Una Fiscal adscrita al Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual de la Seccional Casanare, logró que un juez de Yopal condenara a 17 años y 3 meses de prisión al docente Marco Alirio López Herrera al encontrarlo responsable del delito de actos sexuales con menores de catorce años en concurso y agravado.

Los hechos que ocurrieron en octubre del 2016, y que fueron denunciados en noviembre del mismo año por una de las madres de las dos víctimas que para la fecha de contaban con 8 años de edad, fueron exhaustivamente investigados por el equipo de la Fiscalía. Y gracias a los elementos materiales probatorios aportados durante el juicio, se logró comprobar la responsabilidad de este docente que era el encargado de impartir materias como educación religiosa y moral.

La Fiscalía pudo establecer que Marco Alirio López Herrera se aprovechó de su condición dominante sobre las víctimas y las citaba al colegio a horas no escolarizadas con la disculpa de hacer algunas actividades extracurriculares, y ahí era cuando cometía los actos punibles. Además, las amenazaba con hacerles perder el año lectivo, sino accedían a sus pretensiones o si denunciaban los hechos.

El pasado 19 de septiembre fue capturado a la entrada del barrio Los Ángeles de Yopal, por unidades de la Policía Nacional para que cumpliera la condena.

La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina Arbeláez, condenó los hechos ocurridos en la zona rural del municipio de Paz de Ariporo, Casanare, donde hombres armados incineraron un vehículo de ruta escolar, luego de obligar a los niños , niñas y adolescentes a bajarse del vehículo en el que eran transportados.

"Es absolutamente reprochable que un grupo de delincuentes ponga en una situación de riesgo a niños, niñas y adolescentes, los intimiden, los expongan y realicen actos criminales en su presencia, generándoles afectaciones emocionales y psicológicas", señaló Lina Arbeláez.

El ICBF brinda acompañamiento, a través de un equipo de Defensoría de Familia, a los niños y adolescentes que viven en Paz de Ariporo e iniciará el proceso de restablecimiento de sus derechos.

Así mismo, articula con las autoridades administrativas de Támara para que restablezcan los derechos de los otros niños que se transportaban en el vehículo pero que viven en área rural de ese municipio.

"Como sociedad debemos exigirle a estos grupos criminales respeto por los niños, niñas y adolescentes porque no solo están truncado su desarrollo, sino también los sueños individuales y colectivos de quienes son el presente y el futuro del país", puntualizó la directora del ICBF.

Un hombre, de 39 años, fue afectado con medida de aseguramiento intramuros por un juez de control de garantías, luego de que la Fiscalía le imputó cargos por el delito de actos sexuales con menor de 14 años.

Según la investigación de una Fiscalía del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual Caivas, en Paz de Ariporo, indica que el procesado habría cometido actos sexuales con su hija de 12 años en su vivienda ubicada en esa población, en el mes de marzo último.

El hombre fue requerido por la Policía Nacional el 15 de noviembre último durante labores de registro y solicitud de antecedentes en el barrio Panorama de Pore, Casanare, donde se evidenció la orden de captura que pesaba en su contra, expedida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Támara.

Luego de materializada la detención, el investigado no admitió su responsabilidad en los hechos que se le atribuyeron en las audiencias concentradas.

Ante el contundente material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Antony Samir Peralta Contreras, como presunto responsable actividades de tipo sexual con una niña de dos años.

El procesado, de 29 años, fue capturado en situación de flagrancia por unidades de la Policía Nacional, en un inmueble del barrio Las Malvinas de Barranquilla. El procedimiento estaba dirigido a intervenir un sitio que funcionaría como compraventa de vehículos hurtados.

Durante la diligencia los uniformados se incautaron de un automóvil gama alta reportado como robado, autopartes y dos celulares. En los análisis técnicos a uno de los equipos encontrados, los investigadores encontraron videos y fotografías de conductas sexuales que, al parecer, Peralta Contreras habría cometido con una menor de dos años.

En las verificaciones se constató que los registros se hicieron en una vivienda del barrio El Porvenir de Soledad (Atlántico), en noviembre de 2020. El procesado, supuestamente, era conocido de la familia de la víctima y aprovechó esa cercanía para someter a la niña a situaciones indebidas y que atentan contra su integridad.

En ese sentido, un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Atlántico imputó a este hombre los delitos pornografía con persona menor de 18 años, acto sexual con menor de 14 años y receptación. El procesado aceptó los dos primeros cargos; mientras que rechazó el tercero.

Con relación al tema de la posible compraventa de vehículos hurtados, también fue imputado Víctor Danilo Granados Nieto por el delito de receptación. Este hombre fue capturado en situación de flagrancia junto a Antony Samir Peralta Contreras.

Frontera Energy informa que el campo Sabanero, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta, se ha visto continuamente afectado por incursiones, vandalismo y saqueo, realizados por un grupo de personas que se identifican a sí mismas como integrantes del resguardo indígena Sikuani Domo Planas.

Esta situación ha ocasionado, además del cierre total del campo desde septiembre del año pasado, distintas emergencias operacionales que han puesto en riesgo la integridad de la comunidad y del medio ambiente.

Entre ellas, el pasado 30 de junio se presentó un derrame del crudo que aún se encontraba almacenado en el campo como resultado del hurto de unas válvulas. Frente a este hecho, Frontera estaba adelantando todas las acciones necesarias de contención de la mancha con el fin de prevenir un riesgo de contaminación mayor, especialmente en el caño Javia.

Sin embargo, en medio de las labores de limpieza, el pasado 2 de agosto se evidenciaron nuevamente actos de sabotaje que consistieron en la ruptura de uno de los tanques de recolección de fluidos de la emergencia ambiental. La compañía procedió inmediatamente a la recuperación mediante equipo de bombeo de los 3.000 galones de fluido derramados.

Frontera informó, tal como lo establece la ley, a las autoridades ambientales, municipales, departamentales, del orden nacional y judiciales para llevar a cabo la correspondiente investigación y sanción a los responsables.

La compañía condena todas las formas de violencia y continuará buscando el diálogo para encontrar una solución que permita desarrollar la operación de manera responsable con el medio ambiente, en armonía con las comunidades y en beneficio del área de influencia.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento intramuros en contra de Otoniel Luna Parra, por su presunta responsabilidad en el delito de actos sexuales con menor de 14 años.

Los hechos acaecieron el 24 de junio último en la vivienda del procesado, ubicada en el barrio Brisas del Llano de esa ciudad, donde él habría llamado a la menor cuando esta se dirigía a una tienda del sector. Cuando la víctima ingresó al inmueble, Luna Parra supuestamente le realizó tocamientos indebidos.

La captura del investigado, ordenada por el Juzgado Promiscuo de Chámeza fue materializada el pasado 28 de julio en una vía pública de barrio Casimena de la capital del departamento, durante un operativo conjunto entre la Fiscalía, el Ejército y la Policía Nacional, cuando el indiciado transitaba por el lugar.

El hombre no aceptó los cargos endilgados por el ente acusador.

Un juez de control de garantías del municipio de Recetor, impuso medida de aseguramiento intramuros en contra de Ricaurte Pérez Rodríguez, de 54 años, como presunto responsable del delito de acto sexual con menor de 14 años, al cual no se allanó.

Según la investigación adelantada, el pasado 17 de marzo, el hombre, vecino del sector donde residía la víctima de 11 años, habría aprovechado que ella se encontraba sola y presuntamente la sometió a vejámenes sexuales.

Los hechos ocurrieron en el corregimiento de Tilodirán, zona rural de Yopal, donde las unidades de la Sijín materializaron la orden de captura contra el procesado el 26 de julio último.

Capturadas nueve personas que estarían involucradas en los actos vandálicos que desencadenaron en el incendio del Palacio de Justicia de Tuluá, Valle del Cauca, en hechos ocurridos el pasado 25 de mayo.

“Quiero decirles a los vallecaucanos y a los tulueños que la Fiscalía General de la Nación capturó, con la Policía Nacional, a nueve personas. Tres de ellas implicadas en la quema y ataque terrorista contra el Palacio. Se les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por parte de juez de garantías”, afirmó el Fiscal General, Francisco Barbosa.

Los tres capturados y judicializados son: Hugo Ferney Carrión Trejos, Jhon Jairo Toro Méndez y José Mauricio Ramírez Lozada. Según la Fiscalía,  las investigaciones dan cuenta de que, cubriendo sus caras, supuestamente participaron en los hechos que desencadenaron la quema de la sede judicial y generaron zozobra en la comunidad.

Asimismo, los tres procesados serían los presuntos responsables del saqueo a un establecimiento comercial de motocicletas. En el momento de la captura se logró la recuperación de cinco de los vehículos que habrían sido hurtados del lugar, señaló el ente judicial.

La Fiscalía les imputó los delitos de terrorismo, hurto calificado y asonada. Un juez de control de garantías los cobijó con medida intramural.

De otra parte, fueron capturadas seis personas que, presuntamente, estuvieron vinculadas a ataques a entidades públicas y sedes bancarias del municipio, ocurridos el pasado martes.

“Las otras seis personas restantes se presentaron ante juez de garantías por cuenta de los saqueos que se vivieron en el centro Tuluá, cuando atacaron al comercio y a las personas que trabajan todos los días en esta zona. También atacaron las sedes de la Alcaldía, la Fiscalía y parte del mobiliario público de este municipio”, informó el jefe del ente acusador.

Las audiencias contra estas seis personas se encuentran en curso, y la Fiscalía les imputará los delitos de terrorismo, amenazas, obstrucción y daño en bien ajeno. El Fiscal Francisco Barbosa expresó su solidaridad a la ciudadanía de Tuluá y rechazó las actuaciones violentas que afectan el derecho a la protesta pacífica.

Fuente: Fiscalía General de la Nación.