Ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia fue acusado por los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente el exgobernador de Santander, Richard Alfonso Aguilar Villa, por el presunto direccionamiento de la contratación de obras civiles y del Plan de Alimentación Escolar (PAE) para favorecer a particulares, quienes se habrían comprometido a pagar dádivas por las adjudicaciones ilegales.

Explicó la Fiscalía ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que Aguilar Villa y funcionarios de la Gobernación de Santander pactaron porcentajes para la adjudicación de contratos.

En ese sentido, las actividades investigativas permitieron detectar posibles irregularidades en, por lo menos, seis contratos, entre estos:

.Reforzamiento estructural del estadio de fútbol y adecuación de piscinas y del Coliseo Vicente Díaz Romero, suscrito en febrero de 2014, y cuyo valor superó los 15.278 millones de pesos y una adición reconocida por más de 6.700 millones de pesos. Además del contrato de interventoría.

Con relación a este contrato, el exgobernador Aguilar Villa, la entonces secretaria de Infraestructura, el esposo de ésta última, así como el director de Proyectos de Infraestructura de la Gobernación, se apropiaron de aproximadamente $9.886’000.000.

.Mejoramiento, rehabilitación y pavimentación del Corredor Agroforestal y Energético, contrato N°3561 celebrado el 29 diciembre de 2014. Este contrato fue entregado a la Unión Temporal Promesa Sociedad Futura Unidos por Santander S.A.S, de la que era empleado el primo hermano del papá del exmandatario

.Obras en el corredor vial San Gil – Charalá (Santander), contrato N°2670 del 24 de septiembre de 2014.

.Construcción del tercer carril de la vía Bucaramanga – Floridablanca (Santander), contrato N°2738 del 30 de septiembre de 2014.

.Suministro de raciones alimentarias para estudiantes de colegios oficiales de 82 municipios del departamento. Contrato N°2406 del 26 de agosto de 2014 del Plan de Alimentación Escolar (PAE).

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al exgobernador Aguilar por los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

Al parecer, en 2014, el entonces director de la Policía Nacional trató de influir en una decisión de la Fiscalía para evitar la captura de un empresario y otras personas.

Ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación formuló acusación contra el exdirector de la Policía Nacional, General (R) Rodolfo Bautista Palomino López, por el delito de tráfico de influencias de servidor público en provecho de un tercero. 

Las labores investigativas indicarían que, el General (r) Palomino, siendo director de la Policía Nacional, habría utilizado de manera indebida su cargo y rango para presionar a la fiscal Sonia Lucero Velásquez, por entonces delegada ante los jueces penales del circuito y adscrita para la Unidad de Análisis y Contexto.

Según lo establecido, la intermediación presuntamente se realizó para evitar o retardar un procedimiento de captura en contra del empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo y trece personas más, en febrero de 2014. El General, acudiendo a la investidura de su rango, al parecer a través de llamadas telefónicas quiso influenciar la decisión de la fiscal y habría decidido visitarla en su residencia, para concretar su petición de suspender el operativo contra el empresario. La supuesta gestión no fructificó y las capturas se materializaron como lo solicitó la funcionaria judicial.

Para sustentar la acusación, el ente acusador cuenta con la denuncia de la fiscal afectada y varias conversaciones telefónicas aportadas por ella. En una de las comunicaciones se evidenciaría el intento de presión que habría ejercido el señor Palomino López.

“Dentro de este listado que son como catorce personas del tema de lavado en el Quindío, cuando uno ve, una obra de este personaje, uno dice Gallo Restrepo, pues no, uno se sorprende y sorprende a todo el mundo ¿cierto? Yo quisiera convencerla a usted de una propuesta y de ser, pues yo espero que no sea calificada como una propuesta indecente, qué tal si dejamos eso por un tiempo”.

Durante la audiencia, el magistrado negó la petición hecha por la defensa de Palomino que pidió ser declarado como víctima y no como acusado en el proceso. Entretanto, sí reconoció a la Fiscal Velásquez como víctima, por la presunta irregularidad en la que se presume incurrió el entonces director de la Policía Nacional.