Graves cuestionamientos sobre las dudosas inversiones que los Alcaldes de Casanare están realizando para la atención y orientación de víctimas del conflicto armado se  escucharon durante la  II sesión del  Comité de Justicia Transicional.

“Los informes que han pasado han sido sobre sumas exorbitantes, municipios como  Chámeza que dicen que han gastado 385 millones de pesos en víctimas, y La Salina más de 100 millones, eso es de no creer, porque es más de su presupuesto municipal; mientras que Aguazul  con tantos recursos que tiene solo habla de 21 millones nada más”, señaló Mauricio Mojica Flórez, Defensor del Pueblo de Casanare.

Al término de la reunión quedaron evidenciadas las falencias tanto de las Administraciones Municipales respecto a la interpretación y cumplimiento de la Ley de víctimas 1448 de 2011, los protocolos  de participación, la  conformación de  las mesas municipales y lo que es peor aún, la falta  de capacitación constante a los Alcaldes, Secretarios y Personeros por parte de la Unidad de Víctimas.

Dentro de los municipios que están liderando el programa se destacó el avance de Yopal, Aguazul y Orocué, en este último Mojica Flórez resaltó la gestión institucional realizada por su Alcalde, quien ha logrado conseguir importantes recursos a nivel nacional para el proyecto de viviendas de interés prioritario para víctimas.

También se destacó la participación del  Gobierno Departamental con una proyección de 10 mil millones de pesos para la vigencia 2014, de los cuales se han ejecutado el  43 por ciento en el desarrollo de programas de atención  a este tipo de población.

“Para el programa de generación de ingresos el gobernador asignó 500 millones de pesos y se priorizaron 5 municipios para proyectos productivos. Quedamos atentos a la reunión del lunes para concertar 1500 millones de pesos para la compra de terrenos en los municipios de Yopal, Aguazul, Monterrey, Tauramena y Orocué”, manifestó  Gladys León, coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas.

Reiteró que pese a estos esfuerzos, aún hace falta el desarrollo de más iniciativas de inversión social, proyectos de carácter productivo que promuevan el emprendimiento y  la creación de mecanismos auto sostenibles para las más de 27 mil víctimas identificadas por la Unidad de Atención Departamental.