Sobre las 4:30 de la tarde de este jueves 9 de octubre, el Departamento de Policía Casanare informó de manera oficial sobre la captura en flagrancia de un sujeto de 35 años, quien había perpetrado un hurto  en zona rural del municipio de Pore. 

También hacía hincapié e informe policial que el operativo que se coordinó con el Gaula militaar, se logró la recuperación de una camioneta Toyota Hilux y varios elementos de valor que había sido hurtados. Destacó igualmente que el éxito de esta labor obedeció al plan candado, así como a labores de patrullaje, el vehículo fue localizado en la vereda Guanábanas, donde fue interceptado junto con el conductor.

Sin embargo, horas después el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, publicó en redes sociales que el hecho más que un robo obedeció a un intento de secuestro, el cual fue frustrado gracias al trabajo del Gaula militar y la Policía Nacional. El mandatario entregó detalles como el nombre de la víctima. Se trató del señor Carlos Mora, según lo reveló el mandatario seccional.

Otros detalles del operativo los suministró la Policía Nacional. Explicpo que al interior de la camioneta se encontraron diversos objetos hurtados, entre ellos un televisor, una motosierra, una guadaña, utensilios de cocina y sillas de montar, con un valor estimado superior a los 10 millones de pesos.

Por último añadió que el capturado y los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Local de Villanueva, bajo noticia criminal.

En la noche del 5 de octubre, el Cuerpo de Bomberos de Tauramena atendió una emergencia reportada a través de la línea telefónica, en la que se solicitaba el envío de una ambulancia por una persona herida con arma blanca.

Según la publicación del organismo de socorro, el equipo de atención prehospitalaria se desplazó de inmediato al lugar, donde realizó la valoración inicial del paciente, evidenciando una herida profunda que requería atención médica urgente. Tras estabilizarlo, fue trasladado al hospital local para recibir tratamiento especializado.

Según la versión entregada por la víctima, la agresión ocurrió durante una discusión con su pareja. El hombre manifestó que, al darle la espalda, fue atacado con un elemento cortopunzante que le causó la lesión.

El personal de emergencias reiteró la importancia de evitar situaciones de confrontación y promover el diálogo como herramienta para la resolución pacífica de conflictos.

También hizo un llamado a no subestimar ningún problema interpersonal, por pequeño que parezca, para prevenir hechos que puedan poner en riesgo la integridad física.

En un esfuerzo conjunto por desmantelar redes criminales en la región, el Ministerio de Defensa y la Gobernación de Casanare han renovado una oferta de hasta 120 millones de pesos para quien proporcione datos claves que permitan la captura de Keiber Oscaiber Torres Torres, un hombre de 28 años conocido con el alias de “Mamadeo”.

Inteligencia de las fuerzas militares y policiales lo señalan como el jefe de la organización delictiva “Yaracuy”, cuya base principal se ubica en Yopal. Este grupo opera en actividades como ejecuciones dirigidas, cobros coercitivos, intimidaciones y manejo de drogas ilícitas.

Desde 2024 hasta la fecha, se le endilgan por lo menos diez homicidios con arma de fuego, muchas de ellas en el marco de rencillas internas o dominio territorial en el comercio menor de estupefacientes.

Paralelamente, su nombre surge en redes de suministro de armamento y cartuchos a lo largo de entornos citadinos y campestres del territorio casanareño.

Fuentes de seguridad destacan su estrategia de enganche de sus connacionales venezolanos, incorporándolos a sus operaciones; rechazos a esta invitación suelen culminar con consecuencias fatales, que utiliza para infundir temor y asegurar obediencia.

Torres Torres enfrenta órdenes judiciales pendientes por cargos que incluyen asesinato, intento de homicidio, así como producción, comercio, portación o almacenamiento de armas de fuego y sus componentes.

El llamado oficial urge a la población a colaborar con indicios verificables, asegurando anonimato total y protección en el proceso. “Reconózcalo, señálelo y repórtelo”, enfatiza el boletín de las entidades.

Como crímenes de lesa humanidad calificó el magistrado de la JEP Óscar Parra, las ejecuciones extrajudiciales que se presentaron en el departamento de Casanare en el inicio de los años dos mil.

Agregó que este proceso de verdad, justicia y reparación que se viene adelantando, ha tenido que sortear varios obstáculos. Comenzó por expresar que no se trató de acciones aisladas perpetradas por algunas ‘manzanas podridas’, que había por aquella época en las fuerzas del Estado.

En ese contexto aseguró que se trató de hechos masivos previamente planeados, ejecutados y posteriormente encubiertos, donde el número puede llegar a las 400 o 500 víctimas.

En este largo camino de la justicia, identificó el magistrado que un primer paso es el reconocimiento de estos delitos.  De esta manera se abre la puerta para conocer la verdad, que es el siguiente escalón en este proceso.

Bajo esta premisa calificó como importante que el ministro de defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, junto con los altos mandos militares, haya participado del acto de excusas públicas a 27 familiares de víctimas, que se adelantó en el salón Quiripa de la Cámara de Comercio, el pasado sábado 4 de octubre.

Para el magistrado de la JEP la presencia del ministro ayuda a reconstruir la confianza en el Estado que se había perdido en la sociedad civil, como respuesta a estos crímenes tan atroces.

Delitos que involucraron en su ejecución a un número superior a las 300 personas vinculadas con el Estado. Para corroborar esta afirmación Parra mencionó que 29 han sido señados como máximos responsables y otros 300 se encuentran en la sala de definición de situaciones jurídicas.

En medio este escenario bastante complejo y pletórico de diatribas, recalcó que las excusas públicas clasifican como un parte del proceso de reparación, porque involucra el conocimiento de la verdad que, a su vez, es un primer paso en el objetivo de esclarecer los hechos.

La situación tiene demasiadas aristas. Algunas no se mencionan con tanto ahínco, pero que son igualmente importantes. Una de estas problemáticas es la estigmatización.

El magistrado de la JEP manifestó que las familias de las víctimas, además de perder sus seres queridos, se vieron sometidas al señalamiento público, de haber tenido un miembro de su familia dentro de las filas de algún grupo al margen de la ley o de pertenecer directamente a una de estas organizaciones delictivas.

De esta manera se generó un ambiente muy denso para las familias de las víctimas que provocó su desplazamiento. “En algunos casos extremos tuvieron que salir de la zona donde vivían”, indicó el magistrado.

Otra rémora que se presentó al inicio del proceso fue el negacionismo. Basado en la información compartida por Parra, este fenómeno consistió en el hecho que mucha gente creyó que estos casos eran mentira.

En el colectivo de la sociedad hizo carrera la versión que estos crímenes no habían ocurrido o que no eran hechos sistemáticos perpetrados por ‘manzanas podridas’, que se encontraban al interior del aparato de defensa del Estado.

En ese contexto, para Óscar Parra, la actividad del sábado revindica la memoria de lo ocurrido y esa verdad es fundamental para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.

También subrayó que se busca que este tipo de actos se repliquen en las escuelas de formación militar, para que las nuevas generaciones de las Fuerzas Armadas conozcan que esto pasó, para que no lo repitan.

Sobre las penas o sanciones que emitirá la JEP, el magistrado explicó que se viene trabajando en una resolución de conclusiones. Dicha labor está a cargo de la sala a la cual él pertenece, que es la de reconocimiento.

Añadió que este documento abre el camino para que el Tribunal para la Paz comience a hacer los preparativos para emitir una sentencia.

Esta etapa de sentencias pasa por una serie de audiencias, donde se busca establecer cuáles serían las penas que se aplicarían para los casos de Casanare.

Existen varias propuestas como la creación de una universidad, proyectos de reforestación, búsqueda de personas desaparecidas, entre otras.

Una vez conocidas las mencionadas iniciativas, el Tribunal hará un análisis de las mismas y de esta manera se abre la ruta para la emisión de las sanciones.