Desde el 6 de mayo del 2021 La jurisdicción Especial Para La Paz (JEP), expidió la medida cautelar 026, mediante la cual se prohíbe hacer cualquier tipo de intervención en ese predio.  

El Cementerio San José funcionó hasta el año 1999 cuando se trasladó a un lugar más amplio a las afueras del municipio.

En el año 2020 se hizo la gestión por parte de la administración municipal para que en el capítulo de regalías de la gobernación, pudiese quedar incluido un parque en este lugar, denominado: “Parque del Chiguiro”. Un parque de connotación cultural cuya inversión sería de 2,500 millones de pesos. El proyectado parque cuenta con estudios y diseños, y estaba listo para iniciar su construcción.

Por parte de la alcaldía municipal; a través de la Empresa de Servicios Públicos, Paz de Ariporo S.A. E.S.P.  se ha hecho el cerramiento y se realizan limpiezas periódicas sin que se pueda realizar ningún tipo de intervención adicional, siguiendo las instrucciones de la JEP.

El secretario de gobierno del municipio de Paz de Ariporo, Nicolás Pérez, advirtió que, en la búsqueda que inicia la Fiscalía 67 de justicia transicional de Bogotá se visitó el cementerio y se halló que, dentro de los restos óseos que se encontraban tras el traslado de los cuerpos al nuevo cementerio, hallaron tumbas que habían sido profanadas y personas sin identificar.  Esta es la razón principal por la cual la JEP decide expedir una medida cautelar con la prohibición de cualquier tipo de intervención en ese predio.  Para la JEP estos podrían ser restos de personas dadas por desaparecidas.

Inicialmente la medida era por 6 meses, pero se ha venido prorrogando. La misión es encontrar unos cuerpos que, por solicitud de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello a la JEP, se encuentran en proceso de búsqueda.

La alcaldesa de Paz de Ariporo, Eunice Escobar pidió a la JEP y a la Fiscalía General de la Nación, acompañamiento para que se dé celeridad en la labor que vienen adelantando y así entre todos puedan buscar una pronta solución, clausurar el cementerio y poder avanzar construyendo el cambio para el municipio.

Así la mandataria aseguró que ratifica su decidido compromiso para seguir trabajando por amor a nuestra tierra.

El 28 de marzo de 2016 el general en retiro Henry Torres Escalante fue detenido en el marco de un proceso penal por su supuesta responsabilidad en dos ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”, ocurridas el 6 de marzo de 2007 en el municipio de Aguazul, Casanare.

Inistiendo en su inocencia, y por considerar que no había garantías en la justicia ordinaria, en julio de 2017, Torres Escalante pidió pista en la Jurisdicción Especial para la Paz y un año después ante esa justicia especial acudió a una primera audiencia en la que anunció su compromiso de contribuir a la verdad y firmó el acta de sometimiento. Ahora, la JEP le negó el beneficio de la libertad.

La defensa del oficial solicitaba que se le revocara la medida de aseguramiento que pesa en su contra, por considerar que cumple con los requisitos que para ello estipuló la ley. En decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, se señaló que el general sí cumple con los parámetros legales, menos el que indica que quien busca recuperar su libertad debe haber estado privado de la libertad mínimo cinco años. Esto, además, si se tiene en cuenta que el oficial quedó libre por orden de un juez en 2017 y fue nuevamente detenido el 23 de enero de 2018.

Aunque el oficial ya está recluido en el Cantón Norte de Bogotá, la Sala consideró que sí le podría otorgar el beneficio de estar detenido en una unidad militar y, por eso, ordenó que se evalúe su traslado, de ser necesario, a la unidad que esté más cercana a donde habita su familia. Para ello, el general Torres deberá suscribir un acta de compromiso en el que reafirme que cumplirá con sus obligaciones con la Jurisdicción Especial para la Paz, contribuir al esclarecimiento de la verdad, a la no repetición y a la reparación inmaterial de las víctimas.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas además le dio un plazo de 10 días al general para que presente por escrito un “plan de cumplimiento claro, concreto y programado, en relación con sus compromisos de contribuir a la realización de los derechos de las víctimas a la verdad plena, la reparación integral y la no repetición, so pena de perder el beneficio concedido en esta oportunidad”.

En ese documento, el oficial tendrá que exponer los hechos por los cuáles aportará verdad, “la parte de la realidad del conflicto que coadyuvará a esclarecer; los programas de reparación inmaterial e integral en que participará para resarcir a las víctimas, de preferencia aquellos que permitan restaurar los derechos afectados y la superación de la situación social que enfrentan por causa de la victimización”, así como sus aportes efectivos para la no repetición.

Además, el general en retiro Henry Torres deberá presentar un programa de participación ante la justicia transicional que detalle lo que tiene para aportar en cuanto verdad, justicia, reparación y no repetición. Todo esto será evaluado por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR).

Contexto

El general en retiro Henry Torres Escalante, es acusado de homicidio en persona protegida por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos campesinos identificados como Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniegas, cuando se desempeñaba como comandante de la XVI Brigada del Ejército. Ambos fueron acribillados en marzo de 2007 en la finca El Triunfo en Aguazul, Casanare, y luego fueron presentados como guerrilleros muertos en combate.

En enero de 2017, un juzgado de Yopal, se convirtió en el escenario de un hecho histórico: El comienzo del primer juicio contra un general señalado de ser responsable de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos.

Desde que en 2007 estalló el escándalo, más de 3.500 uniformados fueron detenidos, acusados de haber asesinado a cerca de 6.000 personas para presentarlas como bajas de la guerrilla. De ese número cerca del 80 por ciento son soldados o suboficiales.

En 2016 un grupo de 12 oficiales superiores, con grados de teniente coronel y coronel, fueron detenidos y están bajo investigación. Por años las familias de las víctimas, así como varias organizaciones de derechos humanos reclamaron a las autoridades que las investigaciones llegaran hasta los altos oficiales, para establecer los máximos responsables de esa macabra práctica. Fue así como en 2015 la Fiscalía anunció que tenía 16 generales bajo la lupa, encabezados por Mario Montoya, excomandante del Ejército. Tras ese anuncio poco se volvió a saber del tema hasta marzo de 2016 cuando fue detenido el primer general de esa lista: Torres Escalante.

La Fiscalía lo acusa por la muerte de los campesinos Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniegas, de 16 y 38 años, acribillados en marzo de 2007 por militares que los presentaron como guerrilleros caídos en combate. Se trataba de miembros de la Decimosexta Brigada del Ejército en Casanare, comandada por el entonces coronel Torres Escalante. Según el expediente, además de conseguir un falso positivo con esos asesinatos también buscaban silenciar a los campesinos, que habían presenciado y denunciado otras ejecuciones cometidas por militares en esa zona del país.

Si bien a Torres se le enjuicia por esos dos homicidios, el expediente contiene 85 casos más de ejecuciones cometidas por miembros de la Decimosexta Brigada entre 2005 y 2007. Parte de la artillería de la Fiscalía contra el general Torres, retirado del Ejército tras su captura, incluye 53 inspecciones judiciales, 12 pruebas periciales, 224 documentos y 93 testimonios. Uno de los más contundentes es el del teniente (r) Marco Fabián García, condenado a 22 años de cárcel por un falso positivo, quien dijo que, a su comandante, Torres, “siempre se le tuvo al tanto de los operaciones y de los casos que se presentaban”. Para la Fiscalía no existe duda de que Torres participó en “todas las fases del delito, tanto en la preparación y ejecución, como en fase posterior. Así mismo su aporte se realizó por acción y omisión”.

Tras su arresto Torres quedó recluido en una unidad militar en el norte de Bogotá. Con 38 años de carrera militar fue comandante de Huila, Tolima, Cundinamarca, Casanare y de la Quinta División. Además, estuvo al frente del Comando Suroccidente del país (Valle, Cauca y Nariño). En su último cargo, ejerció la jefatura del Centro de Memoria Histórica del Ejército.