Una información compartida por el Departamento de Policía Casanare, donde se reportó la captura de tres personas, que fueron sorprendidas hurtándose 04 semovientes bovinos machos entre 2 y 3 años, cuyo costo aproximado es de 15 millones de pesos, generó controversia.

Los hechos se presentaron en la finca Veracruz ubicada en la vereda La Vegana, de la capital arrocera de Casanare. En la versión de las autoridades, la detención fue producto del trabajo de la Seccional de Carabineros de la Policía.

Sin embargo, desde el medio local Aguazul Noticias se entregó otra versión de lo sucedido. El periodista Julián Sierra Rodríguez sostuvo a través de mensaje de texto enviado por What´sApp, que el desarrollo de los acontecimientos fue distinto.

Precisó que la detención de los dos hombres de 22 años y una mujer de 31, quienes pretendían hurtar los mencionados vacunos, fue adelantada por la comunidad, que trabajó de manera solidaria.

Dicha labor se prolongó desde las 9 de la noche del 12 de mayo hasta las 8 de la mañana del lunes 13, cuando se logró la detención de la tercera persona, señalada de participar en el robo.

Sierra Rodríguez pidió no desconocer el trabajo de la ciudadanía y acotó que la comunidad tuvo que insistirle a la Policía, para que adelantara el procedimiento de captura de los implicados en el hurto.

Según el informe oficial, a los detenidos les incautaron dos motocicletas, tres celulares, un automóvil marca Chevrolet. Todos estos elementos avaluados en 14 millones de pesos, así como las personas arrestadas, fueron dejados a disposición de la Fiscalía 30 URI.  

Las autoridades atendieron un caso de presunto suicidio en la vereda Planadas del municipio de Sabanalarga. 

Según se conoció, José Nelson Campos Martínez, de 52 años y natural de la localidad, fue encontrado sin vida en una habitación de su residencia.

Junto a su cuerpo fue hallada una escopeta, con la cual, aparentemente, decidió poner fin a sus días.

Según el informe policial, los familiares del fallecido reportaron el hecho en la mañana del 12 de mayo.

Igualmente se pudo establecer por versiones de sus propios familiares, Campos Martinez sufría de depresión y se encontraba en tratamiento psiquiátrico. 

Las autoridades competentes realizaron los actos urgentes correspondientes, para esclarecer las circunstancias del lamentable suceso.

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La Policía Nacional logró la captura en el departamento de Arauca, de Jean Carlos Vásquez Rodríguez, alias "El Flaco", un peligroso sujeto buscado por el delito de extorsión en Casanare.

El operativo se llevó a cabo en el municipio fronterizo de Arauquita, donde las autoridades interceptaron al sujeto en el barrio San Martín, cerca del Parque de Las Banderas.

A Vásquez Rodríguez, quien figuraba en la lista de los más buscados de Casanare, las autoridades lo responsabilizan de tener atemorizada a la comunidad de casanareña.

Fueron varios meses de intensa búsqueda. Después de su detención, el individuo fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes, para continuar con el proceso legal correspondiente

En la mañana de este sábado 11 de mayo, un lamentable siniestro vial cobró la vida de Leidy Hambleidy Peña Salazar. El fatídico suceso ocurrió en la vía Yopal  - Aguazul.

El hecho se presentó alrededor de las 9:45 a.m. A esa hora la motocicleta de placas MUC33E, en la que viajaba como pasajera la joven Peña Salazar, perdió el control.

Como resultado, el vehículo se estrelló contra las barandas de seguridad de la glorieta ubicada a la entrada de Yopal, frente a la antigua sede de atención a migrantes.

Debido al fuerte impacto Leidy perdió la vida en el lugar del accidente. Por su parte, el conductor de la moto, Cristhian Sneider Cuervo Benavides, resultó gravemente herido.

El reporte de Tránsito señaló que Cuervo Benavides sufrió de trauma craneoencefálico severo y trauma de tórax cerrado, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de la Orinoquia en Yopal.

Las autoridades investigan las causas precisas del siniestro, aunque se baraja como hipótesis de que el exceso de velocidad pudo haber sido un factor determinante.

El dirigente cívico, presidente comunal y concejal de Hato Corozal durante el periodo 2016 - 2019, Luis Eduardo Pizarro Ortiz, logró sobrevivir a un ataque sicarial.

Los hechos se presentaron en su propia residencia, hasta donde desconocidos llegaron y por una ventana dispararon en varias oportunidades.

La víctima, quien inicialmente fue remitida al hospital de Hato Corozal,  recibió tres impactos con arma de fuego, que por fortuna no revistieron de mayor gravedad.

El atentado fue perpetrado este 09 de mayo, en una vivienda cercana al sitio donde hace algunas semanas, se reportó la presencia de un artefacto explosivo, que fue detonado por las autoridades de manera controlada.

Argumentando una negativa por parte de la Administración municipal de Maní a pagar la nómina de la Personería de dicha localidad, la personera Yeimmy Alejandra Ramírez Rojas instauró una Acción de Tutela, para buscar que se haga efectivo el desembolso del salario de los empleados del Ministerio Público.

La figura jurídica fue aceptada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Maní, el pasado 03 de mayo. En el oficio enviado a la autoridad judicial, la Ramírez Rojas hizo una descripción detallada de los hechos.

Mencionó que la génesis de esta situación  se generó el pasado 29 abril. Para es día la secretaria de la Personería, Paola Andrea Barrera González, fue enviada a la Oficina de Talento Humano de la Alcaldía, para preguntar por el pago de la nómina.

Según el oficio la respuesta dada a Barrera González, es que presuntamente el alcalde Ferney Chaparro Perdomo, dio la orden directa de no realizar el pago y que en caso de alguna inconformidad, era mejor de trataran ese tema con el mandatario directamente.

Continúa el relato plasmado en el oficio, que al día siguiente Yeimy Alejandra Ramírez, acudió personalmente a la alcaldía para indagar por lo sucedido.

Ese 30 de abril la personera se encontró con el burgomaestre, a quien le consultó por lo ocurrido con la funcionaria de Talento Humano. Según el escrito “AFIRMA haber dado la orden directa de no realizar la nómina de la Personería Municipal de Maní”.

Cuándo se le preguntó por las razones de esta decisión, el escrtio señala que “…sin saber que responder el alcalde oscila decir que él tiene sus propios términos legales para hacerlo cuando él lo dicte…”.

Para la personera este caso es un claro ejemplo de vulneración del derecho al mínimo vital, consagrado en el artículo 334 de la Constitución Política.

Dentro del texto de la Acción de Tutela se añaden también los derechos a la dignidad humana, seguridad social, obligación legal de parafiscales y al debido proceso.

Adicionalmente la personera en misiva expresó que ese mismo 30 de abril a las 4:57 de la tarde, vía correo electrónico la Administración municipal dio respuesta a su solicitud, pero con afirmaciones que sorprendieron al Ministerio Público.

“…afirman que, la personería ha tomado actitudes hostiles como solicitar información de manera inmediata, por otra parte, solicita que alleguemos una cuenta institucional y que realicemos la nómina, ya que a la fecha mi despacho no ha radicado la nómina en la Secretaria de Hacienda”.

Ramírez Rojas negó estos calificativos. “…no comprendemos sus afirmaciones de comportamientos hostiles cuando la Personería Municipal ha actuado en derecho, pero en respuesta a ello hemos recibido ataques personales por parte del Alcalde…”

Y agregó que “… los presuntos actos hostiles que expresa la Alcaldía, al requerir información de manera inmediata, se refiere al manual de funciones de sus secretarías, y certificado de los pagos salariales de los concejales municipales…”

Solicitud que para la Personería tiene justificación. “…información que fue solicitada al recibir queja por parte de algunos concejales del municipio el 11 de marzo de 2024, quienes manifestaban que sus honorarios no habían sido pagados de manera oportuna, óptima y dentro del término legal”.

Luego de conocer la situación, el juzgado resolvió “AVOCAR CONOCIMIENTO y como consecuencia ADMITIR la acción de tutela…”.

Igualmente ordena “NOTIFICAR y COMUNICAR a la parte accionada, sobre la iniciación de la presente acción de tutela, correr traslado del archivo de tutela y sus anexos, para que dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia,…” 

Ahora solo resta esperar qué decisión toma en este caso la autoridad judicial.

En una acción conjunta entre la Policía Nacional y el Batallón de Atila 311, las autoridades lograron recuperar una motocicleta que había sido reportada como robada. 

El hallazgo tuvo lugar durante labores de patrullaje y control adelantadas en esta localidad.

Los uniformados avistaron el vehículo estacionado a un lado de la vía, lo cual despertó sus sospechas.

Al consultar los antecedentes a través del dispositivo PDA, descubrieron que la motocicleta contaba con una orden de captura vigente, emitida por la Fiscalía 02 Local Unidad de Intervención Temprana de Soacha por el delito de hurto mediante la modalidad de "halado".

Valorada en 3.500.000 pesos colombianos, la motocicleta fue puesta a disposición de las autoridades competentes para su posterior devolución a su legítimo propietario. 

Un operativo policial en Aguazul permitió el desmantelamiento de una red trafico de estupefacientes 

Las autoridades policiales informaron que en medio de un operativo lograron desmantelar una red de tráfico, fabricación y venta ilegal de estupefacientes, que operaba en el barrio Provipaz de Aguazul.

El trabajo conjunto entre la SIJIN, la SIPOL y la Fiscalía 33 Seccional EDA culminó con el registro y allanamiento de una vivienda clave para esta organización delictiva.

Durante el desarrollo del operativo, los oficiales incautaron una amplia variedad de elementos relacionados con estas actividades ilegales. 

Entre los objetos decomisados, se encontró un arma traumática calibre 9 mm, un proveedor y seis cartuchos para la misma, valorados en 1.200.000 pesos colombianos.

Además, fueron incautados dos televisores y una electrobomba, bienes que suman un valor aproximado de 3.100.000 pesos, presumiblemente adquiridos con las ganancias ilícitas de este negocio ilegal.

En un operativo adelantado por las autoridades en el departamento del Tolima, fue capturado Juan Sebastián Gil Santos, quien figuraba en la lista de los más buscados en Casanare por el delito de violencia intrafamiliar agravada, contra su pareja sentimental.

Así lo confirmó el coronel Jaime Rey, comandante encargado del Departamento de Policía Casanare, "Gil Santos fue interceptado durante una verificación rutinaria de antecedentes en la ciudad de Ibagué, donde se confirmó una orden de captura en su contra, lo que permitió su detención inmediata".

La captura se logró gracias a la acción coordinada de la Policía Metropolitana de Ibagué y la seccional de investigación criminal.

Según el coronel Rey, a la fecha se han logrado capturar a siete de los integrantes del cartel de los más buscados en Casanare, por distintos delitos.

El Ejército Nacional anunció la captura de un hombre de 51 años, presunto responsable del homicidio de otro individuo y de las lesiones causadas a su propio hijo, durante una riña en la vereda La Colombina del municipio de Paz de Ariporo.

Los hechos se desencadenaron en un establecimiento público de la zona rural, donde tres hombres se vieron envueltos en un altercado que derivó en el uso de armas blancas y de fuego.

Según las denuncias de la comunidad, el hombre en medio de la pelea le propinó cuatro disparos otro sujeto, quien previamente lo había herido con arma blanca. En el hecho también resultó herido el hijo del hoy detenido, quien recibió un tiro en uno de sus hombros.

Gracias a la información brindada por los pobladores, la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional logró ubicar al presunto homicida en el corregimiento Montañas del Totumo.

En el operativo, los soldados también prestaron asistencia médica a los heridos, padre e hijo, quienes fueron trasladados en ambulancia al centro de salud más cercano debido a la gravedad de sus lesiones.

El hombre de 51 años fue puesto a disposición de las autoridades competentes, para el debido proceso de judicialización y legalización de la captura.