El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yopal se sumó a los organismos de socorro que libran una intensa batalla contra un incendio forestal que afecta la zona rural de Natagaima, en el departamento del Tolima.

Desde el 16 de septiembre de 2024, diez unidades, bajo el mando del sargento Waldo Ramírez, han estado trabajando arduamente para contener las llamas en condiciones extremas.

Desafíos en el terreno

Las temperaturas en la región oscilan entre los 38 y 40 grados centígrados, con vientos que alcanzan entre 18 y 27 km/h. Estas condiciones han complicado las labores de control, especialmente debido al terreno escarpado y al estado de deshidratación del material vegetal.

A pesar de los esfuerzos iniciales para construir una línea de defensa, un cambio inesperado en la dirección del viento provocó que los avances se perdieran.

Progreso y nuevos retos

Durante el segundo día de operaciones, los bomberos lograron controlar el fuego en uno de los sectores de la vereda Pocharco. Sin embargo, el incendio se reactivó y ha comenzado a avanzar hacia áreas más accesibles.

En respuesta a la expansión del fuego hacia el municipio vecino de Dolores, se ha decidido movilizar al personal hacia esa localidad.

El equipo está utilizando herramientas manuales y sopladoras para llevar a cabo ataques directos y construir nuevas líneas de defensa. Además, se está considerando acampar cerca del área afectada para reducir los tiempos de traslado, que actualmente son de aproximadamente dos horas desde la zona de emergencia hasta el casco urbano de Natagaima.

Los bomberos continúan comprometidos con su misión y están trabajando incansablemente para proteger tanto el medio ambiente como las comunidades locales afectadas por este devastador incendio.

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) y la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) manifiestan su preocupación por el fallo de tutela que ordena la suspensión de la actividad de exploración de gas natural en el pozo Uchuva 2.

Las empresas de la industria del gas natural respetan y acatan las decisiones judiciales, sin embargo, esta decisión compromete el abastecimiento de gas natural que beneficia hoy a 36 millones de colombianos, aun cuando las entidades competentes demostraron que no se vulneró el derecho fundamental a la consulta previa a la comunidad indígena de Taganga.

En relación con el proyecto de Uchuva 2 y el cumplimiento de los trámites requeridos para su ejecución, la ACP y Naturgas señalan que: 

1. El Bloque Tayrona del que hace parte el pozo Uchuva 2, está localizado a 31 kilómetros de la línea de costa, en aguas profundas (837 metros de lámina de agua) en mar territorial colombiano, en donde la empresa operadora ha ejecutado diversas actividades por más de 20 años, en cumplimiento del contrato firmado en 2004 con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
2. Las actividades exploratorias ejecutadas fueron aprobadas por las autoridades competentes. La empresa operadora ha cumplido con todos los requisitos regulatorios y trámites requeridos, incluyendo la determinación de la no presencia de comunidades indígenas en el área de influencia del proyecto, el licenciamiento ambiental, y la obtención de los permisos de la Dirección General Marítima (DIMAR). Sus actividades se han adelantado cumpliendo los más altos estándares de calidad y sin ningún impacto ambiental significativo registrado.
3. Con la ejecución del proyecto NO se vulneró el derecho fundamental a la consulta previa a ninguna comunidad indígena, toda vez que la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior (DANCP), mediante Resolución ST-1630 de 2023, confirmó la no presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto, y por tanto tampoco su afectación directa.
4. La certificación de no presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto ha sido reiterada por la entidad en varios actos Y en los 18 años que la empresa lleva ejecutando el proyecto, nunca se había manifestado ningún requerimiento o reporte de impactos por parte de la comunidad.
5. Tampoco se encuentra demostrada afectación directa relacionada con la actividad de pesca artesanal, teniendo en cuenta que las conclusiones del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR), organización adscrita al Ministerio de Ambiente, confirmó la no existencia de actividad de pesca artesanal en el área de influencia del proyecto. Conclusión confirmada también por la ANLA.

Para la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, "hoy Colombia necesita con urgencia anticipar el desarrollo de los proyectos que tenemos costa afuera. El Bloque Tayrona, donde se encuentra Uchuva, tiene un potencial de 400 MPCD, cantidad que permitiría retomar la autosuficiencia del país en el mediano plazo. Los proyectos costa afuera tienen un potencial que puede brindarle a Colombia seguridad energética por varias décadas, así como en su momento lo hicieron Cusiana, Cupiagua, Ballena y Chuchupa".

La presidenta de Naturgas hace un llamado a la comunidad de Taganga para que "considere que ante el derecho fundamental a la consulta previa que reclama luego de dos décadas de cumplimiento de todos los requisitos exigidos, se está poniendo en riesgo el acceso a la prestación del servicio público esencial de gas natural. Se pone en riesgo la vida digna de 36 millones de colombianos, la alimentación de los niños, el derecho fundamental a la salud y la atención a la población vulnerable".

Por su parte, Frank Pearl, presidente de la ACP, señaló que "este proyecto es estratégico para el futuro energético de los colombianos, al materializar su potencial y el de los demás proyectos costa afuera tendremos la oportunidad de revertir la disminución crítica de las reservas de gas natural e incluso multiplicarlas por 30. Con las reservas actuales el país empezaría a tener déficit de oferta a partir de 2025; con los recursos contingentes y prospectivos (incluidos los de Uchuva) podremos seguir garantizando el autoabastecimiento de gas a largo plazo, pero para ello requieren exploración y desarrollo".

Pearl hizo énfasis en que "la crítica situación de suministro de gas no será subsanable con oferta nacional sin el desarrollo de los proyectos costa afuera”, y que, “las decisiones que retrasan o suspenden el desarrollo de proyectos como este ponen en riesgo el abastecimiento energético de los colombianos y generan incertidumbre para los inversionistas, lo cual también tiene implicaciones fiscales para el país y las regiones"..

En cuanto a la afectación a la seguridad energética, los gremios profundizaron en que:

1. En Colombia, exceptuando los proyectos costa afuera (incluido Uchuva), los nuevos descubrimientos son insuficientes para reponer las reservas de petróleo y gas que se consumen. Los proyectos costa afuera tienen una alta prospectividad para gas, la cual es clave para revertir la disminución crítica y progresiva que vienen registrando las reservas de gas en el país; desde 2012 han caído en un 58%.
2. El índice de reposición de reservas en los últimos 10 años (2014-2023) es del 25%, es decir, que se está descubriendo menos gas del que se produce/consume, de cada 10 pies cúbicos que se producen, se adicionan 2,5. Por lo anterior, el factor Reservas/Producción también evidencia una crítica situación en la disponibilidad de gas, ratificando la necesidad de aumentar la exploración y el desarrollo de este energético, así como de resolver las contingencias para incrementar las reservas y la producción.
3. En 2023 se registró un incremento en recursos contingentes existentes del 29%, de los cuales la mayoría corresponde a recursos costa afuera. Este incremento es resultado del trabajo e inversiones realizadas por las empresas, y para viabilizarlos e incorporarlos como reservas se requiere exploración y desarrollo.

Finalmente, la ACP y Naturgas reiteran que es crucial que el país mantenga un entorno de estabilidad jurídica que favorezca el desarrollo de proyectos esenciales para su futuro energético, sin comprometer los derechos de las comunidades ni la seguridad energética del país; y hacen un llamado al trabajo articulado y al diálogo constructivo con todos los actores nacionales y regionales para asegurar que los colombianos sigan contando con un abastecimiento confiable y sostenible de gas natural.

Sobre las 5:30 de la mañana de este 06 de septiembre se logró llegar a un acuerdo entre los transportadores y el Gobierno nacional, para levantar el paro camionero que ya comenzaba a afectar gravemente la economía nacional.

El siguiente paso es la redacción del documento de acuerdo, que ya se encuentra en su fase de elaboración. Dentro de los puntos concertados se encuentra un aumento inmediato de 400 pesos en el precio del ACPM.

Se tendrá un segundo incremento, también de 400 pesos para el primero de diciembre y se mantendrán las mesas técnicas entre las dos partes, para revisar los ajustes al valor del combustible durante la vigencia 2025.

En el plano local la protesta de los transportadores de carga pesada generó preocupación en los diferentes gremios de la producción en Casanare, por el impacto negativo que ha tenido el cierre de vías, que ha impedido el paso de toda clase de mercancías.

Un primer efecto fue la restricción en la venta de combustibles que adoptaron varias alcaldías como la de Yopal y Aguazul. La medida tuvo como objetivo evitar cualquier tipo de inconveniente, que se pudiese presentar en el proceso de distribución por parte de las estaciones de servicio.

Ahora el turno en esta larga fila de incertidumbre y preocupación le correspondió al gremio arrocero. Diferentes representantes de este gremio se hicieron presentes la noche del 05 de septiembre en el punto de la glorieta, a la entrada de Aguazul, para hablar con lo delegados de los camioneros y tratar de llegar a un acuerdo que les permita movilizar su producto.

La preocupación máxima de los arroceros se centró en el hecho que, en esta temporada se está recogiendo la segunda y la más grande cosecha del año, por lo que cualquier alteración en los tiempos de recolección, así como de transporte a los molinos traería grandes pérdidas para los productores.

En medio el diálogo entre arroceros y transportadores, el exdiputado Julio Cala, quien un reconocido agricultor, pidió al presidente de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, que haga presencia en las mesas de diálogo entre el Gobierno nacional y los camioneros.  

Para Cala es prioritario que las dos partes en controversia conozcan las afectaciones que representa para los arroceros el cierre de vías, programado durante los días de paro.

Incluso fue más allá y dijo que cualquier pérdida que se presente durante la cosecha, no solo impacta al gremio, sino que pone en riesgo la seguridad alimentaria del país.

Pese a los esfuerzos de los arroceros el cierre en sector de Aguazul siguió vigente y se espera que se levante durante las próximas horas, luego del acuerdo alcanzado en Bogotá entre los delegados del paro y la Gobierno nacional.

A través de sus redes sociales la reconocida ingeniera de sistemas Constanza Engativá dio a conocer la noticia de su nombramiento como nueva gerente de infraestructura digital de Ecopetrol.

En su cuenta de Facebook aseguró que “es un honor asumir la responsabilidad de planear, administrar, operar, soportar y mantener la infraestructura tecnológica de una de las empresas más grandes y sólidas del país y que, sobre todo, está en la mente y el corazón de los colombianos”.

Igualmente manifestó que “me place compartirles esta noticia desde #ANDICOM2024 (@cintel_colombia), ya que temas como conectividad y ciberseguridad, de mi resorte en la compañía, hacen parte de esta nueva edición del evento de tecnología más importante del país”.

La ingeniera casanareña ya había desempeñado importantes cargos en el plano nacional. Fue jefe de operaciones digitales en Ecopetrol. Igualmente ocupó el cargo de jefe de la oficina de tecnologías de información del Ministerio de Educación Nacional.

También pasó por el Ministerio de Salud, donde se desempeñó como jefe de la oficina de tecnologías de la información y la comunicación. En esta misma cartera tuvo a su cargo la Oficina de Planeación de Estudios Sectoriales.

El paro camionero en Casanare continúa causando serias alteraciones en la movilidad de la región. Se han registrado tres actividades de manifestación pública, que incluyen bloqueos intermitentes en puntos estratégicos de las vías.

La Policía de Tránsito y Transporte reportó que al cierre de la tarde de este 04 de septiembre, se presenta en el sector de La Niata un bloqueo intermitente, por parte de aproximadamente 80 personas y dos vehículos de carga.

Este cierre vial permite el paso de vehículos cada tres horas, lo que ha generado largas esperas para los conductores que transitan hacia el norte del departamento de Casanare.

Por otro lado, en Hato Corozal, un bloqueo intermitente comenzó a las 05:20 de la tarde del 03 de septiembre, involucrando a 20 personas y diez camiones en el sector conocido como "la Y", en la vía que conduce a Tame (Arauca).

En este punto, los manifestantes permiten el paso durante media hora cada tres horas, lo que también ha dificultado el tránsito en la zona.

Finalmente, en la glorieta del sector El Vivero, ubicada en la vía nacional Yopal - Aguazul, se reporta un bloqueo total desde las 02:00 de la tarde del hoy 04 de septiembre, por parte de diez personas y tres vehículos de carga de Asotransportadora.

La situación sigue siendo incierta, ya que se está evaluando si se permitirá el paso intermitente en este punto.

Las manifestaciones son parte de un paro nacional que busca protestar contra el aumento en el precio del diésel, afectando no solo a los transportadores, sino también a los usuarios y a la economía local, que depende del transporte de mercancías y productos.

A través de boletín de prensa Ecopetrol informó que tiene activado un plan de contingencia para asegurar la disponibilidad de gas natural en el nororiente del país, luego del cierre temporal de la planta Gibraltar ubicada en zona rural del municipio de Toledo, Norte de Santander.

Las dificultades se presentaron debido a que la mencionada planta fue ocupada por miembros de una comunidad indígena u’wa. Esta situación de orden público obligó a la empresa a apagar la infraestructura lo cual restringe el despacho de 37 millones de pies cúbicos día de gas.

Este volumen de combustible es transportado a través del gasoducto de Promioriente, que abastece a cerca de 280 mil usuarios residenciales, 6 mil establecimientos de comercio y 55 industrias ubicadas en los departamentos de Santander y Norte de Santander, incluyendo el área metropolitana de Bucaramanga.

Ecopetrol y las distribuidoras de gas confirmaron la disponibilidad de volúmenes suficientes para atender el suministro de los próximos días.

La compañía invitó a privilegiar y fortalecer el diálogo como principal mecanismo para la resolución de conflictos en los territorios y reitera su compromiso con la promoción y respeto de los derechos humanos.

Si algo tienen claro todos los que han sido gobernantes en épocas pretéritas recientes, de entes territoriales productores de recursos naturales no renovables y destinatarios de regalías, es que los controles y seguimientos por parte del DNP a estos recursos son bastante estrictos.

Es por ello por lo que causa asombro el pronunciamiento hecho por el director del Departamento de Planeación Nacional, Alexander López Maya, quien sostuvo desde la Casa de Nariño, que estarían en riesgo 12,1 billones de pesos, representados en 2.04 proyectos, algunos de los cuales se encuentran suspendidos o se ha vencido su programación.

El anuncio de López tiene muchas lecturas e interrogantes, uno de los cuales apunta al papel que cumplieron todos los estamentos oficiales para ejercer un control a tiempo, para evitar que los recursos públicos se encuentren en el limbo, con nutridas posibilidades de perderse.

Es como si los recursos de regalías hubiesen tenido de transitar durante años por los floridos campos de la corrupción, amparados por la sombra de un Estado permisivo y solo hasta ahora se divisa en el horizonte los tenues rayos de la justicia que invoca López Maya, para evitar un despilfarro mayúsculo de los recursos del Estado.

En las cuentas del director de Planeación Nacional “entre 2017 y 2024 han sido aprobados 19.393 proyectos por un valor de $68,54 billones, de los cuales, el 55% de estos recursos ($38 billones) fueron aprobados entre 2021 y 2023, representando así los años de mayor concentración de recursos de la historia”.

Acerca de estas iniciativas, en la página oficial de la entidad se reporta que “de estos 19.393 proyectos, el informe del DNP revela que 12.106 proyectos por valor de $29 billones han sido terminados. En tanto, 656 proyectos por $2,3 billones se encuentran aún sin contratar y 6.631 proyectos por valor de $37 billones se encuentran en ejecución.

Y desglosando un poco más este cúmulo de información, el DNP aseguró que “al revisar los 2.094 proyectos en riesgo que suman los $12,1 billones.

Incluso el Departamento de Planeación planteó varias irregularidades, entre las que se cuentan “1.497 proyectos presentan plazo de ejecución vencida por valor de $9,2 billones.

Otros “301 proyectos con todos los contratos suspendidos por valor de $1,2 billones” y finalmente figuran “296 proyectos con todos los contratos suspendidos y con plazos vencidos por valor de $1,5 billones”.

Elefantes blancos

En esta radiografía hecha por el DNP figura una especie que puede clasificarse como de carácter silvestre y aparentemente endémica de nuestro entorno: los elefantes blancos.

Sobre este punto la entidad nacional manifestó que “al revisar los otros 12.106 proyectos que se registran como terminados, el Departamento Nacional de Planeación encuentra que 277 proyectos por valor de $1 billón fueron declarados presuntamente como terminados pero el avance físico de la obra no supera el 85%”.

Igualmente, el informe precisó que “58 proyectos por valor de $228.000 millones fueron declarados presuntamente como “terminados" a pesar de que las entidades territoriales decidieron no continuar con la ejecución de las obras por irregularidades técnicas, jurídicas y administrativas”

En este apartado de las obras inconclusas el DNP indicó que existen 2.133 proyectos por valor de $3,5 billones que no registran en el sistema el acta de terminación y entrega a satisfacción de la obra”.

Concentración de recursos

Otro tema que le preocupa al DNP es la concentración de recursos en unas pocas entidades. El diagnóstico precisó que “25,5 billones han sido ejecutados por los municipios, $20,8 billones han sido ejecutados por los departamentos y $22,1 billones han sido ejecutados por otras entidades como los fondos mixtos, esquemas asociativos municipales y empresas de servicios públicos”.

En lo referente a los recursos en manos de los entes territoriales, el documento reseñó “que solo 20 municipios concentran $11 billones en 2.156 proyectos, de los cuales, Puerto Gaitán y Valledupar han recibido más de $1.1 billones cada uno”.

Pese al monto tan elevado, estos dineros no han alcanzado ni para cumplir el papel de paliativo para combatir de manera eficaz los índices de pobreza multidimensional de estas dos poblaciones, que alcanzan niveles del en 30,5% para el caso del municipio metense y 49,8% para la capital del departamento del Cesar.

En este mismo ítem al DNP le preocupa que la ejecución de las regalías no esté a cargo de entes territoriales. “De los $68,54 billones administrados entre 2017 y 2024, el 32% de los recursos que debían ser ejecutados por los municipios y los departamentos, los realizan otros ejecutores como los fondos mixtos, esquemas asociativos, las fundaciones, las agencias y las empresas de servicios públicos”.

La cifra manejada por dichas entidades alcanza los “$22,11 billones que debían estar en cabeza de los entes territoriales y que se encuentran en manos de otros ejecutores en 4.728 proyectos”.

De este cúmulo de iniciativas el director del DNP mencionó que ha “encontrado que 156 proyectos por $773.000 millones que se encuentran con todos los contratos suspendidos por presuntas irregularidades en la ejecución de las obras".

Incluso el Departamento de Planeación hizo un listado de los entes que concentran mayores recursos de regalías, a los cuales llamó como los mega contratistas.

“La Agencia de infraestructura del Meta con 55 proyectos por $1,2 billones y 174 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

La Fundación Universidad del Valle con 101 proyectos por $770 mil millones y 12 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

El Fondo Mixto para la promoción del deporte con 85 proyectos por $698 mil millones y 18 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

El Fondo Mixto Sierra Nevada con 164 proyectos por $698 mil millones y 8 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

Foncolombia con 153 proyectos por $368 mil millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

AREMCA con 116 proyectos por $610.000 millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

ASOMUDACAR con 115 proyectos por $421.000 millones y 1 reporte a órganos de control por presuntas irregularidades.

ASOSUPRO con 70 proyectos por $369.000 millones y 1 reporte a órganos de control por presuntas irregularidades.

La Empresa de servicios públicos de Casanare con 30 proyectos por $589.000 millones y 7 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

La Empresa de servicios públicos del Meta con 72 proyectos por $485.000 millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

DISPAC con 9 proyectos por $421.000 millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades”.

Al final del ejercicio el Departamento de Planeación Nacional propone un plan para mejorar a la hora de proteger estos recursos y sacarlos de esos senderos maléficos de la corrupción.

“Hemos expedido la circular conjunta 0052-4 de 2024 junto a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para endurecer los controles y para proteger los recursos provenientes del Sistema General de Regalías”, subrayó el director del DNP.

Una segunda acción es la suscripción de un convenio con la Fiscalía General de la Nación, para capacitar a los equipos del ente investigador en todo el tema del sistema general de regalías.

Este apartado incluye el cruce de información entre las dos entidades “en tiempo real, con el objetivo de atender con prontitud cualquier irregularidad en la ejecución de cualquiera de los proyectos financiados con fuente SGR", dijo López Maya.

“La tercera medida es que todos los ajustes solicitados a proyectos serán verificados en territorio para revisar que cumplan con todos los requerimientos técnicos y administrativos”.

Adicionalmente, una cuarta acción a ejecutar es firmar “un convenio con las juntas de acción comunal para contar con el control social que permita que la ciudadanía vigile los proyectos ejecutados en región con fuente SGR”.

Desde la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) se emitió un boletín de prensa donde en representación del sector de los hidrocarburos del país, rechazan enérgicamente los actos violentos perpetrados por grupos armados ilegales, en el departamento de Arauca.

Estas acciones han dejado como resultado la muerte de varios líderes sociales y han puesto en riesgo la integridad de las comunidades. Igualmente han afectado el medio ambiente, además de generar repercusiones en la seguridad energética del país.

La ACP precisó que en lo que va corrido de 2024 en Arauca han sido asesinados cuatro líderes sociales, se han presentado ocho atentados a oleoductos y un ataque al comando de acción inmediata (CAI) de la Policía.

Subrayó la agremiación que estos hechos constituyen una clara violación de los Derechos Humanos, de todas las personas que habitan en territorio araucano. Comunidad cuya seguridad y bienestar debe ser la máxima prioridad para todos.

“Desde la industria, expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias de las víctimas de estos lamentables actos, y manifestamos nuestra solidaridad con las comunidades y autoridades que están enfrentando esta difícil situación” expresa la ACP en el boletín de prensa.

Agregó la Asociación que el deterioro de la seguridad y orden público en la región es profundamente preocupante. Por eso considera con carácter de urgente que se fortalezca la presencia institucional y el trabajo articulado de todas las autoridades.

Labor que debe ir acompañada de la adopción de las medidas que sean necesarias, para proteger a la población civil y garantizarle todos sus derechos.

En el campo energético la ACP dijo que es importante tener en cuenta que los atentados a los oleoductos y a la infraestructura de la industria de los hidrocarburos afectan la prestación de los servicios públicos esenciales y ponen en riesgo la seguridad energética del país.

En materia energética, es importante tener en cuenta que, los atentados contra oleoductos y la infraestructura del sector afectan la prestación de servicios públicos esenciales y ponen en riesgo la seguridad energética de la nación.

“Durante el primer semestre de este año, en Arauca se han producido cerca de 58 mil barriles de petróleo por día, en promedio, que equivalen al 7,4% de la producción del país”.

Cifras que tiene repercusiones positivas en el desarrollo y viabilidad de las operaciones e inversiones en la región, además del impacto en la dinámica socioeconómica del departamento.

“En el sector, nos unimos al llamado de los araucanos a trabajar por la paz, el cuidado de la vida, el bienestar de las comunidades, la preservación de los recursos naturales, y el desarrollo sostenible de la región”, puntualizó la ACP.

GeoPark anunció con gran alegría que se convirtió en la primera empresa del petróleo y gas en Colombia, en verificar su huella de agua en todos los bloques que opera en el país.

Para la compañía esta acción es u paso significativo en su compromiso con la sostenibilidad y la gestión responsable de los recursos naturales.

La multinacional recalcó a través de boletín de prensa, que la sostenibilidad es una promesa de cuidado y compromiso con el presente y el futuro del planeta.

De este postulado se desprenden el compromiso de la empresa con la sostenibilidad ambiental, partiendo de dos ejes fundamentales como son la acción por el clima y la gestión responsable de agua y biodiversidad.

El escrito también hace hincapié en que el agua y la biodiversidad son esenciales para mantener los servicios y funciones ecosistémicas que sustentan la vida de las personas, la flora y la fauna, y permiten a GeoPark la continuidad de sus operaciones.

Como reflejo de esa visión, durante 2023 GeoPark realizó por primera vez la medición de su huella integral de agua bajo la metodología NTC-ISO 14046:2017 y fue verificada por Icontec.

Esta evaluación que se llevó a cabo en todos los bloques que tiene la multinacional en Colombia, Ecuador y Chile.

En esta labor, además de tener en cuenta la cantidad de agua que utiliza directamente GeoPark en sus operaciones e indirectamente a través de su cadena de suministro, también contempló la evaluación de los impactos asociados a la disponibilidad y calidad del recurso hídrico.

Con esta medición GeoPark estableció una línea base de su huella de agua corporativa, a partir de la cual se definirá metas y acciones para seguir, promoviendo la gestión sostenible del recurso hídrico en los territorios donde opera.

Para conocer más sobre la gestión del agua de GeoPark durante 2023, consulte se puede consultar el Reporte SPEED/Sostenibilidad 2023 visitando la página web www.geo-park.com.  

Bajo el programa “Bachilleres Ecopetrol”, la empresa petrolera entregó 100 becas universitarias a jóvenes de 75 municipios del país, que se destacaron por su rendimiento académico en sus estudios de bachillerato. Dicha iniciativa cumple 38 años de trayectoria y ha conseguido beneficiar a 1.861 alumnos.

Este año los becados provienen de 29 departamentos. Son 45 mujeres y 55 hombres, quienes fueron seleccionados conforme a los criterios establecidos en el reglamento interno del programa y a los resultados de las pruebas Saber 11, proporcionados por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes). 

Para el caso de Casanare fueron 9 los jóvenes beneficiados. Laura Rodríguez, Sara Silva, Mateo Torres y Édgar Salazar de Yopal; Laura Gutiérrez, Nelsy Leguízamo y Paula Pérez de Aguazul; Adriana Pinzón y Juan Romero de Tauramena.

La ceremonia de entrega de la beca se llevó a cabo este martes 27 de agosto en la ciudad de Bogotá. Durante el evento, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán reconoció el esfuerzo y la dedicación de los estudiantes seleccionados. 

“Felicito a todos los jóvenes que ganaron esta beca. Este es un gran esfuerzo para que crezcan y cada día sean mejores personas. Son un grupo selecto y privilegiado, hombres y mujeres, jóvenes de todas las vertientes y regiones de nuestro país. 

Sabemos que ustedes llegarán a sus territorios a transformar y aportar a sus comunidades”, destacó el presidente Roa.

Las becas cubren el 100% del valor del pregrado que cada estudiante elija en una universidad acreditada por el Ministerio de Educación Nacional. 

Además, Ecopetrol proporciona un auxilio semestral para transporte, alojamiento y manutención a aquellos jóvenes que estudien fuera de sus municipios de residencia. El programa incluye también acompañamiento académico y psicosocial para asegurar el bienestar de los beneficiarios.