Duros cuestionamientos a la política de seguridad del Gobierno nacional, hizo el representante Vladimir Olaya, en el debate de control político que hizo la Comisión Segunda de la Cámara al ministro de defensa, Iván Velázquez.

Olaya señaló que en el departamento de Casanare haciendo un comparativo entre 2023 y 2022, la inseguridad ha crecido en un 35 por ciento.

Mencionó que entre los hechos más recurrentes son el ‘sicariato’, lesiones personales, hurto y abigeato, lo que ha generado zozobra en la población, especialmente en la comunidad campesina del departamento.

Agregó que estas mismas preocupaciones se las manifestó el representante al ministro, el año pasado en un evento en Barranquilla. Sin embargo desde esa fecha a la actualidad, no se han tomado acciones contundentes para enfrentar este flagelo.

Precisó Olaya que en lo que va corrido del presente año, en suelo casanareño se han presentado 5 acciones ofensivas de grupos armados al margen de la ley.

Ante este panorama de preocupación el representante propuso 4 planes para hacer frente a la situación. El primero atañe a una intervención rural con enfoque preventivo y operativo.

El segundo comprende un fortalecimiento a las labores investigativas, donde se tenga una coordinación efectiva entre las autoridades militares, policiales y judiciales.

El tercer ítem hace referencia a un plan burbuja contra el abigeato. Esta propuesta incluye consejos de seguridad ciudadana ampliados, que permita que el fondo regional destinado a este renglón tenga una destinación de recursos con misiones y resultados puntuales.

Finalmente en esta propuesta del representante casanareño, se encuentra un fortalecimiento de la inteligencia policial, para obtener mejores resultados en su lucha contra la delincuencia.

Olaya subrayó que Casanare ha hecho grandes inversiones en infraestructura, pero se requieren unos permisos por parte del Ministerio, para que se ponga en funcionamiento la moderna sede que se entregó hace más de 6 meses a la Policía.

Obra que tuvo un costo superior a los 25 mil millones de pesos, pero que no está activa por tramitología ante el Ministerio de Defensa.