y no puede ser interpretada como el desconocimiento a la dignidad de la Corte Suprema de Justicia y sus decisiones.

La Fiscalía 121 Especializada de la Dirección contra las violaciones a los Derechos Humanos busca la identificación de un hombre enterrado como persona sin identificar, luego de combates realizados por tropas del Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez del Ejército Nacional.

El ente investigador hace un llamado a familiares, amigos o conocidos del hombre de aproximadamente 24 años, reportado muerto el 5 de junio de 2007 y cuyo cuerpo fue exhumado en labores realizadas en la Vereda San Jorge, jurisdicción del municipio de Tauramena.

Con labores realizadas por un morfólogo facial forense de la Fiscalía se realizó la reconstrucción bidimensional de esta persona, con base en la estructura ósea exhumada.

Las características establecidas, que podrían ayudar a permitir su identificación, son:

Edad aproximada: 24 años

Contextura: mediana

Peso aproximado: 80 kilos

Estatura: 178 cms

Señal particular: amputación del segundo dedo mano izquierda, a nivel de falange proximal

Cabello: corto, crespo, abundante

Cara: redondeada

Frente: amplia, sin vello facial

Ojos: iris color café

Cejas: pobladas

Nariz: achatada

Boca: grande labios gruesos

Color de piel: moreno

Apariencia bien cuidada

Si alguna persona cree conocerlo por favor comunicarse con los números de contacto 3506010619 - 3185276902 - 3506010792 de la Fiscalía General de la Nación.

De esta manera, la Fiscalía trabaja para poder identificar y entregar de manera digna estas personas desaparecidas a sus familias.

Total, rechazo, manifestaron los familiares de Brisa Barreto Barreto, víctima de feminicidio el 6 de septiembre de 2019, en el municipio de Aguazul, tras audiencia realizada, donde se llegó a un preacuerdo entre el autor del hecho, Alcides Cabezas González, y la Fiscalía 8 de Unidad Seccional de Homicidios Dolosos de Yopal.

Según acta de mayo de 2020, el imputado aceptó cargos formulados por la Fiscalía, como autor material a título de dolo, de la conducta punible de feminicidio del cual fue víctima la señora Brisa Barreto. A cambio la Fiscalía reconoce una rebaja en la pena, de una medida de la tercera parte, conforme a lo establecido en el art. 5 de la Ley 1761 de 2015, por la aceptación de los cargos, es decir, una sexta parte de la pena a imponer por el delito aceptado de feminicidio.

Así las cosas, la ley contempla por feminicidio agravado una condena que va de 250 meses mínimo y un máximo de 500 meses de prisión, dándole aplicación, en este caso a lo expuesto en el preacuerdo, la Fiscalía rebajará 1/6 parte, sobre la pena mínima, es decir 250 menos, 41,66 meses, en total, Alcides Cabezas González, pagará 208.34 meses de prisión.

La familia

Y es precisamente el total de la rebaja de la condena lo que ha llevado a Jhonatán David, Erik, Mario, Diana Marcela y Tania Santos, hijos y nuera de la víctima, a elevar su voz de protesta, puesto que consideran que 208 meses es muy poca condena para el atroz crimen que les arrebató a su madre, suegra y abuela.

 “No es justo que a un feminicida como Alcides Cabezas, quien asesino a mi suegra, tras una cadena maltratos, le apliquen la condena mínima de 250 meses por feminicidio y no obstante le rebajen 1/6. Rechazamos rotundamente este preacuerdo” indicó Tania Santos.

Los Hechos

El 6 de septiembre de 2019, a las 11:30 de la noche, Alcides Cabezas González, en estado de alicoramiento, llego a la vivienda donde convivía hacía cinco meses con Brissa Barreto, en el barrio Provipaz del municipio de Aguazul y tras una discusión la apuñaló en el pecho provocando su deceso

Las agresiones de Cabezas González, hacia su compañera sentimental, eran continuas, incluso en el mes de agosto del 2019, Brisa había sido internada en una clínica por la rotura de su clavícula.

Tras el asesinato, Alcides Cabezas se dirigió a la casa de su señora madre y hasta allí llegó la Policía Nacional, en donde procedieron a detenerlo por homicidio.

“El cambio de mi suegra fue enorme, involucionó, desde que empezó a vivir con Alcidez Cabezas, se perdió su alegría, ya no reía, perdió brillo, el asesino debe pagar una condena justa y  allí a la cárcel su familia puede ir a visitarlo, pero nosotros, tendremos que conformarnos con decirle a nuestros hijos sobre una tumba que ahí está su abuelita, a quien un asesino le quitó la oportunidad de verlos crecer”,  expresó  Tania Santos, nuera de  Brisa Barreto, en el especial  “Feminicidio Crimen de Odio” realizado por mujeres periodistas pertenecientes a  medios digitales de Casanare.

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Por solicitud de la Fiscalía adscrita al Gaula, fue enviado a la cárcel Jefferson Quintero Rangel, de 22 años, capturado en flagrancia cuando recibía el dinero que, al parecer, exigía a conductores de buses en los que llevaban extranjeros a la frontera entre Arauca y Venezuela.

Según la denuncia de una de las víctimas, los hechos ocurrieron cuando regresaban de la frontera, sobre el cruce de Hato Corozal - Sacama (Casanare), y fue abordado por un hombre que se identificó como alias Camilo del Grupo Armado Organizado (GAO) ELN.

El hoy capturado presuntamente preguntó a la víctima por los recibos de pago que le permitirían circular en la región y, ante la respuesta negativa, lo condujo junto con otras 5 personas, al parecer conductores y ayudantes de otros buses que conformaban la caravana humanitaria coordinada por Migración Colombia, a un sector desconocido de la vía, donde les habría hecho algunas exigencias.

Las indagaciones iniciales señalan que, en la vía donde interceptaron a dichos conductores, Quintero Rangel se reunió con otra persona y obligó a comunicarse con los dueños de los vehículos, a quienes les exigieron el pago de un millón de pesos por cada uno de los buses, so pena de incinerarlos y asesinar a los conductores.

Una de las víctimas, junto a su presunto extorsionista, se desplazó hasta Hato Corozal (Casanare) para retirar el dinero enviado para su liberación. Sin embargo, en una reacción inmediata de las autoridades, gracias al aviso de lo que sucedía, el Gaula del Ejército y de la Policía interceptaron y capturaron a Quintero Rangel.

Ante el Juzgado Promiscuo de Trinidad (Casanare), la Fiscalía imputó cargos contra el detenido por los delitos de extorsión agravada tentada en concurso con secuestro simple, los cuales no fueron aceptados.

Esteban Ponare Pumeje, docente del resguardo indígena de San Juanito en Orocué, es señalado de cometer actos sexuales abusivos con al menos 10 niñas menores de 12 años. El educador fue capturado en la carrera 9 No. N° 6-21 del barrio Los Escalones.

De acuerdo a la Fiscalía, el profesor durante los años 2017 y 2018 aprovechó su condición de profesor para acercarse a sus alumnas, citarlas en aulas y realizarles tocamientos en sus partes íntimas.

Al parecer el docente de 53 años, que residía en el mismo resguardo indígena, también se valía de presión psicológica contra las estudiantes, amenazandolas con hacerlas perder el año si denunciaban los actos cometidos por él. El indígena capturado por la Sijín en coordinación con la Fiscalía en la carrera 9 No. N° 6-21 del barrio Los Escalones de Orocué, 

Ponare Pumeje fue enviado a la cárcel y deberá responder por el delito actos sexuales con menor de 14 años con circunstancias de agravación punitiva en concurso homogéneo y sucesivo.

A través de un comunicado, la Dirección Seccional de Fiscalías, desmintió una imagen que circula a través de WhatsApp y redes sociales, en las que supuestamente se estaría investigando a un llamado Clan de Contrataciones Petroleras, en las que menciona a varias empresas y se muestra a varios políticos del departamento.  

"La Dirección Seccional de Casanare se permite aclarar que, No es cierta la información que se está difundiendo a través de redes sociales y cadenas de WhatsApp, en la que se utiliza el logo de la Fiscalía General de la Nación, en la que hace referencia  a investigaciones internas. Toda información que sea divulgada por la entidad se hace a través de la página www.fiscalia.gov.co", informó la Fiscalía. 

De igual modo, se dio a conocer que se tiene una iniciativa de verificación para conocer la procedencia de la cadena y se dijo también que quienes difundan dicha cadena, pueden ser investigados por delitos como injuria y calumnia, suplantación de autoridad y falsedad en documento público. 

La Fiscalía General de la Nación invitó a la comunidad, para que entregue información que permita la identificación, individualización y ubicación de los  sujetos que aparecen en las imágenes.
Los sujetos quedaron registrados en las cámaras de video el día 22 de mayo de 2019, en el momento de cometer un hurto, donde utilizando arma de fuego en la estación de servicio "Señorita Casanare", ubicada en la entrada de Yopal,  se llevaron 31 millones de pesos luego de intimidar a empleados del lugar. 

La Fiscalía anunció que se recibe información bajo absoluta reserva a los teléfonos: 350 272 65 26 - 635 95 32 - 318 532 43 63. Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. o pueden dirigirse a la Carrera 21 No 9-48, Sección de Análisis Criminal.

Adelar Burgos de 50 años fue capturado en la calle 9 con carrera 10 del barrio Centro del municipio de Paz de Ariporo, cuando recibía dinero producto de una extorsión a un finquero de la región del norte de Casanare. 

Según investigaciones adelantadas por las autoridades, este hombre mediante la modalidad de llamadas y mensajes, intimidaba a sus víctimas manifestando que no los involucraría en declaraciones judiciales a cambio de dinero para no ser investigados en los procesos judiciales. “En este caso a la víctima le exigían un monto de 20 millones de pesos el cual se acordó inicialmente de entregar por parte de la víctima, un adelanto de nueve millones de pesos al sujeto que hoy fue capturado”, informó la Fiscalía. 

Se pudo conocer que para el año 2007, Burgos fue condenado a 36 meses de prisión y a una multa de 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el delito de extorsión, dónde su cargo dentro de la organización sería el de efectuar los cobros de dinero producto de las exigencia económicas a los diferentes gremios en el departamento del Casanare; cuando hacia parte de las extintas Autodefensas al mando de Gonzalo Rodríguez Celis, alias ‘Gacha’; dónde su permanencia dentro de la organización al parecer fue de cuatro años, según reportaron las autoridades. 

La Fiscalía Seccional Casanare y la Personería Municipal de Yopal lanzaron la campaña que busca prevenir a los casanareños sobre la modalidad de delitos conocida como ‘gota gota’.

“El modus operandi del 'gota a gota', es que a usted le prestan una suma de dinero determinada, después le dicen que va a pagar alrededor del 10 por ciento lo cual comienza es diario a pagar supuestamente el capital y el interés, pero pasa el tiempo y nunca logran pagar el capital. Todos los días le están cobrando hasta que llega un momento en el cual la personas financieramente ya no tiene la capacidad, entonces comienzan a extorsionar, comienzan a coaccionarla, a quitarle los bienes, es un ejemplo que hemos tenido en todo el país donde llegan y desocupan los comercios, los extorsionan e igualmente atentan contra su misma familia”, explicó el fiscal Encinales, quien agregó que que las personas implicadas en tales actividades, se verían inmersas en delitos tales como concierto para delinquir, en concurso con otros hechos delincuenciales como por ejemplo la usura, coacción y hasta el mismo hurto.

Por su parte, el personero de Yopal, César Figueredo, añadió: “Se cometen otras conductas delictuales como fraude procesal, para cobrar los dineros a través de la administración justicia”. 

La situación en el país en relación con los índices del delito del hurto es alarmante. Según el ministro de Defensa, Guillermo Botero, en lo que va corrido de 2019 se ha registrado un aumento del 9 por ciento, y el año pasado, las tres capitales de Colombia más afectadas en orden de mayor a menor fueron: Bogotá, Medellín y Cali.

En 2018 se presentaron en Casanare, 3.164 denuncias, referentes a las diferentes modalidades de hurto. Esta cifra en relación al año inmediatamente anterior (2017), se mantuvo en promedio en un 0.07 por ciento, lo que reflejó un leve aumento en el reporte de casos.

Realizando una comparación entre los años 2017 y 2018, se puede establecer que, en Casanare existe una reducción en casos de robo a establecimientos de comercio y residencias, se mantiene el hurto a cabezas de ganado y aumentó el hurto a celulares y personas.  

Comparando el primer cuatrimestre de los años 2018 y 2019, también se refleja un aumento en las denuncias por el delito de hurto, pasando de 832 a 975, incrementando en 17.19 por ciento. Así mismo en el estudio se identificó que los municipios en donde se presentó un incremento en las denuncias por este delito son: Yopal 41,6 por ciento (670), Maní 81,2 por ciento (29) y Orocué 166,6 por ciento con (16) casos en 2019.

Según el secretario de Gobierno del Departamento, Milton Álvarez, la comunidad debe continuar confiando en las instituciones de justicia y utilizar los diferentes canales que se tienen para denunciar, como el portal “ADenunciar” www.adenunciar.policia.gov.co/adenunciar,  una plataforma que está disponible las 24 horas del día para atender a las víctimas de distintos delitos.