Martes, 07 Febrero 2023 10:55

Consejo de Estado determinó que Setty no podrá cobrar a la Alcaldía de Yopal deuda por abandono de vehículos en su parqueadero

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Mediante sentencia del Consejo de Estado se ratificó la medida cautelar del Tribunal Administrativo de Casanare mediante la cual se suspendió provisionalmente los efectos y toda forma de ejecución de las obligaciones contenidas en el arreglo directo celebrado entre la Alcaldía de Yopal y la Unión Temporal Setty el 18 de diciembre de 2016 y del contrato de transacción suscrito el 20 de noviembre de 2017 por la entonces alcaldesa Zoila Rosa Ángulo. El Tribunal informó de la situación la semana pasada.

Ver: Se cayó la vuelta. Tribunal suspendió “acuerdo directo” entre Alcaldía de Yopal y Setty

Según el demandante, la Alcaldía de Yopal, a partir del contrato de concesión 1048/2014 suscrito por el entonces alcalde Willman Celemín, que tiene por objeto la prestación del servicio de parqueaderos y grúas, custodia de los rodantes inmovilizados y los servicios asociados a dicha necesidad, se celebró un arreglo directo y un contrato de transacción violatorio de las normas presupuestales y de contratación estatal, que a diciembre de 2016 había generado una deuda a favor del concesionario de 5.714 millones de pesos.

Dicha deuda obedecía al pacto realizado en el sentido de que la Alcaldía de Yopal debía realizar anualmente un remate de rodantes en custodia y de no cumplirse, asumir el costo total del parqueadero.

En su momento, el Tribunal Administrativo de Casanare accedió a aplicar la medida cautelar considerando que el municipio asumió el riesgo de abandono de los vehículos, garantizando con recursos del erario las obligaciones de los presuntos infractores de las normas de tránsito, sin tener un CDP ni registro presupuestal que lo ampare.

Así las cosas, desde que se emitió la medida cautelar en julio 26 de 2021, Setty no podía exigir ningún pago pactado derivado del tal acuerdo directo que quedó suspendido.

En ese mismo fallo se determinó individualizar a los responsables de un posible detrimento patrimonial y que fueran la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, las que investigarán según sus competencias, la situación.

 

 

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