En cámaras de seguridad quedó grabado el momento exacto cuando dos delincuentes abordan al periodista y colega Alfonso Montejo, de El Caldero Político, para despojarlo de sus pertenencias. El atraco ocurrió en la carrera 27 con calle 18 de Yopal.

Los asaltantes desciende de una motocicleta en la que se movilizaban, intimidan al comunicador y a su acompañante con un arma de fuego. Le hurtan celulares y las billeteras, después emprenden la huida.

El hecho causó indignación en el gremio periodístico, porque ocurrió apenas unos minutos después que la Administración Municipal entregara un balance, de los operativos adelantados contra la delincuencia en Yopal.

https://www.facebook.com/watch/?v=1248611042726824&extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing 

Personal adscrito a la Seccional de Investigación Criminal Casanare, (Sijin Decas) reportó la captura de Marcelo Jans Valencia Lozano, de 23 años de edad, natural de Yopal Casanare.

El detenido era requerido mediante una orden de captura solicitada por la Fiscalía 04 local Cavif y emanada por el Juzgado Promiscuo de Támara, por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

Según las autoridades el detenido se encuentra vinculado a los hechos ocurrido el primero de abril del año pasado, señalado de causar lesiones personales y verbales a su progenitora, causándole incapacidad médica dada por Medicina Legal.

Además, se conoció que una vez revisado el sistema SPOA, Valencia Lozano presenta 3 investigaciones activas por hurto agravado y calificado. Una más por lesiones personales, que también se encuentra activa.

Otras dos investigaciones por violencia intrafamiliar. Una sentencia condenatoria a 08 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, emitida por el Juzgado Segundo Penal de Támara, por el delito de tentativa de hurto calificado.

De igual forma las autoridades indicaron que tienen conocimiento que el capturado viene cometiendo actos delictivos en Yopal, bajo la modalidad de atraco. Según el informe oficial utiliza una arma de fuego tipo revolver calibre 38, con la intimida a sus víctimas para despojarlas de sus pertenencias.

Autoridades militares y del CTI de la Fiscalía realizaron un hallazgo de insumos para la producción de drogas ilícitas en la vereda Buenavista, sector de Moriche Solo, zona rural del municipio de Monterrey.

Los elementos se encontraban escondidos en una zona boscosa, aproximadamente a 5 kilómetros del lugar donde la semana pasada se destruyó un complejo cocalero.

No se conoce si las dos estructuras estaban relacionadas. Sin embargo, los insumos hallados se consideran que al parecer pertenecen al Clan del Golfo y a narcotraficantes que han llegado a la región.

Estos materiales se utilizarían para el refinamiento de la pasta base de coca, que una vez transformada y cristalizada se exportaría a Europa o se utilizaría para surtir el mercado del  microtráfico, en los municipios del Casanare.

La incautación y destrucción de estos insumos permitió evitar el procesamiento de más de 5.000 kilos de pasta base de coca.

Un nuevo elemento reprochable agregó el comandante del Departamento de Policía Casanare, coronel Efraín García, durante la celebración del día en contra del reclutamiento forzado de menores de edad.

El oficial en su intervención ante el auditorio reunido en la cancha cubierta del colegio ITEY, sostuvo que la gran mayoría de los casos, estos niños y adolescente reclutados en contra de su voluntad, son utilizados como objetos sexuales, por los grupos al margen de la ley.

Agregó que este tipo de conductas repudiables la ONU basado en la declaración de los Derechos Humanos, los elevó a la categoría de delitos de lesa humanidad, lo que significa que no prescriben y las autoridades pueden hacer justicia sin tener limitantes de orden temporal.

También sostuvo que para alcanzar la paz duradera es necesario erradicar esta clase de delitos. Pero para lograrlo es primordial el compromiso de la sociedad, para garantizar que los niños y jóvenes vivan en un ambiente sano, libre del fantasma del reclutamiento forzado.

En materia de cifras precisó que durante la vigencia 2022 se presentaron en todo el país, 83.850 conductas delictivas cometidas contra menores de edad.

Así mismo las estadísticas muestran que el año pasado se cometieron 20.185 delitos contra la libertad de los niños y adolescentes. Un total de 118 menores fueron reportados cometiendo delitos o siendo usados para cometer ilícitos.

De igual forma se tiene registro de 126 casos de 126 de reclutamiento forzado; 1.927 delitos relacionados con desplazamiento forzado y desaparición forzada; al igual que 14.184 de violencia intrafamiliar.

Por eso la invitación del oficial fue a denunciar, para que las autoridades puedan actuar y reducir estos indicadores, que son el reflejo de una grave problemática social del país.

El nuevo director de fiscalías de Casanare, Anderson Pinilla, manifestó que ha asumido el reto de implementar una estrategia, para mejorar los resultados y garantizar la seguridad ciudadana, en todo el departamento.

Dicha propuesta incluye principios como la itinerancia, concentración de actividades investigativas y articulación entre las entidades del Estado. Paralelamente a ello también busca afectar las economías delictivas que hacen presencia en suelo casanareño.

Desde su llegada al cargo Pinilla ha iniciado un proceso articulador, con todas las instituciones relacionadas con la Fiscalía, para lograr sus objetivos.

Precisó que “la Fiscalía no es una isla, es una entidad que trabaja de manera articulada con los organismos de seguridad”, en los que incluye a la Policía, Ejército, Fuerza Aérea Armada Nacional, ICBF, las comisarías de familia y demás las entidades territoriales.

Es por ello que sostuvo que, con esta estrategia los resultados que ya irán llegando y mencionó los primeros resultados alcanzados durante los primeros días, de su permanencia en el departamento.

“En el municipio de Villanueva. Tuvimos tres personas judicializadas y con medidas de aseguramiento, por el delito de tráfico de estupefacientes.

Igualmente se hizo una intervención en el municipio de Paz de Ariporo, con otras tres personas judicializadas por este, mismo flagelo que afecta al departamento del Casanare, como lo es el tráfico de estupefacientes.

Y ayer aquí en la capital Yopal, se impuso una medida de aseguramiento de carácter intramural, contra una persona que igualmente se dedicaba a esta actividad delictiva”, expresó Pinilla.

Acciones que, según el director de fiscalías de Casanare, cumplen con el direccionamiento que tiene el ente investigador, emanado de la dirección general desde Bogotá y que tiene como objetivo priorizar las actividades operativas, para atacar el microtráfico de estupefacientes, principalmente en los entornos escolares.

Bajo este marco estratégico se encuentra el trabajo hecho en inmediaciones del colegio de Llano Lindo, en Yopal. “En este punto una persona fue judicializada por el delito de tráfico de estupefacientes”.

Otra problemática que tiene clara el nuevo director de fiscalías, son los temas de convivencia ciudadana, principalmente en los centros poblados, así como alguna incidencia en el norte del departamento, producto de la situación de público que atraviesa el vecino territorio de Arauca.

“Sin embargo, los mayores índices de criminalidad están asociados a temas de convivencia en nuestros, aclaró Anderson Pinilla.

En esta tónica de reducción del delito habló de otra prioridad que tiene la Fiscalía y son los delitos contra la mujer, especialmente los relacionados con violencia intrafamiliar y de género.

Al respecto sostuvo que, La Dirección Seccional de la Fiscalía en Casanare hace un seguimiento semanal, de los avances de cada una de las denuncias presentadas por las mujeres que han sido víctimas de estos delitos.

“La orden de la Policía Judicial es activar actos urgentes y entregar los actos de investigación completos a los fiscales para que tomen decisión de manera inmediata”, subrayó el funcionario.

Dicha labor ya tiene los primeros resultados en lo que va corrido de 2023. “Producto de esa estrategia, en este año llevamos una judicialización del sesenta y seis por ciento, de los hechos de violencia intrafamiliar. Igualmente se ha implementado una estrategia para también garantizar la judicialización inmediata en los casos de lesiones personales”.

Acerca de su hoja de vida contó que es de Villavicencio. Cuenta con 37 años y se vinculó a la institución como asistente de fiscal en la seccional de la capital del Meta.

Ha trabajado como fiscal delegado ante los jueces penales municipales, fiscal delegado ante los jueces penales del circuito, fiscal delegado ante los jueces penal del circuito especializado.

También ha hecho parte de unidades como la delegada para la Seguridad Territorial, la Unidad Especial de Investigaciones. Igualmente fue director de fiscalías en el vecino departamento de Arauca y del Tolima.

La secretaria de Salud de Casanare, Constanza Vega confirmó un nuevo caso trágico de presunto suicidio en Paz de Ariporo, se trata de la menor, Damaris Pérez Chaparro de 13 años de edad, estudiante de la Institución Educativa San Juan de los Llanos, quien murió este martes en horas de la mañana al parecer luego de haber ingerido un tóxico.

A pesar del escenario encontrado en el lugar, Vega indicó que las autoridades aún desconocen las causas, que hayan podido llevar a la niña a tomar tal decisión.

Agregó que pese a que este tipo de situaciones no es competencia de su despacho, la contactaron para revisar si la menor tenía antecedentes relacionados con problemas mentales o emocionales que hubiesen podido ser el detonante para que la niña se quitara la vida.

De todas formas, añadió Vega, "se adelantan las investigaciones adicionales por parte del equipo médico correspondiente, para descartar los posibles factores contribuyentes al incidente; sin embargo, no se halló ninguna evidencia que lo confirmase, dentro los registros disponibles en la base datos, oficialmente reconocida por la Secretaría de Salud de Casanare".

Finalizó la funcionaria precisando que desde su despacho se continua monitoreando cualquier evento relevante, asociado con éste tema para evitar situaciones similares en el futuro.

Luego de más de año y medio de su construcción, ayer por fin se dio luz verde y se realizó la entrega oficial del Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes (CESPA), edificio que ya fue calificado como el más moderno del país, y del que se espera que en máximo dos meses entre en funcionamiento con todas las entidades que hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).

Recordemos que el pasado 17 de diciembre de 2021 por acción de la Procuraduría General de la Nación se aprobó la apertura del Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes (CESPA), el cual, tras un año y medio de su construcción, no había sido puesto en funcionamiento.

Luego de 12 jornadas de trabajo, el procurador Regional de Casanare y la procuradora 12 Judicial II de Familia, lograron que las instituciones que integran el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes llegaran a un acuerdo sobre las condiciones necesarias para abrir esta sede.

Estas modernas instalaciones corresponden a la construcción realizada de un edificio de cinco (5) pisos con un área de 2.116 m2, ubicado en un lote de 378 m2 en la calle 7 No. 19-70, propiedad de la Administración Municipal de Yopal, y que beneficiará aproximadamente a 206.481 habitantes de los municipios que comprenden el circuito de Yopal (Aguazul, Maní, Chámeza, Recetor, Nunchía, Pajarito y Yopal).

En la ejecución total de la obra se asignaron $5.239.712.105,80, y fue financiada totalmente por la Gobernación de Casanare, cuyo objetivo principal es mejorar la atención y el servicio a la  población de menores y adolescentes infractores.

El Centro de Servicio Judicial para Adolescentes CESPA, contará con sala de denuncias, Policía Judicial, dos salas de audiencias, dos jueces, dos fiscales y el centro transitorio, donde por un tiempo máximo de 36 horas podrán permanecer los menores que incurran en infracciones o la comisión de delitos.

Para lograr poner en funcionamiento estas instalaciones, se firmó convenio entre las alcaldías de Aguazul, Pajarito, Maní, Recetor, Chámeza, Nunchía y Yopal, y las entidades que hacen parte del SRPA: ICBF, Fiscalía, Rama Judicial y Procuraduría; esto para garantizar el funcionamiento y mantenimiento de las nuevas instalaciones.

Dato: la Alcaldía de Yopal donó el lote donde se construyó el edificio CESPA y la Gobernación de Casanare viabilizó los recursos que lo financiaron.

El subdirector nacional del SRPA del ICBF, Alejandro Cáceres, destacó la entrega de la nueva infraestructura, que, a su criterio, es el edificio “más moderno del país”.

Cifra: $115 millones ya destinó la Alcaldía de Yopal para el funcionamiento del CESPA durante este 2022.

Por su parte, el juez primero penal para adolescentes con función de control de garantías de Yopal, Carlos Eduardo González Ángel, destacó las excelentes herramientas tecnológicas con las que cuenta el edificio y que servirán para mejorar el servicio que se presta a la comunidad.

A su vez la secretaria de gobierno, Karen López, precisó que, con estas modernas instalaciones, se mejorarán las condiciones laborales de quienes trabajan para garantizar los derechos de los menores de edad en conflicto con la Ley Penal.

Fuertes señalamientos hizo el diputado Marco Tulio Ruíz a Corporinoquia durante el largo debate de control político realizado en la Asamblea al director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, Guillermo Pérez, donde algunos diputados cuestionaron el manejo que se ha dado al proyecto, obras de protección de 2 km sobre el río Cravo Sur en Yopal, el cual tiene una asignación presupuestal de más de 40 mil millones de pesos.

"El último informe es que los diseños están en Corporinoquia, pero en Corporinoquia como hay un nido de ratas que si no les llevan el 1% no aprueban los proyectos. No se da un permiso o licencia si no se paga", aseguró el diputado Ruíz en el candente debate.

Por su parte, el subdirector de Control de Calidad de Corporinoquia, Héctor Miguel González, se defendió, rechazando las afirmaciones y defendiendo a todas las personas que trabajan en la Corporación, a su vez solicitó que el político denuncie ante las autoridades las supuestas irregularidades que dice conocer.

Agregó el funcionario que, entablaría acciones judiciales por calumnia e injuria, denotando que su buen nombre fue afectado por esas aseveraciones. Sin embargo, Marco Tulio Ruiz, fue enfático en decir que estas apreciaciones las realiza basado en testimonios de los mismos contratistas a quienes presuntamente les han pedido dinero en la Corporación. Ruíz aseguró que él también ha invitado a los contratistas a denunciar ante los entes de control para que se investigue estas conductas al interior de la Corporación.

El diputado Marco Tulio Ruíz también se fue lanza en ristre contra el presidente Iván Duque, señalando que: “El Gobierno Nacional se llevó 650 mil millones de pesos que se tenían en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera y en el Fondo de Pensiones Territoriales. Hay que decirle la verdad a la gente, que el Gobierno Nacional se llevó, robó o tomó prestados 640 mil millones de pesos”.