La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra los exalcaldes de Yopal (Casanare), Jorge García Lizarazo (marzo - diciembre 2015) y Pedro Julio Martínez Cristancho (encargado entre el 16 y el 19 de junio 2015), así como a la jefe de la oficina Asesora Jurídica de la ciudad, Leydi Johana Hernández Oviedo (abril - diciembre 2015), quienes habrían evadido los procedimientos de selección objetiva del contratista.

Al parecer, García Lizarazo no habría culminado un proceso de contratación y en su lugar habría celebrado, mediante contratación directa, un convenio de cooperación que tenía un objeto similar al proceso inicial, orientado a beneficiar a población de la tercera edad.

Igual situación se habría presentado con el exalcalde encargado Martínez Cristancho, quien suscribió de forma directa un convenio de cooperación para desarrollar el diagnóstico y formulación del plan integrado de movilidad urbana y rural PIMUR de Yopal, meses después de que se había iniciado un proceso de contratación mediante concurso de méritos para suplir esta necesidad, el cual habría quedado detenido.

Se cuestiona también al exmandatario Martínez Cristancho, como alcalde encargado, por la presunta terminación unilateral de un convenio interadministrativo celebrado con la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (Corporinoquia) y su posterior liquidación unilateral, sin que se presentaran las causales previstas en la Ley para ello.

Días después, el investigado celebró un nuevo convenio de cooperación, el cual tenía un objeto similar al suscrito con Corporinoquia, fundamentado en normas que permiten a las entidades territoriales celebrar contratos de manera directa con entidades privadas sin ánimo de lucro, con el propósito de impulsar programas y actividades de interés público que estas tengan y que sean acordes con el Plan de Desarrollo de la respectiva entidad territorial.

Por último, el Ministerio Público formuló cargos contra Leydi Hernández Oviedo, quien en su condición de jefe de la oficina jurídica de Yopal (Casanare), habría aprobado los estudios previos y el texto de los tres convenios de cooperación firmados por los exalcaldes, objetos de cuestionamiento. 

El ente de control calificó provisionalmente las presuntas conductas de los tres investigados como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.

La Procuraduría Regional de Casanare abrió investigación disciplinaria contra el alcalde de Maní Jersson Esneyder Montoya Hoyos y el secretario de Obras Públicas Héctor Esmir Puerta González, por presuntas irregularidades en la contratación donde se habría favorecido con varios contratos al señor Carlos Darío Rodríguez González, durante la vigencia 2020. A solo un contratista se le habría adjudicado más de la mitad de la contratación, según el denunciante.

El ciudadano Oscar Fabian Ceballos Urbano, denunció que el alcalde por supuestamente cobrar el 10% de los contratos adjudicados a este contratista, mientras que el secretario de obras habría cobrado el 5%.

Algunos de estos tienen que ver con el mantenimiento al sistema eléctrico del parque La Corocora, tarima de eventos, monumento de La Bandola y otros, por 93 millones de pesos; el embellecimiento de separadores centrales y sardineles laterales de las vía sobre las carreras 2, 3, 4 y 5 y restauración de monumentos ubicados en el malecón, por 160 millones de pesos; la primera etapa de rehabilitación y mantenimiento del sistema de acueductos de las veredas Guayanas, Santa María, Mararabe, Belgrado, Guafal y Brisas por 245 millones de pesos, entre otros 8 contratos, que sumarían 730 millones de pesos.

Frente a la investigación que abrió la Procuraduría Regional de Casanare en su contra, el alcalde de Manì, Jersson Montoya, dijo que se siente tranquilo y que con su equipo de abogados va a aclarar la situación.

Sobre el proceso donde se habilitó un oferente para un contrato de 105 mil millones de pesos para la vía Manì- Tauramena -Monterrey, señaló que se hizo con todos los reglamentos bajo la ley, para la presentación de esta propuesta.

Agregó que el contrato está en revisión y aún no se ha adjudicado, recalcando que los entes de control tienen conocimiento del tema.

La Procuraduría Regional de Casanare formuló pliego de cargos contra la alcaldesa de Paz de Ariporo, Eunice Escobar Bernal y la secretaria de salud municipal, Tatiana Rojas Abril, por irregularidades en la contratación de esta funcionaria, quien labora desde el 1 de enero en la Administración Municipal.

Según el Ministerio Público, en providencia del 21 de junio de 2022, Tatiana Rojas presuntamente no acreditó el cumplimiento de la experiencia relacionada de 6 meses exigida para ser nombrada como secretaria de salud, conforme al manual de funciones y competencias laborales de la Alcaldía.

La alcaldesa habría omitido el deber de revisar y confirmar la documentación con la cual se fundamentó la experiencia laboral de la funcionaria nombrada el 1 de enero de 2020, primer día de labores de la alcaldesa.

Procuraduría abre investigación disciplinaria al alcalde de El Espinal, Juan Carlos Tamayo, tras tragedia por desplome de las graderías en la plaza de toros, que deja 4 muertos y màs de 200 heridos.

"El mandatario no respondió los requerimientos sobre planes de acción de atención de desastre realizados. Nos solidarizamos con familiares de heridos y fallecidos", señala la Procuraduría.

En el requerimiento de la Procuraduría, que nunca obtuvo respuesta por parte de las autoridades del departamento del Tolima, solicitaba conocer las acciones para la gestión del riesgo de desastres “en eventos de aglomeración y el uso de animales en actividades de entretenimiento".

Un grupo de beneficiarios del proyecto de vivienda Villa David etapa III, fueron citados el pasado viernes al INDEV, pero a su llegada se encontraron con la noticia que el contratista aplazó nuevamente la fecha de entrega de las primeras viviendas.

Ante la situación, los beneficiarios decidieron protestar porque no llegó ni el contratista ni la interventoría, incumpliendo un compromiso pactado en un acta el pasado martes, en el que se acordó una nueva.

“Hace ya más de 8 años estamos esperando una vivienda digna, cada uno cumplió los requisitos y tiene una resolución en su mano. Nos sentimos desamparados, en Yopal elegimos 17 concejales y es triste ver que ya llevan tres años en sus curules y no se han dado cuenta que quedó pendiente un proyecto de vivienda para 188 familias de Villa David, que aún no se ha entregado”, afirmó Diana Mesa, vocera de la comunidad.  

La líder de la comunidad, hizo un llamado al personero, Contraloría, Procuraduría, para que no los dejen solos e intervengan, porque el contratista y el interventor “no han dado la cara”.

Por su parte, el gerente del INDEV, Jorge Blanco, dijo que desde la entidad se ha realizado lo pertinente para agilizar la entrega del proyecto, pero que hay inconvenientes que se salen del resorte de la Administración.

“Es un reclamo justo por parte de las comunidades, pero hemos tenido muchas dificultades con el contratista; primero porque en la Administración anterior no previeron el impuesto de guerra…consultamos con el Ministerio de Hacienda para poder aportar los recursos, luego vino pandemia y ahora el contratista dice que tiene un problema de cableado”, indicó el alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro.

Procuraduría General de la Nación, en fallo de primera instancia, sancionó con suspensión e inhabilidad especial por 10 meses a Roland Jeffrey Wilches Torres, expresidente del Concejo de Yopal, a Gabriel Ricardo Salamanca Sanabria y a Fabio Alexander Suárez Caro, primer y segundo vicepresidentes de la misma Corporación, respectivamente (2012-2015), por acomodar, de forma indebida, los requisitos para el nombramiento del personero municipal. 

El ente de control comprobó que durante el concurso de méritos que se adelantó, y en el que resultó electo Juan Manuel Nossa Fuentes para la vigencia 2016-2020, los tres investigados incurrieron en irregularidades con alcance disciplinario.

Los funcionarios variaron de manera injustificada las reglas cuando ya se conocían los resultados de las pruebas que habían sido aplicadas, ignorando los criterios de transparencia e imparcialidad e incurrieron en extralimitación de funciones al exigir requisitos académicos no previstos en la Ley.

La modificación de los requisitos exigidos por la ley para ocupar el cargo de personero, convocatoria que ellos mismos habían expedido, se hizo cuando ya solo quedaban dos aspirantes en competencia, con lo que inobservaron su deber legal de cumplir y hacer que se cumpliera el ordenamiento jurídico que regula la materia.

La conducta de los investigados fue calificada por el Ministerio Público como falta grave a título de dolo. Contra la presente decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el alcalde del municipio de Maní, Casanare (2016-2019), Tony Wilfred Ávila Hernández, por las presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la totalidad del calendario escolar 2016.

Al parecer, el exalcalde habría omitido la prestación del servicio del PAE para los estudiantes de la localidad, desde el primer día del calendario escolar y durante la vigencia 2016, a pesar de contar con recursos presupuestales disponibles por valor de $246’729.324.

Según el Ministerio Público, el investigado habría desconocido los derechos fundamentales a la educación, la asistencia y bienestar social de los niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas del municipio.

Asimismo, recordó que “el ordenador del gasto en su territorio debe adelantar los procesos de contratación del PAE necesarios para ejecutar en forma oportuna durante todo el calendario escolar vigente, los recursos destinados para tal fin”.

Para la Procuraduría se pudo vulnerar el principio de eficacia, en el entendido que a las autoridades administrativas les corresponde asegurar la protección infantil y el suministro de la nutrición balanceada durante toda la jornada escolar, contribuyendo a garantizar sus derechos a la educación y alimentación.

La posible falta de Ávila Hernández se calificó provisionalmente como grave a título de culpa gravísima, por la supuesta falta de compromiso del entonces mandatario con la población adolescente y joven del municipio.

La Procuraduría Regional de Casanare precisó que, terminada la etapa de instrucción, el expediente se remitirá por competencia a la Procuraduría delegada para el Juzgamiento Disciplinario (reparto), ante la cual los sujetos procesales podrán presentar descargos, versión libre, y aportar y/o solicitar pruebas y sus alegatos, si lo estiman pertinente.

Fuente: Procuraduría General de la Nación 

Por acción de la Procuraduría General de la Nación se aprobó la apertura del Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes (CESPA) en el municipio de Yopal, Casanare, el cual, tras un año y medio de su construcción, no había sido puesto en funcionamiento.

Luego de 12 jornadas de trabajo, el procurador Regional de Casanare y la procuradora 12 Judicial II de Familia, lograron que las instituciones que integran el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes llegaran a un acuerdo sobre las condiciones necesarias para abrir esta sede.

La reunión contó con la participación de las autoridades judiciales para adolescentes de Yopal, Casanare, el Consejo Seccional de la Judicatura de Tunja, el director ejecutivo seccional de la administración judicial, la Fiscalía 38 de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes, la dirección Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y representantes de la administración municipal y departamental, entre otras entidades competentes.

De otra parte, los intervinientes en este proceso establecieron que los juzgados de otras especialidades cumplirán sus funciones desde otro espacio diferente al destinado al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que entraría en operación en el mes de diciembre del presente año.

El Ministerio Público ejercerá vigilancia preventiva sobre la entrada en operación de este espacio, donde se centralizará la administración de justicia para adolescentes entre 14 y 18 años en material penal.
 

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a los exalcaldes de Chámeza, Casanare, Jorge Iván Martínez Roldán (2012-2015) y Bernardo Pérez Fonseca (2016-2019), por posible omisión en el ejercicio de sus funciones.

Los exmandatarios habrían incurrido en falta disciplinaria al no incluir en el presupuesto municipal las apropiaciones necesarias y suficientes para pagar las sentencias condenatorias proferidas contra el municipio, en primera y segunda instancia, durante los años 1998 y 2012, respectivamente, por el incumplimiento parcial de un contrato de obra pública.

Tras el incumplimiento de esta obligación, el 3 de marzo de 2020 el Tribunal Administrativo de Casanare modificó la actualización del crédito presentado por el demandante, estableciendo como pago la suma de $887.554.523,46.

Señala el Ministerio Público que la omisión de los ex servidores públicos constituye "una grave afectación al erario municipal de los años subsiguientes por el inevitable incremento de la obligación, en razón a los intereses moratorios qué día a día se van generando".

Las conductas objeto de investigación disciplinaria fueron calificadas provisionalmente por la Procuraduría como falta gravísima a título de dolo.

Por omisión en el ejercicio de sus funciones, la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión de cinco meses e inhabilidad por el mismo período al exalcalde de Támara, Casanare, Fernando Mantilla Abreo y su secretario de Gobierno y Desarrollo Institucional, Segundo Samuel Vega Mariño.  

El Ministerio Público estableció que el exalcalde contrató como asesor jurídico a un particular sobre el cual pesaba una inhabilidad impuesta por la Procuraduría para contratar con el Estado por un lapso de 10 años. 

Igualmente, se encontró responsable disciplinariamente al exsecretario Vega Mariño quien certificó la idoneidad para contratar al particular como asesor de la administración municipal cuando este se encontraba inhabilitado.     

Tomando en cuenta que los sancionados no se encuentran ejerciendo el cargo, se ordenó realizar la conversión de la sanción de suspensión en salarios, de acuerdo al monto devengado para el momento de la comisión de la falta. 

La decisión de primera instancia fue apelada por la defensa de los disciplinados durante la audiencia pública