Tras un trabajo coordinado y el apoyo de la comunidad, el Instituto Nacional de Vías (Invías) habilitó un paso seguro en el río Ariporo para que habitantes puedan atravesarlo desde la vereda Los Patios con un vehículo tipo buggy, para continuar hacia Paz de Ariporo o Hato Corozal.

La Defensa Civil está a cargo de la línea de seguridad y de manejo del vehículo (con capacidad para 20 personas). Este presta el servicio de transporte todos los días entre las 5:30 a. m. y las 6:00 p. m. Además, el Invías habilitará este lunes un paso para vehículos de carga en el sector El Frío, con el fin de que Arauca y Casanare puedan seguirse abasteciendo de los productos necesarios.

El Invías informó que sigue trabajando en la canalización de las aguas del río Ariporo, adelanta actividades de mejora en las vías alternas y realiza estudios a la estructura colapsada del puente Román Basurto para acomodar el puente militar que permita una transitabilidad más efectiva entre Casanare y Arauca.

Durante Comité Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres realizado este 21 de septiembre, se votó favorable por unanimidad para decretar la calamidad pública, con el fin de dar solución definitiva a las 400 familias beneficiarias del proyecto habitacional Torres del Silencio, quienes por años han esperado concluir su sueño de vivienda digna.

Tras el concepto favorable del Consejo de Gestión del Riesgo, se pretende adelantar los estudios de patología, vulnerabilidad sísmica, y reforzamiento sísmico, que determinarán cual es la intervención que se debe realizar torre a torre, para lo cual el gobernador de Casanare asignó cerca de 2.500 millones de pesos.

“Con Ley 1523 de 2012 se crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre, en el cual, convergen varias instituciones y es precisamente bajo esta figura, que en su Artículo 57, se le entrega a las administraciones la herramienta para que se pueda declarar la calamidad pública para efectos de adoptar decisiones administrativas y presupuestales que den solución de fondo a problemáticas como la de Torres del Silencio”, informó la secretaria de gobierno, Karen López.

La siguiente acción será la formalización del documento administrativo por medio del cual se establece la declaratoria de calamidad pública, que permitirá avanzar en un estudio de patología que técnicamente indique, la solución definitiva de la actual situación de Torres del Silencio.

Luego del resultado de la consultoría la Gobernación de Casanare aportará el 50 % de los recursos, la Alcaldía de Yopal el 20% y el 30% restante será gestionado ante el Gobierno Nacional para dar solución definitiva al complejo habitacional de Torres del Silencio.

Dato de interés

La Ley 1150 en el artículo segundo, establece las cinco modalidades en las que el estado puede invertir recursos. Para casos excepcionales como el de Torres del Silencio, se puede acudir a la modalidad de contratación directa. Esto es uno de los efectos que se consiguen a través de la calamidad pública.

En el despacho del gobernador Salomón Sanabria se llevó a cabo una importante reunión que congregó a la Contraloría, a Gestión del Riesgo y Alcaldía de Yopal con el fin de hallar soluciones para las familias afectadas del proyecto de vivienda Torres del Silencio, que empezó su construcción en 2011 y que aún no se ha culminado.

Ante los problemas estructurales que padece este proyecto de 40 torres de apartamentos, el gobernador manifestó que aportará $2.470 millones con los que se financiará el estudio de patología estructural, vulnerabilidad sísmica y reforzamiento de este complejo habitacional, con el fin de avanzar y darle celeridad al proceso que permita entregarle solución de vivienda a 400 familias de Yopal, que llevan una década esperando su hogar.

Aunque el gobernador Salomón Sanabria, ha mostrado interés en dar solución a esta problemática que presenta el proyecto habitacional Torres del Silencio, ubicado en la comuna 6 de la capital casanareña, ciudadanos de este sector claman para que se dé una solución real porque manifiestan que están cansados de tantas visitas, sin que hasta el momento se vislumbre una solución definitiva.

A 10 años del colapso de la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP, Yopal aún no cuenta con acueducto definitivo, a pesar de los paros cívicos, denuncias de hechos de corrupción, investigaciones de los organismos de control y vigilancia así como los múltiples recursos invertidos que superan los 90 mil millones de pesos.

A lo largo de esta década se ha visto el desfile de personajes del orden nacional, desde presidentes de la República, ministros, senadores, procuradores, contralores, y fiscales, quienes más allá del show mediático, han incumplido sus promesas a los habitantes del municipio.

Claramente Findeter, entidad contratada, como ejecutora del proyecto, ha demostrado su falta de planeación e inoperancia en la terminación de la obra, que ya lleva siete reformulaciones. Según los cálculos, la PTAP, inicialmente contratada en 56.147 millones, terminará costando alrededor de 130 mil millones de pesos.

En su interés por informar sobre los pormenores ocurridos en esta década, el Colectivo de Periodistas de Casanare, integrado por comunicadores de varios medios masivos de la región se dieron a la tarea de investigar y dar a conocer lo que ha sucedido año tras año, en el especial  multimedia denominado: El tumbe de la década en Yopal: Gobierno Nacional entrega PTAP inoperante. 

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Yopal tiene agua gracias a Acción Popular

En 2012, luego de la Acción Popular instaurada por Wlfran Castrillo, con el acompañamiento de la veeduría del agua,  el Tribunal Administrativo de Casanare, ordenó medidas cautelares y  una medida definitiva a las entidades involucradas: Gobernación de Casanare, Fondo de Adaptación, Alcaldía de Yopal y la EAAAY, para garantizar la prestación del servicio de agua potable a la ciudad.

En la Acción Popular se pedía además varios derechos colectivos, entre otros, el derecho a la salubridad pública, a un ambiente sano, y al acceso a los servicios públicos en forma eficiente y oportuna. En fallo del Tribunal proferido el 28 de junio de 2012, se ordenaron como medidas cautelares, la obligación de las entidades involucradas en suministrar agua potable a la población de Yopal, dentro de las características físico químicas, establecidas por el Ministerio  de Ambiente mediante resolución, las 24 horas del día.

El magistrado José Antonio Figueroa Burbano, refiere que, dicha sentencia fue apelada y el Consejo de Estado a través de la Sección Primera confirmó el fallo de primera instancia en su integridad, y le adicionó ordenando un aporte adicional de 5 mil millones de pesos por parte del Fondo de Adaptación. Las cuatro entidades accionadas acordaron, la utilización de carro tanques y la construcción de pozos profundos, para el suministro del preciado líquido a la población de Yopal mientras se construía la Planta Definitiva. En total se construyeron cuatro pozos profundos grandes, que fueron financiados por la Gobernación de Casanare, con una inversión superior a los 25 mil millones de pesos y siete pozos más de menor intensidad que fueron ubicados en sitios estratégicos de la cabecera municipal.

Adicionalmente, la EAAAY, bajo un convenio interadministrativo con la Alcaldía de Yopal, contrató la construcción de una planta modular, en la vereda La Vega, la cual presentó problemas técnicos debido a que los diseños fueron plagiados de una planta de menor escala, siendo mal calculada su resistencia, y colapsando uno de los tanques un día antes de entrar en operación, en diciembre de 2013. En la construcción de dicha obra se evidenciaron hechos de corrupción, consistentes en sobre costos y la utilización de filtros de menor calidad y tuberías de segunda, por parte de la Unión Temporal Planta Modular, los cuales fueron denunciados por medios de comunicación y veedores del agua.

Luego del descalabro de la obra vinieron una serie de acciones contencioso administrativas, que finalmente terminaron con una conciliación entre los sujetos procesales incluida la aseguradora, que pagó parte de los daños, tomándose la decisión de construir una planta alterna, que posteriormente se llamaría planta conciliada, ubicada también en la vereda La Vega. A la postre las dos plantas entraron en funcionamiento y hoy surten de agua potable a Yopal, junto a los pozos profundos existentes en el casco urbano.

El pasado 13 de mayo, mediante fallo del Tribunal se levantó la medida cautelar, acogiéndose la solicitud hecha por el Fondo de Adaptación de revocar la orden emanada en fallo del 28 de junio de 2012, amparado en que la medida cautelar estaría vigente hasta que se pusiera en funcionamiento la nueva planta de tratamiento o el sistema que se adopte para garantizar el suministro del servicio de agua potable a la población de Yopal en condiciones normales de calidad y periodicidad.

En el fallo se determina que sí, se está suministrando agua potable en forma continua y durante 24 horas del día, con el agua proveniente de las plantas modular y conciliada y de los pozos profundos.

 “En la providencia se resalta que actualmente a los habitantes de Yopal, la EAAAY le está suministrando entre 450 y 490 litros de agua por segundo. De estos, el 60% lo aportan las plantas ubicadas en la vereda La Vega y el otro 10% es abastecido por los 4 pozos profundos de gran caudal y 7 más de baja producción”, manifiesta el magistrado Figueroa Burbano.

Entre tanto, la medida definitiva de construcción de la PTAP definitiva y llevar agua a la ciudad aún no se ha cumplido. Aunque la infraestructura  ya está concluida, han transcurrido más de cuatro años, desde la ejecutoria de la sentencia y a la fecha no se ha puesto en operación la obra, ya que hacen falta las obras de protección y la línea de conducción “de que sirve tener una bonita planta, pero sin conducción, completa, inoperante, que no presta ningún servicio a la comunidad”, manifiesta el magistrado.

El pasado 24 de febrero, en inspección judicial a las obras de la PTAP, Figueroa Burbano, le jaló las orejas  a Juan Carlos Paredes, supervisor del contrato de interventoría de obra de Findeter, por la demora en la terminación de la obra, incluidas las obras de protección en el río Cravo Sur y la acometida de la línea de conducción hasta Yopal. El Tribunal compulsó copias  a la Procuraduría y a la Contraloría para que investiguen a la entidad.

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Findeter y Fondo de Adaptación culpan a Yopal y Casanare de incumplir con la obra

En diversas oportunidades, Findeter y el Fondo de Adaptación han responsabilizado a la gobernación de Casanare y la Alcaldía de Yopal por no cumplir con las obras pendientes para culminar el sistema de abastecimiento de agua potable del municipio, que básicamente son las obras de protección y estabilización de la vía entre el puente de La Cabuya y un kilómetro arriba hacia El Morro, así como la línea de conducción desde el puente de La Cabuya hasta el sitio conocido como el apartamento. 

 A Findeter le quedó grande la realización de la PTAP: Alcalde Luis Eduardo Castro

A estos cuestionamientos el alcalde de Yopal Luis Eduardo Castro les salió al paso, argumentando que quien planeó el proyecto no fue la Alcaldía de Yopal ni la Gobernación de Casanare sino Findeter, entidad que se encargó de la planeación y ejecución del proyecto. Expresó que cómo se explica que al momento ya se va para la octava reformulación y que se haya construido una planta sin definir por donde va a llevarse el agua a la ciudadanía de Yopal.

También dijo que cuando el gobierno nacional asumió la realización de la PTAP se dijo que el municipio de Yopal no tenía la capacidad de ejecutar el proyecto y a la vuelta de los años se evidenció que a Findeter, que es una entidad del orden nacional le quedó grande hacerlo.

El mandatario dijo que la Contraloría sí lo había presionado para aceptar hacer la solicitud de la séptima reformulación ante el Ministerio de Vivienda, consistente en hacer un bypass para integrar las líneas de 36 pulgadas que se venía construyendo desde la nueva planta, y la de 18 pulgadas, que actualmente lleva el agua a Yopal, desde las plantas modulares. En ese orden de ideas se tiene que la realidad es que en junio se entregaría la consultoría de este proceso y en septiembre ya la planta podría enviar el líquido a Yopal.  Solo que sería el 40% de lo que podría potabilizar la planta nueva.

Gobernación de Casanare se defiende

Por su parte el secretario de Infraestructura de la Gobernación de Casanare, Oscar García, expresó que esta entidad ha invertido cerca de 70 mil millones de pesos en las medidas cautelares y la definitiva en relación al sistema de abastecimiento del agua potable de Yopal.

Explicó que debido a fallas en los estudios y diseños de las obras de protección y estabilización de un tramo de 1.300 metros de la vía entre El Puente de La Cabuya y El Morro, presentados por un contratista de Findeter, no se había podido avanzar en la contratación respectiva. Reiteró que fueron muchos los temas técnicos, financieros y ambientales que se debieron corregir para poder llegar el proyecto a fase 3 y ahí sí poder financiarlos con regalías petroleras. Estimó en 15.200 millones de pesos el costo de esta obra.

Sobre una supuesta financiación a través del Ocad Paz, el ingeniero García dijo que esto jamás se concretó y la Gobernación prefirió seguir adelante con el proyecto como lo había previsto.

Veeduría y dirigentes políticos cuestionan al Gobierno Nacional

Para el accionante, el abogado Wlfran Castrillo, la PTAP debe entregarse con todos  sus componente, no solo la infraestructura física, sino las obras de protección que se requieren en el río, tanto para la planta como para la línea de conducción, además del tubo que conduzca el preciado líquido hasta las viviendas.

Por su parte William Alba, coordinador de la Veeduría del Agua, que en 2014 logró una movilización social para llamar la  atención del Gobierno Nacional, ante la indiferencia para acometer con celeridad las obras del acueducto definitivo, manifiesta que es vergonzoso que luego de una década de luchas, denuncias y seguimientos aún la obra no se encuentre en su totalidad concluida.

“En su momento logramos sentar al Gobierno Nacional, con la Gobernación y el Municipio, para lograr la financiación de la planta definitiva, hicimos el seguimiento de los estudios y diseños, y desde un comienzo manifestamos que el sitio donde se iba a construir la PTAP no era el idóneo, por encontrarse en el lecho del río, sin embargo el Ministerio de Vivienda hizo oídos sordos y autorizo a través de Findeter acometer las obras”, expresa Alba.

Reitera que es inconcebible que a hoy, la interventoría de Findeter, esté pidiendo 4.800 millones de pesos más para  la colocación de nuevos poliedros en el lecho del río, “cabe recordar que se han invertido más de 11 mil millones de pesos en poliedros que se han venido desgranando por las fuertes crecientes del río Cravo Sur”, expresa el coordinador de la Veeduría del Agua de Yopal.

El representante a la Cámara César Ortiz Zorro, cuestiona que el proyecto de la PTAP ya superara los 94 mil millones de pesos y que aún le faltaran 40 mil millones más. Sobre esto dijo que es un monumento a la corrupción, sobrecostos, despilfarro y falta de planeación.

Recuerda que, él también perteneció al Comité por la defensa del agua potable y que fue gracias a las movilizaciones y protestas en 2014 que se logró que el gobierno nacional financiara una parte del sistema de abastecimiento del agua potable. Pese a ello, lamentó que no se hubiera culminado esta obra y que no haya responsables por la situación.

A su vez el diputado Heyder Silva responsabiliza al Gobierno Nacional en cabeza de Findeter del retraso de las obras del acueducto definitivo, “la mala planificación de esta entidad nos coloca en  vergüenza a nivel nacional, no es posible que a la fecha llevemos cerca de 95 mil millones de pesos invertidos y que se requieran 40 mil millones más para concluir la obra”.

El ex gobernador Marco Tulio Ruíz  y actual diputado, manifiesta por su parte que durante su Gobierno, en el año 2014, se presentaron los estudios y diseños de la PTAP y dijeron que la obra valía 66 mil millones de pesos. “En ese entonces dejamos 33 mil millones de pesos, por parte de la Gobernación y no es justo que a la fecha la obra no esté concluida, debido a la negligencia administrativa, tanto del Gobierno Nacional, como departamental y municipal de apropiar nuevos recursos para concluir la obra más importante de Casanare”, expresa el dirigente político.

Ver especial: 

https://www.casanarenoticias.com/tumbedeladecada_2021/