Con 33 años de edad, Nemonte Nenquimo es una activista por los derechos indígenas, miembro fundador de la organización Alianza Ceibo y representante del consejo de la comunidad waorani en el Ecuador. 

Tras haber sido una de las ganadoras de los premios medioambientales Goldman y encontrarse dentro de la lista de las 100 personas más influyentes de 2020, el mundo entero la reconoce como una de las más grandes defensoras de la Amazonía. 

La razón por la cual el pasado 30 de noviembre se le entregó el mayor reconocimiento ambiental a nivel mundial comenzó en 2012, cuando el gobierno ecuatoriano adelantó una consulta previa con algunas familias indígenas de la región de Pastaza para autorizar la exploración y explotación de un campo de petróleo conocido como el Bloque 22, un espacio de más de 200 mil hectáreas de selva que se conecta en un 16% con territorios de las 16 comunidades indígenas. 

Sin embargo, y luego del seguimiento al caso se descubrió que la consulta previa, el centro del pleito jurídico que luego llegaría, fue una reunión con unas cuantas familias de la comunidad a quienes se les explicó en español y no en lengua nativa las licitaciones de explotación en su territorio y que culminó con unas pocas firmas de indígenas quienes nunca entendieron el tema del que se les estaba hablando. Al enterarse de lo sucedido, los líderes indígenas, encabezados por Nemonte Nenquimo, respondieron al Estado ecuatoriano con acciones jurídicas por el incumplimiento a su derecho de la consulta previa y en respuesta a un procedimiento que se realizó sin los protocolos reglamentados por la ley. 

Las comunidades indígenas waorani se dedicaron durante los siguientes ocho años a demostrarle a la justicia la importancia no solo ecológica, sino ancestral de ese territorio. 

El 80% de la población waorani vive en una décima parte de su territorio ancestral original. Por eso, después del anuncio del gobierno ecuatoriano, Nenquimo comenzó a organizar a su comunidad. Realizó asambleas regionales y lanzó una campaña digital dirigida a inversionistas para financiar la defensa ambiental de su territorio con el lema “Nuestra selva no se vende”. 

Con esos recursos, varios jóvenes waorani se educaron en medios audiovisuales y publicaron documentales e imágenes poderosas que dieron la vuelta al mundo. También ayudó de manera proactiva a las comunidades a mantener su independencia de los subsidios de compañías petroleras mediante la instalación de un sistema de captación de aguas pluviales y paneles solares, además de apoyar una empresa de producción de cacao y chocolate orgánicos dirigida por mujeres. Desempeñó un papel clave en un proyecto de mapeo comunitario en el que se trazaron más de 200.000 de territorio waorani, abarcando 16 comunidades. 

Y finalmente, en julio de 2019, la Corte Provincial de Pastaza determinó que la supuesta consulta, hecha en 2012, no cumplió con los estándares nacionales e internacionales frente a los pueblos étnicos y se impidió, por orden judicial, la entrada a las empresas que querían extraer el petróleo en más de 200 mil hectáreas de bosque. 

“Yo represento a millones de personas indígenas que luchamos por la naturaleza. Si me reconocen a mí, nos están reconociendo a todos”, dijo a los medios GK y Mongabay Latam al ser preguntada por su reconocimiento. 

Fuente: El Espectador