Estos fenómenos delictivos que afectaron la seguridad ciudadana presuntamente estarían coordinados por cabecillas de disidencias de las Farc para promover el terrorismo en la capital entre noviembre de 2019 y septiembre de 2020.

Ante los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía, el juez 74 con función de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de Justo Ernesto Villarraga, Erika Lorena Flores Durán, Miguel Andrés Parga y Greissy Alexandra Perilla Vargas, por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir, perturbación en medio de transporte público, obstrucción de vías públicas, violencia contra servidor público y daño en bien ajeno.

Presuntamente, cumpliendo roles, habrían participado el 21 de noviembre de 2019 en los bloqueos presentados en el suroccidente de Bogotá, los daños al portal de Transmilenio de Las Américas,saqueos y fuertes enfrentamientos con la fuerza pública en lossectores de Patio Bonito y Tintal, utilizando artefactos no convencionales para atacar al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Por otra parte,se presume que se encargaban de reclutar gente para lograr su cometido y que participaron también en protestas violentas en los meses de abril y mayo últimos, así como en los disturbios ocurridos recientemente. Por ejemplo, el pasado 9 de septiembre Villarraga y Parga habrían ejecutado la quema de un CAI.

De acuerdo con la investigación, los cuatro procesados, junto a otra mujer conocida con el alias de Rosita, serían miembros de la Unión Solidaria de Bogotá articulada por Wilson Reinel Moreno, alias Martín, quien fue capturado en el departamento de Tolima, en febrero pasado.

Se evidenció que las uniones solidarias (pequeñas células urbanas) se componen de 3 a 5 integrantes y se reúnen cada 15 días, como mínimo para coordinar su accionar delictivo.

Pese a que los abogados defensores se opusieron a la medida solicitada por el fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional Bogotá, con el argumento de que no se habían presentado las pruebas suficientes para dicha medida, el juez avaló la solicitud del ente acusador y los envió a la cárcel.
La decisión fue apelada por la defensa.