Una sanción económica de 20 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), impuso el Tribunal Administrativo de Casanare a cinco urbanizadoras que desarrollaron planes de vivienda irregulares en el sector rural de La Pedrera en Yopal.

La multa se da en razón a un segundo incidente de desacato contra: Inversiones Cruz Barrera, H&S Bienes Raíces, Asociación Vivienda J&G, Urbanización Nueva Granada, Asesorías ATS del Llano y/o Jairo Pezca; por incumplir la medida cautelar de suministrar agua potable de legítima procedencia a todos los habitantes que ocupen permanentemente viviendas en sus planes de construcción a su cargo.

Según el Tribunal, dentro del seguimiento a la acción popular se evidencia que los habitantes de estos planes de vivienda no tienen el suministro constante de agua potable, e incluso tienen que comprarla de pozos vecinos, pues los 'urbanizadores' no consiguieron el debido permiso de captación de parte de la autoridad ambiental.

Solo la Asociación de Vivienda J&G manifestó haber llevado agua de manera recurrente, por lo que su sanción sería menos grave, de 10 SMMLV.

El tribunal reprocha en general la conducta de los urbanizadores. "Incursionaron en aprovecharse de la necesidad ajena, llevando a urbanizaciones o parcelaciones absolutamente irregulares  a personas que habitan los lotes en muy precarias condiciones sanitarias..." expresa un aparte del auto.