Sábado, 15 Junio 2024 01:32

Por prácticas machistas Tribunal declaró nula elección de las comisiones permanentes de la Asamblea Departamental

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El Tribunal Administrativo de Casanare emitió una sentencia histórica en primera instancia, en defensa de los derechos de las mujeres en la política local.

El fallo responde a una demanda interpuesta por la diputada Luz Mery Niño Chaparro contra la elección de las comisiones permanentes de la Asamblea Departamental, donde se evidenciaron actos de discriminación de género.

La decisión judicial, plasmada en un documento de casi 90 páginas, revela cómo un grupo de seis diputados intentó excluir a las dos únicas mujeres de la Corporación de las comisiones permanentes.

El tribunal calificó estas acciones como "machistas" y como una forma de "violencia simbólica, indirecta, sutil e invisible".

La sentencia critica duramente la conducta de los diputados Juan Fernando Mancipe, Wilder Ávila, Ómar Ortega, Eduardo Antolinez, Luis López y Heyder Silva.

Según el fallo, los mencionados diputados intentaron imponer una elección que excluía deliberadamente a las mujeres, basándose en estereotipos de género que las catalogan como incompetentes o valoran más su apariencia física que sus capacidades intelectuales

Como resultado, el Tribunal declaró nula la elección de las comisiones permanentes para el año 2024. Además, ordenó la publicación del fallo en la página web de la Asamblea.

También ordenó su difusión por parte de la Defensoría Regional del Pueblo, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre los derechos de las mujeres y prevenir futuros actos de discriminación.

Este veredicto sienta un precedente significativo en la lucha por la igualdad de género en los espacios políticos de Casanare. Demuestra que, a pesar de los avances, persisten prácticas discriminatorias que deben ser confrontadas y sancionadas.

Aunque la Asamblea intentó corregir el error con una nueva elección tras el escándalo inicial, el Tribunal consideró que el daño ya estaba hecho, evidenciando un desgaste administrativo y judicial innecesario provocado por acciones claramente discriminatorias.



 

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