En su visita a Yopal el contralor general de la república (e), Carlos Mario Zuluaga, entregó un informe del trabajo que ha adelantado la entidad en el departamento.

Manifestó que se encontraron 34 obras inconclusas, las cuales pertenecen a la familia de los elefantes blancos, una especie con mucho arraigo en el sector público de la región.

Estos proyectos suman 571 mil millones de pesos y representan varias iniciativas que hasta el momento no han llegado a feliz término. Entre estos detrimentos patrimoniales del Estado Zuluaga mencionó el proyecto de interconexión eléctrica entre Casanare y Vichada por 120,342 millones.

El mejoramiento de la vía Maní – Tauramena – Monterrey, que tiene un valor registrado de 105.758 millones y el acueducto de Yopal, que ha demandado una inversión de 88.314 millones de pesos.

Todos los hallazgos hecho por la Controlaría los clasificó en dos grandes categorías. La primera corresponde a proyectos críticos, donde están registrados 4 de las 34 obras antes referidas y su valor asciende a $37.706 millones.

Los  30 restantes corresponde a la especie de elefantes blancos, cuyo monto total es de $533.471 millones. Otra precisión que hizo la Contraloría apunta a que $226.471 millones se han invertido en agua potable y saneamiento básico.

Torres del Silencio

Dentro de los proyectos más sonados Zuluaga se refirió a la propuesta de vivienda Torres del Silencio, cuyo contrato data desde el año 2011. El contralor (e) que desde el comienzo de la ejecución se presentaron dificultades pues la infraestructura construida no cumplió con los requerimientos de construcción, por ese motivo fue suspendido.

Algunas familias beneficiarias invadieron el conjunto residencial y habitan allí a pesar de los riesgos y que no cuentan con servicios públicos. Se cuenta igualmente con una consultoría que estableció la inviabilidad de la infraestructura existente, tras lo cual la Alcaldía declaró la calamidad pública en el proyecto.

Sobre el proyecto existe una sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare, que obliga al Municipio de Yopal a ejecutar un plan de tres fases, que permita reubicar a las familias, demoler las actuales construcciones que presentan deficiencias y consolidar un nuevo proyecto de vivienda para las familias beneficiarias que resultaron afectadas.

Sin embargo, hasta ahora no se ha culminado efectivamente ninguna de las fases, dado que la Administración local no ha comenzado el proceso administrativo para el desalojo de las familias, que no dejarán sus viviendas voluntariamente.

Además, la Gobernación de Casanare y la Alcaldía, tienen pendiente definir cuál de las dos entidades aportará los recursos para la demolición de las torres existentes y situar los recursos para el nuevo proyecto, que actualmente cuenta solo con el monto que corresponde a la consultoría para estudios y diseños, pendiente de contratar por el Instituto de Vivienda y Gestión Urbana y Rural de Yopal – INDEV.

Cravo Sur

Una segunda obra que está en el mira de la Contraloría es la estabilización y protección del margen derecho del río Cravo sur, entre la calle octava y la urbanización El Paraíso.

El proyecto que inició en el 2015 y tiene un porcentaje de avance físico del 100% y financiero del 73,6%. Además de realizarla verificación final de las obras para la entrega y liquidación de la obra, el municipio tiene pendiente gestionar ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre los recursos para la segunda fase del proyecto.

Acueducto de Yopal

Sobre este proyecto la Contraloría explicó que la primera etapa de los trabajos de captación, aducción y planta de tratamiento de agua potable de Yopal, fue culminada en su totalidad.

“Sin embargo no cuenta con recursos para el reemplazo de la tubería y las obras de protección de la etapa II. La etapa III, que está contemplada en un convenio entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal y el Ministerio de Vivienda, está en preparación para la contratación”, indicó la entidad en boletín de prensa.

La Contraloría exhorta a las administraciones departamental y municipal para que adelanten las acciones administrativas, que dejen saneados estos proyectos y evitar que se pierdan los recursos públicos destinados para garantizar los derechos de la ciudadanía.