Por primera vez en la historia judicial del país, un exmandatario colombiano enfrenta una condena penal.

Este lunes, la jueza Sandra Liliana Heredia determinó que Álvaro Uribe Vélez es responsable como determinador de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en fallo de primera instancia. Aunque fue exonerado del cargo de soborno simple, el fallo establece su implicación directa en la manipulación del proceso judicial.

La Fiscalía logró demostrar su participación en calidad de determinador en los delitos imputados, y advirtió que, según lo establecido en el Código Penal, las penas para estos delitos oscilan entre cuatro y ocho años.

De acuerdo con esa estimación, el expresidente podría ser objeto de detención domiciliaria.

Al término de la audiencia, se abrió el debate sobre la tasación de la pena. La Fiscalía se inclinó por solicitar casa por cárcel.

En contraste, el abogado defensor Jaime Granados sostuvo que, pese al fallo, la presunción de inocencia sigue vigente hasta que la sentencia quede en firme, y pidió aplicar criterios que valoren la razonabilidad y el respeto a la libertad del acusado, quien ha comparecido voluntariamente ante la justicia.

La lectura oficial de la sentencia fue fijada para el viernes 1 de agosto, a las 2:00 p.m. La jueza indicó que las partes recibirán el documento completo esa misma mañana.

La diligencia se realizó en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá. Al recinto asistieron representantes de las partes procesales, incluyendo el senador Iván Cepeda —quien fungió como víctima en el caso— y el abogado penalista Jaime Lombana, en representación de la defensa.

Uribe y su abogado principal siguieron la audiencia de forma virtual por encontrarse fuera de la ciudad.

Durante el desarrollo del fallo, la jueza se refirió a una presunta “coreografía criminal” y mencionó la existencia de un “libreto” diseñado para alterar el curso del proceso judicial.

Según la acusación de la Fiscalía, liderada por la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlenne Orjuela, Uribe habría recurrido a su abogado Diego Cadena para influir en exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve, buscando declaraciones que lo desvincularan de grupos armados ilegales en Antioquia a cambio de eventuales beneficios jurídicos.

Reacciones y futuro político

La condena a Álvaro Uribe Vélez, una de las figuras políticas más influyentes y controvertidas de la historia reciente de Colombia, ha generado un terremoto político en el país.

Sus seguidores han convocado a manifestaciones en su apoyo, mientras que sus opositores celebran la decisión judicial como una victoria contra la impunidad.

El presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto, respaldando la independencia judicial y la protección de la jueza Sandra Heredia.

Petro afirmó que "es deber del Gobierno garantizar la protección de la juez y su familia, cualquiera que haya sido el sentido de su fallo. En un gobierno democrático, los jueces no se presionan, se protegen en su libertad".

Analistas políticos coinciden en que este fallo tendrá un impacto significativo en las próximas elecciones presidenciales y legislativas de 2026.

La pena que deberá pagar el expresidente Uribe y que se conocerá este viernes, se estima que podría ser prisión domiciliaria al tratarse de delitos con sanciones menores a los nueve años de cárcel.

Ahora las dos partes cuentan con cinco días hábiles para apelar la decisión judicial ante el Tribunal Superior de Bogotá.