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En el limbo quedó el proyecto de ordenanza que busca incorporar al presupuesto de 2025 el superávit que tuvo la Gobernación en la vigencia pasada.

La discusión de esta iniciativa no hay podido pasar del primer debate en la Comisión Segunda de Presupuesto y Hacienda, de la Asamblea Departamental. Dos prolongados debates de más de cuatro horas han sido el común denominador.

La primera discusión de dio el pasado domingo 18 de mayo, la cual terminó con la suspensión del debate. Ante esta situación se convocó a una mesa de trabajo, la cual nunca se realizó y en estas condiciones entró el proyecto a una segunda jornada de debate en la Asamblea.

De esta manera este miércoles 21 de mayo a las 3:30 p.m. los diputados de la Comisión Segunda retomaron el análisis de la propuesta. Con el recinto a reventar por la cantidad de público que asistió a las barras, nuevamente entraron en controversia asambleístas y Administración departamental.

El origen de la controversia fue la legalidad del acto administrativo con el cual se radicó el proyecto en la Asamblea. Para los contradictores la ley es clara y determina que este tipo de iniciativas atinentes a presupuesto, deben ser radicadas por el gobernado y no por algún secretario de despacho, como ocurrió en esta ocasión.

En este sentido el asambleísta Henry Pérez insistió en que “la Constitución dice en el parágrafo del Artículo 300, que los proyectos de presupuesto, que son muy importantes, los debe presentar el gobernador”.

Basado en este argumento sugirió que el proyecto fuera retirado y que el Gobierno departamental corriera las falencias, que a su juicio tenía el proyecto, para luego volver a presentarlo. Esta propuesta no tuvo eco en las huestes oficiales.

De otro lado, para la Administración Departamental, la secretaria privada estaba facultada para presentar el proyecto, porque había sido delegada como gobernadora encargada, en ausencia del titular César Ortiz Zorro, quien para esa fecha se encontraba en Bogotá.

No obstante, para el diputado Carlos Eduardo García, el mandatario nunca se apartó de su cargo, porque en la capital de la República cumplió tareas propias de su cargo, como visitas a algunas entidades del orden nacional, con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

De otro lado el director de planeación departamental, Alfonso Cárdenas, expresó que la Gobernación esperaba sensatez por parte de la Asamblea. Indicó que se presentaron los argumentos jurídicos para dar claridad al tema.

“Es clarísimo. La competencia en la discusión o en poner en tela de juicio un acto administrativo como es un decreto, no es competencia de la Asamblea Departamental”, aseguró el director de planeación.

Al final de la jornada el diputado Eduardo Antolines propuso una apelación para evitar que el proyecto sea archivado. En ese orden de ideas ahora la Asamblea deberá nombrar una comisión accidental para que estudie el proyecto y tome una decisión.

Con el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare en favor de la diputada Marisela Duarte, se despejan todas las dudas que había generado este caso en los círculos políticos del departamento de Casanare.

Una de las voces que se pronunció, tan solo unas horas antes del pronunciamiento de la autoridad judicial, fue la del presidente de la Asamblea, Juan Fernando Mancipe Pérez.

El asambleísta expresó que la semana pasada un concepto emitido por la Procuraduría generó gran expectativa, pero que la última palabra la tenía en primera instancia el Tribunal y dependiendo del falló que emita esta autoridad judicial, se podría dar una segunda instancia ante el Consejo de Estado.

Unas horas más tarde el Tribunal denegó las pretensiones de la demanda en contra de Marisela Duarte, interpuesta Nay Epimenio González Celis, que buscaba la perdida de investidura de la diputada.

Como se recuerda todo se originó en un supuesto conflicto de intereses que se habría presentado, durante la sesión plenaria de la Corporación, en la que fue elegido el secretario general de la Asamblea.

En esta misma vía de las demandas por pérdida de investidura, Mancipe Pérez también se refirió al caso del diputado Heyder Silva. Dijo que se había enterado la semana pasada sobre su proceso.

Agregó que el caso está relacionado con el proyecto de ordenanza 002 de 2025, donde se realizó una reestructuración a la planta de personal de la Asamblea Departamental.

El diputado explicó todo el contexto del origen de la demanda. “En el 2023 la Asamblea contrata una consultoría la cual sugiere que la Asamblea debe contratar de forma permanente a una persona para que preste los servicios de acompañamiento financiero y contable para hacer los pagos de las nóminas y las obligaciones que tiene la Asamblea Departamental”.

Agregó que la recomendación apuntó a crear un cargo para que cumpla con dichas funciones y que su asignación salarial debía ser de tres millones de pesos mensuales.

“Lastimosamente el presidente de la Asamblea Departamental de la vigencia pasada esperó hasta el 17 de diciembre para hacer el nombramiento de este cargo. Sin embargo, cuando se lleva a cabo dicho procedimiento, el cargo que se crea y que se hace no es el que sugirió la consultoría del 2023”, mencionó el actual presidente de la Corporación.

Indicó que la asignación salarial fue de $5’700.000, la más alta de la entidad, superando ampliamente los $3’000.000 sugeridos en el estudio de la consultoría.

“Esto genera unos costos presupuestales que tiene que asumir la Asamblea, unos costos laborales que hacen insostenible el funcionamiento de la Asamblea Departamental, porque aquí funcionamos con unos recursos muy pocos. Esta es una entidad que no contrata, que no ejecuta ningún tipo de proyecto”, precisó el diputado Mancipe.

Acotó que en el momento en que se subió el salario para este nuevo cargo, se generó un déficit financiero en la Corporación, lo que obliga hacer una modificación a todo este tema, pero en esta ocasión vía sesión plenaria, para poder retomar las sugerencias iniciales de la consultoría.

El diputado aclaró que la génesis del problema que suscitó la demanda en contra Heyder Silva no es la creación del cargo, sino la asignación salarial que le fue asignada.

Añadió que otra arista de esta controversia está relacionada con la actitud asumida por Silva. En su condición de presiente de la Asamblea, en ese momento, no consultó a la mesa directiva de la Corporación para tomar una decisión sobre el mencionado nombramiento.

“Es cierto, lastimosamente el actuar que hizo el presidente de la vigencia pasada fue individual. Eso no tiene autorización ni del primer vicepresidente ni del segundo vicepresidente, ni de la plenaria, ni de ninguna comisión. Es decir, fue una decisión netamente del presidente el 17 de diciembre del año pasado”.

La diputada por el Centro Democrático, Marisela Duarte, enfrenta un proceso crítico que podría concluir con la pérdida de su curul en la Asamblea Departamental de Casanare. 

Durante la audiencia celebrada hoy viernes 25 de abril en el Tribunal Administrativo de Casanare, la Procuraduría General de la Nación presentó un concepto favorable a la solicitud de pérdida de investidura contra la líder política.

Según el Ministerio Público, Duarte habría incurrido en una irregularidad determinante al participar en la votación sobre su propia recusación. Este procedimiento buscaba inicialmente inhabilitarla para intervenir en el proceso de elección del secretario general de la Asamblea Departamental.

El dictamen de la Procuraduría representa un importante revés para la diputada, quien ahora deberá esperar la decisión final de la autoridad judicial sobre su permanencia en el cargo de elección popular que actualmente ostenta.

Las autoridades continúan analizando los detalles del caso, mientras crece la expectativa sobre el desenlace de este proceso que podría modificar la composición política de la Corporación.

En sesión de este marte 14 de enero se eligieron las mesas directivas de las comisiones de la Asamblea Departamental de Casanare.

La comisión del plan de desarrollo, asuntos energéticos y desarrollo económico quedó integrada por Luz Mery Niño Chaparro, como presidenta y Germán Alberto Pinzón Jiménez como vicepresidente.

En presupuesto y hacienda pública, la presidencia correspondió a Juan Fernando Mancipe Pérez, con la vicepresidencia de Jorge Eduardo García.

Para la comisión de educación, salud y desarrollo social, fue elegido presidente Henry Jhooney Pérez Hernández y como vicepresidenta, Luz Mery Niño Chaparro.

La mesa de ética, gobierno y asuntos institucionales, la presidencia quedó en manos de Jorge Eduardo García Gutiérrez y la vicepresidencia será ocupada por Germán Alberto Pinzón Jiménez.

Finalmente, la comisión para la equidad de la mujer, como presidente estará Luz Mery Niño Chaparro y como vicepresidenta, Marisela Duarte Rodríguez.

La  elección del nuevo secretario de la Asamblea de Casanare para el año 2025 se desarrolla en un ambiente marcado por la controversia. 

La sesión comenzó con un retraso de casi una hora, debido a la llegada tardía de varios diputados que no ocupaban sus curules.

Una vez iniciada la sesión, el asambleísta Jorge Eduardo García solicitó su excusa para participar en la votación, argumentando un impidiendo que tiene su origen en una denuncia que fue presentada por Diana Milena Jarro Rodas, la actual secretaria y quién aspira a repetir en el cargo.

La controversia se intensificó con una recusación contra la diputada Marisela Duarte, argumentando un posible conflicto de intereses debido a su relación de amistad con Yineth Katherine Salinas, quien también se postuló.

En el salón de la Corporación, se ventiló que Salinas tiene una relación sentimental con Humberto Alirio Martínez, exsecretario de planeación de la Gobernación y cercano al senador Alirio Barrera, esposo de Duarte. Esta situación ha generado un acalorado debate que continúa en desarrollo.

En medio de un clima de incertidumbre política, la Asamblea departamental elegirá hoy a su nuevo secretario general para el año 2025.

La decisión que se tomará en sesión plenaria, programada para las 9:00 am, se produce tras la inesperada ruptura de las coaliciones mayoritarias. Hecho que marcó la reciente elección de la mesa directiva de la Corporación.

Para el cargo de secretario general hay tres candidatos. La actual secretaria, Diana Milena Jarro Rodas; el economista Wilmer Alonso Vega Mendoza; y la abogada Yineth Katherine Salinas García, quien cuenta con experiencia en la Gobernación de Casanare y presunta cercanía con las toldas del Centro Democrático.

Un cuarto aspirante, Carlos Ramón Lizarazo Manrique, quedó fuera del proceso por no presentar la prueba de conocimientos requeridos.

La elección está cargada de expectativa, no solo por las recientes alianzas políticas rotas, sino también por el posible impedimento de un diputado para votar.

El caso atañe a Jorge Eduardo García, quien enfrenta un conflicto legal con la actual secretaria, Diana Milena Jarro, que podría obligarlo a abstenerse de la votación, tal como ocurrió en la elección anterior.

En este escenario son diez diputados habilitados para votar, lo que deja abierta la posibilidad para que se pueda presentar un empate entre dos candidatos.

En este hipotético caso de igualdad, que el recurso de decisión por sorteo. Por tanto, el resultado de esta elección permanece incierto y promete una jornada políticamente compleja.

El tema la crisis que padece Capresoca ha tenido efectos colaterales, algunos de los cuales han pisado el terreno de lo jurídico. Este es el caso de denuncia por injuria y calumnia interpuesta en contra del presidente de la Asamblea Departamental de Casanare, Heyder Silva.

La acción judicial fue interpuesta por el gerente de la Clínica Casanare, Frank Alexander Rivera Mira, en un oficio de más de tres páginas dirigido a la Fiscalía General de la Nación.

En el escrito se documenta que el punto de partida de este largo camino de altibajos, controversias y demandas se encuentra en el incumplimiento de Capresoca, con los pagos por la atención que ha hecho la Clínica Casanare a los afiliados a la EPS.

A esta problemática se sumó una arista adicional, relacionada con el monto total de la cartera vencida. Las dos entidades manejan cifras diferentes, por lo que fue necesario acudir a los estrados judiciales para resolver el problema.

En este punto donde se incuba la denuncia en contra del diputado Silva. Según el documento enviado a la Fiscalía, el presidente de la Asamblea una rueda de prensa adelantada el 08 de octubre de 2024, se refirió a la cuantía de la deuda antes mencionada.

Para el gerente de la Clínica Casanare el líder político incurrió en varias imprecisiones que se tipifican como injuria y calumnia. Según el documento Silva García sostuvo que la IPS reclamaba 17 mil millones de pesos, pero que afortunadamente un juez de la República atendiendo una solicitud de medida cautelar congeló estos recursos.

Agrega que una vez renegociada la deuda, la suma llegó a 6 mil 600 millones de pesos. “O sea que había una diferencia de más de 10.300 millones de pesos”, se puede apreciar en la correspondencia enviada a la Fiscalía.

El punto discordante no se encuentra en la diferencia por la cantidad adeuda, sino por las aseveraciones que, según el documento, hizo a continuación el diputado.

“Estoy hablando que la Clínica Casanare estaba facturando más de diez mil millones de pesos que no tenían soporte (10.300.000.000) y eso quedó mediado con un acta frente a un juez de la República y que ya tengo entendido que esos seis mil seiscientos millones de pesos (6.600.000.000) fueron liberados por parte del juzgado y le fueron entregados a la Clínica Casanare”.

En cuanto al resto del dinero, la denuncia cita una vez más las palabras del asambleísta. “Lo restante, más de 10 mil millones, que fueron congelados, fueron liberados y entregados a la EPS Capresoca”.

Para el denunciante estas afirmaciones tipifican un acto de injuria y calumnia, porque aseguró el gerente de la clínica que no es cierto que su entidad haya realizado una facturación por 10.300 millones de pesos sin tener soporte alguno.

Añadió que la demanda que interpuso en su momento en contra de la EPS con “facturas que cumplen con los requisitos legales por un valor aproximado de $17.900.000.000”

También expresó que no es cierto que a la Clínica le hayan sido entregados los 6.600 millones que menciona Silva García. “Este proceso judicial se tranzó por una suma diferente y con unos reconocimientos muy diferentes a las afirmaciones que hizo el señor Silva”.

Finalmente, expuso que el proceso ejecutivo en mención no ha finalizado, sino que se encuentra suspendido y pendiente al cumplimiento total por parte de Capresoca.

En este caso será una autoridad judicial la que determine “los valores adecuados, e intereses y costas judiciales causados.

Casanare da los primeros pasos para crear el consejo departamental de ciencia y tecnología (Codecti). En este sentido ya se dio un primer debate en comisión en el recinto de la Asamblea.

El proyecto de ordenanza que se discutió tuvo como propósito organizar el sistema departamental de ciencia tecnología en innovación y crear el mencionado consejo.

La propuesta fue aprobada con cinco votos a favor, es decir, que la totalidad de lo diputados que integran la comisión, dieron luz verde al proyecto.

Ahora le espera al proyecto de ordenanza 009 ser estudiado, analizado, discutido y votado en sesión plenaria de la Corporación.

“Estamos buscando que los procesos de gobernanza donde participan los actores del gobierno y de la sociedad civil integren estos consejos, que existen muchos en diferentes áreas”, explicó el diputado ponente, Juan Fernando Mancipe.

Agregó que en este tema se tienen grandes deudas con el departamento. “Siempre que se habla de ciencia tecnología e innovación, creemos que estamos hablando de aparatos tecnológicos, pero la ciencia tecnología e innovación tiene que hacer referencia al conocimiento”, agregó Mancipe.

El objetivo es que como sociedad se cuente con las herramientas de estudio, para aplicarlas sobre el entorno regional e innovar con los recursos que se tienen a mano, para generar desarrollo.

El Tribunal Administrativo de Casanare emitió una sentencia histórica en primera instancia, en defensa de los derechos de las mujeres en la política local.

El fallo responde a una demanda interpuesta por la diputada Luz Mery Niño Chaparro contra la elección de las comisiones permanentes de la Asamblea Departamental, donde se evidenciaron actos de discriminación de género.

La decisión judicial, plasmada en un documento de casi 90 páginas, revela cómo un grupo de seis diputados intentó excluir a las dos únicas mujeres de la Corporación de las comisiones permanentes.

El tribunal calificó estas acciones como "machistas" y como una forma de "violencia simbólica, indirecta, sutil e invisible".

La sentencia critica duramente la conducta de los diputados Juan Fernando Mancipe, Wilder Ávila, Ómar Ortega, Eduardo Antolinez, Luis López y Heyder Silva.

Según el fallo, los mencionados diputados intentaron imponer una elección que excluía deliberadamente a las mujeres, basándose en estereotipos de género que las catalogan como incompetentes o valoran más su apariencia física que sus capacidades intelectuales

Como resultado, el Tribunal declaró nula la elección de las comisiones permanentes para el año 2024. Además, ordenó la publicación del fallo en la página web de la Asamblea.

También ordenó su difusión por parte de la Defensoría Regional del Pueblo, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre los derechos de las mujeres y prevenir futuros actos de discriminación.

Este veredicto sienta un precedente significativo en la lucha por la igualdad de género en los espacios políticos de Casanare. Demuestra que, a pesar de los avances, persisten prácticas discriminatorias que deben ser confrontadas y sancionadas.

Aunque la Asamblea intentó corregir el error con una nueva elección tras el escándalo inicial, el Tribunal consideró que el daño ya estaba hecho, evidenciando un desgaste administrativo y judicial innecesario provocado por acciones claramente discriminatorias.

La Comisión Primera de la Asamblea Departamental integrada por los diputados Juan Fernando Mancipe, Marisela Duarte, Omar Ortega y Eduardo Antolínez, aprobó en primer debate el plan de desarrollo departamental, “Oportunidades para Casanare 2024 – 2027”.

La propuesta fue objeto de varias sesiones descentralizadas de la Asamblea, donde se escuchó a la comunidad sobre las expectativas que tenían la elaboración de dicho documento y la inclusión de algunas iniciativas.

Al final del ejercicio el plan de desarrollo fue objeto de 83 modificaciones y fue discutido durante 5 horas este miércoles 29 de mayo, antes de ser aprobado y quedar listo para que se adelante debatido en sesión plenaria de la Asamblea Departamental.

La línea de tiempo de esta primera discusión de comisión, tuvo como punto de partida el pasado 22 de mayo, cuando se dio inicio al análisis por parte de la Asamblea. Sin embargo, la Administración Departamental solicitó a la Corporación suspender el debate.

El motivo de dicha petición fue ampliar el tiempo para poder responder algunas sugerencias, planteadas por los diputados durante el primer debate.

En total fueron seis días los que se tomó el Gobierno seccional para estudiar las objeciones, recomendaciones y sugerencias recibidas, entre las que se encontraban algunas modificaciones a las metas propuestas.

También se encontraba un ajuste presupuestal, eliminación de varios artículos, se incluyeron algunas iniciativas hechas por los alcaldes y la comunidad en general.