El Tribunal Administrativo de Casanare, concedió medidas cautelares que suspenden todo acto administrativo de constitución de la empresa de economía mixta del Terminal de Transporte  de Yopal, firma que pretendía realizar hoy la Administración Municipal a través de Rofer Roncancio Sanabria, jefe de la cartera de tránsito de la ciudad.

La decisión fue tomada por esta Instancia  Judicial, luego que se celebrará una  audiencia de pacto de cumplimiento, la  cual  nunca se dio entre el autor de esta acción popular, Oromairo Avella, ex concejal de Yopal y la Administración Municipal de Willman Enrique Celemín Cáceres, representada  en Rofer Roncancio Sanabria, secretario de Tránsito de la ciudad.

Ante la disposición de no definirse pacto de cumplimiento, el accionante y el Procurador  Alirio Calderón Perdomo le solicitaron al Contencioso Administrativo conceder medidas cautelares para suspender la firma de este proceso, aludiendo a que la convocatoria que abrió la Administración con miras a escoger el oferente para la conformación de la empresa de economía mixta, presentaba irregularidades en la planeación del proceso, al igual que se había vulnerado los principios fundamentales de contratación.

Serias irregularidades

“Ese actuar deja serias dudas, se ven vulnerados los principios fundamentales de transparencia, igualdad y planeación, también el proceso de selección objetiva no se evidencia en este contrato. No se entiende cómo se comprometen cerca de 30 mil millones de pesos del erario público”, dijo el Procurador.

Cuestionó, el representante del Ministerio Público que en tan corto tiempo se estableciera la idoneidad del oferente, Coflonorte Libertadores, firma que sería la encargada de Administrar el bien inmueble Terminal de Transporte por 20 años.

“No se puede evaluar la pertinencia del oferente en 4 días sobre todo cuando se van a manejar una suma de recursos públicos tan exorbitantes”, añadió.

Agregó, “además no se explica cómo se abre una convocatoria el 11 de febrero en la página web de la Alcaldía, y un días después se hace la publicación en un periódico nacional (El Tiempo), surtidos dos días más ya se ha definido quién será el oferente, eso no goza del principio de planeación”.

El contencioso Administrativo compulsó  además copias  a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía, para que los órganos de control determinen si se actuó o no de manera correcta, en esta diligencia se involucra además a los concejales de Yopal.

“Son ellos quienes expiden un proyecto de acuerdo que sustenta la decisión que posteriormente toma la Administración Municipal; en consecuencia, las autoridades deben vigilar si esa actuación se relaciona con el deber ser del quehacer legislativo”, puntualizó el procurador Alirio Calderón Perdomo.

Durante la diligencia el Tribunal Administrativo admitió un recurso de apelación presentado por el apoderado de la Administración Municipal, sin embargo, el medio de impugnación no incide en la decisión  tomada por el  Contencioso Administrativo.