“Fueron 4 puntos los que logramos concertar con el Gobierno” dijo Edilma Vargas en un tono de voz, al cual fácilmente se le podía percibir la alegría.

No era para menos, el grupo de madres comunitarias al cual pertenece y lidera en el departamento de Casanare, unió su voz de protesta con sus similares de todo el país y llegaron hasta Bogotá, para pedirle al Gobierno de Gustavo Petro, que mejorara sus condiciones labores.

Para conseguir que las altas esferas del Estado en Bogotá escuchasen sus voces, fue necesario entrar a paro y protestar. En Yopal un grupo de estas laboriosas mujeres adelantó un plantón durante varios días, frente a las instalaciones del Bienestar Familiar.

Allí estaba Edilma liderando esta muestra de inconformismo. Tuvo que hacer un alto en el camino para desplazarse a Bogotá y unirse con las madres líderes de otras regiones, que llegaron a la capital de la República para sentarse a negociar con el Gobierno.

Edilma narró que no fue fácil. Las negociaciones se prologaron por 4 días. En ese periodo analizaron 4 problemáticas que aquejan a las madres comunitarias.

La primera estaba relacionada con el aumento de los recursos para la minuta nutricional. En términos más sencillos y menos técnicos, este ítem se traduce en el dinero asignado para la compra de los productos, con los que se prepara la alimentación para los niños.

Un segundo punto era la entregar dotación a todas las madres comunitarias. El tercer cardinal en esta lista era mejorarles el sistema de contratación y finalmente un bono pensional.

Al final de la jornada cuando el reloj marcaba más de las 2 de la mañana del 11 de febrero de 2023, el Gobierno accedió y las 4 peticiones fueron aprobadas. 

Ahora se entendía la desbordada alegría de doña Edilma, por fin se les reconocía de una manera más justa, todo el esfuerzo de ella y sus compañeras.

Explicó que la minuta tendrá un incremento presupuestal del 24 por ciento. Se les entregará dotación a todas las modalidades que la ley contempla como madres comunitarias, sustitutas, transitadas, todas sin excepción.

Así mismo se abolió el sistema de tercerización a través de operadores, que se venía aplicando para contratarlas. De ahora en adelante estas madres entrar a formar parte de la nómina del Instituto Colombiana de Bienestar Familiar. Proceso que comenzará a regir a partir de junio próximo.

El último punto que más tiempo demandó para su discusión, fue el bono pensional. Se consiguió una partida para que aquellas madres comunitarias que tengan más de 57 años, puedan optar por un retiro voluntario y acceder a este beneficio.

En buena hora esta propuesta porque durante el plantón de Yopal, varias de estas madres visiblemente superaban ese límite de edad, incluso en el grupo había una señora con 79 años y más 39 de trabajo, que aún no se había podido pensionar.