Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías de Villavicencio (Meta) impusieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a siete presuntos integrantes de ‘Los Triple X’ y ‘Los Gigoló’. Estas dos organizaciones delincuenciales, al parecer, creaban perfiles falsos en redes sociales y contactaban hombres para ofrecerles encuentros íntimos con personas del mismo sexo.

Los hombres que aceptaron las citaciones habrían sido sometidos a intimidaciones, maltrato verbal y físico. Además, les fueron robadas las pertenencias y les quitaron las tarjetas bancarias con el propósito de desocuparles las cuentas o los obligaron a hacer transferencias. En algunos casos, a las víctimas les tomaron fotografías y les grabaron videos para, posteriormente, exigirles dinero para no hacer público el material audiovisual.

La Fiscalía ha recibido hasta el momento, por lo menos, 10 denuncias por eventos ocurridos durante el último año en los barrios Jordán y Olímpico, en Villavicencio (Meta). Por estos hechos, seis de los señalados integrantes de ‘Los Triple X’ y ‘Los Gigoló’ fueron capturados por el CTI y el Gaula Militar, uno más se presentó voluntariamente.

Fiscales de la Seccional Meta presentaron a estas siete personas ante jueces de control de garantías y les imputaron, según el posible nivel de responsabilidad, delitos como: hurto calificado y agravado, secuestro simple, extorsión y concierto para delinquir.

Los procesados no aceptaron los cargos. Los investigados son: ‘Los Triple X’: Yilber Andrés Dussan Valderrama, Johan Santiago Reina Rivera, Brayan Duván Osorio Mendoza y Kevin Estiben Angulo Parrado. ‘Los Gigoló’: Benji Gallo Pardo, Ángel Leonardo Chávez y Didier Sleider Herrera Beltrán.

Autoridades reportaron la captura de dos sujetos señalados de pertenecer presuntamente a las redes de apoyo al terrorismo del ELN; entre ellos, una mujer, quien, al parecer, se desempeñaría como explosivista de este grupo terrorista en los municipios de Fortul, Saravena y Tame.

La primera captura mediante orden judicial se materializó contra un sujeto conocido con el alías "Flaco o grillito”, en el casco urbano del municipio de Fortul, Arauca, quien llevaría aproximadamente seis años en esta estructura criminal.

Según labores de inteligencia, este sujeto sería el encargado de adquirir material de guerra, explosivos para integrantes de la estructura criminal del GAO ELN y fabricar artefactos explosivos para atentar contra la fuerza pública y la población; así mismo, realizar inteligencia delictiva y lanzamiento de armas no convencionales en contra de las instalaciones del cantón militar de Saravena y Fortul.

En el municipio de Tame, autoridades capturaron a alias “Tatis", mujer que llevaría aproximadamente siete años en esta estructura criminal, y al parecer, sería la encargada de efectuar la inteligencia delictiva para ejecutar secuestros y cobro de extorsiones a comerciantes; así mismo, sería partícipe de forma directa e indirecta de acciones terroristas contra las unidades militares y la infraestructura crítica y estratégica del Estado.

Estos sujetos, según el Ejército Nacional, serían los hijos de Efraín Vargas Salazar, alias el Grillo, quien en su momento figuraba como cabecilla principal del frente de guerra oriental por más de 20 años, y quién murió en desarrollo de operaciones militares por el Ejército Nacional, el pasado 13 de marzo del 2018 sobre inmediaciones de la vereda caño negro del municipio de Fortul, Arauca, en su entierro, se evidenció el proselitismo realizado con banderas del grupo terrorista del Eln y caravana de motos por las calles del municipio de Fortul organizado por los hoy capturados.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con su proceso de judicialización.

Los primeros acuerdos para dar solución y garantizar el paso de redes de acueducto, proyectadas para las comunas II y VI, Charte, Guafilla y Colina Campestre, se lograron en mesa de concertación de la doble calzada el pasado sábado 30 de abril, entre la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, la concesionaria vial Covioriente, la comunidad y la Administración de Yopal. 

“Ya encontramos una fórmula de solución y es utilizar la franja del acueducto existente, la cual corre a cargo del Concesionario, para que donde está la infraestructura que va a ser relocalizada, sirva a futuro para utilizar la misma en el plan maestro de acueducto; en el entendido de que se remplazará la tubería existente por una tubería de mayor diámetro que permita atender las zonas de expansión urbana”, explicó el vicepresidente de la ANI, Carlos García, quien fue clave en los acuerdos. 

Durante la reunión, la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal-EAAAY y la Oficina de Planeación, explicó mediante la proyección de planos, la necesidad de las franjas para la proyección del acueducto hacia las comunidades antes mencionadas. Además, los gerentes de la empresa SAYOP y la ESE Salud Yopal expusieron las necesidades en alumbrado público y acceso al Centro de Hipoterapia. 

Así mismo la comunidad hizo su intervención manifestando las diferentes necesidades adjuntas a este proyecto, y la afectación que les ha generado a zonas como el comercio de La Guafilla y la revisión de las compensaciones ambientales. 

Se programaron nuevas mesas técnicas de trabajo para seguir avanzando en las soluciones. La primera es que se acordará en la tercera semana de mayo la visita del funcionario encargado de los permisos de la ANI, que revisará con la Administración y la EAAAY las autorizaciones que ya se habían otorgado y los ajustes necesarios. 

La Concesionaria presentará el 10 de mayo las franjas disponibles en el proyecto, más todos los ajustes necesarios para las redes de acueducto de las comunidades de zonas de expansión y centros poblados. 

También se programó una visita de la ANI el próximo 20 de mayo a Aguazul y el día siguiente en Yopal, donde se hará seguimiento a la solución para las redes de acueducto y revisión a las solicitudes de acceso para el Centro de Hipoterapia y faltantes para el alumbrado público en el ingreso a la ciudad por la 50 y en La Guafilla. 

Por su parte el líder del comité cívico de la doble calzada, Juan Vicente Nieves, manifestó que, aunque hay cosas aún sin resolver, al menos ya se da un paso a favor de las comunidades, "y lógico que hay que agradecerle a la Administración Municipal, que algo fundamental fue elaborar ese documento técnico, que fue fundamental en nuestra discusión y análisis. Hoy recordamos a la ingeniera Martha (Mojica) que fue fundamental en este proceso". 

Los mantenimientos de redes de energía se efectuarán en los municipios de Tauramena, Maní y Aguazul, afectando los siguientes sectores:

Aguazul - Iguamena, 25 de enero: se realizará mantenimiento en un horario de 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en las veredas Iguamena, El Guineo, Guaimaro y vereda Unión Charte.

Objetivo de la actividad: despejar el corredor de línea 13,2 KV. cambiar aisladores que se encuentran en mal estado y adecuación de puentes con enchaquetado de línea.

Aguazul - La Turùa, 27 de enero: se realizará mantenimiento en un horario de 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en la vereda Isla Turballista, vereda Turua, vereda Cerrito, vereda Victoria, vereda Palo Solo, vereda Rio Chiquito, vereda Bellavista, vereda Guaduales, vereda La Graciela, vereda Llano Lindo, Paso Cusiana, San Miguel de Farallones, Upamena, Antenas De Ecopetrol Cerro 910

Objetivo de la actividad: despejar el corredor de línea 34,5 KV. cambiar aisladores que se encuentran en mal estado, adecuación de puentes con enchaquetado de línea.

Tauramena, 28 de enero: se realizará mantenimiento en un horario de 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en las veredas Paso Cusiana, Quia, Villa Rosa, Chaparral y Aceite Alto.

Objetivo de la actividad: realizar mantenimiento preventivo y despeje de corredor de la red 13.8 KV, para garantizar la estabilidad y confiabilidad del circuito.

Maní, 31 de enero: se realizará mantenimiento en un horario de 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en las siguientes veredas: Gaviotas, Belgrado, Bebea, Socorro, Garibay, Mararabe, Brisas.

Objetivo de la actividad: realizar mantenimiento de puentes, cambio de aisladores, cambio de cortacircuitos y realizar podas.

La Fiscalía General de la Nación informó que, logró la judicialización de 11 personas, entre funcionarios públicos y representantes de organizaciones sociales, que harían parte de una red de apoyo señalada de abastecer a disidencias del frente décimo de las FARC con elementos y recursos para sostener su actuar ilegal en la región.

Abundante evidencia técnica y material de prueba, como testimonios, dieron cuenta de que habrían aprovechado sus roles públicos para conseguir dotación, víveres e insumos, y trasladarlos a los campamentos del grupo criminal. Asimismo, permitieron conocer que, supuestamente, identificaban víctimas para ser extorsionadas.

“No es posible aceptar por parte de los colombianos y debe rechazarse que servidores públicos, que juraron proteger la institucionalidad, defrauden la confianza y el respeto que se le deben a las instituciones en Colombia. Del mismo modo, no pueden existir argumentos para aceptar que miembros de organizaciones no gubernamentales terminen delinquiendo y permitiendo que algunas de esas organizaciones no cumplan la función que deben cumplir, que es la de proteger los derechos humanos”, señaló el Fiscal General, Francisco Barbosa.

Los funcionarios que estarían involucrados, al parecer, otorgaban contratos a integrantes o auxiliadores de las disidencias para sacar provecho económico de los dineros del Estado. En otras oportunidades habrían alertado a los cabecillas de la estructura sobre las licitaciones de obras o servicios que se realizaban en municipios de Arauca, con el fin de que exigieran al ganador un porcentaje sobre el contrato asignado, señala la Fiscalía en comunicado de prensa.

Investigadores del CTI de la Fiscalía General de la Nación y unidades de la Octava División del Ejército Nacional capturaron a estas 11 personas en la ciudad de Arauca, Saravena, Tame y Fortul (Arauca); y en Bogotá. En los procedimientos se incautaron documentos y listas de artículos comprados como uniformes, carpas, riatas y medicamentos para enfermedades tropicales.

Entre los detenidos hay un secretario de la gobernación de Arauca, dos concejales (uno de Fortul y otro de Saravena), un secretario de la Alcaldía de Fortul, una coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas y cuatro personas que, supuestamente, obtuvieron vehículos, servicios y esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) con amenazas falsas.

“No hay derecho a que estos delincuentes le quiten la posibilidad a tantas víctimas de este país a una verdadera protección, inventándose amenazas y, al mismo tiempo, utilizando la misma protección que les da el Estado para continuar y realizar actividades criminales”, enfatizó el Fiscal Barbosa Delgado.

También fue capturada una enfermera, quien presuntamente utilizó un documento de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para movilizar integrantes de las disidencias que resultaban heridos en los combates y llevarlos al hospital de Saravena, donde los hacía pasar como lesionados en accidentes de tránsito.

Por estos hechos, un fiscal adscrito a la Delegada para la Seguridad Ciudadana imputó el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión. Además, a la enfermera le formuló el cargo de asesoramiento a grupos armados organizados, teniendo en cuenta que se habría valido de su conocimiento médico.

Por disposición de la juez primera Penal Municipal de control de garantías de Cúcuta (Norte de Santander), los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Los afectados con la decisión son:

Alexander Botía Amaya, secretario de Desarrollo Agropecuario y Sostenible de la Gobernación de Arauca. Tenía medidas de protección de la UNP y a su disposición un medio de comunicación, un botón de pánico o de apoyo y un chaleco blindado.

Nini Johana Cardozo Dueña, coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas. Hace parte del Consejo Nacional de Paz. Tenía medidas de protección de la UNP, la cuales eran extensivas a su núcleo familiar. Contaba con dos vehículos, uno de estos blindado; cuatro escoltas, un chaleco blindado y un medio de comunicación.

Jhon Alexander Romero Acevedo, representante de una fundación de derechos humanos y exgerente de la Terminal de Transportes de Tame.

Ruth Pita, concejal de Fortul y secretaria de la mujer de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA).

Camilo Espinel Manrique, concejal de Saravena y secretario de Educación de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA).

Fredy Leonar Camargo Camargo, secretario de Planeación y de Infraestructura de Fortul.

Samuel Acosta Roa, líder político de Saravena.

Anderson Rodríguez Rodríguez, presidente de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA). Tenía medidas de protección de la UNP y contaba con un vehículo, dos escoltas, un medio de comunicación y un chaleco blindado.

Diana Carolina Molina de la Ossa, enfermera en el Hospital de Saravena y representante departamental de víctimas. Tenía esquema de protección de la UNP con un vehículo, dos escoltas, un medio de comunicación y un chaleco blindado.

Helber Alonso Ramírez Castro, empleado del Banco Agrario.

Danilo Huertas Roldán, representante municipal de víctimas en Saravena.

Red de secuestros en Arauca

Por solicitud de un fiscal de la Seccional Arauca, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra cinco presuntos integrantes de una estructura de las disidencias del frente décimo de las Farc, que sería la responsable de varios secuestros, extorsiones y hurtos en el departamento.

Las investigaciones permitieron conocer que estas personas estarían involucradas directamente en dos acciones criminales ocurridas en la ciudad de Arauca.

El primer caso que se les atribuye sucedió el 24 de noviembre de 2020, en el barrio Corocoras. Hombres armados ingresaron a un inmueble y se llevaron a María Guillermina Bello Tineo, y a su hijo Manuel Alexi Bello. Las víctimas habrían sido trasladadas a territorio venezolano, donde permanecieron en cautiverio y días después fueron liberadas.

El otro evento está relacionado con el secuestro de Fernando Gámez Romero, dirigente comunal de la vereda Monserrate, a quien también le robaron una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que le había sido asignada. Este líder social quedó en libertad 24 horas después de ser reportada su retención.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Octavio Guerrero Durán, Alba Carolina Durán Acosta y Daimer Pelayo Parada los delitos de secuestro simple agravado y hurto calificado y agravado. De otra parte, Rubén Arnaldo Benítez Gómez y Pedro José Castillo fueron judicializados por secuestro simple.

Los procesados fueron capturados en diligencias realizadas de manera articulada por la Fiscalía y el Grupo Gaula de la Policía Nacional.

Fuente: Fiscalìa General de la Naciòn.

En Llano de abastos en Villavicencio, Meta, las autoridades lograron la captura de un sujeto quien era requerido por el juzgado Noveno Penal con funciones de control de garantías de esta ciudad.

Según el Ejército Nacional, este individuo fue sorprendido cuando descargaba pescado de un furgón, actividad que realizaba para extraer material mineral de manera ilícita desde el municipio de Inírida hacia el interior del país.

De acuerdo con la información suministrada por la Octava División del Ejército Nacional, el capturado es identificado como Robinson Coji Flórez alias Gordo Robinson presunto integrante de la Red de Apoyo a las Estructuras Residuales RAER del grupo armado organizado GAOR-r Estructura Acacio Medina.

De acuerdo a investigaciones realizadas por inteligencia militar, esta captura afecta el subsistema de finanzas de este grupo armado organizado y debilita de forma progresiva la capacidad delictiva de las redes de apoyo a estructuras residuales.

El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes y deberá responder por el delito de concierto para delinquir agravado.