Habitantes de varias veredas del municipio de Trinidad ubicadas sobre la vía que conduce a Bocas de Pauto, se encuentran muy molestos y preocupados porque descubrieron que esta carretera hizo parte de jugoso contrato de mejoramiento que nunca se hizo, pero que el dinero si fue desembolsado de manera puntual.

El asunto se remonta a finales del año pasado, específicamente al trimestre de octubre, noviembre y diciembre. Así lo relató Luis Carlos Castro Cuevas, presidente de la junta de acción comunal de la vereda El Porvenir del Guachiría.

Por esa época relativamente reciente era el tiempo de Casanare, según el lema del gobierno de turno. La fecha en mención se suscribió el contrato 161 de 2023, por valor de $15.626.154.246.

El objetivo era realizar la recuperación de puntos críticos mediante horas máquina, afectados por eventos naturales en los municipios de Villanueva, Monterrey y Trinidad, en el marco de la declaratoria de la calamidad pública en el departamento de Casanare.

El proyecto en teoría se ejecutó durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023, durante el epílogo del mandato de Salomón Sanabria como gobernador y Jesús Nolberto Monroy como alcalde de Trinidad. Al frente de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo, estaba Arvey Méndez Acosta.

Para el caso de El Porvenir de Guachiría, explicó el presidente de la JAC, que en teoría se intervinieron 20 puntos críticos. Agregó que se tiene una certificación del mencionado alcalde sobre el trabajo realizado. El problema es que nunca se hicieron la obras, pero el dinero sí fue desembolsado.

Es decir, certificaron y cobraron por una intervención que nunca se hizo.  Se “dice que en la vereda El Porvenir de Guachiría, Araguaney y Alta Gracia, se intervinieron 22 puntos críticos por el deterioro de la vía, a la cual le hacía falta hacerle mantenimiento, en un trayecto de 9 kilómetros.

El reporte señala “que se utilizaron 9 tipos de maquinaria, ente las cuales se cuentan un vibrocompactador, una motoniveladora, una retroexcavadora sobre llantas y otra sobre oruga, un carrotanque, un bulldozer, un minicargador, además de volquetas”, recalcó Castro Cuevas.

A la final, según Castro Cuevas la comunidad nunca vio dicha maquinaria en la carretera El Porvenr de Guachiría – Bocas del Pauto y el estado de la carretera en este momento presenta un grave deterioro, lo que complica la movilidad para ciudadanía, generando problemas adicionales para todos los habitantes de esta zona rural de Trinidad.

Prácticamente es una odisea llegar a Bocas del Pauto desde El Porvenir de Guachiría. Luis Carlos Castro indicó que en condiciones normales, se gastan tres hora a caballo, pero en la actualidad tardan un día en moto para hacer este recorrido.

La odisea más grande la padecen los niños que van a estudiar a Bocas del Pauto, que es el centro poblado más cercano. Igualmente, los adultos mayores es otro sector de la población que ha sentido el rigor de la corrupción.

Ellos tienen dificultades para recibir los mercados que les entrega el Estado. El punto de entrega es en Bocas del Pauto y prácticamente no han podido reclamarlos por el pésimo estado de la vía.

“En Trinidad no los entregan porque para eso estas veredas que se encuentran anexas a Bocas del Pauto, que son el Porvenir del Guachiría, Altagracia, Santa María de Loro, Araguaney y Sambranero” precisó el líder comunal, quien dijo que por esta razón las ayudas oficiales llegan a Bocas del Pauto.

El deterioro de la vía tampoco está lejos de ser una novedad. Castro Cuevas expresó que llevan cerca de seis años con esta problemática y no ha sido posible solucionarla.

Frente al ficticio mejoramiento del contrato antes citado y ejecutado en teoría durante el último trimestre del año pasado, Luis Carlos Castro reveló que ha denunciado esta irregularidad antes los entes de control y funcionarios tanto locales como departamentales.

Mencionó que tienen conocimiento de esta situación la Contraloría, la Fiscalía. Recordó que a los organismos de control se les hizo llegar un Derecho de Petición, el cual aseguró que lo envió el 31 de enero de este año y aún no ha recibido respuesta.

Igualmente manifestó que sobre este caso se le informó a la procuradora Margarita Cabello, al secretario de infraestructura del departamento Álvaro Rivera, al director de la oficina de gestión del riesgo, Guillermo Velandia y a la actual alcaldesa de Trinidad, Dámaris Abril.

Pese a tocar todas las puertas de las autoridades competentes no ha tenido respuesta a su solicitud. Agregó que los únicos que ha ido al sitio fue la Contraloría, pero aún no se pronuncia al respecto.

En el caso de la Fiscalía dijo el presidente de la JAC, que le enviaron un correo electrónico y le pidieron tres meses de plazo para adelantar la investigación.

Otro dato dado a conocer por Luis Carlos Castro tiene que ver con la imposibilidad de programar un nuevo mantenimiento a la vía. “La Gestión del Riesgo informó que no pueden hacer ningún tipo de arreglo en lo que ya está arreglado, porque se supone que ya hubo un objeto contractual, que los incluye a ustedes en la vía que están pidiendo mejorar”.

En resumen, sacaron unos recursos del sistema de regalías para el mejoramiento de varías vías terciarias en Villanueva, Monterrey y Trinidad.

El proyecto incluyó la intervención de la vía a Bocas del Pauto en suelo triniteño. En este punto la obra no se realizó, el dinero sí se giró y hasta el momento ninguna autoridad responde por esta situación.

Adicionalmente la comunidad tendrá que seguir con esta problemática, porque, al parecer, legalmente no se puede autorizar ninguna intervención, porque la obra en el papel aparece como ejecutada.

En una auténtica pesadilla se ha convertido para los habitantes del barrio El Algarrobo del municipio de Villanueva, la presencia de una piara de más de 200 cerdos que hacen parte de un emprendimiento porcícola, ubicado muy cerca de esta zona residencial.

Miembros de esta comunidad narraron a Casanare Noticias que las autoridades locales y ambientales, ha restado importancia a sus reclamos. Agregaron que la problemática es generada por el mal manejo sanitario que la propietaria de la cochera le viene dando al sitio.

Para los residentes del mencionado barrio esta situación es la causante de malos olores, presencia abundante de moscas de aves carroñeras, pozos sépticos abiertos, entre otros inconvenientes a los que se ven sometidos.

Aclararon que no están en contra del emprendimiento, pero si solicitan a la propietaria que aplique medidas sanitarias más rigurosas, para evitar contratiempos de orden sanitario.

Precisaron que la dueña del criadero de cerdos es la exconcejal Dora Barreto, de quien aseguraron que se ha mostrado reacia a dialogar con ellos para encontrar una solución.

También manifestaron que acudieron a Corporinoquia, entidad ambiental que emitió un concepto técnico desde junio de 2023 y que la fecha no ha sido posible que autoridad alguna tome medidas en el asunto, basado en lo descrito en el referido documento.

El único pronunciamiento que se tiene al respecto lo emitió la inspección de policía, la cual manifestó que se debían parar con las actividades del criadero. Sin embargo, la Administración municipal conceptuó lo contrario, por lo que la decisión de la Inspección no fue aplicada.

Finalmente, los afectados esperan que pronto se llegue a un acuerdo, sobre esta actividad que se desarrolla en predio de tres hectáreas, al cual también le agregaron ahora un galpón. Por lo tanto, el criadero de cerdo y de pollos quedan un solo terreno.

En caso de no conseguir una solución a este problema, anunciaron que tomarán vía de hecho, la cual se traduce en un paro. Actividad que depende de la respuesta que entreguen las autoridades en los próximos días.

Empleados de la IPS Domisalud del Llano, empresa que presta sus servicios a varias EPS, en el área de atención domiciliaria en las áreas de enfermería, terapias físicas y respiratorias, entre otros servicios, hicieron una denuncia pública por la demora en el pago de sus salarios por parte de la empresa.

Frente a la entrada de dicha empresa, varios auxiliares de enfermería contaron que les adeudan la mitad del sueldo de septiembre del año pasado, más los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2023 y enero de 2024.

La situación afecta más de 30 personas, entre auxiliares de enfermería y terapistas de Aguazul y Yopal, quienes hasta el momento no han recibido una respuesta satisfactoria a sus reclamos por parte de la IPS.

Según los afectados las directivas de la compañía solo atinan a responder que no han podido pagarles porque algunas EPS, como Sanitas o Nueva EPS, no les han hecho los respectivos desembolsos por el servicio recibido.

Versión que para ellos no es del todo creíble, porque manifestaron que otras IPS que también contratan con estas empresas, no presentan problemas en el pago de sus cuentas.

Debido a esta situación los afectados expresaron que padecen una situación económica muy difícil, con deudas generadas por su insolvencia financiera.

Argumentaron pro este inconveniente no han podido cumplir con sus compromisos personales como arriendo, incluso, el pago de seguridad social que ellos deben asumir, porque el modelo de vinculación laboral con Domisalud es bajo el modelo de OPS.

Es por ello que hacen un llamado urgente a las directivas, en especial la señora Daissy Caballero, les solucione esta difícil situación. “Estoy prestando el servicio de enfermería domiciliaria desde el primero de octubre y no me han cancelado ni un solo mes de trabajo”, acotó Janet Martínez, quien es una de las afectadas.

Miguel Ángel Tumay otro auxiliar de enfermería quien también hace parte de la nómina que Domisalud les adeuda su salario. Comentó que en su caso particular le pagaron el mes de enero con “chichiguas”, haciendo referencia que su salario la empresa fue pagándolo en 4 cuotas de 25 por ciento cada una.

Igualmente recordó que hace algunos meses se vio obligado a realizar un cese de actividades en el mes de enero, como medida de presión para recibir su sueldo.

Ahora todos ellos esperan que la empresa les cancele lo adeudado, por lo que insistirán en sus reclamaciones, las cuales aún no han sido reportadas a la oficina de trabajo.

Residentes del sector de  Mi Nueva Esperanza, se pronunciaron frente al recaudo de unos dineros, por parte del líder comunal Javier Pérez.

Las declaraciones fueron motivadas por la polémica suscitada durante la rueda de prensa, en la que se hizo público el apoyo de los partidos políticos Demócrata y Conservador Colombiano, a la candidatura de Marco Tulio Ruiz, para la Alcaldía de Yopal.

Este acto que se cumplió el pasado lunes festivo 16 de octubre, finalizó con una controversia entre Pérez, candidato al Concejo de la ciudad y varios medios de comunicación.

Según la comunidad el dinero solicitado tenía como finalidad, un proyecto de vivienda consistente en un plan de loteo, que estaría ubicado sobre la carrera 5ª de Yopal.

Sobre el monto expresaron que fueron 700 mil pesos por cada núcleo familiar. Estos dineros según los expresaron los afectados, nunca tuvieron resultados positivos.

“Hoy este dinero está prácticamente perdido y realmente nos robó” dijo una de las habitantes de este sector de la ciudad y que fue víctima de esta situación.

La afectada sostuvo, leyendo un recibo de pago que tenía en sus manos, que el recaudo corresponde al 26 de abril de 2021. En el documento también figura, según la declaración dada por la persona en mención, estos dineros fueron pagados al arquitecto Fabián Maldonado.

Otros habitantes de Mi Nueva Esperanza indicaron que esos 700 mil pesos, fueron entregados en una sola cuota y en efectivo. Situación que no nada fácil para ellos, porque son familias vulnerables.

“En el caso mío me tocó trabajar, sacar prestado, mejor dicho de donde más pude, para pagar esos 700 mil pesos. ¿Después qué hice? Trabajar para pagar ese dinero que saqué prestado”, preciso otra de las víctimas.

Agregó que esa plata era para agilizar el tema del terreno, para poder entregarle a cada familia su lote. También dijo que hasta el momento la Alcaldía no se pronunciado sobre el tema.

Situación que consideran injusta porque llevan 12 años esperando una solución, por parte del Estado. “Alcalde que se postula nos promete reubicación, pero nunca nos reubican”, subrayó otra residente del sector.

Video: https://fb.watch/nL6tBBTGqc/?mibextid=RUbZ1f 

Un grupo de transportadores que prestan sus servicios a la empresa Petrolco, entraron en cese de actividades y se rehúsan a continuar cargando material desde Casurca para esta petrolera.

La razón de esa medida tiene su origen en el hecho que la compañía, les exige vehículos de modelos de 2007 hasta la fecha y la mayoría de estos pequeños transportadores tiene automotores que no cumplen con este requisito.

Sin embargo los vehículos se encuentran en buen estado, además tienen al día su revisión tecno mecánica, seguro obligatorio y la póliza extracontractual, que se exige para estos casos.

Wilson Alexander Gómez Gómez, quien hace parte de este grupo de transportadores, manifestó que trataron de hablar con la social de Petrolco, pero ella se negó a escucharlos, por lo que optaron por el cese de actividades, con el fin de generar una mesa de diálogo con la compañía.

“Ella dice que son estándares viales, que no se sienta con los transportadores, por ese motivo estamos haciendo este cese de actividades”, subrayó Wilson Gómez.

Agregó que el Ministerio de Transporte no les pone problema por el modelo de las volquetas doble troque, utilizada para estas actividades, pero la petrolera sin genera trabas para su contratación, en lo que interpretó como una clara violación del derecho al trabajo.

La situación  afecta a por lo menos 60 transportadores, de una total de 160 que laboran para la compañía antes mencionada. Añadió que enviaron una carta a Petrolco para que se sentaran a dialogar y exponer la problemática, pero la empresa hizo caso omiso a esta petición. 

Otro tema que sobre el cual hizo énfasis son los precios de vehículos nuevos. Una volqueta modelo 2023 tiene un costo aproximado a los 700 millones de pesos. Valor que un pequeño transportador no está en condiciones de asumir, ni comprado a crédito.

Ahora se encuentran a la espera que alguna autoridad local o regional, los ayude con sus buenos oficios, se comunique con la petrolera y logre generar ese espacio de diálogo para solucionar este inconveniente.

A través de un Derecho de Petición el Concejo Municipal de Sácama, pidió a las autoridades del orden nacional y departamental, que solucionen los problemas de atención en salud que padece esta población del norte de Casanare.

El oficio tiene como referencia garantía al derecho colectivo y derecho a la salud, fue remitido al Departamento de Prosperidad Social, Ministerio del Interior, Gobernación de Casanare, Defensoría del Pueblo, Procuraduría Departamental, Capresoca, SuperSalud y Red Salud Casanare.

En el documento se pone de manifiesto que la deficiencias de la atención en salud de los afiliados a las EPAB Capresoca y la Nueva EPS, desde el año pasado y responsabilizan de esta situación a Red Salud.

Menciona el escrito que desde diciembre de 2022 “la IPS Sácama no cuenta con profesional permanente, para la prestación de servicio en el área de odontología”. Así mismo desde el 15 de julio no se tiene bacteriólogo. Tampoco hay un médico general.

Igualmente en el Derecho de Petición que Capresoca no autoriza el transporte para usuarios del régimen contributivo. La denuncia también explica que la farmacia contratada por la EPS, no entrega las fórmulas completas y la entrega a domicilio tarda más de lo previsto.

Tampoco se dispone de una ambulancia para el traslado de pacientes y en cuanto a la asignación de citas de medicina especializada no es nada fácil ni rápido. La misiva habla de un promedio de 2 meses de espera para poder acceder a este servicio, así mismo consigna que hay demoras en la autorización de prótesis.

Ante esta situación desde el Concejo de Sácama solicitaron a las entidades seccionales y entes de control, para que realicen las acciones urgentes con el fin de garantizar el derecho de salud a la comunidad de esta localidad y que Red Salud está vulnerando.

En este punto pidieron tener especial atención con la población vulnerable, como son los niños, adolescentes, personas en condición de discapacidad y madres lactantes.

El llamado hace hincapié en el hecho que el hospital de segundo nivel más cercano al que puede acudir esta comunidad, se encuentra a 6 horas. Dicha situación requiere de una solución urgente para garantizar el derecho a salud a los habitantes de este municipio, a los que se suma el resguardo indígena de Barro Negro, lo que incrementa la demanda.

El Derecho de Petición está firmado por 6 concejales de los 7 concejales que tiene el municipio, más 150 firmas adicionales de la ciudadanía que se siente afectada con esta situación.

“Mientras mi hermana se muere ellos están ‘cagados’ de la risa, cotizando”. Con estas palabras que emergen desde el fondo de su corazón, Ediyofani Bonilla, prácticamente, en tono suplicante, pero con una profunda carga de desespero y angustia, pide a Capresoca que acelere la remisión que están necesitando para salvarle la vida a Azucena Bonilla.

El cuadro clínico de Azucena es complejo. Según Ediyofani en el HORO le diagnosticaron neumonía crónica.  Pero lo más ignominioso del caso, es la demora en la remisión de la paciente, que requiere ser trasladada para un hospital de tercer nivel.

El patético protagonista en este escenario de dolor, es una vez más Capresoca. Según la hermana de la paciente, la EPS informó a la familia que no tienen convenio con una entidad hospitalaria, para que atiendan a Azucena y que se encuentran cotizando, para ver a qué institución la trasladan.

A este lamentable episodio de lo absurdo se llegó luego de una seguidilla de incongruencias, que sirvieron de guaira para fundir en una sola pieza, las más insospechadas situaciones, que hoy tiene la borde de la muerte a señora Bonilla.

Ella fue diagnostica con asma desde hace varios años, pero esta enfermedad desde hace mucho tiempo no le ha vuelto a generar molestias, comentó su hermana.

El calvario comenzó el 07 de junio cuando Azucena llegó por urgencias al HORO. Luego de practicarle los exámenes de rigor le diagnosticaron tos. Este mismo dictamen médico lo repitieron días después, cuando tuvo que regresar, con los mismos síntomas de la primera vez.

Para el 23 de julio la salud de Bonilla había empeorado. De la inofensiva tos pasó a un cuadro clínico más severo. De nada sirvieron los remedios caseros que le hicieron, ni los medicamentos que le suministraron.

Ese día tuvo que ser hospitalizada. Le tomaron una radiografía y el médico que la revisó le dijo a sus familiares, que la enfermedad que padecía era en un 95 por ciento neumonía crónica.

Noticia que llevó al límite de la preocupación la familia Bonilla. No obstante, pese a la pesadumbre que había en el ambiente y la gravedad de la noticia, Ediyofani narró que al día siguiente una médica al parecer novel, luego de observar los exámenes les aseguró que la paciente no tenía nada y le dio la salida.

Desconcertada, cuenta que aún no entiende la actitud de la profesional, solo apunta a pensar que pudo ser una joven rural que apenas están comenzando y que todo obedeció a una sobredosis de inexperiencia, lo que hizo que le diera de alta a la paciente, con un cuadro clínico grave.

Para el 31 de julio nuevamente de regreso al pabellón de urgencias del HORO, la tos se hacía insoportablemente asfixiante. Azucena, una mujer de 43 años de edad y con tres hijos, cayó en manos de la tediosa demora para ser atendida, que es de obligatorio cumplimiento en el sistema de salud colombiano, por la falta de celeridad en los tiempos de respuesta de las IPS.

“Llegamos a las 10 de la mañana y eran las 3 de la tarde y no le habían hecho nada. Tocó presionarlos, prácticamente ‘putiarlos’ para que la atendieran”, rememoró Ediyofani,

Este mecanismo de presión a punta de madrazos, en algunos casos obtiene los resultados esperados. Este fue uno de ellos. Lograron que la revisaran los galenos y le realizaron un tac en los pulmones.

El resultado fue que tenía líquido en sus bronquios. Por esta razón le perforaron un pulmón para extraerle líquido y hacerle unos cultivos, para encontrar la causa de la enfermedad. Pero extrañamente este nuevo examen no dio pista alguna, todo estaba bien no había ningún problema.

Sin embargo la realidad demuestra lo contrario. “Mi hermana ingresó con una afectación en los pulmones del 7 por ciento, al día sábado 12 de agosto, la afectación de un pulmón estaba en el 27 por ciento y el otro en 35 por ciento”, manifestó Ediyofani Barrera.

En busca de una solución definitiva se solicitó una consulta con un médico neumólogo. La misma se cumplió bajo la modalidad de teleconsulta en Visionamos.

Allí le formularon unos medicamentos y le solicitaron varios exámenes que según Bonilla, solo los practican en un hospital de tercer nivel, lo que complica aún más la situación, de por sí, lúgubre en grado superlativo.

Capresoca

En síntesis, Azucena lleva 17 días hospitalizada, a la espera que Capresoca gestione la remisión. Basados en el relato de la hermana de la paciente, la entidad no ha dado respuesta satisfactoria a esta solicitud.

Solo argumentan que no tienen convenio y que se encuentran cotizando con varias IPS, para determinar a cuál de estas instituciones la puede trasladar.

Ediyofani también indicó que ya han acudido a instancias formales y legales para tratar de agilizar el proceso.  “Pasamos una PQR y una Tutela que se encuentra en trámite en el Tribunal Administrativo, pero hasta ahora no ha habido pronunciamiento”.

Incluso acudió a los buenos oficios, de personalidades de la región como el diputado Heider Silva, de quien dijo ha estado pendiente del caso.

Finalmente con llanto en los ojos le envió un mensaje a la gerente de Capresoca, Nuria Bohórquez.

“Si me está viendo, yo creo que usted tiene mamá, tiene hijos y espero que usted nunca llegue a estar en esta situación, porque es una impotencia terrible, ver que la vida de sus seres queridos se está apagando poco a poco y que no pueda hacer nada.

Es muy arrecho para uno de familia, porque qué nos falta, amenazarlos para que hagan algo, es lo único que nos falta o nos toca encadenarnos en el hospital para que hagan los que tienen que hacer”.

Visiblemente alterada Paola Jaimes llegó la mañana del 16 de agosto a su encuentro con la prensa. Solo tenía en mente hacer una denuncia pública sobre un tema del cual muchos hablan, pero pocos se atreven a alzar la voz.

La cita se dio en la sede de la Secretaría de la Movilidad de Yopal y no obedeció a una situación fortuita, por el contrario el lugar tenía estrecha relación con el caso que iba a revelar.

Ya frente a los medios narró que Wilmer Mateus, familiar suyo y quien presenta una discapacidad física debió a un problema de cadera, fue objeto de una orden de comparendo por mal estacionamiento de su vehículo.

En su concepto este procedimiento fue equívoco, por todas las circunstancias que rodearon el hecho. El primer argumento que esgrimió Jaimes, quien afirmó ser abogada de profesión, está relacionado con el hecho de la discapacidad que presenta Wilmer.

Explicó que los hechos ocurrieron frente al colegio Comfacasanare. Mateus acudió al lugar para recoger a su hija, quien salía de clases. Dejó el vehículo estacionado en los alrededores del centro educativo, mientras buscaba a la niña.

En ese momento le impusieron el comparendo y le levantaron el vehículo. Según Paola no tuvieron en cuenta  la calcomanía distintiva, que lo identifica como un automotor, donde se transporta una persona en condición de discapacidad.

En la narración de Jaimes los agentes no tenían por qué llevarse el vehículo. Debían haberlo dejado en el lugar, tomar una foto y repórtalo por mal estacionamiento, para que el dueño del vehículo se presentara después ante la autoridad de tránsito con los documentos respectivos, que permitieran verificar que en realidad es una persona con discapacidad.

Sin embargo las cosas no sucedieron de esa manera y se hizo un mal procedimiento, del cual según la versión de Paola Jaimes, el subcomandante de tránsito, Diego García Peralta, reconoció el yerro.

Esta acción hizo que Mateus incurriera en gastos adicionales imprevistos, como el servicio de grúa, parque y demás costos inherentes a una orden de comparendo.

Pero ahí no para la denuncia. La abogada indicó que Mateus pidió angustiado al agente de tránsito que le recogió el vehículo, que le ayudará. La respuesta del funcionario no fue la esperada.

“Que hay mil maneras de colaborarle, pero que yo no se lo permitía”, sostuvo Jaimes quien interpretó la respuesta como una clara muestra de soborno.

Actitud que aseguró denunciará ante las autoridades competentes y sobre la cual dijo que tiene pruebas, en caso que sea requerida ante alguna autoridad judicial.

Manifestó igualmente que ante las irregularidades antes citadas, impugnará la orden de comparendo, porque consideró injusto el proceder de las autoridades de tránsito.

Por su parte una vez concluida la entrevista varios medios de comunicación, entre ellos Casanare Noticias, entablaron diálogo telefónico con  el subcomandante de tránsito, para indagar sobre el tema.

El funcionario no quiso entregar declaraciones al respecto y dijo que prefería esperar a que la señora presentara la respectiva denuncia,  en la Fiscalía.

Los Potrillos es el nombre del establecimiento comercial donde Gilbert Anthony Poveda Martínez junto con tres jóvenes menores de edad, una de ellas su novia, se reunieron para departir un rato, luego de haber terminado las pruebas del ICFES, que se cumplieron este fin de semana.

Lo que no esperaban era que luego del encuentro sería víctimas de un episodio de terror y angustia los iba a sorprender en el camino de regreso a casa.

Los albores de la pesadilla se dieron en el momento en que se deciden solicitar un taxi. Ubicaron un número telefónico en un grupo de Facebook y procedieron a comunicarse para solicitar el servicio.

El vehículo llegó, los recogió y pocos minutos después detuvo la marcha, acusando a los cuatro jóvenes de estar oliendo una sustancia, con la cual duermen a los taxistas para luego hurtarlos.

Martínez manifestó que no tenía conocimiento alguno sobre lo que le hablaba el conductor, sin embargo les pidió que se bajaran del automotor. Sus compañeras de viaje obedecieron, pero él hizo caso omiso.

Ante la negativa el hombre se enfureció y agrede con la antena de un carro al joven. Por lo que tuco que correr para evitar ser golpeado. Recuerda que estaban solo en algún paraje solitario de la vía Yopal – Paz de Ariporo.

En medio del desespero llamaron a un taxista de confianza, para que lo recogiera. Sin embargo fueron informados que delante de este personaje, iban otro dos conductores quienes también se dirigían hasta este lugar.

Ellos llegaron primero. Inocentemente el joven se imaginó que habían llegado para ayudarlos. Pero tan pronto descienden de sus vehículos exclamaron: “Ellos son”. Acto seguido, según el relato de  Gilbert, con les dispararon.

La confusión y el desespero se apoderaron del grupo de jóvenes, que comenzaron a correr asustados, porque no entendían lo que estaba sucediendo, ni porqué eran blanco de estos  energúmenos hombres.

Martínez se escondió en el primer potrero que encontró en su camino. Narró que una de sus compañeras en medio de la carrera, se cayó y fue alcanzada por los agresores, quienes le pegaron 3 cachazos en la cabeza y la hicieron arrodillar.

La víctima continúa el relato diciendo que pronto arribaron cinco taxis más. Recuerda que uno de estos automotores tenía encendida una sirena de Policía. Sonido que le dio confianza porque equívocamente se alcanzó a imaginar, que había llegado la autoridad.

En ese momento apareció en el escenario el taxista de confianza, quien le pidió a sus compañeros, que detuvieran la agresión. La situación llamó la atención de varios vehículos que transitaban por el lugar.

El joven precisó que recuerda hasta buses de servicio público. Después de varios minutos todos se fueron porque al preguntar qué estaba pasando, los agresores les decían que no ocurría nada. De esta manera hicieron que se retiraran.

Gilbert agradeció la presencia de un carro particular donde se movilizaba una familia. Pidieron a los jóvenes que se subieran a un taxi, que ellos los escoltarían para evitar más inconvenientes.

Comentó que efectivamente abordaron el vehículo de servicio público. Ya en el recorrido al tomar una curva los demás taxis los cierran, les apuntan con un arma de fuego, para obligarlos a descender del carro.

Inicialmente se negó, pero al ver que sus acompañantes los hicieron, también se bajó del automotor. Este fue el punto de partida para la segunda tanda de golpes e insultos que recibieron.

“Ustedes son, ustedes son”, recuerda Gilbert que le gritaban, mientras era el destinatario de una lluvia de golpes. Incluso asumió que uno de sus agresores, se encontraba en estado de embriaguez, porque le pegaba con una lata de cerveza.

Hasta ese momento presa del pánico Gilbert Martínez no había reaccionado, pero cuando vio que su novia era ultrajada, se exaltó y trató de defenderla. En ese instante salió un personaje con pistola en mano, quien lo amenazó de muerte.

Contó que lo golpeó con la cacha de la pistola, lo que le provocó una herida que debió ser suturada con 4 puntos. Luego vino un rosario de golpes, que incluyeron agresiones con una antena de carro.

En medio esa avalancha de agresiones físicas y verbales hizo su segunda entrada en escena, el conductor del carro particular que se había ofrecido ayudarlos.

Agradeció su actitud porque dijo que uno de los taxistas que vestía camisa negra, tapabocas, se puso una capucha y amenazó con matarlo.

Comentó que no pudo reaccionar, porque se encontraba tendido en el piso, además fue incapaz de correr por lo aturdido que estaba.

El epílogo del tormento llegó cuando el carro particular los recogió y los dejó frente a la Brigada. Allí llegó una patrulla de la Policía que los condujo al HORO, para que fueran atendidos.

Del trato recibido por los uniformados, aún se pregunta por la razón que los llevo a burlarse del estado de su cara. Qué sería lo divertido que encontraron en su rostro, para que motivara sus burlas. Esta actitud lo llevó a pensar, que no le prestaron mayor trascendencia a su caso.

La mamá de Gilbert expresó que quería dejar un antecedente que su hijo no se encontraba ebrio. A la postre la denuncia se la recibieron en la Fiscalía, varias horas después del hecho.

Explicó que no contaban con placas de los carros involucrados en el hecho por lo que se entabló la denuncia contra el gremio.

A la novia del joven la golpearon en la cabeza con una cacha de la pistola, por lo que tuvieron que cogerle 3 puntos. También reportó raspaduras en las piernas, al igual que las otras dos compañeras de odisea.

Un nuevo caso de supuesto abuso de autoridad por parte de los agentes de tránsito y  miembros de la Policía Nacional, denunció el veedor Julián Llanos.

En esta oportunidad la situación se presentó sobre la calle 40, en cierre vial comprendido entre la diagonal 15 y la carrera 21 de Yopal, donde se adelantan obras sobre la calzada, para solucionar una problemática de alcantarillado que hay en este sector.

Según el denunciante transitaba por el lugar y se encontró con un puesto de control de movilidad, el cual calificó como ilegal, porque no hay argumento jurídico que diga lo contrario.

Cuestionó la ubicación del mismo. Según lo expresado por Llanos, fue instalado después de una curva, lo que deja a los conductores ad portas de generar un accidente o su defecto a una contravención, en el momento que quieran esquivarlo.

En su narrativa cuenta que se acerca a evidenciar la situación y se encontró con tres agentes de tránsito. Mencionó que uno de ellos era de apellido Vergara, los otros dos no fue posible conocerlos porque uno no porta identificación y el segundo no quiso identificarse.

Junto a ellos estaba una joven practicante del Sena. Con ella entabló un diálogo pedagógico sobre veeduría y capacitación en materia de tránsito, tanto para la ciudadanía como para las autoridades para que no se extralimiten en sus funciones.

Estando en esta situación observó que el agente Vergara estaba tramitando una contravención, desde un vehículo sin documentos. Como represalia la autoridad de tránsito se percató que  la moto del veedor tenía caída una direccional.

Ese fue el punto de partida para realizarle un comparendo. Llano dijo que demostró que la direccional funcionaba perfectamente, pero Vergara haciendo caso omiso a las palabras del veedor, le comunicó que debía inmovilizar la motocicleta.

Ante el inconveniente los agentes llamaron a la Policía, que según Julián Llanos se encontraba instrumentalizada para atropellar a la ciudadanía.

En un último esfuerzo por evita que se llevaran su moto, el veedor se negó a bajarse del vehículo, argumentando el debido proceso. Invocó los derechos que como conductor le confiera la norma.

Para estos casos aseguró que el afectado dispone de 60 minutos para subsanar la situación. Ante la negativa, comunicó que se acogía al comparendo por desacato a la autoridad de tránsito.

Sin embargo fue fútil esta propuesta, porque Llanos aseveró que las autoridades allí presentes, desconocen la ley. Explicó que dicho recurso jurídico genera una comparecencia a la Secretaría de Movilidad, donde un inspector será quien tome una decisión sobre el caso.

Recalcó que ningún miembro de la Policía tiene la orden de bajar a nadie a las malas de su vehículo. Que si no lo van a dejar transitar, el usuario puede llamar a un vehículo de cargar para transportar su automotor y subsanar el origen de la infracción.

Añadió que instrumentalizaron a la Policía para que lo agredieran. Pese a que les advirtió las consecuencias de esta acción, al final terminan haciéndolo y dañándole el celular.

“Uno de los policías en el mal uso de la fuerza, se ensaña contra el celular y me suben a la panel esposado” manifestó Julián, quien también sostuvo que un patrullero alegó que el veedor lo mordió y que cuando llegaron a la URI le leen los derechos, como capturado por agresión a servidor público.

Así mismo comentó que le informaron que iban a llevar al patrullero a una valoración en Medicina Legal, porque se le había partido una uña.  

Luego le anunciaron que le iban a hacer una orden de comparendo por desobedecer orden de Policía. Proceso en el cual recalcó, que nuevamente evidenció la falta de conocimiento por parte de la autoridad.

 “Se demoran 2 horas tramitando el comparendo porque no sabían cómo hacerlo, llegaron otros cuadrantes para ayudarlos”.

También mencionó que no le dejaron presentar los alegatos ni la apelación, por lo que violaron el debido proceso de imposición de comparendo por ley de convivencia ciudadana. Finalmente le comunican que se puede ir.

Julián alega que en este caso se tipificaron varios delitos como el desplazamiento forzado, una privación de ilegal de la libertad, abuso de función pública, extralimitación de funciones, agresión a líder social defensor de Derechos Humanos, entre otros.

A la postre la moto fue trasladada a los patios de Setty, sin un inventario. Hecho que le preocupa porque dijo que en el vehículo tenía unos elementos costosos y herramientas que utiliza en su trabajo diario, vinculado con el tema de cámaras de seguridad.

Adicionalmente manifestó que basado en la información del RUNT, la grúa con la que se levantó su motocicleta, no cuenta con una póliza de responsabilidad contractual y extracontractual.

Lo anterior significa que cualquier avería que sufra el vehículo en su traslado, no hay garantía para el ciudadano y lo van exponer  a un proceso legal por daños y perjuicios.

Por último expresó que hoy adelantará el trámite para sacar su motocicleta de los parqueaderos de SETTY, diligencia que transmitirá en directo por sus canales de redes sociales, como elemento pedagógico para que la comunidad conozca en detalle cómo debe realizar este tipo de procesos.