La Policía de Casanare reportó cuatro capturas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el departamento.

Dos de ellas se presentaron en el barrio San Antonio kilómetro uno de la entrada principal del municipio de Támara, donde fueron detenidos dos hombre de 26 y 20 años de edad, a quienes se les halló en su poder una bolsa que contenía 64,7 de marihuana y una gramera. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 12 local de Paz De Ariporo.

De igual modo, en la calle 35 con carrera 25 barrio Oasis de Yopal, fue capturado un hombre de 21 años de edad, a quien se le incautaron cuatro envolturas en papel en forma de cigarrillo en cuyo interior contenía ocho gramos de marihuana. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía 30 local URI.

Por último, en la carrera 18 con calle 15 del barrio la Esperanza de Yopal, fue capturada una mujer de 19 años de edad, a quien  se le halló en su poder 17 envolturas dosificadas de 10 gramos de bazuco. La capturada fue dejada a disposición de la fiscalía 30 local URI. 

Danilo Bonilla de 42 años de edad, fue capturado por orden judicial por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. 

Los hechos se remontan al año 2014 en una finca de la vereda La Esmeralda del municipio de Orocué, luego de que una adolescente fuera accedida sexualmente momentos en que se encontraba sola en su lugar de residencia. Estos Estos hechos fueron puestos en conocimiento en primera instancia por comisaría de familia quien dio tramite a la Fiscalía.

De inmediato se inició el proceso investigativo logrando recaudar elementos materiales probatorios suficientes de la comisión del hecho punible, donde en juicio oral se logró sentencia condenatoria de 204 meses de prisión para Bonilla y así mismo obtener la orden de captura para cumplir condena.

Al respecto, el coronel José Luis Ramírez, comandante de Policía de Casanare, informó que el sujeto no tenía ninguna afinidad en materia de relación familiar con la víctima, y agregó: "Desde el departamento de Policía Casanare continuamos la lucha frontal contra los delitos sexuales invitando a la comunidad a denunciar estos hechos, los cuales permiten tomar acciones y lograr esclarecer la comisión de conductas punibles".

En firme quedó la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, contra el ex concejal y dirigente social Luís Ferney Salcedo Gutiérrez y Jesús Leal Salcedo, a quienes, a comienzos de diciembre de 2018, les imputaron cargos y les impusieron medida preventiva, por los delitos de concierto para delinquir agravado, obstrucción de vía pública y violencia contra servidor público.

Vea: “A los líderes jamás le callan la boca” gritaba Ferney Salcedo en su traslado a la cárcel

De igual forma quedó en firme la medida de detención domiciliaria, para Carmen Salcedo, Miguel Ángel Rincón, Yulibel Leal Oros, y María Teresa Rincón Duarte. Mientras que no fue resuelta la apelación de Jerónimo Salcedo Betancur y Josué Rincón Duarte, quedando pendiente una audiencia.

Vea Les imputaron cargos a los 8 capturados en San Luis de Palenque

La decisión se dio este jueves, en lectura de fallo de segunda instancia por parte  del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal, que resolvió la apelación interpuesta tanto por la defensa de los imputados como por la Fiscalía, en audiencia virtual cumplida en la cárcel La Guafilla de Yopal.

Según Jorge Cortés, abogado de tres de los imputados, las pretensiones de la Fiscalía, era que las personas que habían gozado de medida de detención preventiva en su domicilio, fueran a la cárcel, “el juez Segundo Penal del Circuito de Yopal, Juan Alberto Pulido, consideró que debían seguir en detención domiciliaria, confirmando así la decisión de primera instancia”.

Frente a la apelación de la medida de aseguramiento, contra, Luís Ferney Salcedo Gutiérrez y Jesús Leal Salcedo, el abogado indicó que el juzgado confirmó la medida de detención en establecimiento carcelario.

“Quedó pendiente una audiencia, ya que no fue resuelta la apelación de segunda instancia de Jerónimo Salcedo Betancur y Josué Rincón Duarte, en la cual el juez deberá tomar una decisión frente a la situación de los imputados”, indicó Cortés.

Reiteró el abogado que los argumentos que esgrimió el juez, frente a la detención domiciliaria de cuatro de los imputados, fue que, la decisión tomada en primera instancia, era adecuada a derecho, a los fundamentos que había expuesto el juez. Mientras que, frente a la solicitud de apelación de la medida de aseguramiento contra Ferney Salcedo Gutiérrez y Jesús Leal Salcedo, en donde se pretendía que se revocara la detención en establecimiento carcelario, el juez consideró que había por el momento méritos, para sostener dicha medida.

En cuanto a las acciones a seguir por parte de la defensa, indicó Cortés que, “ya que tenemos alguna idea de que es la imputación que se hizo y cuál es la posible acusación, tenemos un investigador privado que está haciendo las pesquisas, y recolectando pruebas y evidencia física, para hacer valer en el juicio, o en otras audiencias que posteriormente vendrán”.

Reiteró el abogado que, la tesis de la defensa es que, los delitos que imputa la Fiscalía, no podrán ser probados en el juicio, “estamos recolectando las evidencias para controvertir la posible acusación y formalmente sepamos de que delitos se va a acusar a los imputados”.

En la actualidad, provisionalmente la Fiscalía imputó delitos como, Concierto para Delinquir Agravado, Porte Ilegal de Armas de Defensa Personal, Obstrucción de Vías Públicas, Daño en Bien Ajeno, Lesiones Personales, Homicidio en el grado de Tentativa, entre otros.

Contexto

Jorge Cortés explicó que, la situación actual de ocho líderes sociales de los municipios de San Luís y Trinidad, se remonta al año 2012, cuando las comunidades de estos municipios, específicamente de las veredas La Venturosa, Platanales y El Tigre, tuvieron grandes diferencias con la compañía Pacífic Rubiales, ya que no estaban de acuerdo con el manejo ambiental que se le venía dando a la explotación petrolera, y la escasa contratación de personal de la región.

Reiteró el abogado que, existen evidencias de hechos puntuales tales como que, Pacífic quedó debiendo más de 3.300 millones de pesos a las comunidades del sector, “hechos que son aceptados por la hoy compañía Frontera Energy, aunque no sabemos exactamente cuál sea la figura, porqué Pacífic Rubiales se convirtió en Frontera Energy. Ha habido múltiples reuniones donde la compañía ha invitado a quienes hoy están detenidos a dialogar frente a los problemas existentes, por decir algo, a la señora Teresa Rincón, propietaria de un restaurante, la compañía le adeudaba más de 15 millones de pesos en alimentación y lavado de ropa, y con propietarios de vehículos hay deudas desde hace dos años”.

Sumado a lo anterior, explicó Jorge Cortés, hay múltiples quejas de tipo ambiental, sobre contaminación de fuentes hídricas y el deterioro y destrucción permanente de carreteables,-hechos por la Gobernación y las Alcaldías para el beneficio de las comunidades-, por parte de la compañía, con el transporte de maquinaria pesada y tracto mulas.

“Existen documentos donde Ferney Salcedo eleva una serie de peticiones de cerca de 80 puntos, sobre la problemática que vive la comunidad y las exigencias para que haya contraprestación respecto a las inversiones sociales que compensen las afectaciones que han tenido”, puntualizó el abogado Cortés.

Lo que sucedió después, fue la protesta de los habitantes del sector, el cierre de vías, la utilización del Esmad para reprimir las manifestaciones y la posterior captura de ocho personas, en diciembre del año anterior.

Vea: Legalizados los allanamientos y capturas de los líderes sociales que protestaban contra Frontera Energy

Vea: Ferney Salcedo, líder comunal de San Luís de Palenque y 7 personas más fueron capturadas por protestas en bloque Cubiro

Plantón por cambio de sitio de la audiencia

Según lo manifestó ayer el juez Segundo Penal del Circuito de Yopal, Juan Alberto Pulido, en la audiencia, el sitio de la misma se cambió del Palacio de Justicia a la cárcel de La Guafilla, por informes policivos que se tenían de que podían haber presiones o perturbaciones indebidas de algunos manifestantes.

“Considero que es un exceso, ya que las personas tenían derecho a acompañar a sus familiares y amigos. Es paradójico que se sustente una medida diciendo que los detenidos son un riesgo para la sociedad”, indicó Cortés y reiteró que la judicialización de líderes sociales, es una política de control social del Estado que ha venido en aumento en el país.

Por su parte, Jhony Cruz, habitante de Trinidad, quien junto a varias personas de esta localidad y San Luís de Palenque, hicieron un plantón frente al Palacio de Justicia, calificó de des obligante el traslado del sitio de la audiencia  y dijo que es una muestra más de represión contra las comunidades del sector, quienes lo único que reclaman son sus derechos y la liberación de los  líderes detenidos.

La exalcaldesa de Nuchía, Martha Cecilia Pérez Rodríguez, fue condenada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal a pagar 15 años de cárcel por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en concurso homogeneo.

La decisión obedece a un fallo de primera instancia donde además se contempla 200 meses de inhabilidad (16 años) para ejercer cargos públicos, además de una multa de 183 salarios minimos legales vigentes.
De acuerdo a Jhon Fredy Encinales, director de Fiscalías de Casanare, el delito contra la Administración pública se configuró luego de que concejales y el mismo secretario de Gobierno de ese entonces, la denunciaran por irregularidades en la ejecución,cumplimiento y liquidación del contrato número 050 de 2012,de mínima cuantía relacionado con las leyendas informativas para las diferentes oficinas de la Administración Municipal y el Centro de Convivencia, como apoyo al proceso de implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI)cuyo valor ascendía a 15 millones 805 mil pesos, que se liquidó sin haberse cumplido en su totalidad.

Jhon Fredy Encinales, director de Fiscalías de Casanare, informó se adelanta un proceso penal en contra del alcalde de Nunchía, Fredy Higuera, por el delito de peculado y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, luego del encerramiento de una propiedad privada con recursos públicos de la Administración Municipal.

Pese a que la Fiscalía solicitó la medida de aseguramiento con detención preventiva para el mandatario, un juez la negó.
En junio se resolverá la solicitud luego de que la Fiscalía apelara la decisión.

En Consejo Extraordinario de Seguridad que presidió el alcalde de Yopal, Leonardo Puentes Vargas, se determinó establecer un sistema de incentivos económicos (recompensas) a las personas que aporten información que contribuya a contrarrestar hechos delictivos en el municipio, como medida tendiente a garantizar la seguridad, orden público y convivencia ciudadana.

La medida está orientada al fortalecimiento de las relaciones entre las autoridades y la ciudadanía, en procura de fomentar la cultura de la denuncia y a combatir la delincuencia en sus diferentes modalidades delictivas. El pago por información se hará efectivo siempre y cuando los datos proporcionados sean veraces y oportunos, y conduzcan a contrarrestar actos delincuenciales.

El pago del incentivo, inicialmente, será cancelado a quienes con sus denuncias e información colaboren en la identificación y ubicación de armas de fuego, expendedores de sustancias psicoactivas y los responsables del hurto de luminarias en el corredor que conduce a Matepantano y la vía a Sirivana.

“Ya se abordó el tema, los miembros del Consejo aprobaron la propuesta. Eso significa que próximamente estaremos anunciando la cuantía fijada por estos hechos delictivos que están afectando la seguridad en el municipio de Yopal.

Hacemos un llamado a la ciudadanía que tenga información a que la ponga en conocimiento de las autoridades competentes, como el servicio de inteligencia de la Sijín de la Policía Nacional o el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, para poder dar con el paradero de los responsables y lograr judicializarlos”, manifestó el secretario de Gobierno, Eliver Moreno Pacheco.

Señaló el funcionario que están garantizadas las condiciones de seguridad para que la comunidad suministre la información ante las autoridades, porque habrá absoluta reserva y confidencialidad de su identidad.

Los recursos dispuestos para el pago de los incentivos corresponden a dineros del Fondo de Seguridad del municipio, que serán empleados con ese fin y utilizados de manera eficiente.

El Consejo de Seguridad se llevó a cabo el pasado viernes, con la presencia de diferentes autoridades, como el Ejército y la Policía Nacional, Fiscalía, la Secretaría de Gobierno, entre otros.

Luego de un año de trabajo investigativo, la Fiscalía General de la Nación citó a audiencia de imputación de cargos a quien ejerció funciones de gerente del Fondo Adaptación (2016- 2018), Iván Fernando Mustafá Durán, investigado por el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público.

La indagación inició el 22 de diciembre de 2017, a partir de un informe que envió a la Fiscalía la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en el que advertía sobre movimientos financieros que deberían ser objeto de seguimientos.

Los investigadores cuentan con material probatorio en el que Iván Mustafá, entre los años 2010 y 2018, habría incrementado su patrimonio económico de manera injustificada. En ese período el exfuncionario ocupó los cargos de: Viceministro de Agua, Director para las Regiones y Gerente del Fondo Adaptación de la Presidencia de la República. La diligencia judicial fue programada por el centro de servicios de Paloquemao para el próximo 25 de abril a las 4:00 p.m. La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.

Alrededor de 100 motos quedaron calcinadas luego de un incendio registrado la noche de este martes en las instalaciones del parqueadero de Setty, ubicado en la calle 40 con calle 31.

El total de motos será confirmado en horas de la mañana de hoy, cuando las condiciones del día  permitan hacen un mejor cotejo de los vehículos afectados.

Aunque no se han confirmado las casusas del incendio, no se descarta que pueda tratarse de un sabotaje, pues de las más de 2.500 motos y 40 carros que hoy están en el parqueadero de la concesionaria Setty, al menos 1500 motos y 16 carros están cerca de ser rematados, y se está a la espera de la adjudicación del contrato para el peritaje de los mismos.

La conflagración fue verificada directamente por el secretario de Tránsito Municipal, Robert Hernández Cachay, quien dijo que al momento de su llegada ya se había superado el incendio, gracias a  la intervención de los  bomberos y se había acordonado el área.

Al respecto el funcionario señaló que la investigación de este suceso fue asumida directamente por el CTI de la Fiscalía, por lo que se espera que los expertos en esta área establezcan las causas del incendio y los alcances del mismo, para lo cual se hará la revisión en horas de la mañana.

Por el momento se cuenta con acompañamiento policial para cuidar la escena durante la noche, lo cual fue solicitado directamente por el Alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, para evitar inconvenientes en la investigación.

Hernández Cachay dijo que algunas motocicletas fueron alcanzadas por las llamas, pero es apresurado dar una cifra en el momento, pues el área está acordonada y no se puede observar a detalle. Además señaló que el parqueadero cuenta con cámaras de vigilancia, por lo que se espera que las autoridades judiciales pongan a buen resguardo los computadores para poder revisar las grabaciones.

Respecto a la responsabilidad en los vehículos afectados, el  secretario de Tránsito resaltó que “la concesionaria es la responsable de las motocicletas desde el día en que ingresan hasta que se resuelva la situación particular”.

El día de ayer, Bomberos había reportado varios incendios cerca del parqueadero, y al parecer las llamas habrían alcanzado las instalaciones cerca de las 7:30 de la noche.

Fernando Alberto Fernández Delgado de 57 años, fue hallado sin vida en la finca Palometas de la vereda San Nicolás de Hato Corozal. 

Según se dio a conocer, una de sus empleadas encontró el cuerpo de Fernández en el cuarto principal del hoy fallecido, quien se habría suicidado con un arma de fuego.  

De acuerdo a algunas versiones, el sonido de un disparo de arma de fuego alertó a la empleada, quien de inmediato ingresó a la habitación y encontró a su patrón con una herida en la parte izquierda de la cabeza.  

Hasta la finca arribaron las autoridades, quienes procedieron a atender la emergencia, encontrando un arma de fuego tipo revólver calibre 38, con la cual Fernández se habría quitado la vida.  

Por el momento ante el presunto caso de suicidio, las autoridades continúan con las respectivas investigaciones que ayuden a esclarecer el infortunado suceso. 

Se pudo establecer que el fallecido era dueño del Hato La Borra, del cual se desprenden varias fincas, entre ellas Palometas.

Fernando Alberto era padre de Paola, Ximena y Fernando, e hijo del también fallecido Julio Fernández, reconocido poseedor de tierras y hombre de llano.  

Se profirió sentencia condenatoria por preacuerdo en contra de John Alejandro Carrillo Banquero, a una pena de 33 meses de prisión por el delito de lesiones personales agravadas (investigación iniciada por el delito de violencia intrafamiliar).

Según dio a conocer la Fiscalía, el 29 de noviembre de 2018, en la vereda las delicias  del municipio de Tauramena, el señor Carrillo Banquero llegó a su domicilio en estado de embriaguez y comenzó a insultar y a golpear a su esposa, sin tener en cuenta que la víctima se encontraba con 7 meses de embarazo.