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Un juez penal de circuito condenó a 27 años y 6 meses de prisión a Hernán Giovanni Arteaga Plazas, conocido como alias ‘El Obrero’, por el asesinato de cuatro personas ocurrido entre febrero y marzo de 2003 en el departamento de Boyacá.

La decisión judicial se dio tras valorar las pruebas presentadas por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, las cuales vincularon al procesado con la estructura sicarial denominada ‘Las Especiales’ o ‘Urbanos’, que hizo parte de a las Autodefensas Campesinas de Casanare.

Según la investigación, esta organización armada ilegal ejecutó homicidios selectivos contra ciudadanos señalados de colaborar con otros grupos armados o de afectar la convivencia en la región.

El material probatorio determinó que Arteaga Plazas participó en los crímenes de tres hombres y un adolescente en sectores de la vía Tunja – Arcabuco, el alto de Cucaita y el sector Las Gemelas, en la vía Tunja – Paipa, utilizando el oficio de vendedor de minutos de telefonía móvil como fachada para sus actividades.

Estos hechos fueron declarados delitos de lesa humanidad y la sentencia por homicidio agravado, emitida bajo la Ley 600 de 2000, fue notificada en el centro de reclusión donde el condenado cumple actualmente otras penas por diversos delitos.

Un altercado verbal en una tienda de la vereda Cabañas terminó con la vida de Jaime Orlando León Sierra el pasado sábado 21 de febrero.

De acuerdo con la información suministrada por testigos León Sierra sostenía una conversación con el señalado victimario cuando se produjo una disputa, presuntamente relacionada con un tema sobre la propiedad de un predio, que derivó en el ataque con arma de fuego.

Aunque inicialmente se solicitó el servicio de ambulancia para atender la emergencia, al llegar los paramédicos confirmaron el fallecimiento del hombre en el lugar de los hechos.

La información que se tiene hasta el momento indica que el atacante, quien escapó en una motocicleta, posee un extenso historial judicial que incluye registros por delitos sexuales, amenazas, porte de armas, violencia intrafamiliar y homicidio.

Trascendió que la víctima, quien se desempeñaba en oficios varios en la región, también presentaba anotaciones judiciales. Actualmente, las autoridades competentes mantienen la investigación activa y realizan actos urgentes para dar con el paradero del responsable del crimen, quien, al parecer, labora para una empresa petrolera.

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, tras un operativo de seguridad realizado en la madrugada del domingo 22 de febrero en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

La acción militar, fundamentada en trabajos de inteligencia y cooperación internacional, derivó en un enfrentamiento armado donde resultaron abatidos cuatro civiles y otros tres heridos de gravedad, entre ellos Oseguera Cervantes, quien falleció durante su traslado aéreo hacia la Ciudad de México.

Tras la confirmación del deceso, se activó una respuesta violenta sistemática por parte de células vinculadas a dicha organización criminal, registrándose bloqueos, incendios de establecimientos comerciales y ataques contra infraestructura pública en al menos doce estados del país, incluyendo Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Colima y Nayarit.

En el estado de Jalisco, el Gobierno estatal implementó el protocolo de "código rojo" y suspendió actividades educativas y transporte público ante el reporte de veintiún bloqueos viales activos y la quema de sucursales bancarias.

La reacción del grupo delictivo se extendió a áreas vecinas como Colima y Michoacán, donde se reportó la interrupción de rutas federales mediante el uso de vehículos de carga incendiados.

Simultáneamente, grupos rivales han iniciado movimientos tácticos en zonas de disputa territorial, lo que las autoridades federales califican como un riesgo inminente de fragmentación interna y guerra civil entre facciones locales.

El despliegue de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano se ha reforzado en el centro y occidente del país para contener la escalada de violencia, mientras el gabinete de seguridad nacional mantiene sesiones permanentes, para monitorear los reacomodos en la estructura de mando de la organización y prevenir enfrentamientos con otros grupos por el control de plazas estratégicas.

La Policía Nacional capturó en el municipio de Paz de Ariporo a un ciudadano que se movilizaba en motocicleta bajo el cargo de falsedad marcaria. El arresto se produjo durante el desarrollo de labores de registro y control efectuadas por las unidades policiales en la zona urbana.

En el marco del procedimiento, los uniformados procedieron a la incautación del vehículo como elemento material probatorio. Tanto el capturado como la motocicleta fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el inicio del proceso judicial correspondiente.

El coronel Pablo Javier Galindo, comandante del Departamento de Policía Casanare, informó que la institución mantendrá el despliegue de acciones operativas y controles en la región. Según el oficial, estas medidas buscan contrarrestar las conductas delictivas y asegurar la convivencia ciudadana en el departamento.

En un operativo adelantado por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Nacional, se logró la captura en flagrancia de un ciudadano y la recuperación de una motocicleta que figuraba como hurtada en el departamento.

El procedimiento policial se llevó a cabo en pleno sector céntrico del municipio de Tauramena, donde los uniformados interceptaron al sujeto mientras se movilizaba en el vehículo evaluado en aproximadamente ocho millones de pesos.

Tras verificar los antecedentes del automotor en el sistema, los agentes confirmaron que este presentaba un reporte vigente por hurto, razón por la cual procedieron de inmediato a la detención del conductor.

El capturado, junto con la motocicleta recuperada, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de receptación.

Al respecto, el coronel Pablo Javier Galindo Valencia, comandante de la institución, manifestó que estos resultados forman parte de un despliegue de actividades especializadas que buscan contrarrestar el robo de vehículos en la región.

El oficial enfatizó que se continuará fortaleciendo la presencia institucional en las zonas urbanas y rurales de Tauramena para garantizar la tranquilidad de los habitantes y reducir los índices de criminalidad en el sur de Casanare.

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Yopal profirió sentencia de primera instancia en la que niega el amparo de derechos fundamentales solicitado por el ciudadano Luis Robert Heredia, quien buscaba anular el traslado del sitio de escrutinios municipales hacia la sede de la universidad Unitrópico en la vereda El Picón.

El fallo judicial ratifica la legalidad de la Resolución 004 del 10 de febrero de 2026, emitida por la Registraduría Especial de Yopal, la cual dispuso el cambio de ubicación desde el casco urbano hacia el sector rural bajo argumentos de insuficiencia técnica en las instalaciones del Coliseo Bicentenario.

En su argumentación, el juez determinó que el accionante no logró demostrar una amenaza real o inminente contra la seguridad de los intervinientes, señalando además que las autoridades policiales y militares han garantizado un despliegue operativo suficiente para el día de los comicios.

La providencia judicial destaca que el cambio de sede responde a necesidades de iluminación, conectividad y espacio para las diez comisiones escrutadoras, condiciones que el despacho consideró superiores en el nuevo emplazamiento.

Con esta decisión, la justicia cierra el debate jurídico sobre la ubicación el punto de escrutinio y ordena a la fuerza pública mantener los anillos de seguridad en el perímetro de la granja para asegurar el normal desarrollo del proceso democrático el próximo 8 de marzo.

Continúa en ascenso las cifras de accidentes de tránsito con víctimas fatales en la ciudad de Yopal. Este viernes 20 de febrero en horas de la tarde perdió la vida en un siniestro vial el señor Roney Estepa de 52 años.

La información que se tiene indica que el percance se presentó a la altura de la diagonal 46 con carrera 12. Agrega esta versión que Estepa iba cruzando la calle cuando fue embestido por una motocicleta.

El fuerte impacto provocó el deceso del peatón, quien era miembro del comité de discapacidad del departamento. Frente al hecho, vecinos del sector precisaron que en este punto de la ciudad son frecuentes los siniestros viales, por lo que invitaron a las autoridades locales de tránsito a tomar medidas para disminuir las cifras de accidentalidad.

Uniformados de la Policía Nacional capturaron en el municipio de Yopal a un ciudadano que presentaba una orden judicial vigente por el delito de tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego.

El procedimiento se realizó durante actividades de registro y control, en momentos en que el sujeto se desplazaba en una motocicleta marca Yamaha.

Tras solicitar los antecedentes en el sistema institucional, los agentes confirmaron el requerimiento judicial contra el conductor.

El coronel Pablo Javier Galindo Valencia, comandante del Departamento de Policía Casanare, señaló que estas acciones forman parte de las labores de vigilancia articuladas para el mantenimiento de la seguridad en la región.

El detenido fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad competente para el inicio de su proceso de judicialización.

El Comando de la Brigada 18, unidad de la Octava División del Ejército Nacional, informó sobre un ataque perpetrado en la tarde del 18 de febrero contra un vehículo blindado tipo TITAN.

El evento ocurrió en el sector de Puente Caranal, jurisdicción del municipio de Arauquita, Arauca, mientras las tropas realizaban un movimiento táctico en el marco de una operación de acción decisiva.

Producto de la detonación de una carga explosiva instalada en la zona, un suboficial de la institución resultó herido con fracturas en ambos tobillos debido a las contusiones provocadas con el impacto.

El uniformado fue evacuado de manera inmediata hacia la ciudad de Arauca, donde recibe atención médica especializada. Tras el ataque, se registraron combates en la zona contra integrantes de la comisión ‘Camilo Cienfuegos’ del grupo armado organizado ELN.

La institución militar anunció que interpondrá las denuncias penales correspondientes ante las autoridades competentes, señalando al ELN por la infracción recurrente al Derecho Internacional Humanitario y la vulneración de los Derechos Humanos.

Como medida de respuesta, el Ejército Nacional ha reforzado los dispositivos de seguridad en todo el departamento de Arauca para garantizar el control del orden público.

El Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Yopal, Casanare, amparó los derechos fundamentales al buen nombre, honra y rectificación de Josué Alirio Barrera Rodríguez, tras fallar una Acción de Tutela en contra de los periodistas Camila Gómez, Juan Pablo Barrientos y José Alejandro Castaño, integrantes del medio de comunicación CasaMacondo.

En la providencia, el juez ordenó a los comunicadores que, en un plazo de tres días hábiles tras la notificación, procedan a realizar una rectificación pública y personal.

El fallo estipula que dicha corrección debe tener un despliegue informativo equivalente al de las publicaciones originales donde se difundieron las afirmaciones objeto de la controversia.

La rectificación debe precisar que los predios identificados con los folios de matrícula inmobiliaria 470-94635 y 470-94634, ubicados en la vereda Las Atalayas del municipio de Aguazul, fueron adquiridos por Barrera Rodríguez mediante una compraventa legal al señor José Antonio Cala López.

Según consta en la escritura pública número 2915 del 14 de noviembre de 2012, estos terrenos tenían la calidad de propiedad privada al momento de la transacción y no eran baldíos, como se había informado anteriormente.

Así mismo, el despacho judicial conminó a los periodistas de CasaMacondo a dar cumplimiento estricto a las cargas de veracidad e imparcialidad previstas en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia y en la jurisprudencia constitucional vigente al ejercer la libertad de información y prensa.

Contra esta decisión procede el recurso de impugnación dentro de los tres días siguientes a su notificación; de no presentarse, el expediente será remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión.