La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Orocué, Casanare (2016-2019), Anderson Salvador Bernal Tello, por posibles irregularidades en la inversión ambiental en el municipio durante los años 2016 y 2017. 

Según la investigación, el exmandatario no habría invertido el 1% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación, ICLD, asignados a la Alcaldía de Orocué para la ejecución de los programas del plan de desarrollo local relacionados con el sector ambiental. 

El pliego de cargos señala los recursos estaban disponibles, por cuanto el Gobierno Nacional apropió durante el 2016 y 2017 a favor del municipio de Orocúe, Casanare, $14.380’975.097 de los cuales, según la norma, al menos $140’000.000 debieron ser ejecutados como inversión ambiental. 

No obstante, de acuerdo con las pruebas recaudadas, en el año 2016 solo se habrían ejecutado $55.485.026 y en la vigencia 2017 no hubo inversión alguna en los programas ambientales señalados en el Decreto Nacional 953 de 2013 que regula esta materia. 

La falta fue calificada provisionalmente como grave cometida al parecer a título de dolo. 

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Támara - Casanare, Fernando Mantilla Abreo (2016-2019), y su secretario de Gobierno y Desarrollo Institucional, Segundo Samuel Vega Mariño, por omisión en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con la investigación, en enero de 2019, el exmandatario habría contratado al señor Gustavo Lara Sepúlveda como asesor jurídico de la alcaldía, quien se encontraba inhabilitado por la Procuraduría para contratar con el Estado por el término de 10 años.

El Ministerio Público también cuestiona la conducta del entonces secretario de Gobierno y Desarrollo Institucional, Segundo Vega, quien certificó la idoneidad para contratar a Lara Sepúlveda omitiendo al parecer, su obligación de verificar previamente si se presentaba alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses; con lo cual habría desconocido el principio de responsabilidad.

Las posibles faltas fueron calificadas provisionalmente como gravísima a título de culpa gravísima.

La Procuraduría General de la Nación exhortó a cinco gobernadores y 18 alcaldes a adelantar las acciones necesarias para garantizar la oportuna gestión de los recursos del Fondo de Mitigación y Emergencias (FOME) para la implementación de los planes de alternancia requeridos para el retorno gradual, progresivo y seguro de los niños, niñas y adolescentes a la presencialidad en las instituciones educativas públicas del país.  

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exalcalde de Sácama, Casanare Mario Hernando Estupiñán; a la exsecretaria general del municipio, Argenis Barrera Valderrama, y a Jenny Caterine Uscátegui Maldonado, por presuntas irregularidades relacionadas con el nombramiento de esta última como comisaria de Familia en febrero de 2019. 

Las posibles faltas endilgadas al exalcalde y a la exsecretaria general fueron calificadas provisionalmente como graves a título de culpa gravísima, y para el caso de la excomisaria de Familia como grave a título de dolo.

La Procuraduría General de la Nación archivó el proceso que adelantaba contra el entonces comandante del Ejército Nacional, general Nicacio Martínez Espinel, por presuntas irregularidades en las directrices dadas a los militares para mejorar los resultados en las operaciones, al no encontrar mérito para continuar con la acción disciplinaria. 

Luego de analizar las pruebas en la etapa de indagación preliminar, la Sala Disciplinaria de la Entidad evidenció que en ninguna de las certificaciones allegadas al proceso se puede advertir que a los generales del Ejército Nacional se les haya presionado o exigido que cumplieran unas metas mínimas de bajas, capturas o desmovilizaciones; por el contrario, quienes rindieron declaraciones dieron fe de que Martínez Espinel fue enfático en exigir respeto por las normas del Derecho Internacional Humanitario, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la doctrina militar. 

La dependencia agregó que el entonces comandante del Ejército Nacional no incurrió en irregularidad que pueda configurar falta disciplinaria, y por lo tanto ordenó la terminación del proceso. 

Fuente: Procuraduría General de la Nación 

Por primera vez en mucho tiempo la vigilancia y seguimiento al proceso electoral será ejercido por el titular de la Procuraduría General de la Nación. La decisión la tomó directamente la procuradora General, Margarita Cabello, atendiendo de una parte su compromiso de generar un cambio sustancial en la forma en que se venía asumiendo esta tarea al interior de la entidad, hasta entonces en cabeza del viceprocurador; y de otra las condiciones que por cuenta de la pandemia se suman a la especial atención que de por si requieren las elecciones.  

Respecto de este mismo tema la procuradora General anunció adicionalmente que, a un año de llevarse a cabo los comicios electorales para elegir Congreso de la República, se pondrá en funcionamiento el Sistema de Vigilancia Electoral cuyas principales tareas serán: la vigilancia y seguimiento al proceso de inscripción de cédulas, la vigilancia preventiva y control a la contratación para la organización y logística del proceso electoral, el control a la financiación de campañas, la intervención indebida en actividades políticas y la participación ciudadana; tarea para la cual se fortalecerá el trabajo interinstitucional del Ministerio Público que actuará de manera articulada y concertada con la Defensoría del Pueblo y las personerías y; trabajo que será fortalecido al interior de la Procuraduría por un equipo élite de investigación y seguimiento.  

Respecto de la decisión y el enorme trabajo que se avecina la procuradora General afirmó que: "hoy más que nunca el país y cada uno de los ciudadanos necesitan tener la tranquilidad que el Ministerio Público velará para que las elecciones se realicen con transparencia y que su posición electoral sea respetada y garantizada no solo en las urnas, sino también en el desarrollo de las campañas, al momento de depositar su voto y al realizarse los escrutinios.

En 2022 la democracia colombiana enfrentará uno de los mayores desafíos del presente siglo y es deber de la Procuraduría General de la Nación garantizar que salga de allí fortalecida. Ni la polarización, ni la corrupción, ni los intereses personales y mucho menos la pandemia, pueden afectar uno de los momentos más decisivos para el futuro de una sociedad como es el proceso electoral; para garantizar el mismo, se ha creado la Comisión Nacional de Control Electoral y la Unidad de Vigilancia Electoral las cuales presidiré directamente”. 

La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo por seis meses e inhabilidad especial por el mismo lapso, al operador de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, Casanare, Yumar Alberto Malpica Pregonero, por irrespetar a dos pasantes del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.

Se estableció que Malpica Pregonero tuvo conductas indecorosas en contra de dos aprendices durante el tiempo que estas permanecieron vinculadas a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, mediante contrato de aprendizaje.

Así mismo, advierte la Procuraduría Regional de Casanare que la situación presentada obligó a una de las jóvenes afectadas a renunciar al contrato suscrito con esta empresa pública e interrumpir su proceso de formación.

Con su conducta, el disciplinado vulneró la dignidad humana de las dos practicantes y desconoció lo establecido en la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, así como los tratados internacionales “que obligan a los servidores públicos a abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer”.

El Órgano de Control calificó la conducta del servidor público como grave a título de dolo. La decisión fue apelada por el abogado del disciplinado durante el desarrollo de la audiencia pública en la que se anunció la decisión.

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al gerente del Hospital Regional de la Orinoquía ESE, Ronald Roa Castañeda, y a la subgerente del Área Administrativa y Financiera de la entidad, María Yaneth Delgado Preciado, por presuntas irregularidades en el contrato de adquisición de equipos biomédicos y mobiliario hospitalario para la atención de la pandemia por el covid-19 

La Regional Casanare busca establecer la existencia de supuestas faltas disciplinarias relacionadas con presuntas irregularidades en la suscripción y ejecución del Contrato de Suministro No. 039, del 03 de abril del 2020 por $1.477 millones, en el cual presuntamente se presentaron sobrecostos de más del 27%.  

La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con la finalidad de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió, el perjuicio causado a la administración pública con la presunta falta, y la responsabilidad disciplinaria de los investigados.   

Los investigados podrán solicitar ser escuchados en versión libre.

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, anunció la apertura de 10 procesos disciplinarios contra funcionarios de 8 departamentos, por presuntas irregularidades en la suscripción de contratos relacionados con la Emergencia Social, Económica y Ecológica por el COVID-19.

“Es inaudito y esto es una infamia, que además de que estamos escasos de recursos, los pocos que tenemos los están utilizando para convertirlos en botín de la corrupción”.

Precisó que la Procuraduría, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación pusieron en el programa Transparencia por la emergencia para vigilar con herramientas analíticas avanzadas la ejecución de contratos por la emergencia del covid-19, que para el caso de la vigilancia del Ministerio Público son 2.017, fueron firmados desde e 20 de marzo y superan los $800 mil millones, que sumados a los de la Contraloría corresponden a recursos del orden de $80 mil millones de pesos. 

“Hoy estamos abriendo 10 procesos en 8 departamentos frente a los presuntos abusos que se estarían cometiendo a nivel de sobrecostos y eso hay que pararlo y habrá sanciones”.

En el departamento de Meta se investiga la contratación de los municipios de Acacias por $1.125 millones y Puerto Gaitán, por $1.000 millones. En Atlántico el contrato con Trading Group International S.A.S., por $19.319.479.750, departamento donde también se investiga las compras de mercados en los municipios de Soledad, $2.100 millones, y Malambo por $4.000 millones.

“En Cesar se investigan presuntos sobrecostos de más del 50% en 29 contratos, que no están publicados en el SECOP, por más de $13.000 millones para la compra de 100 mil mercados, que comparados por un veedor ciudadano en grandes superficies habrían costado 50% menos de lo que le están cobrando a la gobernación”.

En Arauca también se investiga el valor pagado por productos de la canasta familiar, como atún a $19 mil pesos o bolsas de leche a $13 mil, en un contrato por $4.463.739.189 con Multiservicios Mael S.A.S. ZOMAC.

En Cúcuta, el contrato de edición de una obra digital, por $58 millones de pesos, con la historia del Hospital Erasmo Meoz, “cuando lo que se requiere  son los recursos de la salud para ver de qué manera podemos enfrentar  esta pandemia”.

En Cundinamarca se abrieron procesos por las denuncias ciudadanas y de los medios de comunicación sobre presuntos sobrecostos en la compra de mercados por parte de las administraciones de  La Palma  y Guaduas, caso que también fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación. 

También figura en el departamento de San Andrés un contrato por $500 millones con la firma Noel Foto S.A.S., para “la prestación de servicios publicitarios de diagramación, diseño e impresión, grabación y rotación de piezas publicitarias para el desarrollo de la campaña de prevención y mitigación de efectos del virus covid-19, en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria en el país”. 

“Están utilizando estos recursos para los más vulnerables, los pobres y los menos favorecidos para hacer política en las regiones. Los señores diputados y concejales no tienen nada que hacer en la entrega de estas ayudas”.

Sostuvo que los hallazgos penales que hagan la Contraloría y la Procuraduría serán trasladados a la Fiscalía, porque “robarse los recursos de los pobres es un delito”.

“De parte de la Procuraduría vendrán las suspensiones de los contratos, las suspensiones de los funcionarios que han estado involucrados en estas vagabunderías, que no tienen escrúpulos en quedarse con la plata de los más pobres", puntualizó Fernando Carrillo.

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad de 12 años al exalcalde de Santa Rosalía, Vichada, William Enrique Santana Tarache (2016-2019), por modificar sin autorización un acuerdo del concejo, que lo autorizó a tramitar un crédito bancario con el único propósito de construir la planta de tratamiento de agua potable del municipio –PTAP-. 

La Procuraduría Regional de Vichada estableció que una vez obtuvo el crédito, el exfuncionario modificó la destinación de los recursos mediante la inclusión de una cláusula, y dispuso $1.000 millones para la construcción de un terraplén en un tramo de la vía que lleva a la vereda Flor Amarillo y otros $1.000 millones para la adecuación de una cancha multifuncional en una escuela del municipio.

Para el Ministerio Público, el funcionario desconoció lo aprobado por los miembros del concejo, quienes votaron para que el dinero se destinara exclusivamente para la construcción de la PTAP, ante la necesidad de contar con agua potable, y no para cubrir otras necesidades del municipio.

Por esos hechos, la Procuraduría señaló que Santana Tarache vulneró los principios de moralidad pública, transparencia, legalidad, honradez, lealtad y economía, y calificó su conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo.

El fallo de primera instancia fue apelado por el disciplinado.