Capturados 15 presuntos integrantes de una de las mayores redes dedicadas a la caza ilegal de chigüiro y la comercialización de la carne. Las diligencias se realizaron de manera simultánea en Paz de Ariporo y Yopal, y en la ciudad de Arauca.

Abundante evidencia indica que esta organización coordinaba las faenas de cacería en las sábanas inundables de Casanare, el desposte de los animales, el acopio y transporte de la carne, y la comercialización del producto en plazas de mercado y restaurantes de Bogotá y otras ciudades del interior y oriente del país.

En el curso de la investigación se constató que esta actividad fue ejercida sin los permisos exigidos por las autoridades ambientales y de salud del orden nacional y local. También se constató que los chigüiros eran perseguidos indiscriminadamente, aprovechando su docilidad y movimiento en manada.

De otra parte, la Fiscalía estableció que la carne era trasladada por vía terrestre de manera insalubre, oculta en las bodegas de buses de servicio público, como encomiendas en camiones o escondida en vehículos particulares. En diferentes procedimientos realizados durante el último año en vías principales fueron incautadas más de cuatro toneladas de carne que pretendía vender esta organización.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los presuntos integrantes de la red los delitos de concierto para delinquir y aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. Los cargos fueron aceptados por 13 de los procesados. Todos seguirán vinculados a la investigación.

Entre los judicializados están los señalados cabecillas y financiadores del andamiaje ilícito, identificados como Juan David Moreno Torres, Juan Carlos y José Ramon Rodríguez Mora, y José Gilberto Fernández. De igual manera, están quienes serían los cazadores de los chigüiros, ellos son Luis Óscar Ortiz Vacca, Kevin Stiven Rangel Peña, Hernán Darío Burgos Torres y Diomedes Cetina Salazar. Los demás investigados cumplirían roles relacionados con el transporte, logística y seguridad, y comercialización a gran escala de la carne en Casanare y Arauca.

En una rápida acción investigativa, la Fiscalía General de la Nación resolvió el crimen del patrullero de la Policía Nacional Wilmer Rodríguez Colmenares, perpetrado el pasado 11 de noviembre en la vereda Monserrate, en la ciudad de Arauca (Arauca).

Tres de los señalados responsables del asesinato, que harían parte del componente sicarial de la autodenominada columna móvil Martín Villa de las disidencias de las Farc, fueron presentados ante un juez de control de garantías e imputados por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los procesados fueron identificados como Martín Fabián Blanco Narváez, Yesid Mariano Blanco Narváez y Kevin Estiven Castillo Flórez. De acuerdo con los elementos de prueba, estos hombres, al parecer, conformaban el grupo armado que interceptó el mototaxi en el que se movilizaba el patrullero, quien fue bajado del vehículo, amordazado, despojado de sus pertenencias y asesinado. En la acción ilegal el conductor resultó herido.

Un equipo interinstitucional del CTI y la SIJIN del Departamento de Policía de Arauca asumió las investigaciones y obtuvo abundante evidencia para establecer la posible responsabilidad de los tres presuntos integrantes de las disidencias en el homicidio y otros eventos delictivos en el departamento.

En ese sentido, recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

Jacinto Valencia Sánchez fue enviado a la cárcel por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio agravado, por los hechos que se presentaron el pasado 24 de noviembre en la comunidad indígena de Puerto Caimán, ubicada en zona rural del municipio de Taraira (Vaupés).

Las investigaciones adelantadas permitieron establecer que tanto la víctima como el presunto victimario se encontraban departiendo y consumiendo bebidas alcohólicas y por un acto de intolerancia, Valencia Sánchez habría atacado a su hermano con un machete causándole la muerte de manera inmediata. 

El presunto homicida, que se entregó de manera voluntaria, no aceptó el cargo imputado y un juez con funciones de control de garantías le dictó medida restrictiva de la libertad en centro carcelario.

Capturado alias “Cubarro”, mediante diligencia de allanamiento en la vereda Cristalina, en el municipio de Puerto Gaitán, Meta, señalado de ser el cabecilla de la Subestructura Gonzalo Oquendo, del grupo armado organizado Clan del Golfo. Los uniformados llegaron hasta este lugar luego de la información suministrada por la ciudadanía sobre el paradero del presunto responsable de un homicidio realizado este año, en el mes de febrero. 

Alias “Cubarro”, entre su amplio historial delictivo, al parecer, es responsable de realizar extorsiones sobre áreas urbanas y rurales de los municipios de Maní, Aguazul, Tauramena, Villanueva y Hato Corozal, Casanare. Fue presuntamente integrante en el año 1998 del Bloque Centauros, de las desaparecidas AUC, perpetró delitos calificados con graves violaciones a los derechos humanos y en el año 2006 perteneció a las Autodefensas Unidas de Colombia.

En el 2021 presumiblemente participó en acciones terroristas contra un bus de servicio público que cubría la ruta Trinidad-Pore, anunciando la llegada a la región de las Autodefensas Gaitanistas; de igual manera, participó presuntamente en homicidios selectivos en el departamento del Casanare. Se presume que actualmente se dedica a actividades selectivas enfocadas a la consecución de finanzas ilícitas del narcotráfico, microtráfico y extorsión a los gremios de transportadores, comerciantes y ganaderos en la vereda la Cristalina, en Puerto Gaitán.

En el lugar también fue capturado otro sujeto y se incautó un arma de fuego tipo pistola, 2 proveedores 9 mm, con capacidad para 31 y 17 cartuchos, respectivamente; 12 cartuchos 9 mm, un celular y 4 sim card, material que estaba en poder de los detenidos, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes para adelantar el proceso de judicialización.