Frente al pronunciamiento de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que rechazó la Tutela interpuesta por el gerente de la EAAAY, Jairo Bosuet Pérez, en el caso del convenio de colaboración internacional que incluye la operación de la PTARD, el funcionario dijo que impugnara ese fallo.

Dicho contrato fue objeto de una Acción Popular y fue declarado improcedente. Pérez insistió en que  las acciones del juez tercero como de los magistrados que conocieron el asunto, no se ajustan a los precedentes constitucionales y judiciales.

Explicó  el gerente de la EAAAY que estos precedentes dicen que no puede haber acciones populares sobre contratos. “Las acciones populares son sobre daños a la moralidad pública y otras cosas y no sobre contratos”, recalcó Jairo Bosuet Pérez.

Hizo énfasis en que el Consejo de Estado no ha negado el contrato, sino que lo declaró improcedente porque no cumple unos requisitos, que la Corte Constitucional estableció, en una sentencia de control y  unificación constitucional.

Según Pérez lo que busca con esta impugnación es que este caso sea conocido y analizado por la sala plena del Consejo de Estado, porque en su concepto hay violación a la Constitución, además que existen los precedentes, para que la sala plenaria se pronuncie de fondo.

Además aclaró que el fallo de la Sección Quinta “se hizo sobre aspectos procesales y no sobre el fondo del asunto, que es la necesidad de la PTAR, y la necesidad de expansión urbana que tiene la ciudad”.