Mediante operativos institucionales adelantados en el colegio Antonio Nariño del corregimiento El Morro se encontraron elementos cortopunzantes (2 navajas, cortapapeles y tijeras), un machete y un azadón, en las aulas de clase.

La actividad de registro se adelantó por promotores de seguridad adscritos a la Secretaría de Gobierno de Yopal, quienes recomendaron a los docentes y estudiantes no tener este tipo de elementos en las aulas de clase (machete y azadón), recordando que este Colegio es de modaliidad agropecuaria.

Mayerly Mancera, coordinadora de Promotores Rurales, explicó que los elementos incautados fueron entregados al Coordinador del plantel educativo, además se hallaron semillas de marihuana, las cuales quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Explicó la funcionaria que este mismo ejercicio se ha adelantado en los Colegios de los Corregimientos de El Charte y La Chaparrera, proyectándose también en el Corregimiento de Tilodirán y en el Colegio de El Taladro.

Durante el operativo de registro se contó con la presencia de uniformados de la Policía de Infancia y Adolescencia, el INPEC y Promotores Rurales de la Secretaría de Gobierno Municipal.

La Procuraduría General de la Nación determinó retirar el acompañamiento preventivo que venía realizando al proceso de licitación pública que adelanta el municipio de Yopal (Casanare) para contratar, por el sistema de concesión, la operación, reposición, modernización, mantenimiento, administración y expansión del sistema de alumbrado público en esa ciudad, debido a que la Alcaldía guardó silencio a los requerimientos y/o observaciones presentadas por el ente de control.

El Ministerio Público, que en tres oportunidades envió comunicaciones a esa administración con inquietudes sobre los pliegos de condiciones, no recibió respuesta, y no obstante, ni siquiera fueron publicadas tales observaciones en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop).

Algunas de las sugerencias realizadas por la Procuraduría señalaban que era importante aclarar la necesidad de inversión que el municipio determinó para otorgar en concesión el sistema de alumbrado público en la capital casanareña, para lo cual requirió los estudios técnicos que se tengan al respecto; pidió otorgar un plazo mayor para el cierre del proceso, teniendo en cuenta la complejidad del objeto de la licitación que involucra varias actividades, y además, que el actual contrato de concesión se termina en agosto de 2015; y sobre los requisitos financieros se indicó que podrían no ser proporcionales a la cuantía y objeto contractual, hecho que posiblemente redundaría en una limitación a la pluralidad de oferentes, por lo que la Procuraduría solicitó a la alcaldía municipal de Yopal que revisara todos los indicadores financieros habilitantes. 

“Teniendo en cuenta que la negación a contestar nuestras inquietudes y requerimientos podrían situar a los funcionarios en conductas estipuladas en los artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002, entre otras, se remitirá al operador disciplinario una comunicación para que evalúe, en su momento, la posibilidad de iniciar las actuaciones a que haya lugar”, se indicó en el oficio de retiro del acompañamiento preventivo.

Finalmente se recordó que es parte de la misión de la Entidad “prevenir antes que sancionar”, aclarando que dicha actuación preventiva no implica aval, coadministración o intromisión en la gestión de las entidades estatales.

Fuente: Procuraduría General de la Nación

El anuncio fue hecho por Alirio Borbón Ardila, director Nacional del Incoder- (Instituto de Desarrollo Rural), durante una mesa de adjudicación de tierras cumplida el pasado viernes en la Asamblea del departamento, iniciativa convocada por los diputados en pro de buscar una solución a esta problemática que compromete más 400 mil hectáreas  próximas a campos petroleros que deben formalizarse en Casanare.

“Con la nueva normatividad se disminuye la restricción de adjudicación en proximidades a campos petroleros, así las cosas este año en Casanare podríamos adjudicar unas 103 mil hectáreas”, expresó el director nacional del Incoder.

Precisó que hacia el año 2003-2014 en el departamento se han titulado 565 mil hectáreas, por lo que se plantea este año bajar en un 30% el número de predios que esperan titulación, siempre y cuando cumplan con los requerimientos que la adjudicación requiere.

“Hemos diseñado una estrategia de manera conjunta con las Alcaldías, la Gobernación y el Incoder para cofinanciar esta adjudicación de tierras, y poder quedar al día con el tema de la  formalización de estos predios”.

La iniciativa buscar articular recursos e insumos para hacer la atención de la titulación de las hectáreas que estarían listas para adjudicarse, una vez se determine cuál es el presupuesto que se requiere en la formalización de los 103 mil predios, “el Incoder aportará el 50% en esta estrategia”, puntualizó Borbón Ardila.

El tema titulación de tierras en Casanare se seguirá abordando en mesas de trabajo que se cumplirán todos los viernes en la Corporación departamental,  a las 8:00 de la mañana.

La bandal integrada por tres hombres y una mujer venía ejerciendo acciones delictivas como hurtos a residencias y en diferentes modalidades, en el sur del departamento del Casanare.

“Los Gatos” serían los responsables de  un hurto cometido el 28 de enero del año anterior,  en una residencia ubicada en la carrera 7 a con calle 5 del Barrio Manantial del municipio de Tauramena, donde según informaciones recibidas en horas de la maña dos personas desconocidas ingresaron a esta residencia he intimidaron a los habitantes con un revolver, los amordazaron y se llevaron una caja fuerte que en su interior contenía 131 millones de pesos en efectivo, joyas y títulos valores.

Días después de sucedido los hechos, bajo la coordinación y dirección de la Fiscalía 15 Seccional de Monterrey- Casanare, se logró establecer el lugar donde fue dejada la caja fuerte, llegando hasta una residencia ubicada en la carrera 7  con calle 8 del barrio la colina de Tauramena, donde se efectuó un registro voluntario y se recuperó la caja fuerte con todos los elementos que contenía.

Les seguían los pasos

La investigación continua y a través de diferentes entrevistas, declaraciones juradas, reconocimientos fotográficos e inspecciones a diferentes entidades, se logra la individualización los integrantes de la banda “Los Gatos”, estableciendo que uno de ellos ya había sido capturado por el delito de homicidio y porte ilegal de armas, y que se encuentra recluido en la penitenciaria de mediana seguridad de acacias meta.

Una vez se obtiene la evidencia físicas suficientes, se solicita al Juez Promiscuo Municipal con funciones de garantías del Municipio de Tauramena a través de la Fiscalía General de Nación, las correspondientes órdenes de captura por el delito de hurto calificado y agravado en concurso del porte ilegal de armas de fuego.

Capturados

Estas acciones permiten que el pasado 23 de marzo, se materializaran las capturas de tres hombres de 40, 35 y 19 años de edad, y una mujer de 28 años de edad, en la carrera 12 con calle 36 barrio San Sebastián de la ciudad de Yopal,  en la calle 5 con carrera 15 vía pública del barrio centro de Tauramena y en la calle 2 B con carrera 6 barrio Gaitán de Tauramena Casanare.

Según investigaciones realizadas, se pudo establecer que la banda “Los Gatos” es una organización delincuencial que estaba dedicada al hurto de residencias y locales comerciales, mediante la modalidad de atraco a mano armada. Estas personas realizaban labores de inteligencia previas a ejecutar los hurtos, una vez obtenían toda la información, procedían a intimidar con armas de fuego a sus víctimas y posteriormente a amordazarlas.